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CNE nuevamente entre los mejores Think Tanks del mundo

Top Think Tanks by country
2016 Global Go To Think Tank Index

MAPA-CNE

Por cuarto año consecutivo, el Centro para una Nueva Economía (CNE) de Puerto Rico ha sido incluido en la edición más reciente del 2016 Global Go To Think Tank Index Report, el índice mundial de think tanks que publica el Lauder Institute de la Universidad de Pennsylvania. CNE fue seleccionado entre los mejores think tanks del mundo en tres categorías, incluyendo:

  • Mejor think tank independiente (Best Independent Think Tanks)
  • Think tank a seguir por la excelencia de su investigación y sus iniciativas innovadoras (Think Tanks to Watch).

Miguel A. Soto-Class“Durante casi veinte años, hemos desarrollado una organización sólida, de calibre y prestigio internacional que ha buscado elevar continuamente el nivel de la investigación y el análisis en la esfera de política pública. Ahora, en momentos en que la isla necesita repensar su andamiaje económico, fiscal e institucional, CNE continúa enfatizando el rigor, la independencia y la audacia en la evaluación de opciones de política pública.”

Miguel A. Soto-Class
President and Founder CNE

El 2016 Global Go To Think Tank Index Report fue compilado de una lista de 6,846 think tanks y utilizó la opinión de más de 4,750 periodistas, forjadores de opinión pública, donantes y especialistas alrededor del mundo. CNE ha figurado en las ediciones del 2013, 2014, 2015 y 2016 del prestigioso reporte mundial. Entre los parámetros que se utilizan se encuentran:

MAPA-CNE

 

El pasado año, CNE creó la Unidad de Análisis Económico para reforzar su capacidad de investigación y análisis; creó y lidera la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del CNE, que busca identificar maneras para promover el crecimiento a largo plazo; y a través de sus oficinas en Washington DC y San Juan, estuvo activamente involucrado en abogar por soluciones a la crisis de Puerto Rico dentro de los círculos de política pública en los Estados Unidos.

fotoscne

CNE es un think-tank independiente no partidista que produce investigación y análisis sobre política pública. Fundado en el 1998, actualmente es una de las voces más creíbles e influyentes en Puerto Rico y los Estados Unidos con respecto a la economía de Puerto Rico. Sus publicaciones y análisis son procurados por líderes gubernamentales, periodistas y analistas que buscan recibir expertise balanceado sobre Puerto Rico y opciones no partidistas al problema fiscal de la Isla. Entre esto se encuentran: la Casa Blanca, el Congreso de EEUU, el Departamento del Tesoro de EEUU, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y un sin número de medios noticiosos internacionales.

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CNE Among the Top Think Tanks in the World

Top Think Tanks by country
2016 Global Go To Think Tank Index

CNE Media Map

For the fourth year in a row, Puerto Rico’s Center for a New Economy (CNE) has been included in the most recent edition of the 2016 Global Go To Think Tank Index Report published by the University of Pennsylvania’s Lauder Institute. CNE was chosen among the best think tanks in the world in three categories, including:

  • Best Independent Think Tanks
  • Think Tanks to Watch

Miguel A. Soto-Class“For almost twenty years, CNE has been a solid, prestigious and internationally renowned organization that has sought to elevate the level of public policy research and analysis. At a moment when Puerto Rico needs to rethink its economic, fiscal and institutional infrastructure, CNE continues to emphasize rigor, independence and audacity in the evaluation of public policy options for the island.”

Miguel A. Soto-Class
President and Founder CNE

The 2016 Global Go To Think Tank Index Report was compiled from a list of 6,846 think tanks evaluated by 4,750 journalists, decision makers, donor and specialists from around the world. CNE has been included in the editions of 2013, 2014, 2015 and 2016 of the prestigious Index. Among the parameters used for the selection were:

Word Cloud

Last year CNE created the Economic Analysis Unit to reinforce its research and analysis capabilities; created and leads the CNE Growth Commission for Puerto Rico, which seeks to identify ways to promote long term growth in the island; and through its offices in Washington DC and San Juan, was actively involved among decision making circles in the United States in advocating for solutions to Puerto Rico’s crisis.

fotoscne

CNE is an independent non-partisan think tank that produces public policy research and analysis. Founded in 1998, it is currently one of the most credible and influential voices in Puerto Rico and the United States with respect to the economy of Puerto Rico. Its publications and analysis are used by government leaders, journalists and analysts that seek balanced and non-partisan expertise on policy options for Puerto Rico. Among these are: the White House, the US Congress, the US Treasury Department, the Federal Reserve Bank of New York, and many international news media outlets.

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La promesa sin cumplir

La promesa sin cumplir

Se supone que la ley PROMESA facilitaría una transformación radical en el desempeño de nuestro sector público. Según la narrativa oficial, la intervención federal era inevitable ante nuestro desbarajuste administrativo.

En varias ocasiones durante la saga que precedió la firma de esaley federal, el Senador Orrin Hatch, quien presidía el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, emprendió contra el gobierno de Puerto Rico. Al legislador de Utah se le acababa la paciencia con una administración que no cumplía con entregarle los estados financieros auditados, información sobre el sistema de pensiones y detalles sobre el presupuesto. Los oficiales públicos arrastraban los pies, ofrecían justificaciones, y luego de varios emplazamientos, y un tirijala patético, soltaron algunas prendas. Lamentablemente, no se trataba de un acto de resistencia o un desafío ante el paternalismo y la soberbia de la esfera federal. Más bien, era el proceder común del Estado Libre Asociado ante un pedido de información. Así pues, a la hora de justificar la imposición de una Junta de Control Fiscal, loscongresistas estadounidenses no dudaron en señalar, entre otros factores, la necesidad de arrojar luz y poner en cintura a un gobierno territorial opaco, difícil de descifrar y que no rinde cuentas.

Además de los legisladores federales, no fueron pocos los porristas locales que vieron con buenos ojos la llegada de un nuevo cuerpo rector que se encargaría de romper con la tiranía de la falta de transparencia, la improvisación en el diseño de políticas públicas y el derroche fiscal. Armados con los plenos poderes que les confiere la ley federal, la Junta y su equipo de trabajo darían al traste, casi como por arte de magia, con las perniciosas prácticas de administración pública que se han practicado por décadas en Puerto Rico. Sin embargo, al cabo de un año desde que entró en vigor PROMESA, las altas expectativas trazadas por los jefes del norte y por los fieles súbditos locales están lejos de cumplirse. Peor aún, todo apunta a que los nombrados a poner la casa en orden abonan al desbarajuste y no a su solución.

La reciente propuesta de la Junta de sustituir ciertos programas federales de beneficencia pública por un crédito contributivo poringreso devengado —conocido comúnmente por sus siglas en inglés como el EITC— es un claro ejemplo de su errado proceder. Planteando la necesidad de hacer mella en la bajísima tasa de participación laboral de la isla, proponen desmantelar gran parte de la red de apoyo socioeconómico existente, mientras apuestan a una solución mágica o “silver bullet”. El asunto medular es que un EITC podría ser sumamente beneficioso para la isla, pero solo si se adopta para complementar al sistema existente y no como un sustituto.

En Estados Unidos, el EITC se considera uno de los programas más efectivos para reducir la pobreza. Según datos del Center for Budget and Policy Priorities (CBPP) en Washington DC, en el 2015, este crédito sacó de la pobreza a 6.5 millones de personas, incluyendo a 3.3 millones de niños. También ayudó a mejorar las condiciones de vida de 21.3 millones de personas pobres. Para ser elegible, a nivel federal, las familias pobres y de bajos recursos tienen que trabajar en el sector formal, devengar ingresos dentro de un intervalo específico y someter una planilla al gobierno. Un elemento clave es que el crédito es reembolsable. Si el crédito otorgado es mayor a la deuda contributiva, el beneficiario recibe la diferencia como un reintegro. En el 2015, la cantidad promedio recibida por familias con niños ascendió a $3,186. Además, 26 estados ofrecen su propio EITC que suplementa al esfuerzo federal.

En el 2003, el CNE publicó un estudio preparado por la profesora María Enchautegui que sirvió como base para la adopción de un programa similar al EITC en Puerto Rico. Luego de un largo proceso de educación y convencimiento,especialmente en la esfera gubernamental, se estableció un crédito por trabajo que duró del 2007 al 2013. Aunque no era un programa perfecto, pues el beneficio máximo ascendía a $450 y se revelaron fallas en algunos renglones, fue un paso importante que contribuyó, entre otras cosas, a aumentar la cantidad de personas elegibles que sometieron planillas de contribuciones por ingreso al estado. En aras de reestablecerlo y renovarlo, la organización Espacios Abiertos comisionó otro estudio en el 2014 (también a la profesora Enchautegui) que incluyó recomendaciones específicas para el diseño de un nuevo y mejorado crédito.

Aunque hemos sido los principales proponentes y defensores del EITC en la isla, nos parece que la petición de la Junta al Congreso —de quitarle los fondos federales destinados a los programas Sección 8,  (TANF, en inglés) y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), para adjudicárselos a un EITC local— es desacertada y peligrosa. Primero, porque los esfuerzos existentes proveen ayudas que son sumamente necesarias en un país pobre como el nuestro y están diseñados para atender carencias específicas. Como tal, los objetivos de estos programas, las reglas que los gobiernan y sus impactos son diferentes. Segundo, eliminar estos beneficios para convertirlos en una subvención en bloque o “block grant” podría reducir lo que invierte el estado para combatir la pobreza. Como apunta Robert Greenstein, director del CBPP y reconocido experto en políticas sociales, muchos gobiernos estatales tienden a sustituir fondos locales con los federales cuando les llegan asignaciones en bloque. Tercero, porque el EITC no es una cura para todos los males y su efectividad es mucho menor en mercados laborales maltrechos, como el nuestro. Cuando los trabajos escasean, se hace más difícil acceder a un crédito que sólo se recibe asegurando un empleo en el sector formal.

Sin lugar a dudas, la red de beneficios socioeconómicos que provee el estado se puede mejorar. Tenemos que repensar las estrategias existentes e identificar soluciones innovadoras y sensatas. Pero ese no parece ser el proceder de la Junta. Sin ofrecer datos precisos o estudios bien fundamentados, a pesar de haber gastado millones largos en expertos y consultores, promueven ideas que seguramente abonarán a la precariedad y agravarán la situación de los más vulnerables. Esto se asemeja mucho a lo que hemos soportado por las pasadas décadas: la improvisación en el diseño de políticas públicas y la articulación de proyectos que sirven para avanzar prejuicios ideológicos. En fin, lejos de dar al traste con las viejas costumbres que contribuyeron a la debacle, la Junta, sus oficiales y colaboradores nos imponen más de lo mismo.

Por: Deepak Lamba-Nieves
Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
@deepakln

Una idea peligrosa

Una idea peligrosa

El final de la Gran Recesión provocó gran interés en estudiar los efectos de la implementación de políticas de austeridad económica en países atravesando por una crisis fiscal. Mark Blyth, profesor en la Universidad de Brown, publicó uno de los mejores análisis sobre la austeridad y sus efectos en su libro Austerity: The History of a Dangerous Idea (Oxford, 2013).

De acuerdo con Blyth “la austeridad es una forma de deflación, en la que la economía se ajusta a través de una reducción en los salarios, los precios y el gasto público para restaurar la competitividad, y la mejor manera de lograr esto es (supuestamente) recortando el presupuesto, eliminando los déficits y dejando de tomar prestado.” Los proponentes de la austeridad creen que estas políticas harán que aparezca, en palabras de Paul Krugman, la “hada madrina de la confianza” que mágicamente causará un aumento en la inversión.

El problema con esta teoría es que existen muy pocos datos empíricos que la apoyen. De hecho, el resultado más común de la implementación de estas políticas es una fuerte contracción económica, lo que a su vez reduce la capacidad del país para pagar sus deudas. Por tanto, la primera razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es que simplemente no funciona. En los pocos países donde se ha proclamado que la austeridad ha sido “efectiva”, se ha demostrado que otros factores tales como una devaluación de la moneda, que promueve la exportación, o una reducción en las tasas de interés, que aumenta el acceso al crédito y fomenta la inversión, fueron la causa principal de la recuperación. Pero en Puerto Rico no podemos implementar una política monetaria independiente debido a nuestra condición colonial.

La segunda razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es porque busca socializar las pérdidas generadas por la conducta arriesgada de gobernantes irresponsables y banqueros inescrupulosos. Si los gobiernos y los banqueros saben que no serán responsables por las consecuencias de su conducta negligente, entonces no tienen incentivos para evitarla ex ante. Es lo que los economistas llaman un “moral hazard.”

Además, la responsabilidad de responder por estas pérdidas socializadas usualmente recae sobre los pobres y la clase media, precisamente aquellos menos preparados para absorberlas. Esta presión en los sectores pobres produce eventualmente una explosión social cuando los recortes a las pensiones, a los servicios médicos y a la educación pública, conjuntamente con el aumento en el desempleo, la pobreza y la desigualdad, llegan a niveles intolerables. En Puerto Rico esa presión se ha disipado a través de la migración a los Estados Unidos, pero la posibilidad de una crisis social no se puede descartar.

Otra razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es lo que Blyth llama “la falacia de la composición.” En el caso de la austeridad esta falacia se manifiesta cuando se piensa que un dólar menos de gasto gubernamental se traduce en un dólar más disponible para la inversión privada. Pero esto no es así ya que una reducción de un dólar en el gasto del gobierno implica una reducción mayor a un dólar en la actividad económica. Esto se debe a que el gasto del gobierno es el ingreso de otro y el gasto de esa otra persona es el ingreso de otro y así sucesivamente. Esto es lo que se llama el multiplicador fiscal.

Tomemos a manera de ejemplo la reducción en la jornada laboral. De acuerdo con el presupuesto aprobado el gasto de nómina con cargo al fondo general es de $4,030 millones. A esa cantidad le restamos $608 millones de la nómina de la Policía, la cual entendemos estaría exenta del recorte de jornada. Esto nos deja con una nómina ajustada de $3,422 millones, pero la reducción de jornada solo estaría en vigor por diez meses en este año fiscal ya que entraría en efecto el 1 de septiembre. Por tanto esa cifra hay que multiplicarla por 0.8333 (10/12). Esto resulta en una nómina de $2,851 millones. Una reducción de 10% es igual a $285 millones. Ese es el impacto directo. Ahora hay que tomar en cuenta el impacto indirecto a través del efecto multiplicador. Si utilizamos el multiplicador de 1.34 que ha utilizado la Junta anteriormente, la reducción total en la actividad económica sería de $382 millones; si utilizamos un multiplicador de 1.5 (como prefiere el FMI) el impacto podría llegar a $427 millones, en ambos casos un poco más de medio punto porcentual del PNB.

Además de todo lo anterior, la imposición de políticas de austeridad en Puerto Rico no es una buena idea porque Puerto Rico no tiene acceso a financiamiento a corto plazo, lo que hace el ajuste mucho más difícil. A la Directora Ejecutiva de la Junta, la Sra. Natalie Jaresko, le gusta citar su experiencia en Ucrania como un modelo a seguir. Curiosamente, sin embargo, la Sra. Jaresko omite explicar que una buena parte, más del 40%, de la brecha de financiamiento (“financing gap”) que enfrentaba ese país se cerró con un préstamo del FMI de $17,500 millones desembolsados a través de cuatro años—una opción que no está disponible para Puerto Rico.

Es importante que el pueblo entienda a fondo las consecuencias de seguir el camino de la austeridad. Primero, la Junta tiene la obligación moral de explicar los fundamentos para sus decisiones y divulgar su modelo económico, así como todos sus análisis de liquidez, estudios sobre las pensiones y sus proyecciones económicas y fiscales.

Segundo, hay que tomar en cuenta el costo social, no solo el económico, de las políticas de austeridad. Usemos como ejemplo otra vez la reducción en la jornada laboral. ¿Qué se supone que hagan los padres con sus hijos si las escuelas públicas cierran dos días al mes? ¿Qué sucede con aquellos estudiantes que reciben almuerzo subsidiado por el gobierno federal, para quienes en muchos casos esa es su única comida caliente al día? ¿Cómo se afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje?

Tercero, el panorama económico es sombrío si no se consigue financiamiento a corto plazo o algún programa económico federal para facilitar el ajuste. La población continuará reduciéndose por la migración debido a la falta de oportunidades en la isla, lo que a su vez hará más difícil reactivar la actividad económica, así como lograr los objetivos de recaudos. Y no se puede descartar, como mencioné anteriormente, que una agudización de la depresión económica resulte en una explosión social.

Cuarto, la imposición de un programa de ajuste como el que se propone implica una reducción significativa, un “haircut” en exceso de 75%, en el principal de la deuda de Puerto Rico. Esto tendrá que ser así ya que la prolongada debilidad de la economía limitará significativamente la cantidad de deuda que Puerto Rico podrá pagar de manera sostenible con un alto grado de probabilidad. La implicación de no ejecutar ese recorte profundo en la deuda hoy es que Puerto Rico, dado el impacto negativo de la austeridad, no podrá cumplir mañana con el servicio de la deuda según renegociado y tendrá que volver a la mesa de negociación.

En conclusión, tanto la teoría económica como la experiencia en otras jurisdicciones demuestran que la imposición de políticas de austeridad en medio de una crisis económica y fiscal es contraproducente. Si la Junta decide seguir por ese camino debe explicar claramente las consecuencias económicas de sus decisiones y el escabroso futuro que nos espera.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Puerto Rico’s Pension System: Knocking on Heaven’s Door

This post was originally published on January 27, 2011.

Introduction

The Employees Retirement System of the Commonwealth of Puerto Rico (the “ERS”) is a trust created by Act 447 of May 15, 1951 to provide pension and other benefits to retired employees of the government of Puerto Rico and its instrumentalities. According to the Management’s Discussion and Analysis included in the ERS’s most recent financial statements, the system “since its inception lacked proper planning.”1 The problem was (and to a certain extent still is) that the level of both employer and employee contributions was relatively low and was not actuarially determined, while the level of benefits was statutorily defined and bore no relation to employee contributions or to the investment yield of the systems assets.

In 1973 the benefit structure was “enhanced” without enacting a corresponding increase in contribution levels. As government employment increased in the mid-to-late 1970s, partially in response to the general economic slowdown, the gap between the assets available to pay benefits and the actuarial obligation began to widen.

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Or view the full report below:

Las pensiones y la concertación social

Por Sergio M. Marxuach

Esta nota se publicó en el blog de CNE el 11 de diciembre de 2012.

http://www.elnuevodia.com/laspensionesylaconcertacionsocial-1402596.html

El tema de la deficiencia actuarial de los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico ha estado en el debate público en días recientes. El gobierno de Puerto Rico actualmente tiene cinco sistemas de retiro.

Tres de éstos dependen directamente del fondo general para las aportaciones patronales: el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, que cubre a casi todos los empleados del gobierno central, corporaciones públicas, y los municipios; el Sistema de Retiro de los Maestros, que cubre a los maestros del sistema de educación pública; y el Sistema de Retiro de la Judicatura, que cubre a los jueces.

Cada uno de estos sistemas de retiro tiene un déficit actuarial. Esto significa que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones en el futuro. Al 30 de junio de 2011, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno tenía un déficit estimado de $23,734 millones; el Sistema de Retiro de los Maestros tenía un déficit estimado de $9,063 millones; y el Sistema de Retiro de la Judicatura tenía un déficit estimado de $319 millones. El déficit agregado, por tanto, es de $33,116 millones—una deficiencia que se ha ido acumulando por décadas y que no debiera ser noticia, ni aquí ni en los Estados Unidos. READ MORE

Deterioro del estado, inestabilidad y vulnerabilidad

Puerto Rico- estado clientelar

El científico político puertorriqueño Jaime Lluch argumenta en una columna publicada recientemente en este diario, ¿Por qué fracasa Puerto Rico?, que nuestras instituciones y prácticas políticas muestran un alto nivel de deterioro: la prevalencia de redes de clientelismo y de corrupción; la dependencia en las conexiones sociales entre grupos sociales privilegiados por encima del criterio de mérito en todo tipo de relaciones económicas y políticas; un alto grado de disfuncionalidad e ineficiencia del aparato estatal y la burocracia; y unas élites asociadas a los dos partidos principales que usan al gobierno para su beneficio.

Existe una percepción general de que es extremadamente difícil cambiar estos patrones. Muchos piensan que estas prácticas de clientelismo y de ausencia del principio meritocrático están tan arraigadas en nuestro andamiaje social que lo consideran una norma cultural. En sus libros recientes sobre los orígenes y el decaimiento del orden político, el científico político estadounidense Francis Fukuyama argumenta que las civilizaciones enfrentan presiones constantes que pueden conducir al deterioro del aparato estatal. Esto debido a la tendencia de los seres humanos (y otras especies de mamíferos) a identificarse con grupos afines—de parentesco o patrimoniales—y a apoyarse para su supervivencia mediante el desarrollo de normas de reciprocidad y de la creación de redes de parentesco. Estas fuerzas, si no son contrarrestadas por un liderato político que reduzca el poder de grupos específicos, tienden a desembocar en un estado clientelar.

Puerto Rico: estado clientelar

Según la caracterización de Fukuyama y otros, la sociedad puertorriqueña podría ser clasificada como la de un estado clientelar, comprable a Grecia, Italia, Brasil e India. En estas, el Estado ha logrado conseguir suficiente control, aunque no necesariamente el monopolio, del uso de la fuerza para poner en vigor ciertas reglas y el estado de derecho, pero sufre de un déficit de rendición de cuentas o ‘accountability’. Esta situación tiene consecuencias adversas para el desarrollo, entre ellas el empobrecimiento de las destrezas y la capacidad de ejecución de la burocracia—cualidades cruciales para el funcionamiento eficiente y confiable del gobierno; y la captura de los procesos políticos por intereses particulares, en lugar de éstos estar dirigidos hacia el bienestar público en general.

Ambos procesos tienden a hacer más difícil el que la ciudadanía logre escapar de la pobreza y la vulnerabilidad. Primero, porque un gobierno ineficaz no es capaz de proveer los servicios necesarios para promover el desarrollo integral de la ciudadanía. Segundo, porque la captura del estado por las élites políticas permite a éstas mantener acuerdos clientelares—el intercambio de beneficios privados contingentes al apoyo político de las élites—con la ciudadanía, en su gran mayoría pobre y vulnerable a vaivenes socioeconómicos y ambientales. Investigaciones recientes estudiando gobiernos locales en la India, “Clientelism in Indian Villages” (por Siwan Anderson, Patrick Francois y Ashok Kotwal, American Economic Review, 2015) y en Brasil, “Vulnerability and Clientelism” (por Paul Gertler, Marco Gonzalez-Navarro, Simeon Nichter y este servidor, National Bureau of Economic Research Working Paper #23589, 2017) muestran evidencia que comprueba estos argumentos.

Inestabilidad política

Un factor que abona significativamente a la persistencia del estado clientelar y a su ineficacia es la inestabilidad política, la volatilidad o alternancia excesiva del poder entre los principales grupos políticos. En el libro Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters, los economistas Timothy Besley y Torsten Persson argumentan que esta inestabilidad, al reducir el tiempo en que los representantes políticos esperan permanecer en el poder, crea incentivos para que éstos no inviertan en la capacidad de la burocracia y del estado. El liderato político entonces se puede comportar como un Leviatán, el cual sólo busca maximizar su beneficio propio y asegurar el bienestar del grupo en el poder mediante el uso de redes de corrupción y de clientelismo.

Podemos estudiar si este patrón se observa en el caso de Puerto Rico. Hace unos años, un grupo de investigadores nos propusimos estudiar dinámicas y patrones de corrupción en los gobiernos municipales de la isla. Estudiamos la experiencia que hemos tenido con un programa de monitoreo que existe hace décadas – el programa de auditorías municipales de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Quizás esté de más recalcar que en estas jurisdicciones la malversación de fondos públicos es un problema recurrente. En nuestro artículo, “Monitoring Corruptible Politicians” (Luis Raúl Cámara Fuertes, Rainer Schwabe y este servidor, American Economic Review 2016) encontramos que, contrario a lo que puede creer mucha gente, los municipios que han comenzado a experimentar mayor alternancia del poder local entre los principales partidos políticos tienden a experimentar niveles de corrupción entre 40 a 50 porciento más altos que aquellos que han mantenido mayor estabilidad política. Es decir, la estabilidad política permite la continuidad de representantes competentes y/o incorruptibles en el poder, consistente con la hipótesis de Besley y Persson y otros.

Pensar en posibilidades

Puerto Rico enfrenta un gran desafío: escapar de la condición de estado clientelar y llegar a ser una sociedad exitosa. Como menciona el Profesor Lluch en su columna siguiendo la definición de los economistas (neo)institucionalistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, en las sociedades exitosas el poder está distribuido ampliamente, con múltiples puntos de poder y de manera pluralista; tienen estados funcionales, eficientes y confiables; hay gran confianza en el aparato estatal y en las instituciones políticas pluralistas.

Es preciso señalar que no existe un patrón único a seguir; no hay soluciones sencillas para llevar a cabo esta transformación. Pero es claro que cualquier reestructuración del aparato estatal debe tomar en consideración la inversión que se requiere en la organización y la calidad de su principal activo, sus servidores públicos, para promover su efectividad y romper con el equilibrio nefasto del estado clientelar.

Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

Roundtable discussion on the future of Puerto Rico’s economy

USA Congress

On July 18, 2017 CNE’s Policy Director Sergio Marxuach participated in a bipartisan roundtable discussion in the US Congress on the future of Puerto Rico’s economy at the invitation of Rep. Nydia Velázquez, Ranking Minority Member of the House Committee on Small Business. Below is a summary of CNE’s testimony as well as a link to the unabridged version of the document submitted by CNE.

ACCESS HERE THE COMPLETE TESTIMONY

Thank you for the opportunity to participate in this Roundtable to Discuss the Future of Puerto Rico’s Economy. My remarks will cover three topics. First, I will briefly discuss the impact of the enactment of the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (“PROMESA”). Second, I will stress the need for policy initiatives at the Federal level to help Puerto Rico end its current downward economic spiral and jumpstart economic growth in the short-term. Finally, I will outline the work of the Growth Commission convened by the Center for the New Economy to develop a long-term economic growth strategy for Puerto Rico.

1. PROMESA
The enactment of PROMESA in June 2016 opened a new chapter in U.S.-Puerto Rico relations. After decades of benign neglect, Congress recognized in 2016 that it has a moral obligation under the U.S. Constitution to foster the welfare of the U.S. citizens that live in Puerto Rico. This means that it is in Congress’s own interest to see through that Puerto Rico is successful in addressing its current fiscal and economic crisis.

Unfortunately, some of the policy tools set forth in PROMESA are not working as expected and may hinder the island’s ability to escape its current economic death spiral.

First, the imposition of a Fiscal Oversight Board over the duly elected government of Puerto Rico—with broad powers over the island’s fiscal and economic policies, authority to command the implementation of its recommendations, and the capacity to prevent the enforcement or execution of otherwise valid contracts, executive orders, laws or regulations—has seriously undermined the island’s political institutions, already extremely compromised by clientelism, partisan politics and corruption.

In addition, the Fiscal Oversight Board has added a new layer of opacity to fiscal policymaking in Puerto Rico. The discussions among Board members have been carried out mostly behind closed doors, while interactions between the Board and the Government of Puerto Rico tend to be summarized ex post, usually through succinct letters written in rather cryptic language. It is quite ironic that the Fiscal Oversight Board, which, among other things, was given the task of increasing the transparency of Puerto Rico’s finances, has actually contributed to worsening that problem.

Second, the benefits of PROMESA’s complicated territorial debt restructuring process, which combines principles drawn from both the U.S. Bankruptcy Code and from the realm of sovereign debt restructuring, remain fairly uncertain and contingent on the successful implementation of a completely new and untested legal framework for territorial bankruptcy. The risk if this experimental framework fails to adequately address Puerto Rico’s debt restructuring needs is magnified by the fragile state of the Puerto Rican economy, which has already undergone a protracted decade-long contraction.

2. Jumpstarting the Economy – The Federal Component
Moving on to growth, Puerto Rico needs to devise and execute a complex, two-prong strategy to restore economic growth. First, we have to jumpstart economic growth in the short-term. Second, the island needs to formulate an economic development plan to sustain that growth over the long-term, something it has failed to do for quite some time.
This already difficult task is further complicated by the austerity policies the Fiscal Oversight Board has required Puerto Rico to implement. The certified fiscal plan orders the island’s government to implement large expenditure cuts, significant tax increases, and deep structural reforms without access to any short-term financing.
The implication of the Fiscal Oversight Board’s policy posture is that—unless Congress is otherwise willing to address a full-scale social crisis in Puerto Rico—Federal assistance will be necessary to jumpstart economic growth in the short-term. Congress needs to implement a comprehensive economic program, remove some of the disadvantages imposed on Puerto Rico under the current political arrangement, and eliminate some long-standing inequitable and discriminatory policies. The current situation simply does not allow for piecemeal action by Washington, a wide-ranging plan is needed.

A short-term economic program for Puerto Rico at the Federal level should include for example, providing additional funding for healthcare, extending the EITC and the CTC to Puerto Rico, preserving social safety net programs, and increasing funding for education, infrastructure, and research.

3. The CNE Growth Commission – The Local Component
In addition to initiatives at the Federal level, Puerto Rico needs to craft a local long-term economic development strategy and strengthen its execution capabilities.
Achieving long-term, sustainable economic growth and development is a complex endeavor that requires a new set of strategies and the rebuilding of institutions; thus, there are no quick fixes or silver bullets. In other words, economic growth is not simply a function of exiguous regulation, low wages, or preferential tax treatment. Rather, the process of growth is quite complicated, involving the interplay of many variables and factors that must be present if a country is to succeed.
As a first step in charting the road towards sustainable economic development, the Center for a New Economy has undertaken the task of empaneling the CNE Growth Commission for Puerto Rico.

The Commission will work towards (1) identifying and suggesting ways to relax local and external constraints that inhibit the territory from speeding up the process of economic structural change towards higher productivity activities; and (2) generating opportunities to diversify the portfolio of high productivity activities in the economy. Specifically, the Commission will focus on the following areas with the potential for high impact:

  • Area 1: Identifying Sectorial Opportunities
    Using cutting-edge product space analysis the Commission will identify new products and services that could augment aggregate value through the use of existing productive capabilities embedded in the island’s current production structure. This methodology operationalizes the idea that it is generally easier for countries to move from products and services that they already produce to others higher in the value chain that are similar in terms of capital requirements, knowledge, and skills. Because not all feasible new products contribute in the same way to value added and growth, a key challenge along the diversification process is the identification of those goods and services that are feasible and have a higher potential to sustain economic development.
  • Area 2: Horizontal Reforms to Enhance Competitiveness
    At the same time, the Commission will identify opportunities for effective policy reform in areas with the potential to enhance the competitiveness of local and multinational producers across multiple sectors, such as: tax and competition policy, human capital and workforce development, energy production, and communications, information, and technology infrastructure, among others.
  • Area 3: Macro-Fiscal Policy
    Finally, a Working Group of the Commission will develop feasible proposals for tax policy reform with the aim of (i) enhancing the territory’s competitiveness and (ii) reducing tax distortions that may inhibit productivity growth in the private sector. This Group will work on evaluating the potential for a disciplined fiscal reform to enhance the territory’s competitiveness, given its inclusion in the US monetary union.

Conclusion
In sum, Puerto Rico has been under severe economic, fiscal, and financial stress during the past decade. Furthermore, the Fiscal Oversight Board has ordered Puerto Rico to put on the equivalent of an IMF policy straitjacket without providing access to the few benefits that usually accompany IMF conditionality programs. In our view, this policy posture simply does not make sense and implementing these policies will, in a perverse way, decrease Puerto Rico’s short and medium-term capacity to honor its obligations by intensifying an already prolonged economic contraction.

Second, to jumpstart economic growth in the short-term Congress needs to implement a comprehensive economic policy program, remove some of the disadvantages imposed on Puerto Rico under the current political arrangement, and eliminate some long-standing inequitable and discriminatory policies.
Third, in addition to initiatives at the Federal level, Puerto Rico needs to craft a long-term local economic development strategy. This strategy should consist of sectorial, horizontal and institutional policies to promote Puerto Rico’s capability to progressively move into higher value-added activities.

Thank you.

Center for a New Economy
Washington, DC
18 July 2017

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Abogados, asesores, bonistas y periodistas

Abogados, asesores, bonistas y periodistas

El 20 de junio hice una presentación en un taller auspiciado por la Escuela Graduada de Periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York para periodistas, tanto locales como de Estados Unidos, que cubren la crisis de Puerto Rico. La discusión fue interesante, informada y respetuosa, entre personas que tenían, en algunos casos, visiones muy diferentes sobre la naturaleza y el alcance de PROMESA, el plan fiscal, el presupuesto y sobre cuanto dinero hay disponible para mantener el gobierno operando y pagarle a los acreedores.

Jim Millstein, de Millstein & Co., y Richard Cooper, del bufete Cleary, Gottlieb—ambos asesores de la pasada administración—fueron los panelistas iniciales. Su presentación recapituló muchas de la críticas que se han hecho al plan fiscal (proyecciones económicas injustificables, subestimación de la reducción de la población), pero el Sr. Millstein hizo dos señalamientos que han pasado por debajo del radar de la discusión pública.

Primero, señaló que el plan fiscal fue enmendado después que el gobernador enviara su presupuesto recomendado a la legislatura. En una carta cursada el 31 de mayo, el Sr. Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, le notifica a la Sra. Natalie A. Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (“JCF”), que estaba de acuerdo con ciertas modificaciones al plan fiscal ya aprobado y certificado por la JCF. Ese plan fiscal enmendado, que sepamos, no se ha hecho público.

La pasada administración fue criticada duramente, en mi opinión correctamente, por su opacidad: no había estados financieros auditados para los últimos dos años fiscales, los estimados de gastos y recaudos cambiaban sin explicación y la información se divulgaba lenta y aleatoriamente. Irónicamente, podríamos decir que hoy la transparencia gubernamental no ha mejorado nada y en algunas dimensiones ha empeorado. Todavía no hay estados financieros para el 2015 y 2016 y las proyecciones económicas y financieras siguen cambiando sin explicación alguna. Además, estos temas se tratan ahora discretamente por carta privada, al estilo Les Liaisons Dangereuses, entre una junta de procónsules coloniales y un reducido grupo de oficiales gubernamentales.

El Sr. Millstein reveló también, que de acuerdo a sus cálculos, la reducción en el principal de la deuda (la “quita” o “haircut”) para que la deuda sea sostenible económicamente, debería fluctuar entre 62% y 79%, dependiendo del tipo de bono. Esta proyección no se había hecho pública hasta ahora y constituye un estimado inicial de lo que los bonistas podrían razonablemente recuperar en un proceso de reestructuración justo y ordenado.

Por su parte James Spiotto, experto en quiebras municipales, explicó la complejidad de la ley PROMESA. Según Spiotto, PROMESA es una “mezcla ecléctica” de los mecanismos utilizados para resolver las crisis fiscales de las ciudades de Nueva York, Philadelphia y Washington, DC, combinados con secciones del Capítulo 9 y el Capítulo 11 del Código de Quiebras. Esto significa que la resolución de los conflictos entre las diversas partes dependerá en gran medida de la filosofía judicial de la Juez Laura Taylor Swain. Por un lado, la Juez podría seguir estrictamente la jurisprudencia existente con respecto al  o por el otro, podría tomar una actitud más liberal e interpretar PROMESA como una tabula rasa concebida por el Congreso específicamente para los territorios.

Spiotto también le recordó a los bonistas de obligación general y a los de COFINA, que en teoría pueden tener todos los derechos legales del mundo pero si el gobierno no tiene dinero para continuar operando y pagarles al mismo tiempo, van a tener que hacer concesiones significativas y “ser creativos”. El gobierno de Puerto Rico, a diferencia de una corporación en liquidación, no puede simplemente cerrar operaciones, vender todos sus activos y repartir el producto entre sus acreedores.

El optimismo expresado por el Sr. Spiotto fue tronchado prontamente por los bonistas y sus representantes. La presentación fue interesante ya que en vez de utilizar sofisticados argumentos económicos o financieros, su discurso enfatizó nociones tradicionales de justicia, la santidad de los contratos, la importancia del repago de las deudas, el estigma del impago y las consecuencias siempre nefastas de una quita, entre otras. En fin, montaron todo un “morality play” de bonistas como los santos y los deudores como los pecadores.

Estos conceptos son antiquísimos y se han estudiado a través de la literatura, la religión, la filosofía y la antropología, entre otras disciplinas. De hecho, escuchar a los bonistas en Nueva York me recordó un libro de Margaret Atwood, Payback: Debt and the Shadow Side of Debt, que analiza muchos de estos temas a través de su interpretación de varios textos y autores incluyendo la Biblia, Goethe, Dickens y Shakespeare.

Me temo, sin embargo, que los tropos discursivos de los bonistas no le servirán de mucho ni con el público en general, ni con la Juez Taylor Swain. Aquí nadie es un santo. En el caso de Puerto Rico todo el mundo sabía lo que estaba pasando, políticos y banqueros suscribieron libre y voluntariamente un pacto Mefistofélico: los gobernantes recibían dinero para financiar déficits operacionales y evitar decisiones difíciles, mientras los banqueros de inversión clamaban que la “calle pide papel” para así cobrar sus comisiones y bonificaciones exorbitantes: año nuevo, Maserati nuevo. Ciertamente se merecen los unos a los otros. Las verdaderas víctimas aquí son los ciudadanos que siguieron las reglas, pagaron sus impuestos y ahora sufrirán las consecuencias de las transacciones turbias entre políticos disolutos y los traficantes financieros de Wall Street.

Finalmente, Matt Fabian de Municipal Market Analytics opinó que a Puerto Rico le podría tomar 10 años recuperar el acceso a los mercados de capital. De cumplirse esa proyección, la JCF también permanecerá activa por diez años más, ya que una de las condiciones para concluir sus funciones es precisamente que Puerto Rico recupere acceso a los mercados de capital a corto y largo plazo a “tasas de interés razonables.” Ya veremos.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

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