Sin embargo, creo que podemos y debemos ser optimistas en este año nuevo. Pienso que, colectivamente, hemos sido efectivos en dar los primeros pasos hacia la solución. Hemos logrado identificar muchos de los problemas que nos aquejan y que contribuyen al bajo nivel de desarrollo económico del país. Entre ellos se encuentran: la baja tasa de participación laboral, los bajos niveles de ahorro de los hogares, la desigualdad de oportunidades laborales y de otra índole, los altos costos de la energía, la falta de competencia –y de competitividad internacional– en muchos sectores de nuestra economía, la tasa baja de recaudación de contribuciones y el mal uso o uso inefectivo de los fondos públicos.

Donde nos quedamos trancados es en la implementación de posibles soluciones efectivas, las llamadas reformas estructurales que requerimos para echar hacia adelante al país. Especialmente en este momento histórico, cuando el costo de los recursos del gobierno es tan alto, debemos buscar maneras eficientes de reactivar la economía y de promover el desarrollo económico a corto, mediano y largo plazo. Debemos buscar, como dicen en el norte – el ”biggest bang for the buck” – de los recursos limitados del Estado. En fin, el objetivo primordial es hacer que a largo plazo crezca el tamaño del pastel – el producto nacional bruto – mediante las inversiones más rentables.

Ahora, ¿cómo podemos identificar esas reformas y/o inversiones rentables? ¿Cómo debemos estructurar las reformas para hacer que crezca el tamaño del pastel? Ni los economistas, ni los lideres políticos y los funcionarios de gobierno, ni los representantes de algún grupo de interés en particular, tienen el conocimiento pleno para lograr esto. Ni aquí ni en ningún otro país del mundo.

Una respuesta factible es experimentar en el diseño de esas reformas estructurales. Es proponer una serie de alternativas y de experimentar con ellas para ver qué funciona y qué no funciona; recopilar la información necesaria para evaluar la rentabilidad de nuestros esfuerzos como sociedad. Es hacer que el gobierno invierta en la investigación y el desarrollo de sus políticas públicas; una forma de inversión con un rendimiento posiblemente muy alto. Empresas del sector privado lo hacen para aumentar la productividad y rentabilidad de sus operaciones. ¿Por qué no el gobierno?

Esto no significa que debamos experimentar a ciegas. Podemos utilizar lo que las teorías sociales y económicas contemporáneas y las experiencias de otros países en circunstancias similares nos han enseñado acerca de la efectividad de sus esfuerzos para promover el desarrollo.

Como ejemplo, tomemos el objetivo de aumentar la tasa de participación laboral y de empleo en el sector formal. Muchos economistas y demás analistas argumentan que diversos desincentivos al trabajo – debido a contribuciones implícitas al ingreso devengado como parte de los programas de asistencia social – contribuyen sustancialmente a la baja tasa de participación laboral (o de participación laboral en el sector formal) de individuos de escolaridad baja. Otros argumentan que esto se debe principalmente a una débil demanda laboral en el sector formal, dado los niveles de remuneración requeridos por la ley. Esta situación puede también darse debido a un desfase entre las destrezas de la población de escolaridad baja y aquellas que buscan las empresas hoy día.

Alternativas a considerar

Entonces, ¿por qué no experimentar con programas piloto para ver cómo podemos bregar con el problema? Por ejemplo, se podría considerar reestructurar el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para un grupo aleatorio de hogares tal que los fondos disponibles se utilicen para premiar el trabajo en lugar de penalizarlo. Esto se lograría si se diera una remuneración económica adicional a las personas que trabajan pero cuyos ingresos no son suficientes para salir de la pobreza o para proveer la cesta básica de alimentos a sus hogares. De igual forma, se podría evaluar el darle la oportunidad a un grupo aleatorio de empresas que lo soliciten, el contratar jóvenes de escolaridad baja sin empleo a niveles salariales menores al salario mínimo federal por un período de tiempo determinado (como propuso el informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York). En ambos casos, se podría evaluar el impacto de estas reformas en el empleo y el tipo de empleo generado, y en los ingresos devengados por los individuos participando del programa. Podríamos medir si vale la pena invertir esos recursos en ese tipo de iniciativas antes de legislar para llevar estos cambios a gran escala. Esto nos ayudaría a escoger las maneras más apropiadas de generar ese cambio estructural que necesitamos.

Afortunadamente, contamos con la principal materia prima para movernos en esa dirección – una clase profesional y de investigadores de alto calibre – tanto en las universidades del país como en el sector privado y en agencias de gobierno como el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Esto también podría verse como parte de un proyecto de reactivación económica del país, generando oportunidades de empleo de personas capacitadas en diversas áreas de la investigación: encuestadores, asistentes de investigación, personal de programación y manejo de bases de datos y analistas.

Comenzando con el año nuevo, unámonos para exigirle una nueva forma de gobernanza a nuestros líderes políticos y administrativos. La alternativa es gobernar adivinando.

Este artículo se publicó originalmente en la sección Tanque de ideas de la Revista Negocios de El Nuevo Día el 6 de enero de 2013.