Amargos ajustes

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El estado en las finanzas de las corporaciones públicas detonará más aumentos

 

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

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Aun cuando Puerto Rico pueda cuadrar su presupuesto, la falta de premura en atender la crítica situación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) podría estremecer a las demás agencias, municipios y corporaciones que emiten deuda de Puerto Rico.

Según el Centro para una Nueva Economía (CNE), la falta de acción para allegar más dinero a la ACT supone un serio riesgo a las finanzas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y a la totalidad del Gobierno, en especial luego del evento de default o impago que se produjo en marzo pasado.

“Eso es un evento de impago por dondequiera que lo mires”, dijo Sergio Marxuach, director de Política Pública para el CNE.

Hace unos días, el BGF notificó que la ACT incumplió con sus bonistas cuando el Tesoro de Estados Unidos le confiscó unos $158 millones para pagar parte de una deuda de Puerto Rico con el Cuerpo de Ingenieros estadounidense por la construcción de la represa Cerrillos, proyecto que se desarrolló en la década de 1970. Al confiscar el dinero, el Tesoro retuvo poco más de $2 millones a la ACT. Ese dinero era el pago de marzo por unos $86 millones en bonos respaldados con reembolsos federales.

Según Marxuach, el BGF podría verse en serios aprietos si los auditores externos de la institución le exigen separar parte de su capital por el posible impago de $2,200 millones en préstamos otorgados a la ACT. Esto podría provocar una situación de insolvencia.

“Aun si la insolvencia puede evitarse, una degradación en la clasificación del BGF bajo el grado de inversión puede tener un efecto de choque en todos los otros créditos del Gobierno. En ese caso, podríamos esperar que solo los bonos de la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta y Uso (Cofina) y, tal vez, los de obligaciones generales permanezcan como inversiones especulativas”, dijo el CNE.

El precario cuadro del BGF, según Marxuach, podría atenderse creando un mecanismo de acciones preferidas que comprarían otras instituciones bancarias en Puerto Rico. La venta de acciones preferidas no otorgaría voz ni voto a los inversionistas, pero allegaría dinero para que el BGF pueda continuar operando.

Las acciones preferidas del BGF podrían redimirse en unos cinco años, según la propuesta.

En turno la AAA y la AEE

En paralelo, la organización de política pública recomendó iniciar un proceso de reestructuración en las corporaciones públicas, en aras de evitar que las pérdidas operacionales terminen desangrando al Gobierno central.

Según el CNE, el ajuste debe comenzar por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la ACT.

La movida correctiva, empero, será otro golpe para la gente y los negocios.

De acuerdo con el CNE, el ajuste requiere aumentar las tarifas, los peajes y otros cargos de uso; eliminar gradualmente todos los subsidios del Fondo General o del BGF, y reducir los costos operacionales, “incluyendo la nómina si es necesario”.

Pero también, dijo la organización, debe considerarse “reestructurar los términos de la deuda emitida” por cada una de las corporaciones públicas en problemas. Eso significa que los bonistas tendrían que asumir alguna pérdida por el dinero prestado a Puerto Rico.

Junto a esa medida –que significa el paso más drástico en un proceso de ajuste fiscal–, el CNE recomendó poner fin a la práctica de nombrar a ejecutivos y directores, cuyo principal bagaje no es otro que ser “un político derrotado”.

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