Después del 30 de junio

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Por Sergio M. Marxuach

Durante los últimos meses, el debate público se ha enfocado en el presupuesto y la situación financiera del gobierno de Puerto Rico y varias de las corporaciones públicas. La expectativa es que para cuando usted lea estas líneas, las negociaciones a altas horas de la noche y los traqueteos turbios en cuartos oscuros del Capitolio hayan terminado, el presupuesto de Puerto Rico para el año fiscal 2014 haya sido aprobado por la asamblea legislativa, y que la degradación del crédito de Puerto Rico a nivel chatarra haya sido pospuesta, al menos por ahora.

Mas allá de los detalles, las virtudes y los defectos de las propuestas para atender la crisis fiscal, creo que todo este proceso que hemos vivido durante los últimos meses apunta a la existencia de varios asuntos de importancia que tenemos que atender con urgencia.

Primero, ha quedado claro que, usando el término de Karl Popper, Puerto Rico no es una sociedad abierta. En una sociedad abierta los ciudadanos tienen los recursos, la capacidad, y la autonomía necesaria para participar eficazmente en el proceso político; para retar las estructuras existentes de poder económico, político y cultural; y para reducir las desigualdades sociales que producen esas estructuras.

El proceso de confeccionar este presupuesto, especialmente las medidas impositivas, ha sido uno poco transparente y con pocas instancias para la participación cívica eficaz. Recientemente hemos visto a representantes tanto del sector privado como del sector laboral querellarse sobre la falta de acceso efectivo al proceso político. Y es que en el siglo 21 los reclamos de participación ciudadana no se satisfacen con una invitación a leer una ponencia de diez minutos en un salón de vistas públicas vacío. Ya no somos un pueblo de jibaritos analfabetas que se conforma con ir a votar como corderitos cada cuatro años a hacer una sola cruz debajo de alguna insignia. En el 2013 un puñado de políticos, actuando como hacendados enguayaberados, no puede pretender gobernar el país como si fuera su finca privada. Es necesario fortalecer la cultura cívica de Puerto Rico y forjar nuevos canales para la participación ciudadana efectiva.

En segundo lugar, Puerto Rico necesita hacer una reforma fiscal integral, incluyendo ambos los ingresos y los gastos gubernamentales, antes de que termine este cuatrienio. En términos generales, la literatura económica establece que un sistema impositivo debe ser (1) adecuado para financiar la gestión pública; (2) simple en su administración, fiscalización y cumplimiento; (3) eficiente, en términos de minimizar las distorsiones que puedan inducir los impuestos en el comportamiento de las personas; (4) neutral con respecto a los precios establecidos por el mercado; y (5) equitativo.

El Código de Rentas Internas de Puerto Rico, un amalgama bizantino de créditos, deducciones, exenciones, exclusiones y tasas preferenciales, no cumple con ninguno de esos principios. Es más bien como un laberinto pero uno creado a través del tiempo, no en el espacio, como aquella novela caótica que describió Borges en El jardín de los senderos que se bifurcan, una obra en la que “todos los desenlaces ocurren; [y] cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones”. Digamos que un sistema impositivo de este tipo no ofrece mucha seguridad y confianza a inversionistas potenciales en Puerto Rico.

Por otro lado, el gasto gubernamental tiene que ser re-estructurado, reduciendo el consumo y aumentando la inversión pública, principalmente en educación, tecnología e infraestructura. Esto conlleva la eliminación de subsidios directos e indirectos a industrias y actividades obsoletas. Si una actividad económica requiere de un subsidio permanentemente lo más probable es que no es viable. Salvo unas pocas excepciones, no vale la pena sostenerla y se debe dejar morir.

Finalmente, a mediano plazo es necesario llevar a cabo una reforma estructural de la economía de Puerto Rico. Esto significa reorientar nuestra economía de una basada en el consumo a una basada en la producción. Para aumentar la producción es necesario, a su vez, aumentar la inversión, tanto pública como privada, en Puerto Rico. Para financiar esa inversión a largo plazo es imperativo reducir el consumo doméstico privado. Esto requiere hacer el ahorro más atractivo en relación al consumo. Eso se puede lograr a través de (1) nuevos impuestos al consumo; (2) mejores incentivos al ahorro; o (3) una combinación de ambas.

El punto de partida teórico para esta reestructuración debe ser que Puerto Rico se encuentra atrapado en lo que el Banco Mundial llama el “middle-income trap”. Esta situación se caracteriza por la pérdida de competitividad con productores de bajo costo y por la inhabilidad de competir con países innovadores y creadores de productos de alta tecnología. Países como Puerto Rico no pueden competir a base de costos pero tampoco tienen las instituciones, el acceso a los mercados capital, y la masa crítica de trabajadores con las destrezas necesarias para competir a base de la innovación, tecnología, y el desarrollo de nuevos productos. Salir de esta situación requiere la elaboración de una sofisticada estrategia de desarrollo económico a mediano y largo plazo. Las iniciativas sugeridas recientemente, sandeces ideadas por publicistas, tales como traer billonarios a vivir a Puerto Rico o atraer un equipo de beisbol de grandes ligas, no van a sacarnos de la trampa económica en que nos encontramos.

Puerto Rico va camino a convertirse en una tierra baldía posindustrial, caracterizada por la corrupción, la criminalidad, el desempleo, la descomposición urbana y la pobreza. Para evitar ese destino, resulta imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país para, entre otras cosas, fortalecer nuestra cultura cívica, reformar la política fiscal de nuestro gobierno y elaborar una verdadera estrategia de crecimiento económico. De lo contrario, podemos esperar que se agudice la decadencia económica, moral, política y social que ya vivimos. Depende de nosotros, entonces, decidir si vamos a cambiar el rumbo que llevamos o si vamos a abandonar esta reliquia colonial a la angustiosa suerte que le deparen los caprichos del destino.


El autor es el director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 30 de junio de 2013.

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