Reforma eléctrica en tiempos de crisis: un análisis que identifica el marco adecuado para Puerto Rico
Publicado el 6 de febrero de 2014 / Read full report in English
Preparado por el Regulatory Assistance Project para el Centro para una Nueva Economía
DESCARGUE
COMPARTA
La degradación del crédito de Puerto Rico ha hecho más urgente la necesidad de reformar de forma profunda y verdadera el sistema eléctrico en Puerto Rico. Un sistema eléctrico eficiente, transparente y accesible es esencial para la recuperación económica de Puerto Rico, algo que a su vez resulta imprescindible para la estabilidad fiscal del gobierno.
Es importante actuar, pero es preciso hacerlo sin improvisar, con análisis y pleno conocimiento de las opciones. Es por esto que el Centro para una Nueva Economía (CNE) ha comenzado a trabajar con el Regulatory Assistance Project (RAP), una organización sin fines de lucro destacada en Vermont especializada en los aspectos regulatorios y técnicos de la industria eléctrica. El RAP está compuesto por expertos que han trabajado como reguladores y que tienen vasta experiencia. Han desarrollado proyectos alrededor del mundo: en EEUU, Europa, China, India Brasil y Sur África, entre otros. Tienen experiencia en desarrollar políticas públicas para los sistemas eléctricos que promueven la eficiencia, confiabilidad, equidad y protección ambiental.
CNE ha estado trabajando con RAP para identificar las mejores prácticas que se han desarrollado en el mundo en términos de marcos regulatorios y ofrecer recomendaciones para Puerto Rico que estén fundamentadas en el análisis empírico. A esos efectos, el RAP ha desarrollado un primer documento: “The Role of a Power Sector Regulator to Strengthen Sector Performance in Puerto Rico”. El mismo identifica los poderes y responsabilidades esenciales que debe tener la Junta o Comisión Reguladora que se cree para supervisar el mercado eléctrico en Puerto Rico.
Estos poderes mínimos son:
- Desarrollar y establecer las tarifas eléctricas tanto a nivel mayorista como al detal;
- Desarrollar las reglas y las políticas que rijan sobre los jugadores del sistema eléctrico, tanto los públicos (la AEE), como los privados (las empresas que le venden electricidad a la AEE);
- Desarrollar estándares para la calidad y confiabilidad del servicio, y para la interconexión al sistema;
- Autoridad para realizar la planificación del sector, reduciendo los costos totales de acuerdo a la política pública;
- Crear y hacer valer reglas para proteger al consumidor;
- Iniciar procedimientos e investigaciones relacionados con cualquier aspecto del servicio;
- Autoridad para adjudicar disputas;
- Desarrollar y supervisar las reglas del mercado, si se decide hacer reformas para liberalizar el sistema;
- La capacidad de desarrollar reglas internas que aseguren que su propio funcionamiento sea transparente, eficiente y equitativo; y
- La capacidad para poder acudir a los tribunales y foros administrativos, legislativos, federales o estatales en cualquier asunto bajo su jurisdicción.
Un regulador robusto e independiente es esencial para asegurar que la Autoridad de Energía Eléctrica reduzca sus costos de operación y conduzca su operación con mayor eficiencia en vez de simplemente continuar aumentando continuamente lo que le cobra a sus consumidores para cumplir con el servicio a deuda. A la vez, un regulador le asegurará a Puerto Rico un abanico de opciones futuras que a la Autoridad se le ha hecho difícil identificar, evaluar e implementar: desde integrar nuevos productores de energía al sistema, hasta abrir ciertas áreas a competencia.
Es crucial que ese cuerpo regulador tenga autoridad estatutaria real para supervisar y regular a la Autoridad de Energía Eléctrica y todo el sector eléctrico. De lo contrario, la reforma eléctrica será meramente cosmética, y prevalecerán la inercia y el estatus quo.
La importancia de crear una Comisión Reguladora verdaderamente robusta e independiente no puede subestimarse. Aprovechemos esta oportunidad para hacer las cosas bien.