Publicado el 22 de enero de 2014

Sergio M. Marxuach

Recientemente la Rama Ejecutiva ha presentado un proyecto de ley, el P. del. S. 882, para crear una Comisión de Energía y Telecomunicaciones. Esta propuesta surge en medio de los crecientes reclamos públicos para la creación de un ente externo que fiscalice a la Autoridad de Energía Eléctrica y que regule la industria eléctrica en la isla. Cámara y Senado han comenzado a discutir sus propias propuestas de cambio para la AEE, y con este paquete el Ejecutivo presenta una vía alterna.  El Centro para una Nueva Economía se opone vehemente a la propuesta de la Rama Ejecutiva por varias razones.

Primero, la complejidad del sistema eléctrico requiere la atención a tiempo completo de un ente reglamentador con todos los recursos necesarios para llevar a cabo su misión. Por eso sugerimos que no se incluya el área de energía al mandato de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones como proponen los proyectos del Ejecutivo.

Segundo, el mandato de la Comisión propuesta no incluye la capacidad para dirigir el proceso de revisión y establecimiento de tarifas.  Más aún, la Comisión podría imponerle el requisito de prestar una fianza a cualquier persona que quiera acudir a querellarse ante la misma. El proyecto de ley no estipula el monto de dicha fianza.  La intención de este requisito, obviamente, es desalentar que los consumidores y productores independientes presenten querellas ante la Comisión.

Tercero, el artículo 16 del proyecto de ley estipula que si cualquier proceso ante la Comisión “pudiera tener el resultado de evitar que la Autoridad pueda cumplir con los términos del Contrato de Fideicomiso de 1974 o Acuerdo del Fideicomiso de Bonos de la Autoridad, la Comisión ordenara que la Autoridad imponga un cargo adicional independiente de la tarifa para poder cumplir con el Contrato de Fideicomiso de 1974 o Acuerdo del Fideicomiso de Bonos de la Autoridad…”.  Este artículo, según redactado, le otorga demasiada discreción a la Autoridad para aumentar las tarifas según esta lo considere necesario para cumplir con el “cuco” de los bonistas.

Estas son sólo algunas de las objeciones que tenemos al P. del S. 882.  En nuestra opinión este proyecto es materialmente deficiente y debe ser descartado en su totalidad.  Nos preguntamos qué pasó en los laberintos de la Rama Ejecutiva para que los vientos de cambio y reforma que el Gobernador anunció en octubre para la AEE se hayan diluido a tal magnitud.

La AEE requiere que un ente externo, independiente, con todos los recursos legales, humanos, financieros, y regulatorios necesarios le imponga disciplina.  El P. del S. 882 no cumple con estos requisitos.

Nosotros en CNE estaremos vigilantes para que no se le pase gato por liebre al pueblo de Puerto Rico con respecto a este importante asunto.