Las precarias finanzas del Tío Sam

Las precarias finanzas del Tío Sam

Publicado el 6 de octubre de 2013

Sergio portrait
Director de Política Pública
COMPARTA

El 19 de mayo de 2013 el gobierno federal de Estados Unidos alcanzó el límite de lo que legalmente puede tomar prestado para financiar sus operaciones. Ese límite se encuentra fijo desde entonces en $16.699 trillones. Desde esa fecha el Departamento del Tesoro ha ejecutado una serie de “medidas extraordinarias”, mayormente trasferencias entre varios fondos intra-gubernamentales, para continuar pagando las obligaciones del gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, el 25 de septiembre, el Secretario del Tesoro le envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes informándole que la efectividad de las medidas extraordinarias se agotaría alrededor del 17 de octubre. A partir de esa fecha el gobierno federal tendría aproximadamente $30,000 millones en efectivo para honrar sus obligaciones financieras y tendría que operar solamente con el efectivo en caja más los ingresos que entren diariamente. El problema es que en algunos días el gasto neto del gobierno federal puede exceder los $60,000 millones.

Por tanto, si el Congreso no actúa y aumenta el límite legal para tomar prestado, en algún momento entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre, de acuerdo con un análisis del Bipartisan Policy Center (BPC), el gobierno federal tendría que recurrir a una de dos estrategias: (1) darle prioridad a algunos pagos y dejar de hacer otros; o (2) posponer los pagos que vencen en un mismo día hasta que entren suficientes ingresos para hacerlos todos.

En teoría, bajo cualquiera de los dos escenarios se le podría dar prioridad al pago de interés sobre la deuda ya que esos pagos se procesan a través de un sistema electrónico separado.

Priorizar otros pagos, sin embargo, puede que sea imposible ya que el gobierno federal hace aproximadamente 100 millones de pagos al mes y habría que reprogramar completamente el sistema de pagos automáticos del Tesoro. Más importante aún, ¿qué criterios se utilizarían para establecer las prioridades? ¿Se les otorga prioridad a los pagos de Seguro Social? ¿A los gastos militares? ¿A la NSA para que nos siga espiando? ¿Al programa WIC para niños e infantes? ¿O a los pagos de Medicare para los viejitos? ¿Quién decide y aplicando qué reglas?

Más allá de los problemas legales que esto pueda generar, es casi imposible evitar que cualquier método que escoja el Tesoro para establecer prioridades no sea percibido como injusto o arbitrario. Las protestas serían la orden del día. Además, bajo este escenario se quedarían sin pagar aproximadamente 32% de las obligaciones financieras del gobierno federal. Una reducción de esa magnitud en el gasto federal tendría un efecto material adverso en la economía real. Los efectos en los mercados financieros son imposibles de predecir en estos momentos.

La segunda opción consiste en posponer los pagos que vencen en determinado día hasta que entren suficientes fondos para hacerlos todos. Si en el día X se estima que hacen falta dos días de recaudos para hacer los pagos que vencen ese día, entonces esos pagos se pospondrían por un día. Obviamente, eso resultaría también en una posposición de los pagos que vencen en el día x +1. Por ejemplo, de acuerdo con el análisis del BPC, unos pagos del Seguro Social que vencen el 23 de octubre no se podrían hacer hasta el 25; y unos pagos del programa de asistencia nutricional que vencen el 25 de octubre no se podrían hacer hasta el 30, y así sucesivamente.

La causa inmediata de esta situación es que una facción fundamentalista del Partido Republicano está exigiendo que, a cambio de aumentar el límite de la deuda, se deje sin efecto y sin financiamiento por un año la reforma de salud conocida comúnmente como Obamacare. Pero, el Presidente Obama ha expresado que no va a negociar el pago de obligaciones que han sido previamente autorizadas por el Congreso ni la fecha de efectividad de la reforma de salud.

El verdadero problema, sin embargo, se trata de un ataque al contrato social prevaleciente en Estados Unidos, establecido originalmente con el Nuevo Trato de Franklin D. Roosevelt, y ampliado significativamente por los programas del “Great Society” de Lyndon B. Johnson.  La esencia de ese contrato social consiste en establecer un balance entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo, con el gobierno federal actuando como arbitro. El problema es que, desde 1980 hacia acá, las escalas de la balanza se han inclinado decididamente a favor del capital: la desigualdad económica se ha disparado a niveles de 1929; el ingreso promedio se ha reducido en términos reales; las filas de los desempleados a largo plazo han incrementado peligrosamente, y la porción del ingreso correspondiente al capital ha aumentado significativamente a expensas de la compensación de los trabajadores.  La disputa que estamos viendo con respecto a la reforma de salud es una batalla más de esa guerra larga que lleva treinta años.

La gran ironía es que el partido tradicionalmente “conservador” busca derogar el contrato social prevaleciente en Estados Unidos desde la década de 1930; mientras que el partido tradicionalmente “liberal” busca mantener el orden establecido pero sin ofrecer una alternativa viable para el siglo 21.

A un nivel más profundo, estamos presenciando lo que el profesor John A. Powell ha caracterizado como “una lucha ontológica” sobre quién es y quién tiene derecho a categorizarse como “americano”. Esto cuando las minorías suman aproximadamente el 40% de la población de Estados Unidos. Desde esta perspectiva, los ataques a los programas de asistencia social constituyen un esfuerzo por “mantener en su lugar” a los tradicionalmente marginados: los afro-americanos, los latinos y los pobres, entre otros.  Cuando los republicanos se oponen al Obamacare, lo que buscan realmente es preservar unas estructuras sociales racializadas que marginalizan a todos aquellos que no son blancos, protestantes y de clase media.

Y no nos llamemos a engaño, del resultado de esa lucha dependerá en gran medida la viabilidad económica y la estabilidad política futura de Estados Unidos.