Que se haga la luz

El_Nuevo_Dia

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Por Nilsa Pietri

La factura de la luz es tal vez nuestra mayor preocupación ciudadana, pues incluso para los afortunados que tienen empleo resulta impagable, casi como la deuda pública.

Todos sabemos que el dichoso ajuste por combustible es responsable del alza desmesurada en la factura que nos envía mensualmente la Autoridad de Energía Eléctrica.

Y sabemos, igualmente, que ese enorme costo agregado no tiene mucho que ver con el precio del combustible que compra la AEE, sino que se trata de un explosivo coctel de gastos de la Autoridad que no tienen que ver con lo que consumimos de luz pero que nos hacen pagar a los abonados.

Así que convencidos ya estamos todos de que hay que cambiar las cosas.

El problema es que las propuestas que se debaten diariamente las entienden solo sus proponentes pues, a pesar de los cientos de miles de dólares que corren por ahí en cabildeo a favor de una u otra, no se usa ni un chavo para hacer el ejercicio de explicarle al país, en arroz y habichuelas, qué significa cada una y porqué debemos favorecer la que sea.

Hay que explicarle al País lo que se propone, del mismo modo que hay que identificar claramente a quiénes realmente proponen, de un lado y del otro.

El Centro para una Nueva Economía, que lleva años estudiando con gran honestidad el problema y proponiendo soluciones, favorece el proyecto del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, que crearía una comisión reguladora de electricidad con facultades muy definidas de supervisión y fiscalización de la AEE.

Esa junta le quitaría a la AEE el poder de fijar las tarifas eléctricas, una facultad que la corporación pública mantendría bajo la propuesta del gobernador Alejandro García Padilla, que incluso integra el tema energético a la actual Junta Reguladora de Telecomunicaciones.

El CNE sostiene que el verdadero problema de fondo es la reglamentación del mercado eléctrico, que siempre ha estado en manos de la Junta de Gobierno de la AEE.

O sea, dice el CNE, esa junta de gobierno es juez y parte a la hora de decidir los términos y condiciones aplicables a quienes buscan conectarse al sistema.

Nada de eso cambiaría si vence finalmente la propuesta del gobernador, afirma el CNE, que descarta la validez del argumento del Ejecutivo sobre costo-eficiencia.

Es cierto que se estaría creando un nuevo ente gubernamental con la junta reguladora que propone Bhatia y que defiende el CNE. Pero, resulta convincente el argumento del grupo de economistas de que esa junta especializada puede costar de $3 a $5 millones anuales, mientras que la AEE le cuesta a las empresas y a los consumidores, cada año, más de $1,000 millones en cargos ocultos en las fórmulas que usa para calcular la factura que recibimos mensualmente.

Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Respuesta fácil: los grupos de interés.

Por un lado está el llamado cartel del petróleo, que se lucra de la dependencia de la AEE sobre ese hidrocarburo. Son, como los enumera el CNE, los suplidores, los traficantes de petróleo, los partidos políticos, los beneficiarios de subsidios, los empleados, los bonistas y sus banqueros, y personas con conexiones políticas que se han organizado para extraer beneficios de la AEE a costa del pueblo.

Pero, ¿acaso no existe lo mismo del otro lado? Ese otro cartel agrupa los intereses de los que quieren reemplazar al del petróleo y entre ellos también hay suplidores, traficantes de otras energías, partidos políticos, bonistas y banqueros y, otra vez, personas con conexiones políticas que se han organizado para extraer beneficios de la AEE a costa del pueblo.

Son los cabilderos. Defienden por dinero, no necesariamente por convencimiento, unos u otros intereses. Por eso es importante que se les vean las caras, que se pongan en blanco y negro sus nombres, que el País sepa que hablan y actúan a nombre de sus clientes.

Esta es la ecuación: dar explicaciones claras, en lenguaje sencillo, y tener honestidad intelectual. Que de engaños y traiciones no puede seguir padeciendo este pueblo.

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