Reforma eléctrica en tiempos de crisis: un análisis que identifica el marco adecuado para Puerto Rico

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Por: Sergio Marxuach

La degradación del crédito de Puerto Rico ha hecho más urgente la necesidad de reformar de forma profunda y verdadera el sistema eléctrico en Puerto Rico. Un sistema eléctrico eficiente, transparente y accesible es esencial para la recuperación económica de Puerto Rico, algo que a su vez resulta imprescindible para la estabilidad fiscal del gobierno.

Es importante actuar, pero es preciso hacerlo sin improvisar, con análisis y pleno conocimiento de las opciones. Es por esto que el Centro para una Nueva Economía (CNE) ha comenzado a trabajar con el Regulatory Assistance Project (RAP), una organización sin fines de lucro destacada en Vermont especializada en los aspectos regulatorios y técnicos de la industria eléctrica. El RAP está compuesto por expertos que han trabajado como reguladores y que tienen vasta experiencia. Han desarrollado proyectos alrededor del mundo: en EEUU, Europa, China, India Brasil y Sur África, entre otros.  Tienen experiencia en desarrollar políticas públicas para los sistemas eléctricos que promueven la eficiencia, confiabilidad, equidad y protección ambiental.

CNE ha estado trabajando con RAP para identificar las mejores prácticas que se han desarrollado en el mundo en términos de marcos regulatorios y ofrecer recomendaciones para Puerto Rico que estén fundamentadas en el análisis empírico. A esos efectos, el RAP ha desarrollado un primer documento: “The Role of a Power Sector Regulator to Strengthen Sector Performance in Puerto Rico”. El mismo identifica los poderes y responsabilidades esenciales que debe tener la Junta o Comisión Reguladora que se cree para supervisar el mercado eléctrico en Puerto Rico.

Estos poderes mínimos son:

  1. Desarrollar y establecer las tarifas eléctricas tanto a nivel mayorista como al detal;
  2. Desarrollar las reglas y las políticas que rijan sobre los jugadores del sistema eléctrico, tanto los públicos (la AEE), como los privados (las empresas que le venden electricidad a la AEE);
  3. Desarrollar estándares para la calidad y confiabilidad del servicio, y para la interconexión al sistema;
  4. Autoridad para realizar la planificación del sector, reduciendo los costos totales de acuerdo a la política pública;
  5. Crear y hacer valer reglas para proteger al consumidor;
  6. Iniciar procedimientos e investigaciones relacionados con cualquier aspecto del servicio;
  7. Autoridad para adjudicar disputas;
  8. Desarrollar y supervisar las reglas del mercado, si se decide hacer reformas para liberalizar el sistema;
  9. La capacidad de desarrollar reglas internas que aseguren que su propio funcionamiento sea transparente, eficiente y equitativo; y
  10. La capacidad para poder acudir a los tribunales y foros administrativos, legislativos, federales o estatales en cualquier asunto bajo su jurisdicción.

Un regulador robusto e independiente es esencial para asegurar que la Autoridad de Energía Eléctrica reduzca sus costos de operación y conduzca su operación con mayor eficiencia en vez de simplemente continuar aumentando continuamente lo que le cobra a sus consumidores para cumplir con el servicio a deuda.  A la vez, un regulador le asegurará a Puerto Rico un abanico de opciones futuras que a la Autoridad se le ha hecho difícil identificar, evaluar e implementar: desde integrar nuevos productores de energía al sistema, hasta abrir ciertas áreas a competencia.

Es crucial que ese cuerpo regulador tenga autoridad estatutaria real para supervisar y regular a la Autoridad de Energía Eléctrica y todo el sector eléctrico.  De lo contrario, la reforma eléctrica será meramente cosmética, y prevalecerán la inercia y el estatus quo.

La importancia de crear una Comisión Reguladora verdaderamente robusta e independiente no puede subestimarse. Aprovechemos esta oportunidad para hacer las cosas bien.

Descargue o lea a continuación el documento completo.
 
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