A reinventar las corporaciones públicas

Proponen reinventarlas para reducir los golpes continuos al bolsillo del consumidor

Por: Gerardo E. Alvarado León | Publicado en: El Nuevo Día
Foto: vxla via Flickr

Las 51 corporaciones públicas que existen hoy en el País se han convertido en entes burocráticos, politizados y con millonarias deudas que el Gobierno central asume y que, por ende, acaban pagando los contribuyentes.

Más aún, las corporaciones públicas son fuentes de “clientelismo político”, ya que proveen oportunidades de empleo y contratos a los seguidores del partido de turno. En general, la mayoría carece de supervisión, una política pública de rendición de cuentas y transparencia a todos los niveles.

Este panorama lo describió el Centro para la Nueva Economía (CNE) en su más reciente informe titulado “Repensando la gobernanza de las empresas estatales de Puerto Rico”, que ofreció como solución establecer un nuevo “marco de gobernanza” para las corporaciones públicas. Este nuevo “marco de gobernanza” crearía una estructura o junta reglamentadora independiente, que velaría por el fiel cumplimiento de los objetivos de política pública de cada corporación.

La Oficina del Contralor define a las corporaciones públicas como instrumentos que ofrecen servicios económicos o sociales para el pueblo en nombre del Gobierno, pero como entidades jurídicas independientes. Mientras, el Código Civil las distingue de las agencias por tener ingresos propios, gozar de autonomía fiscal para realizar préstamos, emisión de bonos y tener cuentas bancarias, poseer propiedades y concretar acuerdos, tener junta de directores, aceptar donaciones, demandar y ser demandadas.

La propuesta junta reglamentadora independiente sería un ente de nueva creación o estaría adscrita al Departamento de Hacienda o al Banco Gubernamental de Fomento, indicó el director de política pública del CNE, Sergio Marxuach. Se necesitaría legislación para poder crearla.

Una de sus funciones sería evaluar la posibilidad de fusionar corporaciones públicas que realicen funciones similares. Esto redundaría en eficiencias administrativas, servicios de calidad y ahorros. No hay estimados de cuánto serían esos ahorros.

Empero, el CNE informó que las corporaciones públicas devengan ingresos anuales por $8,900 millones o el 13% del Producto Nacional Bruto. Esto contrasta con la deuda de $43,288 millones que las corporaciones públicas reportaron en el 2010, según la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La OGP identificó una “tendencia incremental significativa” en la deuda pública de las corporaciones en la pasada década. A juicio del economista José Alameda, si esa tendencia continúa las corporaciones públicas encararían una de estos tres escenarios: comprometer sus ingresos brutos para poder pagar sus deudas, pedir subsidios al Fondo General o privatizarse.

Alameda advirtió que sea cual sea el escenario, el bolsillo del contribuyente sufriría las consecuencias.

Evalúan las fusiones

Marxuach dijo que algunas de las corporaciones públicas que podrían fusionarse son la Administración de Terrenos y la Autoridad de Tierras, así como la Corporación de las Artes Musicales, la Corporación de la Orquesta Sinfónica y la Corporación de las Artes Escénico-Musicales.

“Hay muchas corporaciones públicas que duplican esfuerzos y podrían fusionarse. La función de supervisión se ejercería a través de la junta reglamentadora independiente”, señaló al reconocer que la fusión podría implicar el despido de empleados.

Esta no es la primera vez que se habla de fusionar corporaciones públicas. Hace poco sonó la idea de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) conformaran una sola estructura. Asimismo, en la década de 1990, bajo la gobernación de Pedro Rosselló, hubo los llamados “supersecretarios” por la cantidad de agencias o corporaciones públicas que dirigían.

Pero, ¿por qué falló este modelo? ¿Por qué ya no se emplea? A juicio de Leonardo Santana Rabell, profesor de administración pública, el problema principal ha sido el “partidismo exacerbado” que impera en la Isla, del que deriva la falta de continuidad a las ideas de política pública que inician los gobiernos de turno.

Santana Rabell planteó que desde la década de 1980 se han cuajado reformas gubernamentales, que incluyen la fusión de corporaciones públicas, y no se han concretado.

“El otro problema es la proliferación y uso indiscriminado de las corporaciones públicas para hacer funciones que no son comerciales. Las corporaciones se crearon con fines comerciales, pero ese concepto se amplió para que pudieran hacer funciones de agencia”, dijo.

La consecuencia de esa proliferación y uso indiscriminado es un impacto adverso en la deuda pública.

“Como las corporaciones públicas son cuasi independientes económicamente, pueden pedir dinero. Al pedir prestado, aumenta la deuda pública y por eso el Gobierno central las subsidia”, planteó Santana Rabell.

Participación y transparencia

El informe del CNE propone que el nuevo “marco de gobernanza” de las corporaciones públicas se base en seis lineamientos preparados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).

La OECD se creó en 1960 y hoy la integran 34 países, tanto de economías ricas como en desarrollo. Está definida como una entidad de “desarrollo global”. Algunos de sus socios son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. La OECD recomienda que cada país tenga una política pública respecto a sus corporaciones públicas.

Marxuach denunció que ante la falta de un organismo local que vele por el fiel cumplimiento de los objetivos de política pública en las corporaciones, cada una se define y controla a través de su junta de directores.

“Están por la libre”, soltó.

Uno de los lineamientos propone delinear la responsabilidad de las juntas de gobierno y cómo se escogen sus miembros. El sistema que tienen hoy las corporaciones públicas es de nombramiento directo del gobernador.

Para cambiar eso, el CNE sugirió adoptar un modelo francés, donde una tercera parte de los miembros son escogidos por el Gobierno, otra tercera parte son representantes de los trabajadores de la corporación pública y la otra tercera parte son representantes del interés público.

“Este modelo garantiza un balance. Si las juntas no cumplen los objetivos de política pública, sus miembros podrían ser destituidos”, advirtió Marxuach.

Sobre este asunto, Santana Rabell opinó que debe venir acompañado de un compromiso de nombrar “personas de calidad” a las juntas de gobierno, “que por lo menos tengan idea de lo que es un estado financiero”.

Otro lineamiento importante en el que el CNE basó sus recomendaciones es la transparencia. Por ejemplo, Marxuach señaló que la AEE podría ser más clara con los subsidios y la fórmula de ajuste por combustible.

“El gobernador de turno puede requerirle a la AEE que cobre tantos centavos por kilovatio-hora, que tarde tanto tiempo atendiendo llamadas a clientes y restableciendo el servicio, pero como no existe un organismo en ley mediante el cual se les dé seguimiento a esas políticas públicas, no se implementan bien”, dijo Marxuach al reiterar que la propuesta estructura o junta reglamentadora independiente sería ese ente fiscalizador.




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