La Junta enseña sus cartas

La Junta enseña sus cartas

No fueron pocos los que cabildearon a favor y aplaudieron la eventual aprobación del proyecto de ley federal conocido por sus siglas en inglés, PROMESA. Luego de un largo año desde que el gobernador de entonces, Alejandro García Padilla, apalabró lo evidente: que la matemática fiscal no cuadraba y que no había dinero para pagar la deuda pública, el gobierno federal intervino nombrando una junta para tomar control de las nuevas peripecias de la colonia y atender nuestros entuertos legales y económicos. Los apologistas criollos esbozaron diversos argumentos basados en una lógica paternalista y sumisa: nuestra incapacidad para atender el panorama fiscal requería una solución drástica y, como nos habíamos portado mal, como si fuéramos niños inmaduros y malcriados, nos merecíamos un par de nalgadas.

La ley PROMESA impuso una Junta de Control Fiscal que creó dos mecanismos para renegociar los contratos de lo que el gobierno tomó prestado. Según la lógica defensora, este nuevo cuerpo se encargaría de acabar con la bayoya y el relajo gubernamental que se practicó por años y nos encaminó a la insolvencia. Meses después, algunas encuestas confirmaron esta creciente fiebre disciplinaria. Los entrevistados afirmaron un “Respaldo a lo desconocido” donde casi setenta porciento de los encuestados apoyaba a la Junta a pesar de que casi tres cuartas partes sabía poco o nada sobre la flamante entidad. Este era el sentir de un grupo amplio, pues el aval se registró en todas las variables sociodemográficas del país. Al parecer, patricios y plebeyos estaban dispuestos a tenderle la alfombra roja a una institución desconocida e impuesta por los Estados Unidos. Cualquier cosa prometía ser más beneficiosa que el status quo.

No obstante, una cosa es lo que dice la ley y otra es cómo se aplica. Poco después del nombramiento de los miembros de la Junta, algunos nos aventuramos a plantear, siguiendo las pistas de experiencias similares en Washington DC, Detroit y Grecia, que se avecinaba un plan de ajuste unilateral y severo. Más aún, auguramos que los miembros de la Junta, tecnócratas financieros todos, atenderían la situación desde un enfoque puramente contable, con cálculos precisos y fórmulas estandarizadas, y que caracterizarían sus propuestas como racionales e inevitables. Esta táctica serviría para enmascarar sus posturas políticas e ideológicas, que desde el comienzo apuntaban a un viejo libreto neoliberal centrado en recortes al gasto, aumento de impuestos y privatizaciones y facilitar el avance a galope de la inversión privada y el “libre mercado”. Lamentablemente, todo indicaba a que seguirían este modelo a pesar de que los gestores originales de la misma en el Fondo Monetario Internacional habían dado fe de su caducidad.

Le tomó tiempo calentar motores, pero una vez en marcha, la Junta comenzó a maniobrar a través de una serie de reuniones, comunicados y misivas estratégicas que han dado mucho de que hablar en las últimas semanas. A pesar de que están dirigidas al poder Ejecutivo, las cartas han servido para hacerles señas y llamar la atención a múltiples públicos, incluyendo políticos, bonistas y residentes de la isla.

En plena época navideña, en una carta dirigida tanto al gobernador saliente como al entrante, los miembros de la Junta comenzaron a detallar su agenda y postura. Por un lado, delinearon una serie de objetivos deseables, difíciles de reprochar, como aumentar la actividad económica, la tasa de participación laboral, el ingreso medio de las familias y reducir la pobreza, entre otros. Al parecer, querían entablar una especie de complicidad con el pueblo, transmitiendo la idea de que “todos queremos lo mismo para el país”. Sin embargo, en ese texto también revelaron lo anticipado: su receta incluiría buenas dosis de tala presupuestaria y aumento de impuestos.

Pero la verdadera sorpresa llegaría semanas después, mediante otra misiva al Ejecutivo donde la Junta esbozó un ejercicio básico de contabilidad para la confección del nuevo plan fiscal del gobierno. Su argumento se puede resumir de la siguiente manera: el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, por lo que hay que realizar serios recortes al gasto público y aumentar los recaudos en un plazo muy corto. De esta forma, se recobraría la confianza de potenciales inversionistas. El dinero que sobre luego de realizar este acelerado cuadre de caja es lo que estaría disponible para pagar la deuda pública.

Ofrecieron varias cifras para sustentar sus argumentos, pero quizás la más importante, y la que menos atención recibió, indicaba que de seguir este plan la economía podría contraerse 16.2% en el año fiscal 2019. Un escenario tétrico, difícil de imaginar e insoportable, especialmente para las poblaciones más vulnerables—los que siempre reciben los golpes más duros de las políticas de austeridad.

Los gritos se escucharon por las cuatro esquinas y hasta algunos otrora porristas de la Junta expresaron su indignación. No es para menos, dado que la propuesta va en contra de la mejor evidencia empírica académica. Los países que recortan sus déficits en tiempos difíciles suelen empeorar una grave situación. Igualmente, al no poder generar crecimiento, se les hace imposible lograr niveles sostenibles de deuda. Este es, precisamente, el talón de Aquiles de la estrategia planteada por los supervisores fiscales: priorizan la puesta en marcha de un ajuste fiscal severo en vez de delinear políticas de desarrollo precisas y justas para mejorar la economía.

Como bien apuntó durante su reciente visita a la isla Martín Guzmán, experto en temas de deuda pública y macroeconomía, resulta imprescindible que el gobierno de Puerto Rico delinee un plan de desarrollo, negocie efectivamente una reestructuración profunda de la deuda—que permita allegar fondos públicos a sectores y actividades productivas—, y logre una moratoria en el pago a los acreedores que nos provea el espacio necesario para reencender los motores de la economía.

La Junta está haciendo apuestas peligrosas y juega mal sus cartas. Si el gobierno de Puerto Rico decide acatar sus directrices el resultado será nefasto para todos los implicados. Además del durísimo impacto social que generaría la consolidación fiscal, y el deterioro longevo que se observaría en diversos sectores económicos, los acreedores y los mercados también se verían seriamente afectados. Como nos alertó Guzmán, la austeridad que propone la Junta mataría la economía y “los muertos no pagan deudas”.

Deepak Lamba-Nieves,
Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía
Twitter: @deepakln

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