Quiebra criolla viabiliza venta de activos o desmantelamiento de corporaciones públicas

noticel

Por: Laura M. Quintero
Publicado: 27/06/2014 05:32 am

El futuro de las corporaciones públicas que se acojan a la nueva Ley para renegociar sus deudas millonarias con los acreedores está lleno de variables. Pero lo que está definido es que la estructura operacional de las corporaciones cambiará drásticamente al facilitar que vendan o arrienden sus activos a otras entidades del gobierno o a manos privadas.

Los directores de la AAA, Alberto Lázaro, y de la AEE, Juan Alicea, con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila. (Josian Bruno/NotiCel)

Las corporaciones que se encuentren en estado de insolvencia tendrán a su disponibilidad distintos recursos para cumplir con el pago de sus obligaciones, sin que se afecten los servicios. Permite, por ejemplo, la venta y el arrendamiento de cualquiera de los activos, como pudieran ser las plantas productoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a otras entidades públicas o privadas que se comprometan ante el juez designado, a mantener el ofrecimiento de los servicios públicos.

Si bien las corporaciones ya tenían la facultad de crear Alianzas Público-Privadas, como las que concedió la Administración Fortuño en el aeropuerto internacional, el peaje Teodoro Moscoso y las carreteras PR-22; esta Ley facilita ese tipo de transferencias a través de un “proceso estructurado y expedito” en el Tribunal, según el economista Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Marxuach comentó, sin embargo, que es improbable que la negociación requiera de una venta o privatización parcial. “Dudo que se llegue a ese tipo de remedio. Creo que la mayoría de los bonistas preferirían renegociar los términos (de la deuda), en vez de correr el riesgo de comenzar desde cero con unos dueños nuevos”, reaccionó, en referencia a la negociación del principal, interés y término de años de la deuda.

La Ley otorga también la facultad de transferir los activos a otras entidades gubernamentales, lo cual guarda consistencia con el proyecto de eliminación de agencias y reducción de gastos que presentó el Ejecutivo como parte del Plan de Estabilización Fiscal.  Esto implicaría que algunas de las facultades que tiene, por ejemplo la AEE, pueden ser subdivididas o separadas entre varias entidades de gobierno. Incluso, puede ser creada una nueva entidad pública que sustituya a la corporación insolvente, según estipula la sección 307.

“Están desmantelando las corporaciones”, opinó el licenciado Wilbert López, presidente de la Comisión de Quiebra del Colegio de Abogados.

El experto descartó, sin embargo, que la propuesta sea comparable a una liquidación, ya que ese término implica el cierre de operaciones de la corporación. En una reorganización, la compañía o municipio que se acoja a quiebra tiene la facultad de vender parte de sus activos para obtener capital e inyectarlo a la corporación, dentro de un plan de pago que establezca.  “Se puede liquidar parte de los excesos para seguir operando”, comentó en referencia a aquellos bienes que no produzcan ingresos netos.

El licenciado Carlos Díaz Olivo difirió de esta interpretación al considerar que la nueva Ley otorga poderes que no están contemplados en una reorganización clásica.  “Les da poderes alternos de cómo disponer de esa corporación… es un híbrido”, comentó en referencia al Capítulo 7 y 11 de la Ley de Quiebras.

El propio Gobierno mercadeó la Ley como un “solución innovadora” en una conferencia de prensa el miércoles, en la que participó el especialista en reestructuración, Jim Millstein, a quien el Banco Gubernamental de Fomento contrató para la encomienda.

“Está bastante bien pensado y estructurado”, reconoció Marxuach, al advertir, sin embargo, que hay variables que pueden interferir en el proceso como lo puede ser el peritaje en finanzas que tenga el Juez designado, y el proceso que se dilucide en el Tribunal Federal si  los acreedores optan por establecer una demanda.

El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Juan Rosario, criticó, sin embargo, que el proyecto provea mayor terreno para la intromisión política, lo que apunta como el verdadero problema de la deuda, en lugar de las decisiones gerenciales. “Todo el Gobierno está en quiebra, no es la AEE nada más. Ninguna de las dos leyes tocan ese problema. Al contraria, son mas fuertes en la intromisión política”, reaccionó.

 

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