El informe del GAO

El informe del GAO

Publicado el 20 de mayo de 2018 / Read in English

Sergio portrait
Director de Política Pública
COMPARTA

Recientemente la Government Accountability Office (“GAO”) publicó un informe sobre la deuda de Puerto Rico. Los hallazgos principales del informe no deben sorprender a nadie. El GAO encuentra que la crisis fiscal de Puerto Rico se debe principalmente a que el gobierno incurrió déficits anuales significativos, especialmente desde el 2000, y que utilizó deuda para financiarlos. También señala que entre los factores que contribuyeron a los déficits presupuestarios se encuentran los pobres controles internos y malas prácticas de administración financiera del gobierno de Puerto Rico; decisiones imprudentes de política pública; y la contracción prolongada de la economía.

Nada nuevo aquí. Una mirada rápida a los datos de la deuda pública y del producto nacional bruto (“PNB”) confirma que entre el 1975 y el 2000 la razón deuda/PNB se mantuvo relativamente estable alrededor de 60%. Es después del 2000 que la deuda comienza a aumentar a tasas desproporcionadas en relación al crecimiento del PNB de la isla. Ya para esa época el Centro para una Nueva Economía, así como varios economistas, estábamos advirtiendo que esta tendencia no era sostenible y que en algún momento llegaría el día de ajustar cuentas. Desafortunadamente así ocurrió.

Defectos fundamentales del informe:

Primero

Sin embargo, el informe sufre de dos defectos fundamentales. Primero, ignora factores estructurales que contribuyeron a la crisis: la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos; el discrimen en contra de Puerto Rico en la administración de ciertos programas, especialmente en el área de salud; la pobreza y desigualdad crónica de la sociedad puertorriqueña; y la desindustrialización de la economía, entre otros. Si bien es cierto que Puerto Rico tiene problemas de gobernanza, también es cierto que el entorno estructural en el que se tomaron decisiones de política fiscal no era conducente a implementar las mejores prácticas. Ahora bien, esto no excusa ni justifica las malas decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, pero ciertamente esos factores estructurales contribuyeron a esta crisis y deberían tener más prominencia en el análisis.

Segundo

El segundo defecto del informe es que trata superficialmente el rol de varios actores que facilitaron el endeudamiento de Puerto Rico. Empecemos con los bancos que cobraron comisiones millonarias por asesorar a los emisores, por estructurar las transacciones, y por venderle los bonos a sus clientes. Hasta donde tengo entendido no se ha encontrado evidencia de ilegalidad por parte de estas firmas, pero ciertamente hay que cuestionar la ética profesional de estos banqueros al ignorar claros conflictos de intereses al jugar tantos roles en las emisiones de bonos.

Hay que señalar particularmente a los “brokers” y asesores financieros que vendieron estos bonos a inversionistas poco sofisticados que no entendían los riesgos de los instrumentos que estaban comprando. Como mínimo estos asesores fueron negligentes, y ya algunos inversionistas han ganado casos de arbitraje en contra de algunos de ellos, al aconsejarle a sus clientes que invirtieran todos sus ahorros en bonos de Puerto Rico enfatizando exageradamente que (1) su repago estaba “garantizado” y (2) estaban exentos de tributación.

El informe analiza el impacto de la exención contributiva de los intereses devengados en el endeudamiento de Puerto Rico, pero no analiza como dicha exención distorsionó la percepción del riesgo verdaderamente asociado con estas inversiones. Muchas personas se dejaron llevar por los beneficios contributivos e ignoraron otros factores importantes a la hora de invertir.

El informe también trata con guantes de seda a las agencias evaluadoras de riesgo (“rating agencies”) que consistentemente le otorgaron una clasificación de “grado de inversión” a las emisiones de deuda de Puerto Rico, aparentemente sin hacer muchas preguntas. Aquí sale a relucir una vez más el conflicto inherente en el modelo de hacer negocios de estas compañías, ya que “trabajan” para los bonistas, pero sus comisiones las paga el emisor de la deuda. No es hasta que Puerto Rico llega al borde del abismo que las agencias clasificadoras finalmente declaran como chatarra lo que ya era basura hacia rato.

Además, hay un elenco de personajes secundarios en esta trama que el informe del GAO ignora. Estamos hablando de todo el complejo de abogados, contables, compañías aseguradoras de bonos y consultores que facilitaron el endeudamiento de Puerto Rico haciendo pocas preguntas y mirando hacia el lado, a cambio de una tajada de los “costos de la emisión.”  También se le dedica muy poco análisis al rol del reglamentador del mercado de valores, la Securities and Exchange Commission (“SEC”), en este desastre.

En fin, el informe señala correctamente al gobierno de Puerto Rico como el principal culpable de esta debacle. Pero falla al no incorporar importantes factores estructurales en su análisis, y al pasar con fichas cuando de se trata de los banqueros, corredores de bolsa, asesores financieros, agencias evaluadoras de riesgo, abogados, contables, compañías aseguradoras de bonos, y la SEC.

Es importante analizar a fondo los diversos factores que nos llevaron a esta crisis. Es lo menos que podemos hacer por todos aquellos que sufrirán los efectos de las políticas de austeridad—incluyendo tal vez muertes prematuras, debido a los recortes en las pensiones y en el plan de salud del gobierno—que se impondrán próximamente.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 20 de mayo de 2018.