La regulación es la clave

La regulación es la clave

Publicado el 10 de diciembre de 2017

Sergio portrait
Director de Política Pública
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Francamente no entiendo porque hay personas en Puerto Rico que se sorprenden ante la incompetencia demostrada por la Autoridad de Energía Eléctrica en el manejo de la reconstrucción del sistema eléctrico posteriormente al azote del huracán María. Después de todo, la AEE es una organización que nos ha mentido por décadas—¿se acuerdan del Director Ejecutivo que le atribuyó fallas en el funcionamiento de los contadores a unos extraños “animalitos” que vivían dentro de estos?; por años ha incumplido voluntaria y temerariamente con leyes y reglamentos ambientales tanto de Puerto Rico como federales; tradicionalmente ha operado con poca transparencia y menos rendición de cuentas; ha sido y continua siendo un foco de corrupción política y gubernamental; y ha constituido un peso muerto sobre la economía del país con sus altas y arbitrarias tarifas y servicio poco confiable.

Para ser justos, no siempre fue así. La AEE fue creada hace más de setenta años con la misión de llevar energía eléctrica a cada rincón de la isla y el consenso es que ejecutó esa misión con excelencia. El problema es que al cumplir esa misión la AEE quedó a la deriva, sin una misión, objetivos o metas claras. Esto es algo que eventualmente le sucede a todas las organizaciones, públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Tan es así que este fenómeno se estudia en las facultades de administración de empresas.

En el caso de la AEE, esta se convirtió en lo que el economista Albert O. Hirschman catalogó como un “monopolista vago” (lazy monopolist). La teoría económica tradicionalmente se ha enfocado en el monopolista que utiliza su poder en el mercado para explotar al consumidor, maximizar su ganancias y extraer rentas monopolísticas a través de restricciones en la producción.

Pero en el caso del monopolista vago el problema es otro. Sencillamente éste impone precios altos a su producto, no para acumular ganancias excesivas, sino porque no puede o no quiere controlar sus costos, o, más comúnmente, permite que la calidad del producto o servicio que vende se degrade sin obtener ningún beneficio pecuniario, ni incurrir en costos por mejorarlo, en el proceso. Este fenómeno, que Hirschman catalogaba como la “opresión de los débiles por los incompetentes y de los pobres por los vagos”, explica en gran medida el desastre que estamos viviendo hoy.

Para atender estos problemas abogamos en el 2014 a favor de la creación de una comisión reguladora exclusivamente para el sector eléctrico que ejercería las siguientes funciones, entre otras: regular el mercado de electricidad en Puerto Rico; asegurar que las tarifas sean justas y razonables; velar por la calidad y confiabilidad del servicio; incentivar la planificación a largo plazo a través de un plan integrado de recursos; promover la integración de tecnologías nuevas al menor costo posible para satisfacer la demanda de electricidad a largo plazo; aprobar la inversión de capital a largo plazo; fomentar la integración de productores de energía renovable; promover la implantación de medidas de eficiencia energética y de reducción de demanda, que usualmente son las soluciones de menor costo para reducir las tarifas; proveer un foro efectivo con un abogado del consumidor para atender los reclamos de los clientes; y reducir la “huella” ambiental de la AEE y sus emisiones de gases invernadero.

La Comisión fue creada por la ley 57 del 2014. En su corta existencia la Comisión de Energía de Puerto Rico, trabajando con poco presupuesto y recursos humanos limitados, ha obtenido importantes victorias para mantener a la AEE en línea. Por ejemplo, logró que la AEE preparara y adoptara el primer verdadero plan integrado de recursos para planificar a largo plazo y también
logró reducir significativamente el aumento en la tarifa que buscaban los bonistas como condición para reestructurar su deuda con la AEE.

A pesar de, o tal vez por razón de, su buen desempeño la existencia de la Comisión se encuentra amenazada en estos momentos. El gobernador no ha nombrado un candidato para uno de los puestos de comisionado que se encuentra vacante hace ya un tiempo y no se ha expresado sobre si re-nominará al Sr. José Román Morales, cuyo término vence a principios del año que viene, a la presidencia de la misma. La estrategia parece ser dejar morir la Comisión poco a poco.

Eso, Sr. Gobernador, sería un grave error de política pública, especialmente en momentos que se discute el futuro a largo plazo tanto de la AEE como del sistema eléctrico de Puerto Rico. Independientemente de la opción que usted favorezca para la AEE: (1) mantenerla como una corporación pública; (2) reestructurarla como una empresa de capital mixto, con participación del gobierno y del sector privado; (3) mantenerla solamente como la operadora de la red de transmisión y distribución y liberalizar la generación de energía; o (4) privatizarla en su totalidad, va a necesitar un ente externo a la AEE que vele por los mejores intereses del pueblo, que le imponga disciplina, que regule el mercado y que ataje la conducta depredadora de los grupos de interés internos y externos a la corporación que se pudieran beneficiar injustamente de cambios a la estructura del mercado actual.

La Comisión, por tanto, debe ser fortalecida para que funcione como un verdadero ente independiente que regule el mercado de electricidad de una manera objetiva y libre de intereses creados, ya sea financieros o políticos. De lo contrario podemos esperar que la AEE continúe utilizando tecnología de la era soviética; cobrando tarifas injustas e irrazonables; repartiendo contratos sospechosos a diestra y siniestra; y negándose arbitrariamente a conectar al sistema a los generadores más eficientes.

En conclusión, si verdaderamente queremos transformar nuestro sistema de energía a uno moderno, que integre fuentes de energía renovable, que sea resiliente, costo efectivo y sustentable, es imprescindible que la Comisión de Energía de Puerto Rico funcione a toda capacidad. La decisión, Sr. Gobernador, está en sus manos.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 10 de diciembre de 2017.