El informe del GAO

Scroll down for English

Recientemente la Government Accountability Office (“GAO”) publicó un informe sobre la deuda de Puerto Rico. Los hallazgos principales del informe no deben sorprender a nadie. El GAO encuentra que la crisis fiscal de Puerto Rico se debe principalmente a que el gobierno incurrió déficits anuales significativos, especialmente desde el 2000, y que utilizó deuda para financiarlos. También señala que entre los factores que contribuyeron a los déficits presupuestarios se encuentran los pobres controles internos y malas prácticas de administración financiera del gobierno de Puerto Rico; decisiones imprudentes de política pública; y la contracción prolongada de la economía.

Nada nuevo aquí. Una mirada rápida a los datos de la deuda pública y del producto nacional bruto (“PNB”) confirma que entre el 1975 y el 2000 la razón deuda/PNB se mantuvo relativamente estable alrededor de 60%. Es después del 2000 que la deuda comienza a aumentar a tasas desproporcionadas en relación al crecimiento del PNB de la isla. Ya para esa época el Centro para una Nueva Economía, así como varios economistas, estábamos advirtiendo que esta tendencia no era sostenible y que en algún momento llegaría el día de ajustar cuentas. Desafortunadamente así ocurrió.

Defectos fundamentales del informe:

Primero

Sin embargo, el informe sufre de dos defectos fundamentales. Primero, ignora factores estructurales que contribuyeron a la crisis: la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos; el discrimen en contra de Puerto Rico en la administración de ciertos programas, especialmente en el área de salud; la pobreza y desigualdad crónica de la sociedad puertorriqueña; y la desindustrialización de la economía, entre otros. Si bien es cierto que Puerto Rico tiene problemas de gobernanza, también es cierto que el entorno estructural en el que se tomaron decisiones de política fiscal no era conducente a implementar las mejores prácticas. Ahora bien, esto no excusa ni justifica las malas decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, pero ciertamente esos factores estructurales contribuyeron a esta crisis y deberían tener más prominencia en el análisis.

Segundo

El segundo defecto del informe es que trata superficialmente el rol de varios actores que facilitaron el endeudamiento de Puerto Rico. Empecemos con los bancos que cobraron comisiones millonarias por asesorar a los emisores, por estructurar las transacciones, y por venderle los bonos a sus clientes. Hasta donde tengo entendido no se ha encontrado evidencia de ilegalidad por parte de estas firmas, pero ciertamente hay que cuestionar la ética profesional de estos banqueros al ignorar claros conflictos de intereses al jugar tantos roles en las emisiones de bonos.

Hay que señalar particularmente a los “brokers” y asesores financieros que vendieron estos bonos a inversionistas poco sofisticados que no entendían los riesgos de los instrumentos que estaban comprando. Como mínimo estos asesores fueron negligentes, y ya algunos inversionistas han ganado casos de arbitraje en contra de algunos de ellos, al aconsejarle a sus clientes que invirtieran todos sus ahorros en bonos de Puerto Rico enfatizando exageradamente que (1) su repago estaba “garantizado” y (2) estaban exentos de tributación.

El informe analiza el impacto de la exención contributiva de los intereses devengados en el endeudamiento de Puerto Rico, pero no analiza como dicha exención distorsionó la percepción del riesgo verdaderamente asociado con estas inversiones. Muchas personas se dejaron llevar por los beneficios contributivos e ignoraron otros factores importantes a la hora de invertir.

El informe también trata con guantes de seda a las agencias evaluadoras de riesgo (“rating agencies”) que consistentemente le otorgaron una clasificación de “grado de inversión” a las emisiones de deuda de Puerto Rico, aparentemente sin hacer muchas preguntas. Aquí sale a relucir una vez más el conflicto inherente en el modelo de hacer negocios de estas compañías, ya que “trabajan” para los bonistas, pero sus comisiones las paga el emisor de la deuda. No es hasta que Puerto Rico llega al borde del abismo que las agencias clasificadoras finalmente declaran como chatarra lo que ya era basura hacia rato.

Además, hay un elenco de personajes secundarios en esta trama que el informe del GAO ignora. Estamos hablando de todo el complejo de abogados, contables, compañías aseguradoras de bonos y consultores que facilitaron el endeudamiento de Puerto Rico haciendo pocas preguntas y mirando hacia el lado, a cambio de una tajada de los “costos de la emisión.”  También se le dedica muy poco análisis al rol del reglamentador del mercado de valores, la Securities and Exchange Commission (“SEC”), en este desastre.

En fin, el informe señala correctamente al gobierno de Puerto Rico como el principal culpable de esta debacle. Pero falla al no incorporar importantes factores estructurales en su análisis, y al pasar con fichas cuando de se trata de los banqueros, corredores de bolsa, asesores financieros, agencias evaluadoras de riesgo, abogados, contables, compañías aseguradoras de bonos, y la SEC.

Es importante analizar a fondo los diversos factores que nos llevaron a esta crisis. Es lo menos que podemos hacer por todos aquellos que sufrirán los efectos de las políticas de austeridad—incluyendo tal vez muertes prematuras, debido a los recortes en las pensiones y en el plan de salud del gobierno—que se impondrán próximamente.

Por: Sergio M. Marxuach

El autor es el Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 20 de mayo de 2018.


 

Recently, the Government Accountability Office (GAO) published a report on Puerto Rico’s debt. The report’s main findings should not be a surprise to anyone. The GAO finds that Puerto Rico’s fiscal crisis was caused by the government incurring significant annual deficits, especially after 2000, and that it used debt to finance them. It also points out that among the factors contributing to the budget deficits were poor internal controls and financial management practices by the government of Puerto Rico; imprudent public-policy decisions; and the prolonged contraction of the island’s economy.

Nothing new there. A quick look at figures for the public debt and gross national product (GNP) confirms that between 1975 and 2000 the debt/GNP ratio remained relatively stable at about 60%. It is after 2000 that the debt began to increase at rates disproportionate to the growth rate of the island’s GNP. By that time the Center for a New Economy (CNE) and several economists were already warning that this tendency was unsustainable and that at some point we would have to face a day of reckoning. Unfortunately, that day has come.

Shortcomings of the report:

First

However, the report has two fundamental shortcomings. First, it ignores structural factors that contributed to the crisis, among others, Puerto Rico’s colonial relationship with the United States; discrimination against Puerto Rico in the administration of certain programs, especially in the healthcare area; the chronic poverty and inequality of the Puerto Rican society; and the de-industrialization of the economy. Although it is true that Puerto Rico has governance problems, it is also true that the structural environment in which fiscal policy decisions were made was not conducive to the implementation of the best practices. Of course, that is no excuse, nor does it justify the poor financial decisions made by the government of Puerto Rico, but it is undeniable that those structural factors contributed to the crisis, and they should have more prominence in the analysis.

Second

The second shortcoming is that the report deals only superficially with the role of several actors who enabled Puerto Rico’s indebtedness. Let’s begin with the banks that charged fees totaling millions of dollars for advising the issuers, structuring the transactions, and selling the bonds to their clients. As far as I know, no evidence of illegality on the part of the banks has been found, but one must certainly question the professional ethics of the bankers who ignored clear conflicts of interest by playing so many roles in the bond offerings.

We must highlight especially the role of the brokers and financial advisors who sold these bonds to relatively unsophisticated investors who did not understand the risks of the instruments they were buying. At a minimum these advisors were negligent, and some investors have already won arbitration cases against some of them, by advising their clients to invest all their savings in Puerto Rican bonds by exaggeratedly assuring them that (1) their repayment was “guaranteed” and (2) the bonds were tax-exempt.

The report analyzes the effect of the tax exemption on interest payable by the bonds on Puerto Rico’s indebtedness, but it does not analyze how that exemption distorted the perception of the risk associated with these investments. Many investors were led astray by the tax benefits and ignored other important factors at should be taken into account when making investment decisions.

The report also treats with kid gloves the rating agencies , which consistently rated debt issues by Puerto Rico as “investment grade,” apparently without asking many questions. Here, once again, we see the conflict inherent in these companies’ business model since they “work for” the bondholders but their fees are paid by the debt issuer. It was not until Puerto Rico arrived at the edge of the abyss that the rating agencies finally called “junk” what for some time had already been little but wastepaper.

Then there is the cast of secondary characters in this plot that the GAO report ignores. We are talking about the whole complex of lawyers, accountants, bond insurance companies, and advisors who enabled Puerto Rico to become over-indebted by not asking too many questions and looking the other way in exchange for a cut of the “offering costs.” Nor did the market regulator, the Securities and Exchange Commission (SEC), do its due diligence in this disaster.

The bottom line (if I may be forgiven the pun) is that the report correctly points to the Puerto Rican government as the principal culprit in this debacle. But it fails to include important structural factors in its analysis and looks the other way when it comes to the role of the bankers, brokers, financial advisors, rating agencies, lawyers, accountants, bond insurance companies, and the SEC.

It is important to carefully analyze the many factors that brought us to this crisis. It is the least we can do for all those who are going to suffer the effects of the austerity policies—including perhaps premature deaths due to the cuts in their pensions and the government’s health plan—that will be imposed soon..

By: Sergio M. Marxuach

The author is Policy Director for the Center for a New Economy

This column was originally published in El Nuevo Día on May 20th, 2018

Category: CNE Blog · Tags: , ,

CNE Newsletter

Never miss an update!
Subscribe to the CNE Newsletter below: