Publicado el 17 de febrero de 2019 / Read in English

Rosanna Torres

Guiar en Puerto Rico no es fácil.  Siempre existe el riesgo de perder una goma por los numerosos y profundos huecos en las carreteras.  A pesar que todos reconocen el problema, atender el asunto es complicado.  Usualmente, el gobierno estatal y local comparten responsabilidades por el arreglo de las carreteras, y como el costo de reemplazar cada pie cuadrado es monumental, se opta por poner parchos temporeros que atienden el problema inmediato, hasta que eventualmente el hueco vuelve a aparecer, posiblemente como un cráter más grande.  A eso hay que sumarle que el sistema de transportación de la isla está diseñado para que dependamos de un automóvil.  Por tanto, nos resignamos a guiar sobre las carreteras de Puerto Rico y esquivar los dichosos huecos.

La política fiscal de Puerto Rico funciona de manera similar debido a que la relación política entre la isla y los Estados Unidos tiene vicios estructurales que impactan su integridad fiscal. En otras palabras, hay “huecos” en esa estructura que a menudo “resolvemos” con parchos, y que poco después nos toca volver a arreglar.  Para evitar estos parchos, tiene que existir voluntad y astucia política para corregir las leyes y reglamentos a nivel federal. Sin embargo, nuestra historia indica que las deficiencias de algunos programas federales importantes se atienden sólo cuando estamos al borde de un risco fiscal y cunde el pánico.

Debilidades estructurales
Luego del huracán María, a Puerto Rico se le extendieron ayudas federales, del mismo modo que se le provee a otras jurisdicciones luego de sufrir desastres naturales.  Como parte de la asistencia a Puerto Rico se le extendieron $4,800 millones en fondos de salud, $1,270 millones en fondos de emergencia para la asistencia nutricional, y una extensión temporera de reducciones contributivas bajo la sección 199 del código de rentas internas federales, entre otras ayudas.  Pero debido a las diferencias en como se aplican a Puerto Rico estos programas de asistencia, poco a poco nos vamos aproximando a fechas cuando careceremos de la habilidad para atender en su totalidad las necesidades de la isla. Nuevamente se manifiesta la desventaja de Puerto Rico en su participación de programas federales. No nos queda más que ir al congreso y repetir el mismo libreto.  Para salir de este hueco que cala profundo, tenemos que atender los problemas desde su raíz. A continuación dos ejemplos.

Medicaid
Según la Administración de Seguros de Salud en Puerto Rico, unas 1,554,018 personas son elegibles para participar en el programa de Medicaid.  A diferencia de los estados, la porción que le corresponde pagar al gobierno federal, conocido como el FMAP, se fija arbitrariamente por ley en 55%.  Si se utilizara la misma formula de ingreso per cápita que se utiliza para calcular el FMAP para los estados, el FMAP para Puerto Rico podría llegar hasta un 83%.  Dicho de otra manera, el gobierno de Puerto Rico tiene que asumir el 45% de los gastos del programa de Medicaid, en vez del 17%.  Además de esa diferencia significativa, los fondos federales que se separan para cubrir el FMAP están sujetos a un limite anual.  Cuando se agotan esos fondos, el gobierno de Puerto Rico enfrenta la encrucijada de limitar la cantidad de personas que tienen cobertura médica, o de ofrecer menos servicios médicos.  El gobierno federal ha otorgado varios salvavidas para que los residentes de Puerto Rico no se queden desamparados, pero aun queda por corregir el problema fundamental del FMAP.

Programa de asistencia nutricional (PAN)
Veamos otro ejemplo puntual.  En el 1982, el programa de asistencia nutricional federal, conocido como el PAN, reemplazó los cupones para alimentos como mecanismo para proveer asistencia nutricional a Puerto Rico. Desde entonces, Puerto Rico recibe asistencia alimentaria a través de una subvención en bloque administrada por el gobierno local. Los cambios en la estructura del programa, y, por ende, cobertura son sustanciales. Por ejemplo, la subvención se provee anualmente a través de una cantidad máxima asignada, por lo que, si ocurre algún evento que afecte el bienestar económico de la población – como un huracán – la isla no se beneficia de un alza en fondos, a pesar de que sus necesidades aumenten.  En comparación con otras jurisdicciones que participan del programa SNAP, Puerto Rico recibe menos recursos federales para apoyar a familias de bajos recursos, a pesar de que aproximadamente la mitad de la población vive bajo los niveles de pobreza federal.

Una agenda nueva
Es por eso que el Centro para la Nueva Economía, desde su oficina en Washington DC, aboga por una agenda menos política, mas abarcadora y mas enfocada en nuestras necesidades económicas.  El informe del “Congressional Task Force” creado bajo PROMESA, detalla varias propuestas de política pública y provee un buen punto de partida.  Una pieza fundamental es la extensión del crédito por trabajo, conocido comúnmente como el “EITC”. En Estados Unidos, el EITC se ha reconocido como una herramienta para promover el empleo y reducir la pobreza.  En principio, dos de los retos socioeconómicos mas grandes que la isla enfrenta.

Este año se va a impulsar una agenda para Puerto Rico en Washington DC, y es crítico que se reconozca que la manera más efectiva de ayudar a Puerto Rico es descartando soluciones insuficientes y promulgando una agenda de mayor alcance que atienda las deficiencias estructurales para que Puerto Rico pueda enfocar su atención en el crecimiento económico.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el domingo 17 de febrero de 2019.