Enlace al estudio “Devising a Growth Strategy for Puerto Rico” y resumen ejecutivo

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RESUMEN EJECUTIVO:

Puerto Rico experimenta una de las peores recesiones que se han registrado en el mundo durante la pasada década, segunda solo a la de Grecia que acumuló una caída de 28% en su Producto Interno Bruto (PIB) entre 2007-2015. La contracción de la economía de Puerto Rico comenzó en 2006 (antes que la crisis financiera de 2007 en EEUU) y ha ocasionado una reducción cumulativa de 14% del Producto Nacional Bruto (PNB) de la isla. Es por esto que se podría decir que la economía de Puerto Rico ha experimentado ya una “década perdida”.

La situación es sumamente compleja, toda vez que la capacidad del gobierno de Puerto Rico de enfrentar la crisis económica y fiscal está limitada por la falta de instrumentos macroeconómicos tradicionales. Puerto Rico no tiene capacidad para implantar políticas monetarias y carece de espacio para implantar medidas fiscales contra-cíclicas. Su estatus político subordinado lo hace además dependiente de las decisiones del Congreso de EEUU y la Corte Federal.

Igualmente, el modelo de desarrollo de Puerto Rico se agotó mucho antes de que se registrara la crisis actual. La economía estaba siendo apuntalada en esquemas de exención contributiva que atrajeron inversión foránea pero generaron pocas oportunidades nativas de desarrollo. Ante este panorama, Puerto Rico necesita definir una nueva política industrial que promueva sectores dinámicos y transformaciones institucionales. La solución a la crisis socioeconómica requiere mucho más que respuestas a los problemas fiscales y de endeudamiento público: es imprescindible reactivar el crecimiento económico.

La crisis fiscal y la deuda

Atender la crisis fiscal ayudará a darle cierta estabilidad a la economía de Puerto Rico. Sin embargo, no reactivará de por sí el crecimiento económico. Resulta crucial renegociar la deuda pública en su conjunto bajo un proceso ordenado que permita ampliar el margen fiscal y destinar inversión gubernamental a actividades que logren acelerar el crecimiento económico.

Cualquier proceso de reestructuración debe incluir además la creación de un cuerpo independiente local que monitoree y garantice la adopción de reformas contributivas (particularmente las que implican eliminar beneficios contributivos inefectivos), asegure la disciplina fiscal, mejore el proceso de diseñar el presupuesto (particularmente en la parte de los estimados), y optimice la confección de informes.

Abordar el problema de insolvencia de los sistemas públicos de pensiones también debe ser una prioridad. El mismo debe incluir el diálogo con las uniones.

La necesidad de una nueva estrategia de desarrollo

Ante el agotamiento del modelo económico, Puerto Rico necesitará una combinación de esfuerzos para restablecer el crecimiento. Entendemos que una Comisión de Crecimiento creada en Puerto Rico puede ser el mecanismo ideal para liderar un proceso que diagnostique, diseñe y ayude a implementar soluciones viables. Esta Comisión sería significativamente diferente a una Junta de Control Fiscal ya que su mandato estaría enfocado en diseñar medidas de corto y mediano plazo para renovar y sostener el crecimiento económico.

En el corto plazo, dicha Comisión debe buscar interrumpir el círculo vicioso de desinversión, decrecimiento y migración y generar propuestas que logren estabilizar la situación económica y fiscal.  En este contexto serán necesarias algunas reformas claves. En el ámbito laboral, por ejemplo, se debe de adoptar el Crédito por Ingreso Devengado (EITC en inglés), que crea incentivos para formalizar relaciones de trabajo formal y provee alivio significativo a la regresividad de los impuestos de consumo. También se deben transformar los programas de asistencia social, a la usanza del Canadian Self Sufficiency Project,  para que las reglas no penalicen el trabajo en el sector formal de la economía y los participantes puedan encaminarse hacia la auto-suficiencia.

Además, será necesario transformar las instituciones fiscales,  simplificar la tramitología para la creación de nuevas empresas, y mejorar la gerencia de las corporaciones públicas, particularmente en el sector de energía, en el que deben reducirse los costos y aumentarse la eficiencia. También se deben mejorar los estándares educativos en los niveles K-12, reformar la Universidad de Puerto Rico y modernizar las reglamentaciones laborales.

A mediano plazo, la Comisión de Crecimiento también deberá diseñar una nueva política industrial para Puerto Rico. Esa política industrial debe identificar – en interacción con distintos sectores – oportunidades para nuevas actividades productivas en la isla, particularmente actividades intensivas en conocimiento. La política industrial no debe limitarse a actividades productivas tradicionales: debe buscarse cómo estimular la economía y avanzar el cambio estructural apoyando y apuntalando sectores clave.

Más aún, la política industrial debe buscar corregir los desbalances entre el mercado y los resultados sociales.  Esto implica desarrollar un nuevo proceso de diálogo y consulta entre el sector público y los actores privados, incluyendo las uniones obreras e inversionistas potenciales de EEUU y otros países. Estos diálogos – orquestados por el Centro para una Nueva Economía en colaboración con Espacios Abiertos, el Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia y el Watson Institute for International and Public Affairs en la Universidad de Brown – ayudarán a identificar capacidades y oportunidades en los sectores existentes y otros nuevos, entre ellos bioagricultura, el sector aeroespacial, servicios profesionales y financieros, tecnología de información y turismo especializado, entre otros.

El sector público – incluyendo los gobiernos municipales – debe participar en este proceso para ayudar a crear sinergias que desemboquen en inversiones privadas complementarias y para apoyar el proceso de aprendizaje que caracteriza la creación de nuevas actividades. Esto implicaría:

  • Un rediseño de las políticas dirigidas a facilitar la inversión privada (que hasta ahora han fallado en generar nuevas actividades dinámicas y han promovido en vez la cacería de rentas).
  • Reforzar el apoyo del sector público a la investigación básica y aplicada. Esto incluye mejorar el uso de programas e iniciativas federales que promueven la investigación y el desarrollo, modernizar los estándares educativos a todos los niveles y establecer una política formal de migración y desarrollo que ayude a construir redes de conocimiento e inversión entre la isla y la diáspora.
  • La creación de un verdadero Banco de Desarrollo que promueva nuevas actividades en el sector privado – incluyendo capital de riesgo parcial – en lugar de servir como cajero del sector público.
  • Un análisis profundo de los generosos incentivos contributivos que se han usado para promover nuevas inversiones en el sector de servicios, incluyendo los que se diseñaron en 2012 (Leyes 20, 22, y 273) y los que existían anteriormente (incluyendo la Ley 399 para las compañías de seguros). Ante la inefectividad de estos incentivos y la necesidad de racionalizar los agujeros contributivos, deben formularse criterios claros para los incentivos.

Una de las opciones para la transformación de Puerto Rico es convertir la isla en nódulo de transporte marítimo. Por tanto, es esencial eximirle de las leyes federales de cabotaje que gobiernan el comercio entre Puerto Rico y EEUU (el Acta Jones de 1920). Puerto Rico puede beneficiarse además de una mayor interacción con el Caribe y América Latina.  La isla puede utilizar como ventaja su fuerza laboral capacitada y bilingüe y el ser un territorio norteamericano con acceso al sistema legal y financiero de EEUU.  Más aún, la apertura de las relaciones entre EEUU y Cuba puede presentar oportunidades particulares para Puerto Rico, ya que las empresas puertorriqueñas tienen vasta experiencia navegando el sistema regulatorio y legal de los EEUU.

Estas consideraciones, así como las relacionadas al andamiaje legal para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, levantan una última serie de interrogantes sobre las relaciones de Puerto Rico y EEUU que deben ser abordadas. Esto puede implicar la estadidad o la independencia – según decidan democráticamente los ciudadanos de Puerto Rico – pero debe eliminar el estatus político subordinado bajo el cual la isla opera en la actualidad.

 

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