Transformación energética

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El sector de energía eléctrica en todo el mundo está cambiando rápidamente a medida que nuevas tecnologías incompatibles con el modelo centenario de generación centralizada de electricidad entran en funcionamiento. Debemos aprovechar esta coyuntura para traer al siglo 21 el anquilosado sistema eléctrico de Puerto Rico.

Para llevar a cabo con éxito la transición a un nuevo modelo de generar y vender electricidad es necesario desarrollar una nueva visión del sistema; enmendar leyes y reglamentos; modernizar las redes de transmisión y distribución; y fomentar el uso eficiente de la energía por parte de los consumidores.

El primer paso es desarrollar una visión a largo plazo que determine y establezca los objetivos que se quieren lograr a través de la política pública energética y el marco regulatorio, proceso que se ha estancado en el comité de conferencia sobre el P. del S. 1121.

Desarrollar esta visión requiere pensar más allá de los confines de la isla, pero tomando en consideración y entendiendo a fondo las limitaciones y retos que enfrenta Puerto Rico. Además, se necesitarán políticas públicas y reglamentos de avanzada para implementar esa visión, así como establecer lineamientos con respecto a los objetivos ambientales, los estándares de energía renovable, la eficiencia energética y el manejo de la demanda energética.

También debe incluir entre tres a cinco objetivos estratégicos, así como una meta ambiciosa pero realista a largo plazo y partir de la premisa que el modelo de hacer negocios de las compañías de generación eléctrica, tradicionalmente conocido como “build and grow”—basado en la construcción de plantas generatrices cada vez más grandes y eficientes, utilizando combustibles fósiles baratos y en un aumento continuo en el consumo de electricidad—ya no es factible debido a limitaciones en la eficiencia alcanzable en la generación de electricidad, el aumento en el precio de los combustibles fósiles, nueva reglamentación ambiental, la reducción en la demanda de electricidad y la entrada de tecnologías nuevas de generación utilizando fuentes renovables.

En términos de la generación, la nueva política pública energética debe maximizar la integración al sistema de generación renovable y de tecnologías de almacenamiento, para proveer reservas, otros servicios auxiliares y carga adicional en las horas pico. Este diseño no solo es eficiente, sino que puede ayudar a proporcionar un servicio con menos interrupciones y más costo-efectivo para todos los clientes.

Es importante que al comparar el costo de alternativas tradicionales de generación con el costo de alternativas de energía renovable se tomen en consideración todos los costos asociados con la generación tradicional, no solo el costo del combustible fósil pero los costos sociales también. Por ejemplo, el costo de la contaminación ambiental; el costo del tratamiento médico de casos de asma, problemas respiratorios, de los ojos y la piel; así como el costo de las muertes prematuras causadas por el cáncer y otras enfermedades causadas directa o indirectamente por las emisiones de contaminantes. Ya existen metodologías, como la desarrollada por William Nordhaus, profesor de Yale y ganador del Premio Nobel de Economía en el 2018, para realizar estos cálculos.

Desafortunadamente, la tecnología disponible en estos momentos no permite que toda la demanda de electricidad en Puerto Rico se pueda satisfacer con fuentes renovables de energía. Por tanto, va a ser necesario añadir capacidad de generación nueva utilizando gas natural.

Ahora bien, la construcción de infraestructura nueva de gas natural debe ser la mínima necesaria para permitir la maximización del uso de recursos renovables. Esto significa promover la integración al sistema de unidades de generación altamente eficientes y relativamente pequeñas; construidas y distribuidas a través de la isla, de manera consistente con el rediseño de la red de transmisión y distribución; y que dicha construcción debe limitarse a unidades cuya inversión pueda ser recuperada en 20 años o menos. Finalmente, se debe prohibir la construcción nueva de unidades de generación que utilicen combustibles fósiles después del 2030 para fomentar la transición a fuentes renovables y lograr el objetivo de generar 100% de nuestra electricidad con fuentes renovables en el 2050.

Por el lado de la transmisión y distribución, la política pública energética debe fomentar la evolución de la red para incorporar de manera eficiente y confiable la generación distribuida y el uso de baterías a nivel de la red, así como al detal, para permitir el almacenamiento de electricidad cuando no se requiera su uso inmediato y así promover y aumentar el valor de los recursos de generación intermitente.

Además, dados los efectos previsibles del rápido cambio climático, la red del siglo 21 tiene que ser lo suficientemente flexible para incorporar micro y mini-redes que puedan conectarse y desconectarse de la red principal, según sea necesario, para asegurar que las instalaciones de infraestructura crítica (hospitales, bombas de agua, telecomunicaciones etc.) tengan un respaldo adecuado en caso de desastres para proteger a las comunidades aisladas de interrupciones prolongadas de esos servicios y limitar los impactos a la salud y al ambiente.

En resumen, la transformación energética de Puerto Rico tiene que ser bien pensada, estratégica, y seguir una secuencia lógica, más aún cuando la AEE enfrenta simultáneamente los retos de la reconstrucción del sistema eléctrico después del Huracán María, la reestructuración de su deuda bajo el Titulo III de PROMESA, una reducción sustancial en la demanda por sus servicios, y la privatización, total o parcial, de un sistema eléctrico que ha sido administrado y operado como un monopolio por más de setenta años.

Esta es una tarea compleja y difícil, pero no podemos posponerla o permitir que el proceso sea capturado por grupos de interés particulares y llevado a cabo en cuartos cerrados y oscuros. Súmate al CNE en este esfuerzo participando en la conferencia Black Start, el próximo 21 de marzo en el Centro de Convenciones.

Por: Sergio M. Marxuach

Director de Política Pública

Centro Para Una Nueva Economia

Esta columna se publicó originalmente en El Nuevo Día el 3 de marzo de 2019