Después del IVA

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Por: Sergio M. Marxuach

En la madrugada del jueves 30 de abril, una mayoría de la Cámara de Representantes rechazó un proyecto de reforma contributiva que impondría una contribución de 14% sobre el consumo de ciertos bienes y servicios. Como era previsible, las acusaciones de irresponsabilidad e incompetencia no se han dejado esperar. Más allá de discutir triviales intrigas palaciegas o las necedades de la política pequeña que dominan nuestro discurso público, resulta necesario reflexionar críticamente sobre la situación actual y presentar propuestas para superar esta difícil coyuntura.

De aquí al primero de julio

El primer reto es cerrar el año fiscal en curso. Al 31 de marzo los recaudos del Fondo General se encontraban $153 millones por debajo de lo estimado. Al momento de redactar esta columna no se habían hecho públicos los recaudos para el mes de abril, pero se estima que estén, como mínimo, $100 millones por debajo de lo estimado. El Departamento de Hacienda planifica reducir esa deficiencia, por lo menos parcialmente, con los recaudos de una amnistía que estima producirá $165 millones.

Por el lado de los gastos, el Director de OGP ha tomado medidas para controlar el gasto y reducirlo por $125 millones. Debemos recordar, sin embargo, que el presupuesto del año fiscal en curso no incluyó un pago de $269 millones de intereses capitalizados sobre los bonos que se emitieron en marzo de 2014 y que tampoco se hicieron las aportaciones patronales al sistema de retiro.

Además de lo anterior, el gobierno tiene que pagar $900 millones en notas a corto plazo, conocidas como TRANs, en tres plazos que vencen en abril (que ya se pagó), mayo, y junio. También el 1 de julio vence el pago semestral, de aproximadamente $634 millones, de los bonos de obligación general de Puerto Rico. Este pago vence técnicamente justo al comienzo del año fiscal 2016, pero desde el punto de vista de flujo de efectivo eso es irrelevante, Hacienda tiene que determinar con bastante anticipación si tendrá suficiente efectivo en caja para efectuarlo.

En el pasado, la práctica usual era que el Banco Gubernamental de Fomento (“BGF”) le adelantaba al Secretario la cantidad necesaria para cubrir cualquier deficiencia que surgiera al cierre del año fiscal. Este año, sin embargo, esa no es una opción ya que el BGF también se encuentra en una situación financiera difícil.

Dado este cuadro financiero, si no es posible refinanciar o extender el vencimiento de esas obligaciones, entonces el gobierno tendría que (1) darle prioridad al pago de la deuda y (2) recortar gastos significativamente a corto plazo, incluyendo probablemente una reducción en la jornada laboral de algunos empleados gubernamentales. Es poco probable que un impuesto que se pueda legislar en estos momentos, incluyendo un IVA resucitado, genere en menos de 60 días los ingresos necesarios para evitar un cierre parcial del gobierno.

Presupuesto para dos años fiscales

En segundo lugar, se debería preparar, trabajando en conjunto con la oposición, un presupuesto para los próximos dos años fiscales. En nuestra opinión este periodo deber ser uno de transición en lo que se elabora e implementa un plan fiscal a cinco años. Este presupuesto podría incluir recortes de aproximadamente $300 millones, partiendo de la premisa de que no se despedirán empleados, no se modificarán las asignaciones por fórmula (UPR, Judicatura, Municipios), y que no se reducirá la asignación al plan de salud del gobierno. Recortar más de $300 millones, cumpliendo con esas condiciones, sería extremadamente difícil.

También se debería considerar la eliminación de docenas créditos y subsidios innecesarios e ineficientes. KPMG identificó unas 83 preferencias fiscales, con un costo aproximado de $1,138 millones. Si se redujera el costo de esas preferencias fiscales por un 33%, eso generaría aproximadamente $375 millones. Conjuntamente, debido al aumento en el pago de la deuda del gobierno y de otros gastos ineludibles, estimamos que se tendría que incluir un aumento en el IVU de 3 puntos porcentuales, lo que generaría ingresos de aproximadamente $650 millones.

Esta opción no es perfecta, pero eliminar el déficit solamente recortando gastos no es creíble ni realista y tenemos que mantener el gobierno funcionando en lo que se lo logran acuerdos sobre otros asuntos.

Plan de ajuste fiscal

La lección principal de la derrota del proyecto de reforma contributiva es que actualmente ningún partido o facción política en Puerto Rico tiene la fuerza necesaria para imponer una solución unilateral a nuestros problemas fiscales y económicos. Cualquier esfuerzo unilateral en estas áreas estará condenado al fracaso. Más importante aún, la intención del gobernador de imponer su criterio a través de órdenes ejecutivas va a chocar inevitablemente con limitaciones constitucionales y provocaría una crisis constitucional que sólo agravaría los serios problemas que ya enfrentamos.

Por otro lado, no cabe duda que los problemas financieros y fiscales del país son de una escala monumental y no se van a resolver en 18 meses. Es por eso que recomendamos la elaboración de un plan fiscal a cinco años con la participación del gobierno, los partidos de oposición, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Este plan debe incluir un análisis de la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico, una proyección de los gastos gubernamentales durante ese periodo y las guías para una reforma contributiva a fondo. La participación de representantes de varios sectores sociales en la elaboración de este plan de ajuste fiscal es necesaria para darle seguimiento y credibilidad con los inversionistas.

Este plan sería el primer paso en un proceso de concertación social. En Puerto Rico es obvio que la carga de nuestros problemas económicos es pesada y que el gobierno es políticamente débil. Sin embargo, la existencia de estas dos condiciones no es suficiente para iniciar una concertación social. Es necesario tomar acciones afirmativas de buena fe para comenzar el proceso y la coyuntura actual es favorable ya que lo que hemos hecho hasta ahora para salir de la crisis no ha funcionado. Resulta imperativo tratar otras opciones.

El autor es Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 10 de mayo de 2015. 

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