Ponencia del CNE ante el Senado sobre la política pública energética y su marco regulatorio

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A continuación, la ponencia presentada ante la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico por el Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, (CNE) Sergio Marxuach, el 30 de agosto de 2018: 

Buenos días, Honorable Senador Lawrence Seilhamer Rodríguez, Presidente de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico, Honorables Senadores miembros de esta Comisión, y a todo el público que nos acompaña en el día de hoy.

Hemos recibido su carta del 10 de agosto de 2018, mediante la cual nos cita a comparecer a estas vistas públicas para proveer nuestro insumo y recomendaciones sobre la política pública energética y el marco regulatorio que deben regir el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, previo a que se perfeccione cualquier Contrato de Alianza o Contrato de Venta relacionados a los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, en cumplimiento con los requisitos de la Ley 120 del 20 de junio de 2018, conocida como la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (“Ley 120”). Le agradecemos la oportunidad que nos brinda para participar en el análisis y discusión de esta importante medida de política pública.

Introducción
El huracán María devastó el sistema eléctrico de Puerto Rico. Después de la tormenta, la isla esencialmente ha tenido que reactivar su sistema energético del equivalente de lo que en la industria se llama un “blackstart”, que es el término técnico que describe el proceso de reactivar el sistema de generación energética luego de un apagón total.

A la misma vez, el sector de energía en todo el mundo está cambiando rápidamente a medida que nuevas tecnologías que son incompatibles con el paradigma centenario de generación centralizada, transmisión y distribución de energía entran en funcionamiento. Debemos aprovechar esta coyuntura, la destrucción casi total del sistema de energía en Puerto Rico y los adelantos tecnológicos en este sector, para traer al siglo 21 el anquilosado sistema eléctrico de la isla. Dicho de otra manera, debemos utilizar el “blackstart”, no para reconstruir el sistema energético a su estado al 19 de septiembre de 2017, sino para dar un salto cualitativo de envergadura.

Para que el sector de energía lleve a cabo con éxito la transición a un nuevo modelo de hacer negocios será necesario desarrollar una nueva visión del sistema, enmendar leyes y reglamentos, actualizar las redes de transmisión y distribución y fomentar el uso eficiente de la energía por parte de los consumidores. Esta es una tarea difícil, pero afortunadamente abundan los recursos para orientar a los legisladores, reglamentadores y las compañías de energía en este proceso.

Análisis y Recomendaciones
De entrada, es preciso señalar que la Sección 3 de la Ley 120 ya contiene una declaración de política pública que establece lo siguiente:

 

Fundamentados en las facultades legales y propietarias del Pueblo de Puerto Rico y su Gobierno sobre la AEE, esta Asamblea Legislativa dispone que su intención y su política pública es agilizar un proceso justo y transparente para el establecimiento de Alianzas Público Privadas con respecto a cualquier función, servicio o instalación de la corporación pública y a vender sus activos relacionados a la generación, colocando dichos activos en las manos privadas que demuestren un justo balance de interés comercial y sentido de responsabilidad social; con la capacidad operacional, tecnológica y financiera para transformar el sistema eléctrico en uno moderno, con tarifas razonables, con acceso universal, con fuentes de energía eficientes y ambientalmente aceptables; con una infraestructura resistente o resiliente, al máximo posible, al embate de fenómenos atmosféricos y naturales; con condiciones económicas y legales razonables para el Pueblo de Puerto Rico; y que provean condiciones de amplia accesibilidad, facilidad y rapidez en sus servicios directos al cliente.

Todo lo anterior, como mínimo, deberá ser tomado en consideración por el Comité de Alianzas como Intereses Fundamentales del Pueblo de Puerto Rico al evaluar a los proponentes y sus ofertas.

 

Siendo ese el caso, nuestro análisis y recomendaciones parten de la premisa que el mandato establecido en la Sección 9 de la Ley 120 requiriendo el desarrollo de la Política Pública Energética y Marco Regulatorio para el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (1) está subordinado a la política pública general establecida en la Sección 3 y (2) que tanto la Política Pública Energética y el Marco Regulatorio deben ser consistentes con los “Intereses Fundamentales” definidos en dicha Sección 3.

Por tanto, nuestra primera recomendación, para evitar confusiones y conflictos potenciales entre la política pública general ya legislada en la Sección 3 de la Ley 120 y la política pública energética específica que se estará redactando ahora, es que se definan claramente los términos claves.

De la misma manera en que la primera sección de cualquier contrato complicado contiene usualmente un listado de definiciones con la intención de crear un vocabulario—y eventualmente un lenguaje—común entre las partes, antes de proceder con la redacción de una política pública energética para Puerto Rico es necesario definir términos esenciales tales como: acceso universal, energía renovable, generación distribuida, micro-redes, resiliencia, externalidades ambientales, costo económico, costo social, mercado competitivo, venta de energía al por mayor, venta de energía al detal, trasbordo de energía (“wheeling”), elección del consumidor (“customer choice”), generación tradicional o centralizada, transmisión y distribución de energía, entre otros términos importantes.

El próximo paso, una vez se han definido los términos importantes, es redactar una visión a largo plazo que determine y establezca los objetivos que se quieren lograr a través de la política pública energética y el marco regulatorio.

Desarrollar esta visión requiere pensar más allá de los confines de la isla, pero tomando en consideración y entendiendo a fondo las limitaciones y retos que enfrenta Puerto Rico. Además, se necesitarán políticas públicas y reglamentos de avanzada para implementar esa visión, así como establecer lineamientos con respecto a los objetivos ambientales, los estándares de energía renovable, la eficiencia energética y el manejo de la demanda energética.

Esa declaración de la visión energética para Puerto Rico debe incluir entre tres a cinco objetivos estratégicos, así como una meta ambiciosa pero realista a largo plazo y partir de la premisa que el modelo de hacer negocios de las compañías de generación eléctrica, incluyendo a la AEE, tradicionalmente conocido como “build and grow”, basado en (1) la construcción de plantas generatrices cada vez más grandes, eficientes, y utilizando combustibles fósiles baratos y (2) en un aumento continuo en el consumo de electricidad, ya no es factible debido a limitaciones en la eficiencia alcanzable en la generación de electricidad, el aumento en el precio de los combustibles fósiles, nueva reglamentación ambiental, la reducción en la demanda de electricidad y la entrada de tecnologías nuevas de generación utilizando fuentes renovables.[1]

Partiendo de esas premisas, la visión del sistema energético de Puerto Rico, por ejemplo, y presentamos la siguiente visión sólo a manera de ejemplo, pudiera ser una como la siguiente:

“Para el año 2030 Puerto Rico tendrá un sistema eléctrico accesible, confiable, costo-eficiente, limpio y resiliente, anclado en la tecnología más avanzada disponible comercialmente y adaptable a sistemas aislados como el nuestro.”

Lo importante es que el proceso para desarrollar esa visión sea inclusivo y verdaderamente participativo y se le provea una oportunidad al mayor número posible de partes interesadas (“stakeholders”) de presentar y explicar su opinión sobre los objetivos estratégicos y la visión energética para el país.

En ese tipo de proceso es inevitable que se presenten objetivos y/o visiones que son lógicamente incompatibles, mutuamente excluyentes, o que requieren un balance de intereses para poder implementarse de manera eficaz. Les corresponde a ustedes, como representantes debida y democráticamente electos por el pueblo de Puerto Rico, resolver esos conflictos potenciales después de obtener el insumo de la mayor cantidad posible de las partes interesadas.

En tercer lugar, una vez se llega a un acuerdo sobre los objetivos y la visión que se quiere implementar, entonces procede diseñar políticas públicas dirigidas a facilitar la implementación de dichos objetivos y visión. Siguiendo con el ejemplo que presentamos anteriormente, la implementación de un sistema energético limpio y resiliente, requiere el diseño de políticas públicas que fomenten y promuevan el uso de las tecnologías de generación que producen poca o ninguna contaminación y que incentiven el uso de micro-redes, así como de líneas soterradas, donde dicha tecnología sea costo-eficiente, para mejorar la resiliencia del sistema.

En términos de la generación, la nueva política pública energética debería tomar en cuenta que las grandes instalaciones de generación con ciclos de recuperación de la inversión de más de 30 años son cada vez más una cosa del pasado. Mientras, la construcción de unidades de generación tradicional más pequeñas y altamente eficientes, ampliamente distribuidas en las áreas de servicio para suplir la carga base, se está convirtiendo rápidamente en una alternativa tecnológicamente factible y rentable. Complementar este modelo con soluciones de generación renovable y tecnologías de almacenamiento para proveer reservas, otros servicios auxiliares y carga adicional en las horas pico, no solo es eficiente, sino que puede ayudar a proporcionar un servicio con menos interrupciones y más costo-efectivo para todos los clientes.

Aquí es importante señalar que al comparar el costo de alternativas tradicionales de generación con el costo de alternativas de energía renovable es importante tomar en consideración todos los costos asociados con la generación tradicional (“all-in cost”), no solo el costo del combustible fósil pero los costos sociales también. Por ejemplo, el costo de la contaminación ambiental; el costo del tratamiento médico de casos de asma, problemas respiratorios, de los ojos y la piel; así como el costo de las muertes prematuras causadas por el cáncer y otras enfermedades causadas directa o indirectamente por las emisiones de contaminantes.[2]

Por el lado de la transmisión y distribución, la política pública energética debería fomentar la evolución de la red para incorporar de manera eficiente y confiable la generación distribuida, el uso de baterías a nivel de la red, así como al detal, para permitir el almacenamiento de electricidad cuando no se requiera su uso inmediato y así promover y aumentar el valor de los recursos de generación intermitente.

Además, el rápido crecimiento del mercado de automóviles eléctricos crea el potencial de demanda adicional, presumiblemente fuera de las horas pico, lo que ayudaría a estabilizar la demanda por una carga base que se proyecta a la baja en los próximos años. Los automóviles eléctricos también funcionarían como una solución de almacenamiento y podrían descargar energía a la red cuando surjan usos más valiosos para esa carga. Ahora bien, todo esto implicaría hacer inversiones de capital en áreas no-tradicionales dado que los automóviles eléctricos necesitarían estaciones de carga ampliamente disponibles y accesibles a través de toda la isla.

Por último, dados los efectos previsibles del rápido e inminente cambio climático, la red del siglo 21 tiene que ser lo suficientemente flexible para incorporar micro y mini-redes que puedan conectarse y desconectarse de la red principal, según sea necesario, para asegurar que las instalaciones de infraestructura crítica (hospitales, bombas de agua, telecomunicaciones etc.) tengan un respaldo adecuado en caso de desastres para proteger a las comunidades aisladas de interrupciones prolongadas de esos servicios y limitar los impactos a la salud y al medio ambiente.

Idealmente, estas políticas se diseñarían en cooperación con otras agencias y entidades del gobierno de Puerto Rico, del gobierno federal, del sector no-gubernamental y de base comunitaria, tales como la Comisión de Energía de Puerto Rico, el Departamento de Energía, la Southern States Energy Board, el Instituto de Competitividad (“ICSE”) y Casa Pueblo, entre otras.

Habiendo declarado y definido la política pública energética, procede entonces la operacionalización de dicha política pública y el diseño del marco regulatorio del sistema energético, a través de la redacción de reglas y reglamentos por las agencias administrativas con jurisdicción sobre el tema, la creación o expansión de programas gubernamentales y las asignaciones presupuestarias necesarias para llevar a cabo e implementar estos programas.

El modelo de reglamentación tendrá que evolucionar de uno basado en planes de recursos integrados a largo plazo a uno basado en una supervisión más proactiva con respecto a la utilización eficiente de los recursos y más dinámica en relación a los distintos actores y participantes en el sector energético. Esto significa que los reglamentadores deberán implementar un modelo de reglamentación basado en el desempeño (“performance-based regulation”), establecer parámetros transparentes para la rendición de cuentas, así como incentivos (y sanciones) para lograr los objetivos de la política energética.

Es imperativo que las nuevas estructuras tarifarias se diseñen para: (1) enviar las señales de precio correctas tanto a los generadores como a los consumidores; (2) promover la eficiencia energética; (3) manejar eficientemente la carga base y la demanda pico; (4) fomentar la transición a la interacción bi-direccional entre los operadores de la red y los clientes que instalen capacidad de generación distribuida; y (5) implementar tarifas basadas en el momento del uso de la energía para fomentar la eficiencia y la optimización del uso de los recursos. Además, se deberá promover la implementación de nuevas normas energéticas para el diseño de edificios, facilitar el financiamiento para la retro-adaptación de estructuras existentes para fomentar la conservación de energía y promover el uso de enseres electrodomésticos eficientes para estabilizar el consumo residencial.

Finalmente, corresponde a cada jefe de agencia con jurisdicción sobre este tema ejecutar las acciones necesarias para implementar los programas gubernamentales necesarios para hacer una realidad la visión a largo plazo y la nueva política energética de Puerto Rico.

Conclusión
En resumen, la reforma del sistema energético de Puerto Rico tiene que ser bien pensada, estratégica, y seguir una secuencia lógica, más aún cuando la AEE enfrenta simultáneamente los retos de la reconstrucción del sistema eléctrico después del Huracán María, la reestructuración de su deuda bajo el procedimiento del Titulo III de PROMESA, una baja sustancial en la demanda por sus servicios, y la privatización, total o parcial, del sistema eléctrico que ha sido administrado y operado como un monopolio por más de setenta años.

Nuevamente, agradecemos la oportunidad para participar en este debate y quedamos a su disposición para contestar cualquier pregunta que usted o los miembros de la honorable Comisión puedan tener con respecto a este importante asunto.

Respetuosamente sometido por Sergio M. Marxuach Colón, Director de Política Pública, Centro para una Nueva Economía

 

[1] Gretchen Bakke, The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future, (Bloomsbury: New York, 2017), pp. 72-93.
[2] Ver, por ejemplo, Nicholas Z. Muller, Robert Mendelsohn and William Nordhaus, “Environmental Accounting for Pollution in the United States Economy”, American Economic Review, vol. 101, (August 2011): 1649-1675.



 

Remarks to the Special Committee on Energy Affairs, Senate of Puerto Rico

Remarks presented to the Special Committee on Energy Affairs of the Puerto Rico Senate by the Center for a New Economy’s (CNE) Public Policy Director, Sergio Marxuach, on August 30, 2018:

Good morning, Senator Lawrence Seilhamer Rodríguez, Chairman of the Special Committee on Energy Affairs of the Senate of Puerto Rico, members of the committee, and everyone here with us today.

We have received your letter dated August 10, 2018, inviting us to testify in these public hearings and offer our recommendations on the public energy policy and regulatory framework that we believe should govern the Electrical System of Puerto Rico before any Public-Private Alliance Contract or Sales Contract is finalized involving the Puerto Rico Electric Energy Authority’s assets in compliance with the provisions of Law 120 of June 20, 2018, known as the Law to Transform the Electrical System of Puerto Rico (“Law 120”). We appreciate the opportunity you have given us to take part in the analysis and discussion of this important public policy measure.

Introduction

Hurricane Maria devastated Puerto Rico’s electrical system. After the storm, the island has essentially had to reactivate its energy system from the equivalent of what the industry calls a “black start,” which is the technical term for the process of reactivating the electrical generating system after a total blackout.

At the same time, the energy sector worldwide is rapidly changing as new technologies come online that are incompatible with the century-old paradigm of centralized generation, transmission, and distribution of energy. We should take advantage of this moment—the almost total destruction of the energy system in Puerto Rico and technological advances in the energy sector—to bring the island’s obsolete energy system into the twenty-first century. Or to put it another way, we should use this black start not to rebuild the energy system to its state on September 19, 2017, but to make an important qualitative leap forward.

If the energy sector is to make a successful transition to a new model of doing business, it will be necessary to develop a new vision for that system, amend laws and modify regulations, update the transmission and distribution grids, and promote the efficient use of energy among consumers. This is a difficult task, but fortunately there are abundant resources available for providing orientation to legislators, regulators, and energy companies.

Analysis and Recommendations
First of all, we should point out that Section 3 of Law 120 already contains a statement of public policy. It reads as follows:

 

Based on the legal and proprietary powers of the People of Puerto Rico and its Government over PREPA, this Legislative Assembly declares that its intention and its public policy is to implement, in a flexible and responsive way, a fair and transparent process for the establishment of Public-Private Alliances with regard to any of the public corporation’s functions, services, or facilities, and to sell its generation-related assets, placing those assets in such private hands as demonstrate a fair balance between commercial interest and a sense of social responsibility; with the operational, technological, and financial capacity to transform the electrical system into a modern one, with reasonable rates, universal access, and efficient and environmentally acceptable energy sources; with an infrastructure as resilient and as resistant as possible to the forces of atmospheric or natural phenomena; with economic and legal conditions reasonable to the People of Puerto Rico; and which provide the conditions for broad accessibility, ease, and rapidity in its direct services to customers.

All the above, as a minimum, must be taken into consideration by the Committee on Alliances as the Fundamental Interests of the People of Puerto Rico in evaluating the proponents and their offers.

 

This being the case, the premise of our analysis and recommendations is that the mandate established in Section 9 of Law 120, requiring the development of a Public Energy Policy and Regulatory Framework for the Electrical System of Puerto Rico (1) is subordinate to the general public policy established in Section 3, and (2) that both the Public Energy Policy and the Regulatory Framework must be consistent with the “Fundamental Interests of the People of Puerto Rico” set forth in Section 3.

 

Therefore, our first recommendation, in order to avoid confusion and potential conflicts between the general public policy already legislated in Section 3 of Law 120 and the specific energy public policy that is being drafted now, is that the key terms be clearly defined. Just as the first section of any complicated contract usually contains a list of definitions aimed at creating a vocabulary—and eventually a language—common to all parties, so, before proceeding with the drafting of an energy  public policy for Puerto Rico, it is necessary to define such essential terms as universal access, renewable energy, distributed generation, micro-grids, resilience, environmental externalities, economic cost, social cost, competitive market, retail energy sale, wholesale energy sale, wheeling, customer choice, traditional or centralized generation, energy transmission and distribution, and so on.

The next step, once the important terms have been defined, is to draft a long-term vision that will determine and establish the objectives to be achieved through the public energy policy and the regulatory framework.

Arriving at this vision requires thinking beyond the confines of the island while taking into consideration and developing a deep understanding of the limitations and challenges faced by Puerto Rico. In addition, advanced public policies and regulations will be needed in order to implement that vision. It will be necessary to set forth the guidelines of the environmental objectives for the system and basic standards for renewable energy, energy efficiency, and handling energy demand.

That statement of the energy vision for Puerto Rico should include from three to five strategic objectives and an ambitious but realistic long-term goal based on the premise that the business model for electric-generation companies, including PREPA, traditionally known as “build and grow,” based on (1) building increasingly larger and more efficient generating plants using cheap fossil fuels, and (2) a continuous increase in the consumption of electricity, is no longer feasible due to limitations in the efficiency achievable in electrical generation, the increase in the price of fossil fuels, new environmental regulation, a reduction in the demand for electricity, and the entrance of new generation technologies using renewable sources.[1]

[1] Gretchen Bakke, The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future, New York: Bloomsbury, 2017, pp. 72-93.

Taking those premises as our starting point, we present, just as an example, the following possible statement of the vision of the energy system of Puerto Rico:

“By the year 2020, Puerto Rico will have an electrical system that is accessible, reliable, cost-efficient, clean, and resilient, anchored in the most advanced commercially available technology and adaptable to isolated systems like our own.”

The important thing is that the process for developing that vision be inclusive and truly participatory, and that it provides an opportunity for the largest possible number of stakeholders to present and explain their view of the strategic objectives and energy vision for the island.

In this type of process, it is inevitable that objectives and/or visions will be presented that are logically incompatible, mutually exclusive, or that require the balancing of competing interests if those objectives are to be implemented in an effective way. The responsibility falls on you, as the duly and democratically elected representatives of the people of Puerto Rico to resolve those potential conflicts, after obtaining input from the largest possible number of stakeholders.

Third, once an agreement has been reached as to the objectives and vision that is to be implemented, the time will then have come to design public policies to enable the implementation of those objectives and vision. To continue with the example we gave earlier, the implementation of a clean and resilient energy system requires the design of public policies that foster and promote the use of generation technologies that produce little or no pollution and incentivize the use of microgrids, as well as underground lines, where that technology is cost-efficient, to improve the system’s resilience.

In terms of generation, the new energy public policy should consider the fact that large generation facilities with investment recovery cycles of more than thirty years are increasingly a thing of the past. Today, smaller, highly efficient traditional generation units broadly distributed in service areas in order to supply the base load are quickly becoming a technologically feasible and profitable alternative. Complementing that model with renewable generation solutions and storage technologies to provide reserves, other auxiliary services, and additional load at peak hours is not only efficient, but can help provide a more cost-effective service, with fewer interruptions, for all customers.

Here, it is important to point out that when we compare the cost of traditional generation alternatives with the cost of renewable energy alternatives, it is important to remember the “all-in” costs associated with traditional generation—which are not just the cost of fossil fuel but social costs as well: the cost of environmental pollution, the cost of medical treatment for asthma, other respiratory problems,  eye and skin diseases, and the cost of premature deaths caused by cancer and other diseases directly or indirectly caused by emissions of pollutants.[2]

On the transmission and distribution side, the public energy policy should foster the grid’s evolution to efficiently and reliably employ distributed generation and incorporate the use of batteries at the grid level as well as at the retail level so as to allow electricity to be stored when it is not immediately needed and thus foster and increase the value of intermittent-generation resources.

In addition, the rapid growth of the electric car market creates the potential for additional demand for electric power, presumably during off-peak hours, which could help to stabilize the demand for the base load that is projected to fall over the next few years. Electric vehicles would also function as a storage solution and could upload energy to the grid when more valuable uses emerge for that load. However, all this would entail making capital investments in non-traditional areas, given that electric vehicles would need readily available charging stations, which would, consequently, have to be widely distributed around the island.

Lastly, given the foreseeable effects of swift and imminent climate change, the grid of the twenty-first century must be sufficiently flexible to incorporate micro- and mini-grids that can be connected and disconnected from the main grid, as needed, to ensure that critical infrastructure facilities (hospitals, water pumps, telecommunications, etc.) have satisfactory backup in case of disasters, to protect isolated communities from prolonged interruptions in those services, and limit the impacts on health and the environment.

Ideally, these policies would be designed in cooperation with other agencies and offices of the government of Puerto Rico, the federal government, the non-governmental sector, and community-based organizations, such as the Puerto Rico Energy Commission, the Department of Energy, the Southern States Energy Board, the Puerto Rico Institute for Competitiveness and Sustainable Economy (ICSE), and Casa Pueblo.

Having stated and defined the public energy policy, the next step is the operationalization of that policy and the design of the regulatory framework for the energy system: rules and regulations are drafted by the administrative agencies with jurisdiction over this area, government programs are created or expanded, and budget allocations needed to implement those programs are made.

The regulation model will have to evolve away from a model based on integrated resource plans with long time horizons towards one based on more proactive supervision with respect to the efficient use of resources and more dynamic with respect to the oversight of the various actors and participants in the energy sector. This means that the regulators must implement a performance-based regulation model, define transparent parameters for accountability, and establish incentives (and sanctions) for achieving stated energy policy objectives.

It is imperative that the new rate structure be designed to: (1) send the right price signals to both generators and consumers; (2) promote energy efficiency; (3) encourage the efficient handling of the base load and peak demand; (4) encourage the transition to two-way interaction between the grid operators and customers who install distributed generation capacity; and (5) implement rates based on the time of energy use in order to foster efficiency and optimization in the use of resources. In addition, the system should promote the implementation of new energy norms for the design of buildings, facilitate financing for retrofitting existing structures in order to encourage energy conservation, and promote the use of efficient household appliances in order to stabilize residential consumption.

Finally, it should be the responsibility of every agency head with jurisdiction over this area to take all actions necessary for implementing the government programs needed for making the long-term vision and the new energy policy for Puerto Rico a reality. 

Conclusion
In summary, the reform of Puerto Rico’s energy system must be well thought out, strategic, and follow a logical sequence, especially when PREPA is simultaneously facing the challenges in connection with rebuilding the electrical system after Hurricane Maria, restructuring its debt under Title III of PROMESA, experiencing a substantial decline in demand for its services, and entering into a process for the total or partial privatization of an electrical system that has been managed and operated as a monopoly for more than seventy years.

Once again, we appreciate the opportunity to take part in this debate, and we are at your disposal to answer any question that you or the other members of this Committee may have with respect to this important matter.

Respectfully submitted by: Sergio M. Marxuach Colón, Policy Director, Center for a New Economy

 

[1] Gretchen Bakke, The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future, New York: Bloomsbury, 2017, pp. 72-93.

[2] See, for example, Nicholas Z. Muller, Robert Mendelsohn, and William Nordhaus, “Environmental Accounting for Pollution in the United States Economy,” American Economic Review, vol. 101, (August 2011): 1649-1675.

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