La difícil ruta hacia el desarrollo del Caño

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Por Deepak Lamba Nieves

Según nuestro mito desarrollista, Puerto Rico salió de las tinieblas económicas a mediados del Siglo XX gracias al esfuerzo de un grupo de líderes visionarios que se dieron a la tarea de reconstruir “la casa pobre del Caribe”.

En numerosas instancias, especialmente cuando la moral colectiva se percibe en decadencia, se repasan los testimonios del cambio que vivió el país y cómo los arquitectos del progreso isleño lograron reducir la pobreza extrema, atajar los arrabales y fomentar capacidades industriales.

Pero, para muchas comunidades pobres, el progreso que se profesa en el consabido mantra de autoayuda nacional se tardó en llegar o se perdió en el camino. Más de medio siglo después de que se les abrió paso al desarrollo, miles de familias cuentan otras historias de supervivencia socioeconómica mientras siguen descifrando soluciones a sus complicadas condiciones y sudan la gota gorda para que algún día se les incluya en los recuentos oficiales de prosperidad.

Lucha contra el olvido

Entre los que buscan remediar las inequidades que provienen de la dejadez institucionalizada del estado, se encuentran sobre 27,000 vecinos de ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Herederos de una larga historia de invenciones criollas y respuestas ingeniosas ante la adversidad, las comunidades del Caño han luchado por décadas contra el olvido y, a pesar de que sus enemigos no juegan limpio, han cultivado algunas victorias clave.

Desde la época de los españoles, la zona ha estado bajo la mirilla de intereses comerciales y ha servido como refugio para familias desplazadas por los trastoques violentos de las múltiples restructuraciones económicas que ha vivido la Isla. Las migraciones urbanas que se dieron durante la época del monocultivo, la Gran Depresión y luego bajo el régimen de Manos a la Obra, contribuyeron al hacinamiento de tierras reclamadas al agua que no contaban con las facilidades básicas para que los viejos y nuevos habitantes pudiesen vivir adecuadamente.

El resultado fue la formación de asentamientos improvisados que, rápidamente, se tornaron en zonas marginales, desconectadas de las redes formales de la expansiva área metropolitana de San Juan. No obstante, de vez en cuando, el estado asomaba la cabeza y ofrecía prebendas para mantener los ánimos bajo control y acumular puntos políticos. Pero, con el paso del tiempo, la falta de atención gubernamental y las amenazas de reubicarlos a residenciales públicos -como sucedió con los vecinos de sectores como Tokio, Shanghái y El Fanguito- sirvieron como detonante para que los residentes alzaran la voz por su derecho a permanecer en un barrio seguro, saludable y bien habilitado.

El camino marcado por una larga tradición de lucha comunitaria abrió paso a que nacieran varias organizaciones e iniciativas que, siguiendo la expansión y profesionalización del “tercer sector” y las tendencias hacia el advocacy y pluralismo en la planificación, alteraron las dinámicas desarrollistas mediante la organización de procesos de autogestión comunitaria donde los residentes están totalmente envueltos en la articulación de propuestas y en la toma de decisiones.

Temprano en los noventas, se creó la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, y se estableció un precedente importante para la organización de iniciativas comprehensivas, donde participan los sectores públicos, privados y comunitarios en la articulación de proyectos, que intentan trascender las políticas paternalistas y condescendientes del manejo de la pobreza, y la tradición clientelista entre el estado y la sociedad. Más que un nuevo esquema para allegar fondos a los barrios pobres, y restarle responsabilidades al estado, en Cantera se abrieron espacios -reutilizando herramientas administrativas empleadas por el gobierno, como la creación de planes y créditos contributivos, entre otros- para redefinir la lógica del desarrollo comunitario en Puerto Rico.

Herramienta novel

Doce años después, en el 2004, se alinearon las fichas para que nacieran las entidades que hoy luchan por la justicia (ambiental, social y económica) para los vecinos del Caño Martín Peña: el Grupo de 8 comunidades (G-8), la Corporación del Proyecto ENLACE y el Fideicomiso de Terrenos. Siguiendo el pie forzado de Cantera, se establecieron los mecanismos necesarios para llevar a cabo procesos de planificación e implementación que rompen con la primacía de los buscones del desarrollo y logran hacerles frente a las numerosas inequidades heredadas.

Sin embargo, la iniciativa cuenta con un nuevo instrumento para lograr sus objetivos a cabalidad: un fideicomiso comunitario de tierras. Pieza angular del proyecto, el fideicomiso sirve para mantener la titularidad de los terrenos a desarrollarse en manos de la comunidad y así poder combatir el posible desplazamiento de los pobres -algo que usualmente ocurre cuando las mejoras espaciales convierten a los condenados de la Tierra en dueños de propiedades codiciadas-. En otras palabras, la novel figura jurídica impide que los caprichos e intereses de unos pocos estén por encima de las aspiraciones colectivas de aquellos que han soportado la apatía por mucho tiempo.

Lejos de ser una invención de la tradición soviética, los fideicomisos comunitarios de tierras se inspiran en antiguos modelos alternativos de tenencia colectiva. Su versión moderna comienza a reproducirse desde los setenta, principalmente en los Estados Unidos.

A pesar de que cuenta con la bendición de los amigos del Norte, y de ofrecer una solución a una serie de problemas complejos, el Fideicomiso del Caño ha servido de piñata política para numerosos oficiales públicos que creen fielmente en el apoderamiento individual y que trafican con títulos de propiedad para sacar ventajas electorales. Ciertamente, debe haber muchos alcaldes haciéndole la señal de la cruz a este proyecto, pues si los fideicomisos se reproducen a lo largo de la isla trastocarían sustancialmente el “modus operandi” de la repartición del bacalao.

Recientemente, se firmó una ley que rehabilita el Fideicomiso de Terrenos del Caño Martín Peña, luego de haber sido previamente destripado por una pandilla de políticos soberbios e insensatos que se sentían inmunes a los reclamos comunitarios. Como miembro de la Junta Asesora del Proyecto ENLACE, me alegra saber que las luchas han rendido frutos. Hoy, la ley les da la razón a los sacrificios de la comunidad. Pero firmar una legislación es fácil, lo complicado es dejar de creer en nuestro mito desarrollista que, aunque poderoso, ha resultado ser falso. Si de verdad existe un compromiso con la gente del Caño, ahora comienza el trabajo más difícil.

El autor es director de Investigaciones y ocupa el Churchill G. Carey, Jr. Chair en el Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 22 de septiembre de 2013.

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