Estado de excepción

Por: Jennifer Wolff

Decía hace un tiempo Efrén Rivera Ramos, catedrático de Derecho, que uno de los peligros de los tiempos de crisis es la rapidez con que se implantan los estados de excepción: se imponen medidas draconianas, se menoscaban conquistas sociales, y se suspenden derechos fundamentales. Lo peor, decía Efrén, es que esos estados de emergencia – instaurados en ocasiones irreflexivamente – terminan siendo constitutivos de un nuevo orden en el que la ausencia de lo que se ha cedido, descartado, o perdido se acepta como una nueva normalidad.

Esa sabia reflexión tiene hoy gran vigencia, no solo en términos de los derechos civiles y el bienestar social, sino en términos de la planificación económica que, aún en medio de la crisis fiscal, tiene que hacerse de cara al futuro. Si hay algo que debemos sacar de esta coyuntura es la posibilidad de enderezar los entuertos que nos han llevado al desastre y construir sobre tierra firme los fundamentos de un andamiaje productivo duradero. No habría peor cosa que, por pura desesperación, las medidas que tomemos ahora nos lleven a seguir chapaleteando mañana en la misma marisma donde andamos enredados hoy.

Hace apenas dos meses se aprobó la Ley de Alivio Energético pero ésta se ha quedado empantanada en el laberinto de la crisis fiscal. No es solo que la Comisión Reguladora de Energía no ha sido creada todavía – dejando en suspenso la reforma tarifaria, la búsqueda de tecnologías alternativas, y la planificación a largo plazo del sistema – sino que la aprobación reciente de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y la Recuperación de las Corporaciones Públicas plantea la posibilidad de que los vientos de reforma se desinflen, y en aras de un estado de excepción, sean echados a un lado. READ MORE

Estados financieros del ELA

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El gobierno ha publicado recientemente el informe anual con sus estados financieros consolidados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades y a la omisión de algunas secciones. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2014 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

1. Organización de los Estados Financieros del Gobierno

En términos generales, los estados financieros del gobierno consisten de cuatro componentes básicos:

(1) los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements);
(2) los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements);
(3) los estados financieros de los fondos fiduciarios (Fidiciary Fund Financial Statements) ;y
(4) las notas a los estados financieros.

Los estados financieros de las actividades gubernamentales, a su vez, contienen dos tipos de informes:

(1) el Estado de Situación del Patrimonio Neto (Statement of Net Position), que es análogo al estado de situación (balance sheet) de una entidad privada; y
(2) el Estado de Resultados (Statement of Activities), que es análogo al estado de ganancias y pérdidas (income statement) de una entidad privada.

Cada uno de estos informes—el Estado de Situación del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados—a su vez, contiene secciones separadas para tres tipos diferentes de actividades gubernamentales.

Estas actividades consisten:

Primero, de las actividades medulares del gobierno, que son aquellas que comúnmente se asocian con la gestión del gobierno central en áreas tales como educación, seguridad pública, salud, y vivienda, entre otras. Estas actividades se financian en gran medida con impuestos y fondos federales.

A las actividades tradicionales del gobierno central se le incorporan las actividades de seis entidades legalmente independientes que, debido a la naturaleza de su relación con el gobierno central y la sustancia de sus operaciones, se consideran para propósitos contables como parte del gobierno central (Blended Component Units). Estas seis entidades son: la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, el remanente de las Navieras de Puerto Rico, COFINA, el Fideicomiso de los Niños y el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales.

La segunda categoría consiste de actividades de naturaleza comercial (Business Type Activities) que lleva a cabo el gobierno central. En este renglón se incluyen los resultados de las operaciones del fondo de seguro por desempleo, la lotería adicional, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, el Fondo para el Control de la Contaminación del Agua (Puerto Rico Water Pollution Control Revolving Fund) y la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1.

La tercera categoría consiste de entidades legalmente independientes del gobierno central y que comúnmente se conocen como corporaciones públicas (Component Units). Esta categoría incluye los resultados de las operaciones de todas las corporaciones públicas, seis de las cuales se desglosan por separado debido a su importancia: el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico. Los resultados de las otras entidades se presentan de manera consolidada.

A continuación presentamos los hallazgos principales de los estados financieros para el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

2. Gobierno Central

A. Estado de Situación

El Estado de Situación de las operaciones primarias del gobierno central de Puerto Rico (excluyendo las operaciones de tipo comercial) nos dice que al 30 de junio de 2013, éste tenía activos de $14,439 millones y obligaciones de $61,756 millones, lo que resulta, después de algunos ajustes, en un patrimonio neto de negativo de $47,212 millones. Esto representa un aumento en el déficit acumulado de $5,382 millones, o un 13%, en relación con el déficit de $41,830 millones reportado año anterior (pág. 9).

De acuerdo con la nota 2 a los estados financieros, unos $35,800 millones de la deficiencia acumulada al 30 de junio de 2012 son producto de la emisión de deuda. Esta situación surge de la práctica del gobierno de Puerto Rico de emitir deuda al nivel central y entonces transferirle los fondos a otras entidades gubernamentales (incluyendo municipios) para el financiamiento de mejoras permanentes y cubrir ciertas necesidades operacionales. Como resultado de esa transferencia de fondos, el gobierno central se queda con la obligación en sus libros pero el activo correspondiente aparece en los libros de la entidad a la cual se le transfirieron los fondos. El resto del déficit en el patrimonio neto se debe a la obligación neta de pensiones y a la acumulación de deficiencias operacionales a través de los años.

B. Estado de Resultados

Por otro lado, el Estado de Resultados demuestra que las operaciones del gobierno central durante el año fiscal 2013 costaron $21,513 millones, mientras que los recursos disponibles totales (incluyendo el fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,884 millones, resultando en un déficit de $5,629 millones, que se reduce a $5,383 millones después de tomar en consideración otras transferencias de $246 millones. (pág. 11) Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos $2,009 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2013 estaría rondando aproximadamente los $3,374 millones.

Esto en comparación con el Estado de Resultados para el año fiscal 2012 que demuestra que las operaciones del gobierno central para ese año costaron $21,178 millones, mientras que los recursos disponibles totales (fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,475 millones, resultando en un déficit de $5,703 millones, que se reduce a $5,497 millones después de tomar en consideración otras transferencias de $206 millones. Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos $1,971 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012 fue de aproximadamente $3,526 millones.

3. Corporaciones Públicas

A. Estado de Situación

El Estado de Situación consolidado de las corporaciones públicas refleja que al 30 de junio de 2013, éstas contaban con activos consolidados de $56,631 millones y con obligaciones de $45,115 millones, resultando en un patrimonio neto consolidado, después de varios ajustes, de positivo $9,826 millones. Esto representa una reducción de $1,063 millones en el patrimonio neto de las corporaciones públicas, o un 9.7%, en relación con el patrimonio neto de $10,890 millones reportado año anterior. (pág. 24)

Es importante señalar, además, que 9 corporaciones públicas reportaban un patrimonio neto negativo (sus obligaciones excedían sus activos) al 30 de junio de 2013, incluyendo corporaciones tan importantes como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, y la Compañía de Turismo (pág. 77).

B. Estado de Resultados

Finalmente, el Estado de Resultados consolidado de la corporaciones públicas refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $1,063 millones durante el año fiscal 2013. Esta cifra representa un aumento de $480 millones, o un 82%, en comparación con las pérdidas agregadas de $583 millones reportadas por las corporaciones públicas el año anterior. Llaman la atención las pérdidas operacionales registradas durante el año fiscal 2013 por la Autoridad de Carreteras ($140 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($275 millones); y el Banco Gubernamental de Fomento ($121 millones).

4. Conclusión

La fría lógica de la aritmética contable simplemente confirma la experiencia cotidiana de miles de puertorriqueños: tenemos un gobierno caro, disfuncional, al borde de la quiebra, infectado por la corrupción, y que no satisface las necesidades del pueblo de Puerto Rico.

Si de verdad queremos arreglar esta situación necesitamos emprender un proceso serio de análisis y de reflexión colectiva, sin engañarnos a nosotros mismos. El primer paso en ese análisis sería reconocer que el orden socioeconómico actual ha muerto y el nuevo no ha nacido aún. Algo que todo el mundo sabe, pero parece que nadie quiere hablar de ello.

Esta columna fue publicada originalmente el 20 de julio de 2014 en el periódico El Nuevo Día.

 

Presupuesto

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Por: Jennifer Wolff

Cuadrar el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico se ha convertido en un ejercicio similar al de Sísifo, aquel personaje mitológico condenado a cargar un enorme peñón hasta el tope de una montaña por toda la eternidad. Hay que reconocer el esfuerzo por cortar grasa y buscar ingresos con el propósito de reestablecer (aunque sea un poquito) la confianza de las firmas acreditadoras en nuestra capacidad para poner la casa en orden. Sin embargo, a pesar de los avances en indicadores muy importantes, la magnitud de la meta de balancear el presupuesto parece rebasar los esfuerzos por alcanzarla.

Todos los años el Centro para una Nuevo Economía (CNE) analiza el presupuesto gubernamental utilizando 10 variables. En muchos, ha habido logros significativos: el presupuesto consolidado para el 2015 será apenas .9% mayor que el del 2011, mientras que los ingresos del Fondo General habrán logrado incrementarse por poco más de 23%. La proporción del Fondo General destinada a pagar la nómina habrá disminuido significativamente (de 45% en 2011 a un 36% para el 2015); el uso de fondos no-recurrentes para cuadrar el presupuesto se habrá reducido dramáticamente (de 15% este año fiscal a menos del 6% el próximo); y la magnitud del déficit estructural se habrá recortado en la monumental proporción de 54% en apenas cuatro años (la mayor parte entre el año fiscal que termina ahora y el próximo que comienza: un verdadero tratamiento de ‘shock’).

Sin embargo, a pesar de la creciente (y tortuosa) disciplina fiscal, la meta de lograr que el presupuesto quede balanceado estructuralmente – esto es, que los gastos correspondan estrictamente a los ingresos recurrentes en los que se puede depender año tras año – parece ser (como para Sísifo) una meta cada vez más inalcanzable. El CNE calcula que para el próximo año fiscal el déficit estructural estará todavía en el orden de $ 578 millones. La razón es que el espiral de endeudamiento de estas décadas fue monumental: desde el 2000 hasta el 2014, la deuda pública creció 200%, mientras que el Producto Nacional Bruto creció apenas un 75%. READ MORE

Saber para transformar

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Por: Mari Mari Narváez

Tómese un minuto para imaginar su vida a ciegas: tratando de armar un presupuesto que no le alcanza porque le está cediendo gran parte de sus ingresos a la gente que se supone le pague a usted. Usted no sabe cuánto está perdiendo, sólo le consta que es una gran tajada de dinero que debía recibir y no recibe. Imagine también que usted desconoce los detalles de los contratos que rigen su vida, sus propiedades y obligaciones. Se casa con alguien o compra una casa pero ni sabe a qué se está comprometiendo. Piense que usted un buen día recibe por herencia una deuda millonaria. No sabe cómo ni por qué sus parientes engordaron semejante factura pero ahora tiene que pagarla. Imaginemos más. Vislumbre un escenario en el que usted contrata a una compañía de seguridad pero, a la hora de rendirle un informe, la empresa se niega a decirle cuántas veces tuvo que intervenir con personas que se aparecieron a robar en su casa y qué medidas emplearon contra ellas.

Esto puede parecer cosa de locos pero no lo es. Resulta que así vivimos en Puerto Rico. Con una cierta noción de que ‘sabemos’ mucho pero, en efecto, con un acceso muy restringido a la información sobre nuestro gobierno. Información que, por definición, tendría que ser pública. Porque nos pertenece.

Una de las razones principales por las cuales la Policía de Puerto Rico está en sindicatura federal es porque tiene deficiencias muy serias en el ejercicio de la transparencia con la ciudadanía. Este es un ejemplo emblemático de la falta de acceso a la información en Puerto Rico. Sin embargo, existen muchos más. READ MORE

Gobierno propone eliminar el Crédito por Trabajo (infográfica)

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Analizando la reforma energética

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Por Sergio M. Marxuach

La noticia de que la Autoridad de Energía Eléctrica se vio precisada a recurrir a su fondo de mejoras permanentes para saldar una deuda con uno de sus suplidores de combustible sirve para constatar la precaria situación financiera de la corporación. La medida (en esencia, un malabarismo financiero) sirve también para contextualizar el escenario retante que enfrentará la recién creada Comisión Reguladora de Energía para reducir los costos de electricidad y encaminar una verdadera reforma del sistema eléctrico en la Isla.

El inicio de un nuevo capítulo

De entrada, hay que dejar claro que la aprobación de la Ley de Transformación y Alivio Energético representa solo la conclusión de la primera etapa de lo que será el largo y complicado proceso de transformar la AEE y el sistema eléctrico de Puerto Rico.

En términos generales, la Ley 57 es una buena pieza legislativa. Le confiere a la Comisión Reguladora de Energía la mayor parte de los poderes que la experiencia en muchas otras partes del mundo ha constatado son imprescindibles para regular de forma efectiva el sistema eléctrico. La Comisión de Energía tendrá poder sobre la fijación de tarifas de la AEE, sobre los parámetros de eficiencia técnica y operacional del sistema eléctrico, y sobre la planificación y desarrollo del portafolio de generación de electricidad a largo plazo. READ MORE

Crédito

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Por Miguel A. Soto Class

En estos tiempos de crisis fiscal es importante cortar. Pero más importante aún es no cortar lo importante.

Recientemente, en aras de atajar un pedazo de la crisis fiscal, el gobierno ha propuesto eliminar el llamado Crédito por Trabajo. El Crédito por Trabajo o Crédito por Ingreso Devengado es un mecanismo contributivo que le otorga un reembolso de hasta $400 anuales a los trabajadores de menos ingresos en la isla. Funciona como estímulo al trabajo y actúa como contrapeso a las perversiones que tuercen nuestro mercado laboral. El Crédito por Trabajo no solo suplementa el ingreso de estas personas, sino que incentiva su incorporación a la economía formal ya que exige se rindan planillas y se trabaje en el sector formal. Este tipo de iniciativa ha sido sumamente efectiva en Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y Canadá en insertar a las personas que reciben ayudas gubernamentales en la fuerza laboral. La importancia del beneficio para el mercado laboral de Puerto Rico es enorme: casi medio millón de trabajadores – prácticamente la mitad de la fuerza trabajadora de la isla – participan del programa.

Para los que creemos en la reducción de la dependencia y el estímulo a la cultura del trabajo, la posible eliminación del programa resulta preocupante. Propuesto por el Centro para una Nueva Economía (CNE) en 2006 como una forma de atajar la pobreza, promover el trabajo, y estimular la economía formal, el programa fue apoyado por varias administraciones: fue implantado por el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá y ampliado por el de Luis Fortuño. En un país donde sobran las diatribas y escasean los consensos, el Crédito por Trabajo coaguló un importante consenso bi-partita. Resulta desesperanzador que regresemos al punto cero, eliminando un mecanismo importante que estimula el trabajo en la economía formal. READ MORE

Sin vara mágica

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Por Jennifer Wolff

Aún de niña me costaba creer en cuentos de hadas: la muchacha pobre que termina con el príncipe o el buhonero que acaba con un marquesado. La realidad siempre está después del ‘colorín colorado’: el príncipe ronca y el marquesado está hipotecado hasta más no poder. Esa especie de ‘reality check’ – o enfrentamiento desapasionado con la realidad – es lo que procede tras la álgida y apasionada discusión que ha rodeado la legislación para crear una Comisión Reguladora de Energía, un ente que tendrá a su cargo la supervisión de la Autoridad de Energía Eléctrica y la transformación del sistema eléctrico en uno que esperamos sea más transparente, costo-eficiente y ambientalmente seguro. READ MORE

Castigo al trabajo

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Efrén Rivera Ramos

La crisis no justifica que se adopte cualquier medida que se le ocurra a alguien para paliarla. Las propuestas requieren consideración detenida. Hay que cuidarse, también, de no equiparar la uniformidad con la equidad.

El “todos tienen que aportar” algo de justicia encierra. Pero, ¡ojo!, exigirles lo mismo a quienes están en condiciones desiguales resultará más oneroso para unos que para otros. Nos lo advirtió hace más de un siglo el Nobel de Literatura Anatole France, con su famoso aforismo: “La ley, en su majestuosa igualdad, le prohíbe al rico, al igual que al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan”.

Eso parece estar ocurriendo con algunas de las propuestas para atajar la indudable crisis fiscal presente.

Tomemos como ejemplo el crédito contributivo por trabajo.

Se trata de una disposición que les permite a aquellas personas que devengan ingresos de su trabajo que no excedan de $27,500 anuales reclamar un crédito en su planilla hasta un máximo de $450. El beneficio consiste en enviarle al contribuyente la cantidad correspondiente mediante un cheque. Es distinto al reintegro que se le devuelve al que ha pagado en exceso. El reembolso se recibe aunque no se haya pagado de más. Es, pues, un ingreso adicional para los trabajadores más pobres al final del año contributivo. READ MORE

¿Primero la gente?

Columna-Soluciones

Por Sergio M. Marxuach

Mucho se ha hablado sobre la baja tasa de participación laboral en Puerto Rico. Esta discusión, por lo general, se ha enfocado en tres temas principales. Primero, el desempleo prologando ha producido un número significativo de trabajadores desalentados que ni siquiera están buscando trabajo. Segundo, algunos analistas han argumentado que el nivel relativamente alto de las transferencias federales, iguales a aproximadamente el 40% del ingreso personal en la isla —casi el doble de la proporción en los Estados Unidos—desincentiva la participación laboral en la economía formal. Y, tercero, la existencia de una enorme economía informal, tanto legal como ilegal, desalienta el trabajo formal.

En este debate, sin embargo, no se ha analizado con detenimiento el impacto del sistema contributivo en el mercado laboral y las repercusiones para las familias pobres que trabajan. Esto es un asunto medular para el desarrollo económico de Puerto Rico, ya que nuestro sistema impositivo actual penaliza a los trabajadores, especialmente en los niveles más bajos de la escala salarial, e incentiva el sector informal de la economía.

En Puerto Rico una persona, digamos, María Pérez, una madre soltera con 2 hijos que trabaja cuarenta horas semanales ganándose el salario mínimo de $7.25 por hora devengará ingresos semanales de $290. Si María trabajara 52 semanas al año, su ingreso anual sería de $15,080 y no cualificaría para la mayoría de los programas suplementarios como el PAN. Esto antes de tomar en cuenta las retenciones requeridas por ley por concepto del seguro social y otros programas. Si le parece increíble que en Puerto Rico hay personas trabajando a tiempo completo por poco más de $1,000 mensuales, más chocante es el hecho de que esa cantidad de ingresos está sustancialmente por debajo del nivel de pobreza federal para una familia de tres personas ($19,790 en el 2014). Por tanto, la decisión de María y de muchas otras personas que devengan bajos ingresos, de salirse del mercado laboral formal, solicitar ayudas al gobierno y trabajar en la economía informal, es racional desde una perspectiva económica.

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