Repensar la asistencia económica para el desarrollo

Repensar la asistencia económica para el desarrollo

Publicado el 15 de enero de 2017

Investigador Senior No Residente
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Existe una urgencia de reformar los programas de asistencia social para asegurar una red de seguridad adecuada para familias vulnerables, y proveer incentivos para alcanzar la autosuficiencia económica de éstas. ¿Cómo podemos mejorar estos servicios en Puerto Rico de manera cónsona con estos objetivos?

La historia de Carmen—un nombre ficticio para proteger su identidad—es una de muchas que tenemos que estudiar y comprender para trabajar eficazmente a favor de este segmento de la población. Una mujer residente de Carolina de unos cuarenta y tantos años, es estilista de profesión y labora arduamente desde su hogar. Mediante su esfuerzo y trabajo a través de los años ha logrado conseguir cierto grado de estabilidad económica. Ha tenido muchos trabajos; su resumé es larguísimo y sus experiencias laborales muy variadas.

Ella no ha estado sola en este trayecto. Participó de varios programas que ofrece el Estado para apoyar a personas hábiles a “salir del hoyo”. Supo navegar el entramado de programas de asistencia social—como asistencia económica, asistencia nutricional, subsidios de vivienda—para adquirir las destrezas necesarias y a la vez subsistir. Pero fue a través de muchos sacrificios y dificultades: invirtiendo en su carrera con promesas de subsidios a sus estudios, algunos de los cuales no se materializaron. O calculando al centavo cómo podría generar ingresos para no perder subsidios de vivienda absolutamente necesarios para ella.

La historia de Carmen no es única. Diez mil personas y sus familias en Puerto Rico participan en el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF-C, por sus siglas en inglés), el cual ofrece cierta ayuda económica—una mediana de $200 dólares al mes—para hogares extremadamente pobres durante un período máximo de cinco (5) años. A cambio de este apoyo los participantes deben cumplir semanalmente con actividades dirigidas a preparase para o conseguir empleo en el sector formal, como por ejemplo: adiestramiento vocacional, experiencias de trabajo voluntarias, programas de servicio comunitario, programas de preparación para y búsqueda de empleo, y empleo, ya sea subsidiado o no subsidiado.

Este es sólo uno de muchos programas, pero funciona de una manera muy compleja tanto para los participantes como para los administradores estatales. Y enfrenta varias dificultades; entre ellas el que lograr la colocación de participantes en estas actividades requeridas. Estimados del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal para el año fiscal 2014-15 indican que Puerto Rico ha logrado la colocación de un 18.2 porciento de esta población tan vulnerable, similar a estados como Colorado, Utah, Rhode Island, pero muy por debajo del promedio de 48.4 porciento para Estados Unidos.

Estudiar y aprender para modernizar

Entonces, ¿cómo podemos mejorar la efectividad del programa TANF? Esto requiere de un trabajo de estudio riguroso. En el Centro para una Nueva Economía estamos haciendo esto mediante un proyecto colaborativo con la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la organización Espacios Abiertos, el Poverty Action Lab (J-PAL) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y varios académicos puertorriqueños y del extranjero. Queremos identificar maneras efectivas para lograr dos objetivos:

  • modernizar los servicios de manejo de casos y de consejería ocupacional mediante el mejor uso de la tecnología, la información y el avalúo de la efectividad de la administración; y
  • estimular el trabajo en el sector formal mediante incentivos financieros a los participantes, de manera análoga a un crédito contributivo por ingreso devengado (o EITC por sus siglas en inglés).

Para lograr esto, estamos analizando las perspectivas de participantes del programa, de manejadores de caso y de otro personal de la agencia. Estamos combinando esto con un análisis estadístico de datos administrativos de ADSEF para entender mejor algunas oportunidades para mejorar el programa.

Muchas oportunidades que deben ser evaluadas sosegadamente salen a relucir. Entre ellas, el valor de proveer servicios adecuados de consejería ocupacional a los participantes. Los consejeros ocupacionales ofrecen talleres grupales de preparación para el trabajo y dan orientación individualizada a los participantes. Pero ha sido difícil para la organización contratarlos y retenerlos debido a las dificultades fiscales que enfrenta.

¿Qué encontramos?

Los participantes del programa en regiones donde hay acceso a un consejero ocupacional son más exitosos consiguiendo empleo y otras experiencias de trabajo: la colocación en actividades aumenta en 15 puntos porcentuales adicionales a 33 por ciento.

Además, reciben beneficios del programa por un período más corto de tiempo—una reducción de aproximadamente 10 porciento.

TANF

Este tipo de inversión en la capacidad de ADSEF para proveer estos servicios podría redundar tanto en aumentos sustanciales en el empleo de los participantes como en un ahorro sustancial en gastos de apoyo del gobierno. Es un ejemplo de la necesidad de re-establecer la capacidad del estado para proveer servicios esenciales, la cual se ha ido perdiendo gradualmente desde el comienzo de la crisis fiscal. Además, demuestran el impacto que reformas pequeñas pueden tener en los servicios públicos. Finalmente, estas conclusiones y recomendaciones preliminares se basan en evidencia y experiencia—no en pura ideología o especulación.

Pienso que este esfuerzo es sólo un ejemplo de cómo repensar la asistencia económica para promover el desarrollo. La prosperidad que buscamos en el largo plazo se logrará promoviendo el crecimiento económico, una participación amplia en este crecimiento, y la seguridad económica para todos los sectores de la población. Para esto, necesitamos de un gobierno efectivo—con disciplina fiscal—pero que haga las inversiones necesarias para promover ese desarrollo y tome decisiones acertadas basadas en la evidencia. Es nuestra obligación colectiva con Carmen y las otras millones de familias de nuestra isla.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 15 de enero de 2017.