A oscuras no

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Por: Jennifer Wolff

El anuncio reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a los mercados financieros sobre un aumento en sus tarifas para los años fiscales 2018 y 2019 es un ejemplo de la lógica retorcida con que se maneja la cosa pública en estos días. Se cuecen asuntos medulares a puertas cerradas, se discuten con asesores, técnicos, y firmas de inversión, mientras el público al que le tocará pagarlos, sufrirlos, o ejecutarlos permanece a oscuras de lo que se trama a sus espaldas.

Si bien la opacidad ha sido una característica de la gestión pública en la isla, la crisis fiscal del gobierno parece haber agudizado la práctica, ejecutada ahora con prisa por parte de los oficiales, y recibida con cansancio por parte de un público agobiado por la falta de agua, el “IVU agrandado” y la enorme complejidad del asunto fiscal.

Bernardino Benito y Francisco Bastida de la Universidad de Murcia han llamado la atención a lo peligroso que resulta para la gestión pública la falta de transparencia en asuntos fiscales y presupuestarios. Un público confundido o poco informado deja el camino abierto para que los funcionarios de gobierno manejen los dineros públicos con toda clase de sortilegios, escondiendo los costos de las políticas públicas para lograr objetivos oportunistas, bien de carácter electorero u otorgando privilegios a “amigos de la casa”.

Nuestro aparato público no parece haber aprendido la lección. Por el contrario, bajo el manto de tener que lidiar con una multiplicidad de personajes predatorios en el proceso de renegociación de la deuda, cada vez se atrinchera más en los procesos a oscuras y las puertas cerradas. La Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, ha argumentado que muchos de los documentos producidos por sus consultores en el proceso de renegociación de la deuda pública y reestructuración fiscal son documentos “sujetos al privilegio de información oficial”. Esta postura contrasta con los hallazgos de un estudio de las Universidad de Agden en Noruega y de la Universidad de Gadjah Madah en Indonesia que plantea que las reformas gubernamentales deben estar acompañadas de mecanismos robustos de rendición de cuentas: primero, transparencia, o estructuras mediante las cuales se hace disponible la información a los actores sociales; segundo, procesos de rendición de cuentas (“accountability”), o formas mediante las cuales se logra que los funcionarios públicos respondan al público y a la sociedad en general y no a la jerarquía burocrática o al aparato político; y tercero, la participación activa del público en los procesos decisionales, más allá de los electorales. Para que estos tres elementos sean operacionales es preciso tener acceso a la información y contar con la capacidad de entenderla, digerirla, y actuar sobre ella.

Las instancias de opacidad en medio la coyuntura actual son muchos, pero tomemos como muestra a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE):

  1. En abril, la Principal Oficial de Reestructuración Lisa Donahue identificó ante el Senado no menos de cinco reportes que la AEE había comisionado que reflejaban el estado crítico de la corporación. Ninguno de esos informes habían sido hecho públicos, aún cuando habían sido pagados con fondos públicos y estaban siendo usados para tomar decisiones cruciales.
  2. Como parte del proceso de intentar renegociar su deuda, la Autoridad ha estado considerando incluir un cargo especial en la factura para cubrir el pago de los bonos que emita ligado a la reestructuración. Un sector de los acreedores ha exigido, por su parte, que durante los primeros tres años del acuerdo se suspenda la facultad de la Comisión de Energía de aprobar o rechazar las revisiones tarifarias que proponga la AEE. La Comisión es el ente regulador de la AEE que fue creado el año pasado por la Ley de Alivio y Transformación Energética (Ley 57). De aceptarse la exigencia de los acreedores, la AEE tendría la facultad de aumentar arbitraria y unilateralmente sus tarifas durante tres años.
  3. Mientras la prensa ha reseñado contratos por unos $ 30 millones de dólares con las firmas consultoras que asesoran a la AEE en el tema de la crisis fiscal, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor – que se supone funcione como abogado y representante de los consumidores en todos los procesos relacionados al servicio eléctrico – ha dormido el sueño de los justos. La Ley 57 ordenó la creación de esta oficina para dotar a los abonados con la capacidad técnica y la facultad jurídica de analizar, cuestionar, y objetar desde las fórmulas tarifarias de la AEE y sus propuestas de inversión de capital hasta asuntos ambientales. La Comisión de Energía ya ha comenzado dos procesos cruciales – uno, encaminado a revisar las tarifas y otro, dirigido a evaluar el plan de largo plazo para la infraestructura eléctrica – sin que los consumidores tengan disponible el recurso institucional que se supone los represente en ambos procesos. El tema es serio porque la propuesta que ha radicado la AEE implica invertir de $ 4.1 a $ 5.7 billones de dólares en una infraestructura poco flexible de gas natural que hará muy difícil que Puerto Rico pueda evolucionar integrando -entre otras cosas – niveles importantes de energía renovable. La urgencia no es solo que se nombre el funcionario a cargo de esta Oficina, sino que cuente con el temperamento y los recursos necesarios para enfrentar a nombre nuestro la oscura madeja de intereses que se entreteje dentro y en torno de la AEE.

Entonces, ¿qué hacer? La llamada “ignorancia racional” – no querer saber, no informarse, no hablar, no actuar, no participar – nos ha llevado a donde estamos y hoy resulta demasiado onerosa. Dos estudiosos de la Universidad de Goteborg en Suecia han propuesto una fórmula que debiéramos tomar prestada: es necesario exigir información, actuar sobre ella, y activar procesos robustos de rendición de cuentas.

Más vale que hayamos aprendido la lección. A oscuras no. Hay que saber y hay que actuar oportunamente sobre lo que otros cuecen a nombre nuestro.

La autora es Directora Senior de Programas del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 30 de agosto de 2015.

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