Castigo al trabajo

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Efrén Rivera Ramos

La crisis no justifica que se adopte cualquier medida que se le ocurra a alguien para paliarla. Las propuestas requieren consideración detenida. Hay que cuidarse, también, de no equiparar la uniformidad con la equidad.

El “todos tienen que aportar” algo de justicia encierra. Pero, ¡ojo!, exigirles lo mismo a quienes están en condiciones desiguales resultará más oneroso para unos que para otros. Nos lo advirtió hace más de un siglo el Nobel de Literatura Anatole France, con su famoso aforismo: “La ley, en su majestuosa igualdad, le prohíbe al rico, al igual que al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan”.

Eso parece estar ocurriendo con algunas de las propuestas para atajar la indudable crisis fiscal presente.

Tomemos como ejemplo el crédito contributivo por trabajo.

Se trata de una disposición que les permite a aquellas personas que devengan ingresos de su trabajo que no excedan de $27,500 anuales reclamar un crédito en su planilla hasta un máximo de $450. El beneficio consiste en enviarle al contribuyente la cantidad correspondiente mediante un cheque. Es distinto al reintegro que se le devuelve al que ha pagado en exceso. El reembolso se recibe aunque no se haya pagado de más. Es, pues, un ingreso adicional para los trabajadores más pobres al final del año contributivo.

Este crédito tiene el propósito de beneficiar a los trabajadores de menos ingresos. Pero redunda en beneficios sociales adicionales. En primer lugar, es un aliciente a la incorporación de las personas a la fuerza formal de trabajo, pues se requiere que la persona esté empleada y rinda planillas de contribución sobre ingresos. El crédito reembolsable aumenta a medida que suben los ingresos, hasta llegar a un límite fijado por ley. Es un beneficio al trabajador que no les cuesta a los patronos.

El crédito puede reclamarse por cada una de las personas integrantes de una pareja casada, aunque rindan planilla conjunta. En ese caso, representa un ingreso anual superior para las familias de escasos recursos económicos y un incentivo adicional para que ambos miembros de la pareja trabajen y aumenten sus ingresos mediante su trabajo.

En el 2012 unas 469,258 personas se beneficiaron de $124.3 millones en créditos por concepto de este programa. No sólo aprovechó a trabajadores de pocos ingresos, sino también a estudiantes, sobre todo posgraduados, que se ven obligados a trabajar para completar sus estudios. He ahí otro beneficio social de envergadura, si se piensa en la necesidad de más recursos humanos cualificados para contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político del País. Si algo, el esquema actual debería mejorarse, pues el beneficio todavía resulta demasiado bajo. Cuando los ingresos llegan a $10,000, el crédito comienza a bajar a razón de 2% del exceso devengado sobre esa cantidad y ese monto, a su vez, se deduce del tope permitido. Así que no todos reciben la cantidad máxima de $450. Ello se traduce en una penalidad al trabajador que comienza a mejorar su ingreso por amor de su trabajo. Lo recomendable sería aumentar tanto la cantidad máxima del crédito, como el ingreso a partir del cual comience a reducirse gradualmente su porcentaje.

Según estudios examinados por el Centro para una Nueva Economía, el crédito por trabajo se ha ido convirtiendo en una de las herramientas más efectivas para reducir la pobreza en aquellos lugares en los que se ha adoptado con requisitos más favorables para el trabajador. Constituye, además, un incentivo al fortalecimiento industrial, en la medida que aumenta los ingresos del trabajador sin costos adicionales para las empresas.

¿Qué ha ocurrido en Puerto Rico? Después que descubrimos las bondades del crédito por trabajo, ahora, por aquello de enfrentar la crisis, se propone eliminarlo totalmente. Ello nos dejaría sin un mecanismo útil para incentivar el trabajo, reducir la desigualdad y estimular la producción.

Es decir, por no hilar fino, una respuesta a la crisis fiscal presente contribuirá a profundizar la crisis del futuro.

El autor es profesor de derecho constitucional en la Universidad de Puerto Rico y miembro del cuerpo rector de Espacios Abiertos.

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