Publicado el 25 de febrero de 2013

Nuria Y. Ortiz-Vargas

Los problemas serios y complejos requieren soluciones innovadoras. En Puerto Rico, el aumento en las necesidades sociales ha coincidido con un empobrecimiento de los servicios gubernamentales. La precaria situación fiscal ha hecho que muchos programas dirigidos a grupos marginados hayan sufrido recortes presupuestarios. Cada vez más, la gestión pública es gerencia de crisis. La magnitud de los problemas que enfrentamos requiere enfoques transformadores que permitan proveerle servicios a la ciudadanía de la manera más eficiente a un costo menor al erario.

En Inglaterra y Estados Unidos han comenzado a germinar algunas iniciativas innovadoras que aspiran a proveer financiamiento privado para los programas sociales, mejorar sus resultados y reducir los costos del gobierno. Los bonos de impacto social son programas en los que el gobierno contrata a organizaciones, y les paga solamente si producen resultados medibles y significativos.

Estos proyectos están en etapas tempranas pero ofrecen grandes promesas.

Uno de los problemas con los programas de servicios sociales ofrecidos directa o indirectamente por el gobierno es que no se enfocan en medir los resultados. Muchas veces solo se mide la cantidad de personas atendidas sin importar la calidad del servicio o su efectividad. También hay programas con muy buenos resultados pero que desprovistos de seguimiento se convierten en ineficaces.

Los bonos de impacto social reformulan la manera en que se ofrecen estos servicios. Este instrumento de inversión social centra su funcionamiento en unir las capacidades y recursos de varios actores sociales: el gobierno, una entidad experta en ofrecer servicios o atender una población determinada, y una organización privada intermedia (“OPI”) con acceso a capital y capacidad gerencial. Esta última puede ser una organización sin fines de lucro que llega a un acuerdo con el gobierno para proveer ciertos servicios. El gobierno le pagará a la OPI solo si logra obtener unos resultados específicos. La OPI levanta capital de inversionistas privados (fundaciones, corporaciones o individuos) para financiar los servicios a largo plazo y emite unos “bonos”. Estos “bonos” son pagaderos solamente si la OPI logra los resultados pactados y el gobierno paga la cantidad estipulada. La OPI usa los fondos de los “bonos” para contratar a un proveedor de servicios para que provea los servicios requeridos y costear los gastos operacionales.

Lo innovador de esta iniciativa es que el gobierno paga por servicios que rinden los frutos esperados y no meramente por servir a una población determinada.

Para medir la eficiencia de estos programas se necesita implementarlos por varios años para determinar los resultados. Esta estructura de financiamiento permite que las organizaciones que proveen estos servicios puedan costearlos. La OPI hace un escrutinio muy estricto a la hora de escoger los proveedores de servicios porque el pago de servicios está atado al éxito medible del programa. Una vez se demuestran los resultados, y si estos cumplen con las metas pactadas con el gobierno, se le paga a la OPI y esta a su vez paga los “bonos” a los inversionistas.

Estos “bonos” no ofrecen un rendimiento fijo y conllevan un alto riesgo (si no se logran las metas prometidas, el gobierno no paga)–así que el término no es totalmente compatible con el usado en el mundo financiero. Otras iniciativas similares llaman estos programas “Pago por éxito” o “Colabo raciones Público-Privadas”. Las entidades privadas que arriesguen su capital enfrentarán riesgos altos aunque la expectativa de rendimiento no es el correspondiente a ese riesgo. Por consiguiente, estos proyectos no son para inversionistas con un apetito de maximizar rendimientos, sino para aquellos individuos, fundaciones o entidades que interesen aumentar el rendimiento social de su dinero.Otra gran ventaja es que es que si los programas tienen éxito y el estado se compromete a continuar estos proyectos a gran escala, se lograrían reducciones de costos significativos. Pero más allá de la dimensión fiscal, está la social: este tipo de alianza redunda en beneficios concretos para una población muy necesitada que o no recibe ningún tipo de ayuda o la recibe de forma inefectiva. En resumen, con los bonos de impacto social se aumenta la eficiencia del gasto público a la vez que se mejora calidad de vida para la comunidad impactada.

Existe gran optimismo por los logros que esta estructura promete generar al alinear incentivos e inversión privada para producir cambios sociales. En la prisión de Peterborough en Inglaterra, se lleva a cabo el primero de estos proyectos. Allí el Departamento de Justicia contrató a la OPI sin fines de lucro Social Finance para reducir la cantidad de reincidentes en una población penal con penas cortas en un término de seis años. Aproximadamente 60% de la población de esa prisión reincide antes de cumplir el año de excarcelado. El gobierno le pagará a Social Finance si el porciento de personas que reinciden se reduce en por lo menos un 7.5%. Mientras más baje la reincidencia, mayor es la compensación.

En Estados Unidos, hay varias organizaciones que han comenzado a ofrecer servicios utilizando este esquema. La ciudad de Nueva York y el estado de Massachusetts recientemente anunciaron programas similares al de Peterborough. El estado de Maryland y la ciudad de Baltimore han trabajado programas similares logrando reducir la reincidencia de la población penal de ciertas prisiones en un 31%. También se ha experimentado con programas que reducen el tiempo en que los niños permanecen en hogares sustitutos y el número de personas sin hogar que viven en las calles.

Otros proyectos incluyen servicios para jóvenes en riesgo ofreciéndoles terapias multidisciplinarias, capacitación para conseguir empleos, internados con paga, recreación y otras actividades para jóvenes en la misma comunidad.

Los bonos de impacto social y programas similares no están ajenos a los riesgos típicos de un nuevo experimento –pero el verdadero riesgo está en no tratar nuevas maneras de abordar nuestros males sociales. Ser espectadores pasivos no es opción: es preciso intentar nuevos enfoques para cambiar lo que ya no funciona.

Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 24 de febrero de 2013.