Ahorro, endeudamiento y activos

Por: Sergio Marxuach. Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía.

En años recientes, numerosas personalidades académicas, políticas y del sector privado, basándose en nuevas teorías sobres los efectos sociales positivos del ahorro, han clamado por una reorientación del debate sobre el bienestar social (welfare) y los programas de beneficencia en los Estados Unidos y otras naciones industrializadas.

Temprano en la década de los noventa, diversas comunidades académicas comenzaron a desarrollar un nuevo paradigma enfocado en el ahorro y la acumulación de activos para analizar y atender temas importantes como la pobreza y autosuficiencia.

Los nuevos enfoques se basan en una creencia firme de que los programas y estrategias actuales han logrado muy poco cuando tomamos en consideración las vastas cantidades de fondos invertidos y la perenne existencia de problemas socioeconómicos como la alta incidencia de pobreza en el caso de Puerto Rico.

Según el análisis académico, muy pocas personas han salido de la pobreza gastando sus ingresos. Aquellos que logran salir lo hacen ahorrando e invirtiendo para lograr metas a largo plazo. READ MORE

Reforma contributiva (otra vez)

Balancing the Accounts

Por: Sergio M. Marxuach

A veces la vida en Puerto Rico me recuerda la película Groundhog Day (1993) protagonizada por el genial actor Bill Murray. En esa película el personaje principal vive atrapado en una especie de circuito cerrado en el tiempo y repite el mismo día, el 2 de febrero, una y otra vez. Eventualmente se desespera y hasta intenta suicidarse, solamente para despertar y comenzar el mismo día otra vez. Posteriormente, el personaje principal decide utilizar todo lo que ha aprendido sobre ese día para ayudar a otros y mejorarse a si mismo como ser humano, hasta que finalmente termina su estancamiento temporal.

Algunos profesores de filosofía interpretan la película como una alegoría sobre el estoicismo, y su axioma de vivir cada día como si fuera el último. De esa manera te aseguras de haber hecho el mayor bien posible antes de morir. Por otro lado, algunos teólogos la interpretan como una alusión al purgatorio, mientras que otros ven en ella una representación de la búsqueda de la excelencia en el contexto de la antigua tradición Cristiana/Aristoteliana. Incluso, algunos budistas la ven como una magistral interpretación de sus conceptos de desprendimiento de las cosas materiales y la reencarnación.

Estas elucubraciones surgen a raíz del anuncio de una “nueva reforma contributiva”, que será la cuarta que sufrimos desde 1994. Parece que a diferencia de Bill Murray en la película, en Puerto Rico somos como los ratones de laboratorio que siguen achocándose repetidamente con las paredes del laberinto en que se encuentran en vez de buscar otro camino.

Principios Básicos

Habiendo dicho eso, creemos que existe un consenso en Puerto Rico sobre la necesidad de implementar una reforma contributiva amplia y profunda. Una reforma de verdad. En nuestra opinión dicha reforma se debe regir por los siguientes principios básicos:

Primero, la reforma debe ser de gran alcance. Todos los componentes del sistema impositivo—impuestos sobre el ingreso, tanto a nivel corporativo como individual, arbitrios, impuestos sobre la venta, e impuestos sobre la propiedad—deben ser objeto de análisis y estudio. Se debe analizar el sistema completo para así evitar efectos imprevistos que suelen ser el producto de reformas parciales o incompletas.

Segundo, se debe expandir la base tributaria. Esto significa que muchos de esos créditos, deducciones, exclusiones y exenciones que han sido legislados a través del tiempo tendrán que ser eliminados. La legislación de todas esas ventajas contributivas ha resultado en un aumento en la complejidad del Código de Rentas Internas; la imposición de tasas marginales altas; y todo tipo de distorsiones en el proceso de asignación e inversión de capital.

Tercero, se deben reducir las tasas marginales. Las tasas impositivas altas ofrecen un incentivo poderoso para que las personas alteren su actividad económica y para que gasten una cantidad de recursos considerable para evitar legalmente (o evadir ilegalmente) el pago de impuestos. Una reducción significativa de las tasas marginales disminuye el incentivo para que las personas incurran en este tipo de comportamiento, y si esta reducción se complementa con la ampliación de la base contributiva discutida anteriormente, se podría generar un aumento en los recaudos.

Cuarto, todo esfuerzo de reforma contributiva debe tener como meta simplificar el sistema. El Código de Rentas Internas de Puerto Rico es complicado, injusto, y terriblemente ineficiente. Estos defectos obstaculizan los esfuerzos de administración y fiscalización, así como el cumplimiento con el mismo, y en el agregado estos defectos reducen la cantidad de recaudos generados por el sistema contributivo. Un código más simple, si se diseña correctamente, generaría costos más bajos de fiscalización y cumplimiento y recaudos más altos.

Contribuciones Individuales

En términos generales es difícil determinar si los cambios anunciados al sistema de contribuciones sobre individuos cumplen con los criterios estipulados anteriormente. Se ha hablado mucho en los medios de “eximir” a las personas con ingresos menores a $50,000. Sin embargo, no está claro si esa exención significa (1) que todos los que ganen menos de esa cantidad estarán exentos de pagar contribuciones sobre ingreso o (2) si la exención es solamente con respecto a la radicación de planillas y estas personas estarán sujetas a retención por el patrono.

Si la propuesta es que todos los que ganen menos de $50,000 no paguen nada a Hacienda (ojo: el patrono seguirá obligado a retenerle impuestos por concepto de Seguro Social y Medicare) varias preguntas de caen de la mata. Entre otras cosas nos gustaría saber ¿cómo se llegó a esta determinación?; ¿a cuanto subirá el IVU?; ¿qué pasará con los que ganan un poquito más de $50,000?; ¿cuál tasa les aplicará?; y ¿sí se mantienen las tasas preferenciales para el ingreso pasivo como dividendos, intereses, y ganancias de capital, por qué?

Si la propuesta es que esas personas no radiquen planillas, creemos que esa es una mala idea. Nos parece importante para el funcionamiento adecuado de una democracia que los ciudadanos mantengan algún tipo de vínculo o relación con el gobierno que los haga conscientes del dinero que cuesta proveer los servicios públicos y que aunque algunas personas no tendrán que contribuir directamente a través de impuestos sobre sus ingresos, muchos otros sí tendremos la obligación cívica de hacerlo. El salario de los maestros, policías, y enfermeras del Centro Médico no cae del cielo.

Preguntas Importantes

De los reportajes en la prensa se desprende que se estarán considerando enmiendas significativas a los impuestos corporativos, a los arbitrios, al IVU, y a la contribución sobre la propiedad. Pero, de nuevo, no está claro como se verán afectados cada uno de estos renglones. Si la propuesta es reducir significativamente las tasas impositivas sobre los ingresos y transferir el peso contributivo a otros impuestos, pues entonces nos preguntamos: ¿a cuánto tiene que subir el IVU o un nuevo Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para compensar la pérdida de recaudos que sufriría Hacienda?; ¿qué va a suceder con el arbitrio especial de la ley 154?; ¿cómo cambiarán los otros arbitrios?; ¿cómo se piensa enmendar el impuesto sobre la propiedad inmueble?; ¿se mantendrá la deducción por donativos caritativos y otras deducciones con un fin social?; ¿qué mecanismos se implementarán para atender el efecto desproporcionado, lo que los economistas llaman la regresividad, sobre las familias de bajos ingresos que tendría el aumentar el IVU/IVA a 10% o más?

Con respecto a esta última pregunta creemos que es importante reintroducir el crédito reembolsable por ingreso devengado que fue eliminado con el presupuesto para el año fiscal en curso. De acuerdo con un estudio que realizamos en el 2003, un crédito igual al 10% del ingreso devengado hasta un máximo de $1,500 y que se reduzca por una cantidad igual al 5% del ingreso ganado en exceso de $15,000, podría provocar la entrada de 20,000 trabajadores a la fuerza laboral, redundando en un beneficio para 160,000 familias y 289,000 niños, muchos de los cuales viven bajo los niveles de pobreza actualmente.

Recientemente hemos contratado al prestigioso Urban Institute para que nos ayude a actualizar ese estudio y diseñar un nuevo crédito por ingreso devengado para las familias de trabajadores pobres. Recuerden que aunque estas familias queden exentas del pago de contribuciones sobre ingresos, todavía pagarían impuestos federales sobre la nómina y un nuevo impuesto al consumo que estimamos sería de 10%, como mínimo, y estas familias consumen todo, o casi todo, su ingreso.

No Existen Soluciones Mágicas

Finalmente, la reforma contributiva, aunque importante, no es una varita mágica para restablecer el crecimiento económico. De hecho, contrario a la creencia popular, la noción de que el sistema impositivo puede usarse para estimular el crecimiento económico no ha sido comprobada definitivamente de manera empírica.

El profesor James Alm, en su contribución al informe CNE/Brookings, señala que una amplia bibliografía procura demostrar esta relación. Gran parte de esta bibliografía se concentra en la experiencia de los estados en Estados Unidos y trata de determinar si existe una conexión entre las políticas impositivas estatales y el crecimiento económico.

Estudios recientes sobre los efectos de los errores de estimación y las técnicas de estimación encuentran alguna conexión entre las variables de política fiscal y el crecimiento económico, pero los resultados no son muy sólidos. Por ejemplo, en algunos casos, se asocian recaudos fiscales estatales más altos con tasas de crecimiento menores y otras investigaciones han encontrado evidencia débil de que la combinación de impuestos (por ejemplo, una dependencia mayor de las contribuciones sobre ingresos o sobre los impuestos sobre las ventas) afecta el crecimiento económico de los estados.

Sin embargo, el consenso entre los expertos en el tema es que la relación entre las variables de política fiscal y el crecimiento económico es tenue y no es sólida ni robusta para todos los períodos de tiempo, métodos de estimación, o especificaciones. La mayor parte de los beneficios asociados con una reforma contributiva no se deben directamente al incremento de la actividad económica, sino que se derivan de la simplificación del sistema contributivo, lo que (1) reduce distorsiones en la asignación de recursos y capital; (2) facilita la administración y la fiscalización del sistema; y (3) elimina los incentivos para evitar o evadir la obligación impositiva.

Conclusión

En suma, creemos que es importante darle tiempo a los expertos de clase mundial que ha contratado el Departamento de Hacienda para que terminen su trabajo antes de comenzar a prometer villas y castillas como ya irresponsablemente lo han hecho algunos políticos de la Cámara de Representantes. Segundo, es imperativo que esta reforma contributiva se haga bien aunque se tarde más tiempo en entrar en vigor. No queremos tener que volver a la mesa de dibujo en 18 meses simplemente porque no pensamos bien las consecuencias de lo que estamos haciendo, como sucedió en gran medida con la flamante “patente nacional”. Y, finalmente, todavía nos hace falta obtener mucha información para poder determinar como la reforma contributiva propuesta afectaría a una “familia promedio.” Dicho de otra manera, no compre todavía esos pasajes a Disney, pensando en que va a tener más ingreso disponible porque las contribuciones bajarán el año que viene.

El autor es Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente el 14 de septiembre de 2014. 

Transparencia

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Por: Miguel Soto Class

Recuerdo que fue durante mi época de universitario cuando me enfrenté por primera vez a una de esas curiosas idiosincrasias puertorriqueñas. En muchas ocasiones necesité estadísticas del gobierno para trabajos de investigación y – para sorpresa de pocos – generalmente me resultaba casi imposible obtenerlas. La agencia en cuestión rehusaba compartirlas, y en vez, contestaba mi pedido con la pregunta, “¿para qué tú quieres eso?”.

Siempre logré conseguirlas – por pala o por maña – pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que las agencias no tan solo no compartían las cifras cuando eran negativas: tampoco las compartían cuando eran positivas.

Entonces entendí que en Puerto Rico impera una cultura de secretividad. Uno puede entender que las administraciones públicas, por su componente político, traten de esconder sus fallas y realzar sus logros. Pero cuando aún esconden sus triunfos, y cuando la primera reacción de los funcionarios es de miedo y ocultación, sabes que te enfrentas a una cultura de opacidad y secretividad.

Para ser justos, debemos reconocer que esto no es sólo un problema del gobierno. En muchas ocasiones son los amigos de Wall Street quienes le exigen al gobierno mantener la secretividad de los acuerdos suscritos con ellos, pues no desean que nadie se entere o del trato preferencial que recibieron o del tumbe que dieron. Y típicamente, el gobierno es sumamente dócil ante ese requerimiento de opacidad.

Obviamente, no todo debe ser público. Hay cierta información que legítimamente debe ser confidencial: algunos asuntos de seguridad nacional, por ejemplo, información íntima de individuos o alguna información de negocios como lo podría ser la fórmula de productos, etc.

Pero en Puerto Rico mucha de la información crucial para la buena gestión gubernamental y la evolución de la política pública permanece enterrada en las tinieblas de la burocracia gubernamental. Nuestro gran reto es cómo movernos de una cultura de secretividad a una cultura de transparencia. Es algo muy difícil de lograr, que requerirá tiempo, gente e instituciones con la fuerza y el temple para mover al gobierno a ser más transparente. En la medida en que la ciudadanía exija más apertura, la norma – aunque sea forjada al son de los empujones de la opinión pública – será la de compartir información y ser más transparente.

Es importante señalar que la transparencia requiere no solo el acceso a documentos, datos e información sino que requiere también la capacidad de interpretarlos, evaluarlos y entenderlos, así como también la facultad para actuar sobre la información recibida. La transparencia es importante no tan solo para que el pueblo esté enterado y participe de la gestión gubernamental sino también para que los funcionarios sepan que serán evaluados y que sus acciones serán conocidas. Esto funciona como disuasivo a la corrupción y a la desidia burocrática, y provoca un mejor desempeño porque los funcionarios adquieren consciencia de que sus malos actos no permanecerán impunes.

Me alegró ver la semana pasada que la actual administración gubernamental decidió publicar el acuerdo suscrito entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus acreedores. En primera instancia, esta información es de naturaleza e interés público. En segundo lugar, el estado jurídico en Puerto Rico establece la presunción de que todo documento en poder de una autoridad gubernamental es público y, como tal, debe estar accesible a los ciudadanos. Es lamentable que el acuerdo no se haya hecho público desde el principio, y que tuviera que asomarse una demanda de otro grupo de acreedores para que el gobierno lo difundiera. Pero algo es algo.

Por lo menos evité tener que pedirlo, y que me respondieran, “¿para qué tú quieres eso?”

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente el 27 de agosto de 2014 en el diario El Nuevo Día.

 

 

Acuerdos de Confidencialidad

Por: Sergio M. Marxuach

Hace unos días nos enteramos, a través de un documento subrepticiamente colgado en la Internet, que después de negociaciones hasta las altas horas de la noche, y sabrá Dios de cuantos manejos arteros en cuartos oscuros, la AEE llegó a unos acuerdos con un grupo de bonistas, dos bancos comerciales, y con el Banco Gubernamental de Fomento para posponer ciertos pagos y enmendar los documentos que evidencian las obligaciones de la AEE con estos prestamistas, entre otras cosas. Se nos informa también que la AEE ejecutó varios acuerdos de confidencialidad y que los documentos evidenciando las enmiendas no se harán públicos.

¿Por qué el gobierno de Puerto Rico insiste en ocultarle información al pueblo?

Creo que parte de la repuesta la ofrece Friedrich Hayek en The Road to Serfdom cuando escribe que en los gobiernos con tendencias autoritarias “Toda información que pudiera causar duda sobre la sabiduría del gobierno, o que pueda crear descontento, le será negada al pueblo. La base de comparaciones poco favorables con condiciones en otros lugares, el conocimiento de posibles alternativas al curso tomado, cualquier información que pudiera sugerir el fracaso de parte del gobierno en cumplir sus promesas o de tomar ventaja de oportunidades para mejorar condiciones, todo esto será suprimido.” READ MORE

El informe de la Reserva Federal

Por: Sergio M. Marxuach

En el 2012 economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (conocido comúnmente como el Fed de Nueva York) publicaron un informe sobre la competitividad de la economía de Puerto Rico. Hace apenas unos días, el 31 de julio, el Fed de Nueva York publicó una actualización de ese informe. El informe más reciente ha sido prácticamente ignorado por el gobierno y la prensa local. Los pocos economistas que lo han comentado lo han despachado como un documento que no dice nada nuevo. Y eso es cierto, en parte. El informe, sin embargo, es importante por dos razones. Primero porque presenta un análisis de nuestra economía y de la situación fiscal del gobierno libre de la propaganda oficial y de la crítica politiquera usual. Segundo, el informe es importante también por sus silencios, por lo que no dice.

Sobre nuestra situación económica el informe es claro: la economía se encuentra en un estado de depresión y no hay señales que apunten a una recuperación significativa (pág. 3). La actividad económica, según medida por el Índice de Actividad Económica del Banco Gubernamental de Fomento, aumentó algo a finales del 2012 pero recientemente se ha debilitado. Mientras, el empleo se ha reducido por 10% entre el 2006 y el 2010 y se ha mantenido estancado desde entonces (pág. 5).

El informe enfatiza la reducción de la población de la isla, que ha disminuido de 3.8 millones en el 2004 a 3.6 millones en el 2013, una reducción de 212,000 personas, o un 5.5%, durante ese periodo. Más aún, la proyección para el 2014 es que la población se reduzca por un 0.65% adicional, una de las contracciones más pronunciadas en el mundo (pág. 6). READ MORE

Estado de excepción

Por: Jennifer Wolff

Decía hace un tiempo Efrén Rivera Ramos, catedrático de Derecho, que uno de los peligros de los tiempos de crisis es la rapidez con que se implantan los estados de excepción: se imponen medidas draconianas, se menoscaban conquistas sociales, y se suspenden derechos fundamentales. Lo peor, decía Efrén, es que esos estados de emergencia – instaurados en ocasiones irreflexivamente – terminan siendo constitutivos de un nuevo orden en el que la ausencia de lo que se ha cedido, descartado, o perdido se acepta como una nueva normalidad.

Esa sabia reflexión tiene hoy gran vigencia, no solo en términos de los derechos civiles y el bienestar social, sino en términos de la planificación económica que, aún en medio de la crisis fiscal, tiene que hacerse de cara al futuro. Si hay algo que debemos sacar de esta coyuntura es la posibilidad de enderezar los entuertos que nos han llevado al desastre y construir sobre tierra firme los fundamentos de un andamiaje productivo duradero. No habría peor cosa que, por pura desesperación, las medidas que tomemos ahora nos lleven a seguir chapaleteando mañana en la misma marisma donde andamos enredados hoy.

Hace apenas dos meses se aprobó la Ley de Alivio Energético pero ésta se ha quedado empantanada en el laberinto de la crisis fiscal. No es solo que la Comisión Reguladora de Energía no ha sido creada todavía – dejando en suspenso la reforma tarifaria, la búsqueda de tecnologías alternativas, y la planificación a largo plazo del sistema – sino que la aprobación reciente de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y la Recuperación de las Corporaciones Públicas plantea la posibilidad de que los vientos de reforma se desinflen, y en aras de un estado de excepción, sean echados a un lado. READ MORE

Estados financieros del ELA

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El gobierno ha publicado recientemente el informe anual con sus estados financieros consolidados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades y a la omisión de algunas secciones. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2014 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

1. Organización de los Estados Financieros del Gobierno

En términos generales, los estados financieros del gobierno consisten de cuatro componentes básicos:

(1) los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements);
(2) los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements);
(3) los estados financieros de los fondos fiduciarios (Fidiciary Fund Financial Statements) ;y
(4) las notas a los estados financieros.

Los estados financieros de las actividades gubernamentales, a su vez, contienen dos tipos de informes:

(1) el Estado de Situación del Patrimonio Neto (Statement of Net Position), que es análogo al estado de situación (balance sheet) de una entidad privada; y
(2) el Estado de Resultados (Statement of Activities), que es análogo al estado de ganancias y pérdidas (income statement) de una entidad privada.

Cada uno de estos informes—el Estado de Situación del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados—a su vez, contiene secciones separadas para tres tipos diferentes de actividades gubernamentales. READ MORE

Presupuesto

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Por: Jennifer Wolff

Cuadrar el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico se ha convertido en un ejercicio similar al de Sísifo, aquel personaje mitológico condenado a cargar un enorme peñón hasta el tope de una montaña por toda la eternidad. Hay que reconocer el esfuerzo por cortar grasa y buscar ingresos con el propósito de reestablecer (aunque sea un poquito) la confianza de las firmas acreditadoras en nuestra capacidad para poner la casa en orden. Sin embargo, a pesar de los avances en indicadores muy importantes, la magnitud de la meta de balancear el presupuesto parece rebasar los esfuerzos por alcanzarla.

Todos los años el Centro para una Nuevo Economía (CNE) analiza el presupuesto gubernamental utilizando 10 variables. En muchos, ha habido logros significativos: el presupuesto consolidado para el 2015 será apenas .9% mayor que el del 2011, mientras que los ingresos del Fondo General habrán logrado incrementarse por poco más de 23%. La proporción del Fondo General destinada a pagar la nómina habrá disminuido significativamente (de 45% en 2011 a un 36% para el 2015); el uso de fondos no-recurrentes para cuadrar el presupuesto se habrá reducido dramáticamente (de 15% este año fiscal a menos del 6% el próximo); y la magnitud del déficit estructural se habrá recortado en la monumental proporción de 54% en apenas cuatro años (la mayor parte entre el año fiscal que termina ahora y el próximo que comienza: un verdadero tratamiento de ‘shock’).

Sin embargo, a pesar de la creciente (y tortuosa) disciplina fiscal, la meta de lograr que el presupuesto quede balanceado estructuralmente – esto es, que los gastos correspondan estrictamente a los ingresos recurrentes en los que se puede depender año tras año – parece ser (como para Sísifo) una meta cada vez más inalcanzable. El CNE calcula que para el próximo año fiscal el déficit estructural estará todavía en el orden de $ 578 millones. La razón es que el espiral de endeudamiento de estas décadas fue monumental: desde el 2000 hasta el 2014, la deuda pública creció 200%, mientras que el Producto Nacional Bruto creció apenas un 75%. READ MORE

Saber para transformar

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Por: Mari Mari Narváez

Tómese un minuto para imaginar su vida a ciegas: tratando de armar un presupuesto que no le alcanza porque le está cediendo gran parte de sus ingresos a la gente que se supone le pague a usted. Usted no sabe cuánto está perdiendo, sólo le consta que es una gran tajada de dinero que debía recibir y no recibe. Imagine también que usted desconoce los detalles de los contratos que rigen su vida, sus propiedades y obligaciones. Se casa con alguien o compra una casa pero ni sabe a qué se está comprometiendo. Piense que usted un buen día recibe por herencia una deuda millonaria. No sabe cómo ni por qué sus parientes engordaron semejante factura pero ahora tiene que pagarla. Imaginemos más. Vislumbre un escenario en el que usted contrata a una compañía de seguridad pero, a la hora de rendirle un informe, la empresa se niega a decirle cuántas veces tuvo que intervenir con personas que se aparecieron a robar en su casa y qué medidas emplearon contra ellas.

Esto puede parecer cosa de locos pero no lo es. Resulta que así vivimos en Puerto Rico. Con una cierta noción de que ‘sabemos’ mucho pero, en efecto, con un acceso muy restringido a la información sobre nuestro gobierno. Información que, por definición, tendría que ser pública. Porque nos pertenece.

Una de las razones principales por las cuales la Policía de Puerto Rico está en sindicatura federal es porque tiene deficiencias muy serias en el ejercicio de la transparencia con la ciudadanía. Este es un ejemplo emblemático de la falta de acceso a la información en Puerto Rico. Sin embargo, existen muchos más. READ MORE

Gobierno propone eliminar el Crédito por Trabajo (infográfica)

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