Efectivo

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Por: Sergio M. Marxuach

Al cierre del año no cabe duda que la larga saga de las finanzas públicas de Puerto Rico acaparó los titulares de negocios y economía durante el 2015. Dentro de esa extensa narrativa la falta de divulgación por parte del gobierno de Puerto Rico de sus Estados Financieros Auditados (conocidos por sus siglas en inglés como “CAFR”) fue uno de los temas recurrentes, generando todo tipo de especulaciones y teorías—desde acusaciones de incompetencia hasta alegaciones francamente disparatadas sobre la existencia de complicadas conspiraciones para evitar su divulgación.

En nuestra opinión, este asunto, aunque ciertamente importante, ha sido sacado fuera de toda proporción. La publicación a tiempo de estos estados financieros es absolutamente necesaria para mantener a los inversionistas informados adecuadamente sobre la salud financiera, o la falta de ésta, del gobierno de Puerto Rico y para evaluar objetivamente el desempeño de los oficiales a cargo de la finanzas públicas.

Más aún, el fracaso de divulgar estos estados financieros auditados ha erosionado la poca credibilidad que le quedaba al gobierno de Puerto Rico con el Congreso, los mercados de capital y el pueblo de Puerto Rico, y ha permitido a los nefarios fondos buitres, a organizaciones fraudulentas de la “sociedad civil” financiadas por siniestros operadores políticos norteamericanos, así como a todo tipo de depredadores financieros y sus altamente remunerados traficantes de influencia y mercenarios políticos en Washington DC, argumentar con cierto grado de credibilidad que el gobierno de Puerto Rico está “escondiendo” dinero o de alguna manera exagerando sus dificultades financieras. Alegaciones sencillamente ridículas, en nuestra opinión, ya que no sabemos de ningún gobierno en el poder, en ningún país, que haya sido re-electo fingiendo su propia insolvencia. Aparentar o simular la quiebra gubernamental francamente no nos parece que sea una estrategia electoral efectiva.

Habiendo dicho eso, también es cierto que la situación actual es totalmente inaceptable desde una perspectiva de buen gobierno y de rendición de cuentas. Puerto Rico debe publicar el CAFR para el año fiscal 2014 lo más pronto posible, o en la alternativa, proveer una explicación pública detallada, clara y coherente de porque no ha podido hacerlo. El gobierno de Puerto Rico tiene que sacar este asunto del medio si quiere conseguir asistencia por parte del gobierno federal.

Es importante señalar, sin embargo, que la publicación de información financiera con fecha del 30 de junio de 2014 es totalmente irrelevante para obtener un cuadro certero de la finanzas de Puerto Rico al día de hoy. Con toda honestidad, dudamos que saber con exactitud si las agencias del gobierno de Puerto Rico tomaron los cargos correctos por depreciación durante el año fiscal 2014 nos ayuda a determinar la capacidad del gobierno para cumplir con el pago de los bonos de obligación general que vence el 1 de enero.

El asunto verdaderamente importante, al día de hoy, es si el gobierno de Puerto Rico tiene, o razonablemente espera tener, suficiente efectivo en caja para cumplir con todas sus obligaciones según éstas se vencen. Por tanto, nosotros en CNE creemos que el gobierno, además de divulgar el CAFR, también debe publicar a la mayor brevedad posible, un estado detallado del flujo de efectivo para los primeros seis meses del año fiscal en curso, así como una proyección actualizada del flujo de efectivo para los próximos seis meses.

Si a los bonistas no se les va a pagar a tiempo, si los contribuyentes honestos no van a recibir sus reintegros hasta sabe Dios cuando y si a los empleados públicos se les va a mantener en suspenso por semanas sobre si se les va a pagar su bono de Navidad, entonces los administradores y gerentes financieros del gobierno de Puerto Rico tienen una obligación ineludible de abrir la chequera del gobierno para que todos podamos analizar y verificar la situación financiera actual del gobierno.

Este informe de flujo de efectivo debe incluir un desglose detallado de todas las fuentes y usos de efectivo durante los primeros seis meses de este año fiscal y una proyección razonable para el resto del año.

Por el lado de las fuentes de efectivo, se debe incluir todo el efectivo recibido mensualmente por concepto de impuestos, arbitrios, cargos, derechos y otros ingresos, usando el formato estándar del Departamento de Hacienda. Este informe también debe incluir un análisis de las cuentas por pagar y un desglose de las cantidades que llevan vencidas 30, 60 y 90  días; ofrecer una explicación de todas las “medidas de emergencia para el manejo de efectivo” que se han implementado hasta ahora y su resultado, así como divulgar cualquier financiamiento a corto plazo que se haya obtenido, o se espere obtener, durante el año fiscal en curso, si alguno.

Por el lado de los usos, el informe debe incluir un desglose de todos los gastos incurridos y pagados mensualmente con efectivo, incluyendo: nómina y costos relacionados; contratos por servicios profesionales; gastos de agua, electricidad, telefonía y transportación; gastos en equipo, materiales y suministros; gastos relacionados con donativos, subsidios, subvenciones e incentivos; gastos en relaciones públicas, anuncios y pautas en los medios; y gastos relacionados con el servicio de la deuda.

Para finalizar, este informe también debe incluir el balance de efectivo en el banco y el balance de efectivo en los libros del “Treasury Single Account” al final de cada mes y explicar cualquier diferencia material o significativa entre ambas cifras.

En una democracia, la rendición de cuentas y el control de los ciudadanos sobre los políticos son conceptos frágiles e imperfectos en el mejor de los casos. En teoría, de acuerdo con Guillermo O’Donnell, en una democracia “todos los ciudadanos están igualmente autorizados a participar en la toma de decisiones colectivas bajo el marco institucional existente, una aseveración democrática a la que se le añade el mandato republicano de que nadie, incluyendo a aquellos que gobiernan, debe estar por encima de ley y la advertencia liberal de que ciertas garantías y libertades no pueden ser usurpadas.”

Anclados en esa teoría política, exigimos—si se pretende (1) alterar el marco institucional existente de las finanzas públicas del país; (2) crear o acceder a la imposición de una junta financiera que pondrá por encima de la ley a las personas responsables de las finanzas públicas; (3) usurpar ciertos derechos y garantías contractuales; y (4) exigirle concesiones onerosas a los ciudadanos y a los acreedores para estabilizar sus finanzas—que el gobierno ponga todas las cartas sobre la mesa, publique el CAFR y, tal vez más importante aún, abra su chequera al escrutinio público.

El autor es Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 29 de diciembre de 2015.

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