Seis cosas que hay que saber sobre el Puerto Rico Fiscal and Economic Growth Plan

Seis cosas que hay que saber sobre el Puerto Rico Fiscal and Economic Growth Plan

Publicado el 22 de septiembre de 2015

Centro para una Nueva Economía
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El gobierno de Puerto Rico le presentó recientemente al País dos documentos que está usando como base para las conversaciones con sus acreedores y que generarán una serie de medidas para abordar el problema fiscal y económico del País: el Puerto Rico Fiscal and Economic Growth Plan, preparado por el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, y el Commonwealth of Puerto Rico Liquity Update, preparado por la firma de consultores Conway MacKenzie.  A continuación esbozamos las conclusiones más importantes del análisis que el Centro para una Nueva Economía ha hecho de ambos documentos.

 

1. El gobierno enfrenta un serio problema de liquidez que puede hacer crisis tan pronto como noviembre.

El análisis de las finanzas públicas preparado por la firma Conway MacKenzie encontró que en julio de 2016, esto es, al cierre del año fiscal vigente, el gobierno podría tener una insuficiencia de fondos de $512 millones.  Además, los analistas de Conway MacKenzie estiman que si se materializan otros riesgos la deficiencia podría sumar entre $612 y $1,788 millones de dólares. Esto significa que, a medida que transcurra el año, al gobierno le irá faltando el efectivo y se le hará difícil cumplir en ciertos momentos con todos sus compromisos: la nómina pública, mantener los servicios a la ciudadanía, pagar las pensiones y los pagos a sus acreedores.

Debido a que los ingresos y los pagos que debe hacer el gobierno fluctúan de mes a mes, el gobierno podría comenzar a quedarse corto de efectivo tan pronto como en noviembre de 2015. Para diciembre, la insuficiencia de efectivo podría ser de $204.8 millones.  Esto quiere decir que próximamente el gobierno podría tener que decidir si le pospone los pagos a sus suplidores, si recurre a nuevos impagos con  sus acreedores o si recurre a un cierre parcial de las operaciones del gobierno.

 

2. El Plan Fiscal y de Desarrollo Económico debe considerarse más un plan de austeridad que un plan de desarrollo para el País.

El Plan se fundamenta en tres componentes: una consolidación fiscal, que significa aumentar los impuestos y recortar los gastos; medidas para reducir los costos de hacer negocio en Puerto Rico; y algunas reformas estructurales para aumentar la “competitividad” de la economía de Puerto Rico.  Éstas últimas incluyen una serie de medidas dirigidas a modificar los beneficios laborales de los trabajadores.

Al pasar balance, el plan se inclina hacia la austeridad. Actualmente, el gobierno opera con un déficit primario equivalente al 2% del Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico. El Plan busca lograr que el gobierno opere con un superávit de aproximadamente 2% del PNB. Esto quiere decir que se busca ajustar el balance de ingresos y gastos del gobierno en un monto equivalente al 4% del PNB.  Este ajuste es similar al 5% que se le exigió recientemente a Grecia.

 

3. Muchas de las medidas propuestas por el Plan abordan el problema fiscal inmediato pero pueden ser dañinas a la economía a largo plazo.

Por ejemplo, los recortes a la educación que se proponen son extremadamente profundos y pueden ser contraproducentes si Puerto Rico quiere aspirar a desarrollar una economía basada en el conocimiento.  El Plan propone una reducción de 1/3 parte del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico en tres años, lo que limitará la capacidad del País de generar iniciativas de investigación y desarrollo, así como proyectos que promueven la innovación tecnológica.

Asimismo, si bien el Plan propone importantes medidas dirigidas a incentivar la participación laboral (tales como la restitución del Crédito por Trabajo y la modificación de las reglas en el Programa de Asistencia Nutricional y en el de Plan 8), contiene otras disposiciones que nulificarán el efecto de estos incentivos.

 

4. El Plan cuenta con unas 15 medidas que requieren acción del Congreso de EEUU lo que hace incierta su aprobación.

El Plan establece que la acción del gobierno federal es necesaria para que Puerto Rico pueda atajar la crisis y solicita, entre otras cosas, paridad en los fondos de Medicare y Medicaid; la permanencia del crédito federal al arbitrio local de 4% para las corporaciones foráneas (Ley 154); exención de los aumentos en el salario mínimo; el restablecimiento de algún mecanismo similar a las derogadas Secciones 936 y 933; e inclusión en el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal.  Hay que preguntarse si contar con estas medidas resulta políticamente viable y realista ante la falta de acción en el Congreso en torno a la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9.

 

5. No está claro cómo la Junta de Control Financiero operará y si tendrá las condiciones para ser efectiva.

El Plan propone el nombramiento por parte del Gobernador de una Junta que supervise las finanzas públicas. No está claro, sin embargo, si una Junta nombrada por el Gobernador tendrá la independencia, rigurosidad e imparcialidad que requiere este tipo de organismo en la supervisión y control de las finanzas públicas. Necesitamos más detalles de cómo funcionaria esta Junta para determinar su efectividad. Las Juntas de Control Financiero que han funcionado en Estados Unidos han sido instituciones con plenas facultades nombradas por una entidad de mayor jerarquía:  en el caso de la ciudad de Nueva York, la Junta de Control Financiera fue nombrada por el estado de Nueva York; la de la ciudad de Washington D.C. fue nombrada por el Congreso.

 

6. La condonación o cancelación de parte importante de la deuda es clave para poder solucionar la crisis que enfrenta Puerto Rico.

Si bien las moratorias, la recalendarización de los pagos, y el refinanciamiento pueden ayudar a palear momentáneamente el problema de la deuda pública, estos mecanismos han probado ser inefectivos en solucionar las crisis profundas a largo plazo.  La experiencia de otros países ha demostrado que éstas por lo general requieren la cancelación de un promedio del 36% de la deuda o el equivalente de un 16% del Producto Nacional Bruto.  Esto quiere decir que sin un recorte  de una parte significativa del principal de la deuda de Puerto Rico, el Plan propuesto por el gobierno tiene pocas posibilidades de restablecer el crecimiento económico en la Isla.