Publicado el 17 de marzo de 2013

Sergio M. Marxuach

Recientemente el equipo financiero del gobierno presentó varias propuestas para atender la crisis del sistema de retiro de los empleados públicos. El conjunto de medidas implica una reforma estructural profunda de las pensiones públicas. Por tanto, era de esperarse que las reacciones de los diversos grupos afectados fueran intensas y viscerales. Más aún, en un país que no está acostumbrado a actuar colectivamente ni a que se le exija sacrificios de ningún tipo, es tal vez lógico que la reacción inicial de cada grupo sea la de proteger su “finca”.

Desafortunadamente, los argumentos que se han utilizado por diversos grupos para evitar contribuir a la solución del problema se basan en premisas falsas o solo parcialmente ciertas. A continuación analizamos algunos de esos argumentos fallidos.

He escuchado a muchos decir que “eso no es problema mío, yo trabajo en la empresa privada, allá los pensionados y el gobierno que resuelvan”. Este argumento se basa en la premisa falsa de que los que no trabajamos en el gobierno no tenemos que contribuir a la solución, ya sea porque no tenemos la obligación moral de hacerlo o porque no nos afecta directamente.

Todos los que residimos en Puerto Rico tenemos obligaciones que surgen por el mero hecho de vivir aquí. Estas obligaciones, que podemos llamar obligaciones de solidaridad, son obligaciones particulares de responsabilidad moral que le debemos a aquellos con quienes compartimos cierta historia o relación. No requieren de nuestro consentimiento pues su peso moral se deriva del hecho de que la historia de cada una de nuestras vidas está implicada en la historia de la vida de otros.

Si ese argumento no le resulta persuasivo, tal vez uno basado en las consecuencias de no atender contundentemente este problema lo convenza. Una degradación del crédito de Puerto Rico a nivel “chatarra” tendría repercusiones adversas para todos los que vivimos en Puerto Rico ya que desataría una crisis financiera. Eso significa, entre otras cosas, que: el gobierno tendría poco o ningún acceso a los mercados financieros; veríamos una depreciación del valor de los bonos y obligaciones de Puerto Rico de entre 30% y 50%; la liquidez y la solvencia de las instituciones financieras y compañías de seguro en Puerto Rico podrían verse afectadas adversamente; veríamos un aumento en las tasas de interés y una contracción significativa del crédito; y aumentarían tanto las quiebras como el desempleo. Si usted piensa que estaría inmune de esa tempestad le recomiendo que examine con detenimiento su situación económica y financiera actual.

Por otro lado, he escuchado a representantes de los pensionados argumentar que “los pensionados cotizaron por todos sus beneficios y por tanto no se les puede tocar.” Lamentablemente, este argumento es solo parcialmente cierto. De entrada hay que dejar claro que los pensionados nunca cotizaron por los beneficios concedidos mediante leyes especiales, tales como el bono de navidad, el bono de verano, y otros.

Más importante aún, el problema fundamental del sistema de retiro es que desde sus comienzos en 1951 las aportaciones tanto de los empleados como de los patronos no fueron determinadas actuarialmente, mientras los beneficios fueron estipulados por ley y no guardan relación alguna con el nivel de aportaciones al sistema o con el rendimiento de las inversiones del mismo. Por tanto, muchos pensionados reciben beneficios más altos de los que tendrían derecho si el sistema hubiera sido diseñado adecuadamente.

De acuerdo con Teresa Ghilarducci, profesora de economía en el New School for Social Research, una persona tiene que ahorrar durante su vida trabajadora aproximadamente veinte veces su salario anual al momento de retirarse para mantener más o menos el mismo estándar de vida durante el retiro. Esto significa que si su salario al retirarse era de $40,000, usted debería haber ahorrado unos $800,000 para su retiro. Desafortunadamente, el sistema de retiro del gobierno no fue diseñado cumpliendo con estos parámetros.

Finalmente, he escuchado a representantes de los empleados públicos decir que “las pensiones son beneficios adquiridos que no se pueden cambiar.” Este argumento también es solo parcialmente cierto. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó en el caso de Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987)—en una opinión del entonces Juez Asociado Hernández Denton analizando la constitucionalidad de ciertos cambios hechos al sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico—que “los participantes de un sistema de retiro del Gobierno tienen un derecho adquirido de naturaleza contractual que surge con el ingreso del empleado al sistema…” pero “antes de que pueda acogerse a la jubilación, los términos del sistema de retiro pueden ser enmendados por el Gobierno siempre que las enmiendas sean razonables y con el fin de adelantar la solvencia actuarial del mismo.” En el caso de las medidas presentadas por el gobierno de turno resulta difícil argumentar que éstas son irrazonables o que no adelantan la solvencia del sistema de retiro.

Resolver este problema requiere que todos pongamos de nuestra parte. De acuerdo con el Banco Gubernamental de Fomento, si no hacemos nada, el gobierno tendría que inyectarle a los fondos de retiro cerca de $2,850 millones, equivalentes a 31% del fondo general para el año fiscal 2013, durante cada uno de los próximos 26 años para cumplir sus obligaciones con los pensionados. Una obligación de esta magnitud no se satisface con trucos financieros o de contabilidad.

El problema tampoco se resuelve imponiéndole toda la carga a un solo grupo o sector. El sacrificio tiene que compartirse entre todos: la ciudadanía en general; el sector privado, incluyendo los bancos, las farmacéuticas, y los comerciantes; los empleados públicos; y los pensionados. Creo que es imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país. Las alternativas son dejar que el país quiebre; hacer las maletas y largarnos para siempre de esta isla olvidada por Dios; o resolver esto en la calle como hizo la gente en Túnez y Egipto. ¿Qué alternativa favorece usted?

Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 17 de marzo de 2013.