Publicado el 27 de agosto de 2017

Deepak Lamba-Nieves

Se supone que la ley PROMESA facilitaría una transformación radical en el desempeño de nuestro sector público. Según la narrativa oficial, la intervención federal era inevitable ante nuestro desbarajuste administrativo.

En varias ocasiones durante la saga que precedió la firma de esaley federal, el Senador Orrin Hatch, quien presidía el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, emprendió contra el gobierno de Puerto Rico. Al legislador de Utah se le acababa la paciencia con una administración que no cumplía con entregarle los estados financieros auditados, información sobre el sistema de pensiones y detalles sobre el presupuesto. Los oficiales públicos arrastraban los pies, ofrecían justificaciones, y luego de varios emplazamientos, y un tirijala patético, soltaron algunas prendas. Lamentablemente, no se trataba de un acto de resistencia o un desafío ante el paternalismo y la soberbia de la esfera federal. Más bien, era el proceder común del Estado Libre Asociado ante un pedido de información. Así pues, a la hora de justificar la imposición de una Junta de Control Fiscal, loscongresistas estadounidenses no dudaron en señalar, entre otros factores, la necesidad de arrojar luz y poner en cintura a un gobierno territorial opaco, difícil de descifrar y que no rinde cuentas.

Además de los legisladores federales, no fueron pocos los porristas locales que vieron con buenos ojos la llegada de un nuevo cuerpo rector que se encargaría de romper con la tiranía de la falta de transparencia, la improvisación en el diseño de políticas públicas y el derroche fiscal. Armados con los plenos poderes que les confiere la ley federal, la Junta y su equipo de trabajo darían al traste, casi como por arte de magia, con las perniciosas prácticas de administración pública que se han practicado por décadas en Puerto Rico. Sin embargo, al cabo de un año desde que entró en vigor PROMESA, las altas expectativas trazadas por los jefes del norte y por los fieles súbditos locales están lejos de cumplirse. Peor aún, todo apunta a que los nombrados a poner la casa en orden abonan al desbarajuste y no a su solución.

La reciente propuesta de la Junta de sustituir ciertos programas federales de beneficencia pública por un crédito contributivo poringreso devengado —conocido comúnmente por sus siglas en inglés como el EITC— es un claro ejemplo de su errado proceder. Planteando la necesidad de hacer mella en la bajísima tasa de participación laboral de la isla, proponen desmantelar gran parte de la red de apoyo socioeconómico existente, mientras apuestan a una solución mágica o “silver bullet”. El asunto medular es que un EITC podría ser sumamente beneficioso para la isla, pero solo si se adopta para complementar al sistema existente y no como un sustituto.

En Estados Unidos, el EITC se considera uno de los programas más efectivos para reducir la pobreza. Según datos del Center for Budget and Policy Priorities (CBPP) en Washington DC, en el 2015, este crédito sacó de la pobreza a 6.5 millones de personas, incluyendo a 3.3 millones de niños. También ayudó a mejorar las condiciones de vida de 21.3 millones de personas pobres. Para ser elegible, a nivel federal, las familias pobres y de bajos recursos tienen que trabajar en el sector formal, devengar ingresos dentro de un intervalo específico y someter una planilla al gobierno. Un elemento clave es que el crédito es reembolsable. Si el crédito otorgado es mayor a la deuda contributiva, el beneficiario recibe la diferencia como un reintegro. En el 2015, la cantidad promedio recibida por familias con niños ascendió a $3,186. Además, 26 estados ofrecen su propio EITC que suplementa al esfuerzo federal.

En el 2003, el CNE publicó un estudio preparado por la profesora María Enchautegui que sirvió como base para la adopción de un programa similar al EITC en Puerto Rico. Luego de un largo proceso de educación y convencimiento,especialmente en la esfera gubernamental, se estableció un crédito por trabajo que duró del 2007 al 2013. Aunque no era un programa perfecto, pues el beneficio máximo ascendía a $450 y se revelaron fallas en algunos renglones, fue un paso importante que contribuyó, entre otras cosas, a aumentar la cantidad de personas elegibles que sometieron planillas de contribuciones por ingreso al estado. En aras de reestablecerlo y renovarlo, la organización Espacios Abiertos comisionó otro estudio en el 2014 (también a la profesora Enchautegui) que incluyó recomendaciones específicas para el diseño de un nuevo y mejorado crédito.

Aunque hemos sido los principales proponentes y defensores del EITC en la isla, nos parece que la petición de la Junta al Congreso —de quitarle los fondos federales destinados a los programas Sección 8,  (TANF, en inglés) y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), para adjudicárselos a un EITC local— es desacertada y peligrosa. Primero, porque los esfuerzos existentes proveen ayudas que son sumamente necesarias en un país pobre como el nuestro y están diseñados para atender carencias específicas. Como tal, los objetivos de estos programas, las reglas que los gobiernan y sus impactos son diferentes. Segundo, eliminar estos beneficios para convertirlos en una subvención en bloque o “block grant” podría reducir lo que invierte el estado para combatir la pobreza. Como apunta Robert Greenstein, director del CBPP y reconocido experto en políticas sociales, muchos gobiernos estatales tienden a sustituir fondos locales con los federales cuando les llegan asignaciones en bloque. Tercero, porque el EITC no es una cura para todos los males y su efectividad es mucho menor en mercados laborales maltrechos, como el nuestro. Cuando los trabajos escasean, se hace más difícil acceder a un crédito que sólo se recibe asegurando un empleo en el sector formal.

Sin lugar a dudas, la red de beneficios socioeconómicos que provee el estado se puede mejorar. Tenemos que repensar las estrategias existentes e identificar soluciones innovadoras y sensatas. Pero ese no parece ser el proceder de la Junta. Sin ofrecer datos precisos o estudios bien fundamentados, a pesar de haber gastado millones largos en expertos y consultores, promueven ideas que seguramente abonarán a la precariedad y agravarán la situación de los más vulnerables. Esto se asemeja mucho a lo que hemos soportado por las pasadas décadas: la improvisación en el diseño de políticas públicas y la articulación de proyectos que sirven para avanzar prejuicios ideológicos. En fin, lejos de dar al traste con las viejas costumbres que contribuyeron a la debacle, la Junta, sus oficiales y colaboradores nos imponen más de lo mismo.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 27 de agosto de 2017.