CNE al Congreso de EEUU: el mecanismo de reestructuración de la deuda que se cree para Puerto Rico tiene que funcionar

Declaración en relación a  la sesión informativa que CNE ofreció en el Congreso en Washington D.C. el 28 de abril de 2016.

El Centro para una Nueva Economía (CNE) fue invitado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EEUU a ofrecer su peritaje sobre la crisis económica y fiscal de Puerto Rico durante una sesión educativa dirigida a los miembros y el personal del Comité. Durante la sesión, CNE resaltó la urgencia de que el Congreso tome acción sobre Puerto Rico pero advirtió que cualquier proyecto de ley que se apruebe debe proveerle a la isla acceso a un mecanismo de reestructuración que verdaderamente funcione.

“Agradecemos la oportunidad que nos brinda el Comité de discutir la urgencia de abordar la crisis de Puerto Rico y las serias consecuencias que una cascada de impagos o defaults desorganizados por parte del gobierno puede tener sobre los tenedores de bonos, los acreedores, los contribuyentes de EEUU y los residentes de Puerto Rico”, dijo Miguel Soto-Class, presidente de CNE. “La economía y el aparato fiscal de Puerto Rico están bajo una enorme presión y la isla necesita acceso urgente a un mecanismo abarcador que le permita reestructurar su deuda y proteger los intereses de todos los actores envueltos en esta crisis”.

“Sin embargo, tenemos que enfatizar que aún cuando CNE apoya el esfuerzo que está haciendo el Congreso para atajar la crisis en Puerto Rico, tenemos serias dudas de que el proceso de reestructuración – tal y como está esbozado actualmente en el H.R. 4900 – pueda funcionar en la práctica. El mecanismo que se propone es demasiado complicado”, advirtió Soto-Class. “Puerto Rico no necesita meramente legislación que logre los votos en el Congreso: lo que Puerto Rico necesita es legislación que funcione”.

Sergio Marxuach, director de Política Pública de CNE, resaltó: “proveerle a Puerto Rico un mecanismo de reestructuración no es un rescate o bailout. Por el contrario, es una forma sensata de proteger los intereses de los inversionistas y los contribuyentes de EEUU de las consecuencias imprevistas de una cadena de impagos desorganizados y caóticos. Reestructurar la deuda de Puerto Rico es algo necesario, y posponerlo solo provocará una destrucción mayor del valor de la inversión de los bonistas, así como niveles de recuperación más bajos provocados por nuevos préstamos insostenibles, tasas altas de interés y políticas fiscales restrictivas que solo agravarán la contracción de la economía. Un proceso supervisado por la corte ayudaría a lograr un tratamiento justo para todos los actores, incluyendo los inversionistas pequeños que en este  momento no están en la mesa de negociación. La alternativa – un proceso desordenado para el que no hay precedentes en ningún foro con numerosas demandas de acreedores y años de agrios litigios – solo deprimirá aún más la economía local, aumentará los costos de la reestructuración y hará más difícil lograr una recuperación en el largo plazo.  Si ese escenario caótico se convirtiera en realidad, con toda probabilidad los grupos de bonistas insistirían en que el Congreso intervenga en ese momento; la probabilidad de un eventual rescate o bailout federal aumentaría significativamente si no se toma acción ahora”.

Marxuach también destacó que la imposición de una junta de control fiscal fuerte por sí sola no solucionará el problema de la falta de credibilidad de Puerto Rico en los mercados de capital. “La credibilidad no puede ser impuesta, sino que tiene que ganarse”, aseveró Marxuach.

Finalmente, el director de Política Pública de CNE comentó que el balance fiscal es solo una parte de la ecuación: “Puerto Rico también necesita diseñar e implementar una nueva estrategia de crecimiento económico que reestructure sus instituciones económicas obsoletas; identifique nuevas oportunidades sectoriales; e implemente reformas de política pública amplias que disminuyan los costos de energía, simplifiquen el complicado sistema de licencias y permisos gubernamentales, modernice las políticas laborales y mejore sustancialmente los estándares educativos K-12”.

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