Director de Política Pública
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La administración del gobernador Ricardo Rosselló anunció recientemente su intención de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Concurro con el gobernador en que ha llegado la hora de tomar medidas drásticas en el caso de la AEE, pues ésta ha demostrado ser incapaz de reformarse ella misma y ha sido inmune a los esfuerzos de diversas administraciones para modernizar y reestructurar sus operaciones.
Esta falla se debe, en gran medida, a que la política partidista se ha imbricado en la cultura administrativa y gerencial de la AEE; de la misma forma que un virus maligno invade una célula y captura sus mecanismos de control para reproducirse hasta que la célula infectada explota. En el caso de la AEE podemos estipular que ese momento llegó con la petición para el ajuste de sus deudas bajo el Titulo III de PROMESA.
Habiendo dicho eso, sin embargo, hace falta obtener más información sobre el proceso de privatización propuesto antes de endosarlo o rechazarlo.
Primero, existen varias modalidades de privatización. El gobernador anunció un proceso mediante el cual se venderán los activos de generación de la AEE y el gobierno mantendría la titularidad del sistema de transmisión y distribución, pero la operación del mismo se cedería a un concesionario por un periodo de tiempo fijo—por lo menos 25 años. No se nos ha explicado porqué escogieron este modelo y qué ventajas tiene sobre las otras modalidades.
Segundo, la experiencia internacional nos indica que la transparencia y la apertura son importantes para que un proceso de privatización logre sus objetivos. Si el proceso consiste en transferir una compañía corrupta del sector público a una caterva de corruptos del sector privado no hemos logrado nada. Por eso me preocupa que el proceso anunciado aparentemente será dirigido desde cuartos oscuros en La Fortaleza. Esto se presta para favorecer indebidamente a los sospechosos usuales, a los amigos de la casa, lo que sería un defecto fatal, ya que ese proceso no producirá los resultados deseados.
Tercero, ¿qué cualificaciones se les exigirán a las compañías que deseen participar del proceso? Aquí es importante prestar atención a: la reputación corporativa del licitador, su situación financiera, el desempeño que ha tenido en otras jurisdicciones, y sí ha tenido problemas legales por incumplimiento de contrato o corrupción, entre otros factores. En la lista de compañías cualificadas no deberíamos ver firmas “fly by night” incorporadas a último minuto para participar en la licitación.
Cuarto, ¿qué criterios se utilizarán para otorgar los contratos? Entre otros, es importante prestarle atención a la capacidad tecnológica de la firma, la experiencia del equipo gerencial, los costos estimados de producción y la solidez financiera para hacer las inversiones de capital requeridas. Sí los contratos de generación o la concesión para operar el sistema de transmisión y distribución son otorgados a compañías sin la experiencia y los recursos adecuados, por ejemplo, a los “Mario & Luigi’s Power Company” de esta vida, el resultado será el fracaso del proceso de privatización.
Quinto, la reglamentación del mercado es esencial para obtener los resultados deseados en términos de modernizar nuestro sistema eléctrico, incorporar la generación con fuentes renovables y reducir el costo por kilovatio-hora. El gobernador y su equipo de asesores parecen partir de la premisa que la mano invisible del mercado se encargará por sí sola de reducir la factura mensual. Nada más lejos de la realidad, no estamos en el mundo de la competencia perfecta de microeconomía 101.
La estructura de mercado que ha propuesto el gobernador es compleja: de un lado tendremos tres o cuatro productores de electricidad, lo que los economistas llaman un oligopolio; y del otro tendremos un solo comprador, la compañía que administre el sistema de transmisión y distribución, un monopsonio en la jerga de la microeconomía.
En la ausencia de reglamentación efectiva, esta situación se presta para interacciones estratégicas, legales e ilegales, entre los participantes del mercado. Los generadores, por ejemplo, podrían: enviar señales de precios a los otros productores para limitar la competencia; sobornar al operador de la red para que le otorgue preferencia a una compañía sobre otra, aun cuando ésta no sea el productor de más bajo costo; o pagarle al concesionario para que les haga la vida imposible a sus competidores. Por otro lado, el operador de la red podría extorsionar a los generadores para darle preferencia en la conexión al sistema.
Para evitar que los participantes en el mercado ejerzan poder indebido sobre los precios, es necesario que la agencia reglamentadora sea independiente y cuente con los recursos y el peritaje necesario para diseñar e implementar los incentivos correctos para asegurar que los precios que pague el consumidor sean los más bajos posibles. Puerto Rico ya cuenta con una Comisión Reglamentadora desde el 2014 y la diatriba en contra de ésta en la página 36 del nuevo Plan Fiscal de la AEE me hace pensar que la Comisión ha cumplido con su misión.
Las alegadas deficiencias que le impiden a la Comisión reglamentar un mercado de competencia parcial son fácilmente subsanables mediante enmiendas a la ley que creó la misma. La insistencia de la administración en eliminarla y fusionarla en un ente nuevo se debe, en parte, a que la Comisión fue creada por legislación del otro partido, lo que usualmente es un defecto fatal para una agencia del gobierno, aunque esté funcionando bien. Es hora de terminar con esta práctica dañina y contraproducente.
Además, parece que la intención es diluir los poderes de la Comisión y crear un reglamentador dócil, con pocas o ningunas garras, para que los participantes del mercado hagan y deshagan a gusto y gana. La administración no parece entender que la implicación de esto es que los participantes en el mercado manipularán las reglas para maximizar el precio al que venden y los consumidores no verán reducción alguna en su factura.
Y es que el “little dirty secret” de muchos empresarios es que éstos favorecen la competencia de la boca para afuera, pero no cuando les toca competir a ellos. Dicho de otra manera, favorecen la libre empresa, pero no la libre competencia. Por ejemplo, el Plan Fiscal de la AEE estipula que solamente se permitirán nuevos generadores si obtienen un certificado de necesidad y conveniencia, una manera clásica de limitar la competencia. Pero, este requisito es inconsistente con la política pública esbozada en el Plan Fiscal para Puerto Rico, el cual propone la eliminación reglamentos, certificados, permisos y licencias como una de las “reformas estructurales” que fomentarán el crecimiento futuro de nuestra economía.
Finalmente, quedan muchas otras interrogantes sin contestar. Por ejemplo, ¿cómo se va a reestructurar la deuda existente de la AEE?; ¿qué va a pasar con los subsidios a hoteles y compañías manufactureras? (no se necesitan subsidios sí el costo baja); ¿se les cobrará a los municipios por la electricidad que consuman?; y ¿el concesionario y los generadores pagarán contribuciones sobre ingresos?
En estos momentos no tenemos información suficiente para determinar de una manera racional si este proceso de privatización en específico es bueno o malo para Puerto Rico. Le recomiendo a los lectores que hagan su propia investigación y análisis, que se eduquen sobre este proceso, que busquen en la internet información sobre las compañías que desean licitar, que no les hagan caso a los relacionistas públicos del gobierno, ni a sus propagandistas en los programas de “análisis y noticias”, y sobre todo no crean nada, absolutamente nada, que diga la gerencia de la AEE.
Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 4 de febrero de 2018.