Hace poco más de un año que el huracán María quebró la infraestructura de Puerto Rico y su panorama económico y demográfico. En estos momentos, toda la infraestructura crítica ‑—electricidad, agua, telecomunicaciones, escuelas y hospitales— funciona. Debemos todos reconocer el enorme esfuerzo y arduo trabajo realizado, en ocasiones arriesgando la vida y la integridad física, para recoger millones de yardas cúbicas de escombros; reparar la red de distribución eléctrica y el sistema de tratamiento del agua; poner a los hospitales a funcionar; y hacer reparaciones provisionales a las viviendas dañadas, entre un sinnúmero de otras actividades de respuesta ante la emergencia.
No obstante, a un año de la tormenta, en la Isla se respira una especie de normalidad ansiosa y, aunque no debemos minimizar el trabajo que se ha hecho desde el año pasado, es importante comprender la magnitud de las tareas y los retos que tenemos por delante. Las bases económicas de la Isla siguen frágiles, el sistema eléctrico sigue inestable, la AAA todavía necesita generadores eléctricos para operar las bombas de agua y, a pesar del esfuerzo de todos los sectores por estar alertas y preparados para otro desastre natural, existe mucha incertidumbre con respecto a cuán capacitados están el Gobierno central y los municipios para capear otra tormenta.
Por otro lado, los fondos federales asignados hasta ahora no serán suficientes para reconstruir cabalmente la infraestructura de Puerto Rico. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), empleando un modelo diseñado por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ha reconocido que los daños totales podrían alcanzar cerca de $90,000 millones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. A fines del año fiscal federal 2018, los estimados de fondos autorizados a Puerto Rico para ayuda para catástrofes todavía oscilan entre $33,000 y $45,000 millones, o alrededor de la mitad de lo que se calcula que será necesario. Y cuando se compara con el monto total de fondos asignados para afrontar los desastres naturales de 2017, la cantidad que los programas de asistencia individual de FEMA han obligado para las víctimas del huracán María ha sido significativamente más baja que la porción obligada para las víctimas del huracán Harvey o el huracán Irma.
Según se señala a lo largo del informe, la situación actual de Puerto Rico es extremadamente compleja, hecho que debe tomarse en consideración y con el que se debe lidiar en los inicios del proceso de recuperación, antes de tomar decisiones que podrían tener repercusiones sociales y económicas dañinas y permanentes. Comprender cabalmente la situación es importante porque, hasta donde sabemos, Puerto Rico es la única jurisdicción que ha experimentado, simultáneamente, un proceso de bancarrota supervisado por un tribunal, una recesión económica de doce años; una crisis fiscal y de deuda manejada bajo la incumbencia de una junta de supervisión impuesta por el Congreso, y un proceso de recuperación a gran escala después de un desastre natural inmenso.
En resumen, el informe busca situar el proceso de recuperación de Puerto Rico ofreciendo un panorama de dónde está la Isla hoy y cuánto dinero federal ha sido asignado, arrojando luz sobre algunos de los retos de la reconstrucción y provocando una discusión en torno a las opciones disponibles de recuperación sustentable. Es el primero de una serie que el CNE se propone producir con el propósito de concienciar a quienes toman las decisiones acerca de las sutilezas y complicaciones con las que tendrán que lidiar al diseñar las soluciones de largo plazo de la Isla.