Publicado el 26 de julio de 2015

Nydia Suárez

Hablar de frugalidad en Puerto Rico es algo complejo. No compartimos como pueblo una definición clara del término. Durante demasiado tiempo ha reinado la percepción de que ser frugal es sinónimo de tacañería. Hemos confundido lo necesario con lo deseado y, gracias a las múltiples avenidas habidas para acceder al dinero (prestado, trabajado en la economía formal o informal o transferido como asistencia social) nos creímos que nuestras identidades estaban íntimamente ligadas al consumismo de lo último en el mercado.

Frugalidad es una filosofía de vida que predica que se puede vivir con lo justo. O sea, gastar sólo lo necesario y ahorrar en la mayor medida posible. Se trata, al fin y al cabo, de optimizar los recursos para evitar malgastarlos en lo innecesario. En lenguaje sencillo, la frugalidad nos proporciona una sensatez en el consumo, algo que no ha sido uso y costumbre en nuestros estilos alegres personales y colectivos.

Según explican algunos autores que han escrito sobre los caminos de retorno a la frugalidad, después de periodos de excesos conviene hacer una revisión de los estados de cuenta del pasado para auditar algunos renglones en los que se ha gastado y se han convertido en dinero muerto. Vicki Robin y Joe Domínguez en su  libro Your Money or Your Life recomiendan a quienes deciden entregarse al discreto encanto de la frugalidad que hagan un inventario de algunas cosas por las que han pagado un total cuantioso y ahora están en cuerpo presente en la tumba de una gaveta o un armario. Dinero que, si lo sumamos bien, podríamos estarlo celebrando ahora en una cuenta de ahorros o usándolo para resolver alguna carencia. Cada cual debe tener su lista personal que fiscalizar. La que debemos empezar todos a construir es la colectiva.

Sería interesante que, como parte de esta crónica de crisis económica recién aceptada en el País, nos dispusiéramos a reclamar un instrumento de auditoría popular que nos permitiera acceder la chequera del Gobierno con sus transacciones de día a día y los estados bancarios del pasado. Aunque solo fuera para que nos educáramos de cómo hemos llegado a este nivel de endeudamiento y qué renglones en los que se invirtieron millones constituyen hoy un monumento nacional al dinero muerto.

Fantaseo con la capacidad de poder mirar los cheques que se hicieron para el Gasoducto del Sur, representativos de $59 millones según consta del estado financiero de la AEE del 2009, que ahora descansan y no necesariamente en paz. O los de la Vía Verde, con los $55 millones reflejados en los documentos de la emisión de bonos de la AEE del 2012, que pasaron a mejor o peor vida dependiendo de cómo concebimos el proyecto. O los $234 millones del Puerto de las Américas, reflejados en el Informe trimestral del gobierno del Estado Libre Asociado de mayo de 2015, que si el proyecto no pisa y arranca terminarán en una fosa.

Puede que alguien diga que esas cantidades son insignificantes comparadas con la totalidad de la deuda que se ventila a diario en los medios en estos días. De la misma manera que despachan los reclamos de los $7.5 millones anuales de las escoltas como una pajita en el tormentoso mar de nuestras obligaciones. Pero lo que no puede negarse es que tenemos un leve trastoque de prioridades y que, como dicen en el campo, hemos estirado la pata más allá de donde hemos podido.

Imagino cómo cambiaría la discusión pública si el gobierno de Puerto Rico hiciera un acto heroico de transparencia como el de Alabama con una aplicación cibernética donde la ciudadanía puede cuadrar su chequera estatal a diario con solo ir a la Internet. Pero, sobre todo, me entusiasma lo que podrían ser nuevos criterios para soltar el dinero del pueblo ante un mecanismo de auditoría instantáneo donde quedara en evidencia cuán espléndidos o frugales han sido nuestros líderes administrando el dinero que tanto sudor nos cuesta.

Tal vez sea una bendición disfrazada que nos permita hacer de tripas corazones. Y que nos invite como pueblo a entregarnos al discreto encanto de la frugalidad.

Me entusiasma la idea de revisar los cheques emitidos en el País; que nos provean un espejo claro de lo espléndidos que hemos permitido que nuestros oficiales electos sean. Y a lo mejor podría ser que una chequera así, como la de Alabama, accesible a la ciudadanía, provocara la celebración de town halls con expertos que nos explicaran qué ha sido dinero muerto y qué ha sido inversión. Sería conveniente este referente cuando vemos cifras como los $2,400 millones del Tren Urbano,  según documentos de la emisión de bonos de obligación general de marzo de 2014 o los $553 millones de la Autoridad del Centro de Convenciones, según el  Informe trimestral del gobierno del Estado Libre Asociado de mayo de 2015,  o los $1,000 millones del Fideicomiso de Comunidades Especiales ($500 millones de un dividendo del Banco Gubernamental de Fomento y $500 millones en préstamos de los que todavía se deben $345 millones al BGF) según el Informe especial de liquidez del BGF de octubre de 2014.

Nadie puede juzgar el uso que un individuo le da a su dinero. Pero una mirada a lo que se ha cocinado en nuestra propia mente ante algunas decisiones económicas por las cuales todavía estamos pagando, podría ser el comienzo de una nueva relación con nuestros recursos, como nos invita a hacer el movimiento de la frugalidad. Y ni hablar de los cheques que han firmado aquellos a quienes les hemos dado carta blanca económica con los votos. Como pinta la cosa, quienes pagamos la tarjeta de crédito nacional por lo menos debemos saber lo que están firmando a nuestro nombre. Para que después no nos quejemos cuando nos venzan los plazos y el acreedor no nos coja pena.

 

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 26 de julio de 2015.