El acuerdo fiscal

El acuerdo fiscal

Publicado el 26 de agosto de 2011

Sergio portrait
Director de Política Pública
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El Presidente Obama recientemente convirtió en ley el acuerdo para aumentar la cantidad de deuda que el gobierno federal puede emitir y para reducir significativamente el gasto gubernamental durante los próximos diez años.  A continuación presentamos un resumen del acuerdo presupuestario entre la Casa Blanca y el Congreso. Utilizamos los términos “billón” y “trillón” según estos se usan en inglés para evitar la confusión.

Aumento en el tope de la deuda – El acuerdo provee para que el gobierno federal aumente su deuda entre $2.1 y $2.4 trillones.  El limite se aumentaría por unos $400 billones inmediatamente, y por otros $500 billones después de septiembre.  Además, el tope se aumentaría entre $1.2 y $1.5 trillones a finales del 2011 siempre y cuando el Congreso haya aprobado recortes adicionales de por lo menos $1.2 trillones.

Recortes presupuestarios – El acuerdo requiere recortes en el gasto gubernamental de unos $917 billones entre el 2012 y el 2021.  Estos recortes se desglosan de la siguiente manera: $741 billones de ahorros en gastos discrecionales; $20 billones de ahorros en gastos mandatorios; y unos $156 billones de ahorros en el pago intereses ya que se tendría que tomar menos dinero prestado como consecuencia del acuerdo.

Limites al gasto discrecional – El plan aprobado limita el gasto discrecional a $1.043 trillones en el 2012 y permite que éste aumente paulatinamente hasta alcanzar unos $1.234 trillones en el 2021.  Este aumento es equivalente a una tasa anual de crecimiento compuesta de 1.8%.

Panel bipartita para la reducción del déficit – El acuerdo requiere que se nombre un comité conjunto, compuesto por 12 miembros de la Cámara y Senado que se encargará de recomendar recortes adicionales de entre $1.2 y $1.5 trillones.  Ese comité tiene hasta el Día de Acción de Gracias para presentar sus recomendaciones y el Congreso tendría hasta el 23 de diciembre para aprobar o rechazar esas recomendaciones.  Si el comité propone y el Congreso aprueba reducciones al gasto gubernamental de entre $1.2 y $1.5 trillones, el tope de la deuda se aumentaría por la misma cantidad, dólar por dólar.  Sin embargo, si el comité no se puede poner de acuerdo, o si presenta un paquete de recortes de menos de $1.2 trillones, o si el Congreso rechaza la propuesta del comité, entonces el tope de la deuda se aumentaría automáticamente por $1.2 trillones.

Reducciones automáticas – Si para el 15 de enero de 2012 no se ha aprobado legislación que reduzca las deficiencias proyectadas en por lo menos $1.2 trillones, entonces entraría en vigor una reducción automática en todo el gasto federal igual a (x) $1.2 trillones en el caso de que el comité no se haya podido poner de acuerdo o (y) la diferencia entre $1.2 trillones y la reducción recomendada por el comité, en caso de que ésta sea por menos de $1.2 trillones.  Esa reducción se dividiría en partes iguales durante los años fiscales 2013 al 2021 y la mitad de las reducciones se aplicaría al gasto de defensa y la otra mitad al gasto discrecional doméstico, incluyendo el programa de Medicare.

¿Qué podemos concluir de todo este complicado proceso?

Primero, la magnitud del problema fiscal de Estados Unidos es simplemente monumental.  De acuerdo con la Congressional Budget Office, si el Congreso no hiciera nada la deuda de Estados Unidos aumentaría por unos $9.4 trillones entre el 2012 y el 2021.  Si el acuerdo aprobado ayer se implementara al pie de la letra, se generarían ahorros de $2.1 trillones, lo que significa que la deuda aumentaría de todos modos por unos $7.3 trillones durante los próximos 10 años.  Esto se debe a que el acuerdo no aumenta los recaudos y no plantea una reforma de los programas de Seguro Social, Medicare, y Medicaid.

Segundo, la política fiscal de los Estados Unidos se encuentra efectivamente bajo el control del ala más radical del partido republicano. Esto significa que el gasto del gobierno federal no contribuirá mucho al crecimiento económico a corto y mediano plazo.  Por lo tanto, podemos esperar que el crecimiento económico sea menor de lo que hubiese sido en la ausencia de los recortes, que el desempleo se mantenga a un nivel relativamente más alto, y que aumente la desigualdad de ingresos y riqueza.  La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 0.8% durante los primeros seis meses del 2011.  Actualmente hay millones de viviendas sin vender en los Estados Unidos y 25 millones de americanos que desean trabajar a tiempo completo y no lo consiguen. La reducción en el gasto federal, aunque escalonada, debilitará la economía americana aun más.

Tercero, todo esto son malas noticias para Puerto Rico. Los fondos federales constituyen 22.5% de los recursos consolidados del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012.  Agencias como el Departamento de Educación ($1.40 billones); ASES ($934 millones); y la Administración de Vivienda Pública ($340 millones), reciben cantidades significativas de fondos federales. Aunque no sabemos que programas en específico serán recortados, en la medida en que los recursos federales se reduzcan, el gobierno de Puerto Rico tendrá que reemplazarlos localmente, y el fondo general, aun con los recaudos generados por el arbitrio nuevo del 4%, se encuentra sumamente comprometido.

Un análisis objetivo de la situación indica que si se reducen los fondos federales y si no es posible obtener recursos adicionales del fondo general, entonces el gobierno de Puerto Rico eventualmente tendría que recortar servicios, aumentar los impuestos, y/o despedir empleados. A esto hay que añadirle que la economía de Puerto Rico se encuentra mucho más débil que la de los Estados Unidos ya que estamos todavía en contracción, el desempleo ronda el 15%, y la desigualdad de ingresos es más severa, con el 20% mas rico obteniendo el 55% del ingreso.

En suma, el plan aprobado no resuelve el problema fiscal de Estados Unidos, y de hecho lo podría agravar al reducir la actividad económica a corto y mediano plazo. Esa desaceleración económica, a su vez, incrementaría el desempleo y la desigualdad, que se encuentra a su nivel más alto desde el 1928, con efectos sociales potencialmente explosivos tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.

Esta columna fue publicada originalmente en El Vocero el 26 de agosto de 2011.