Put Puerto Rico First

 
 
 
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During the past few months a narrative has taken hold, on both sides of the political spectrum, that Puerto Rico is “using federal disaster relief funds to pay bondholders”. This narrative is wrong and dangerously simplistic.
 
The use of federal funds, appropriated by Congress and allocated by federal agencies, is subject to numerous laws, rules, and regulations. Specifically, in the case of FEMA and HUD, which administer the two largest sources of federal disaster relief funds, each has issued regulations governing the obligation and expenditure of those moneys. In addition, these agencies have internal audit and control procedures and eventually could be subject to ex-post audits by their respective Inspector Generals and the Government Accountability Office, and to Congressional oversight hearings as well. Therefore, those crafting this narrative either lack an understanding of the disaster recovery process or are simply misrepresenting the truth to score cheap political points. Unfortunately, cheap politics usually transform into expensive policy blunders.
 
That being said, and given that money is fungible, it is true that:
  • Recovery funds will free up other Puerto Rican government funds that could be reprogrammed for other purposes (let’s call this the endowment effect)
  • The economic activity generated by recovery spending in Puerto Rico will increase tax revenues which could be used for any other purpose, including to increase bondholder payouts (let’s call this the income effect)
In our view, too much effort has been devoted to finding a way to put a firewall between federal funds and debt service. This is a fool’s errand: although Congress can legislate that “no federal disaster relief funds can be used to pay bondholders”, there is no absolutely fail-safe way to prevent this given the fungibility of money. What is required, instead, is the political will to tell bondholders that they will have to accept a large haircut even though the fiscal numbers look fine. And reason the numbers look good is because of the endowment and income effects described above, not because the Puerto Rican economy is growing at a sustainable rate.
 
Furthermore, the restructuring process designed under PROMESA didn’t anticipate these funds would ever be available to substitute for other Puerto Rico government funds. If a large surplus had been foreseen back in 2016, then Congress wouldn’t have legislated to allow for the restructuring of Puerto Rico’s debt. Revising the fiscal plan to include the effect of disaster recovery spending was a serious policy mistake.
 
Puerto Rico is in a unique bankruptcy situation in the midst of a massive recovery effort after a natural disaster. In this context, the correct strategy should be to “Put Puerto Rico First” by planning and requiring that funds from both the endowment and income effects be plowed back into the Puerto Rico economy before paying off bondholders.
 
Elements of a Puerto Rico First strategy would include the following: 
  1. Recalculating the available surplus in the fiscal plan, net of disaster recovery funds 
  2. Drafting a plan for investing the funds generated by the endowment and income effects on public good
  3. Calculating bondholder haircuts based on the “available surplus” net of federal funds 
  4. Developing and offering to bondholders a bond whose repayment is contingent on Puerto Rico’s economic growth or on achieving certain tax revenue targets
In conclusion, at a time when the bad happens and the worse threatens, all of us who care about Puerto Rico have to be cautious about the language we use to further Puerto Rico’s cause. The island has few champions in Washington and certainly no shortage of detractors. It is imperative that all of us who care about the island do not undermine our cause by using ill-defined concepts and ideas and careless language.

Sergio M. Marxuach, Public Policy Director
November 28th, 2018

 

 

Poniendo a Puerto Rico Primero

 

Durante los últimos meses una narrativa se ha hilvanado, en ambos lados del espectro político, de que Puerto Rico está “utilizando la ayuda federal para la reconstrucción de la isla para pagarle a los bonistas”. Esta narrativa es errónea y peligrosamente simplista.
 
El uso de fondos federales, asignados por el Congreso y administrados por agencias federales, está sujeto a numerosas leyes, reglas y reglamentos. En términos específicos, en el caso de FEMA y HUD, que administran las dos fuentes más importantes de fondos federales de ayuda en casos de desastres naturales, cada una ha emitido regulaciones que rigen la obligación y el gasto de esos fondos. Además, estas agencias cuentan con procedimientos de control y auditoría interna y, en última instancia, podrían estar sujetas a auditorías ex-post por parte de sus respectivos Inspectores Generales y la Government Accountability Office, así como a la supervisión directa por parte del Congreso. Por lo tanto, aquellos que utilizan esta narrativa o bien no comprenden como funciona el proceso de recuperación post-desastre o simplemente están tergiversando la verdad para lograr objetivos políticos a corto plazo. Desafortunadamente, estas “victorias” políticas a corto plazo tienden a convertirse en desastres de política publica a largo plazo. 
 
Dicho esto, y dado que el dinero es fungible, también es cierto que:

  • Los fondos de recuperación liberarán otros fondos del gobierno de Puerto Rico que podrían reprogramarse para otros fines (llamémoslo el efecto de dotación)
  • La actividad económica generada por el gasto de recuperación en Puerto Rico aumentará los ingresos fiscales que podrían utilizarse para cualquier otro propósito, incluso para aumentar los pagos a los bonistas (llamémoslo el efecto ingreso)
Desde nuestro punto de vista, se ha dedicado demasiado esfuerzo a encontrar una manera de construir una muralla entre los fondos federales y el servicio de la deuda. Al final del camino, esta es una tarea de tontos: aunque el Congreso puede legislar que “no se puede usar dinero de ayuda federal para desastres para pagarle a los bonistas”, no existe una manera absolutamente segura de evitar esto, dada la fungibilidad del dinero. Lo que se requiere, en cambio, es la voluntad política de decirles a los bonistas que tendrán que aceptar una reducción significativa en sus acreencias, a pesar de que la posición fiscal se vea bien. Y es que los números se ven bien debido a los efectos de dotación y de ingreso descritos anteriormente, no porque la economía puertorriqueña esté creciendo a una tasa sostenible.
 
Además, el proceso de reestructuración diseñado bajo PROMESA no anticipaba que estos fondos estuvieran disponibles para sustituir otros fondos del gobierno de Puerto Rico. Si en el 2016 se hubiera anticipado un gran superávit en el 2019, entonces el Congreso no habría legislado para permitir la reestructuración de la deuda de la isla. Revisar el plan fiscal para incluir el efecto del gasto en la recuperación y reconstrucción fue un error grave de política publica.
 
Puerto Rico se encuentra en una situación de bancarrota única en medio de un esfuerzo masivo de recuperación después de un desastre natural. Dadas estas circunstancias, la estrategia correcta debe ser “Poner a Puerto Rico Primero” planificando y requiriendo que los fondos producto de los efectos de dotación y de ingreso se reinviertan en la economía de Puerto Rico antes de pagarle a los bonistas.
 
Los elementos de una estrategia de Puerto Rico Primero incluirían lo siguiente: 
  1. Recalcular el superávit disponible en el plan fiscal, neto de los fondos para la recuperación
  2. La redacción de un plan para invertir los fondos generados por los efectos de la dotación y los ingresos en bienes públicos 
  3. Calcular los recortes a los bonistas basados en el “excedente disponible” neto de los fondos federales para la recuperación
  4. Ofrecerle a los bonistas un bono cuyo repago sea contingente a que Puerto Rico logre una tasa de crecimiento económico sostenible o a que se logren una serie de metas con respecto a los ingresos del gobierno central.
En conclusión, en un momento en que lo malo pasa y lo peor amenaza, todos los que nos preocupamos por Puerto Rico debemos ser cautelosos con el lenguaje que usamos para promover la causa de Puerto Rico. La isla tiene pocos defensores en Washington y ciertamente no tiene una escasez de detractores. Es imperativo que todos los que nos preocupamos por Puerto Rico no socavemos nuestra causa utilizando ideas y conceptos pobremente definidos y un lenguaje impreciso.
 
 
Sergio M. Marxuach, Director de Política Pública
28 de septiembre de 2018

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