Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

El ajuste incluido en el Plan Fiscal aprobado el pasado día 13 de marzo, por sí solo, no servirá para restablecer el crecimiento de la economía de la isla. En el Centro para una Nueva Economía hemos expresado que Puerto Rico tiene que recobrar su competitividad a nivel internacional para generar los niveles necesarios de crecimiento económico sostenido. Esto será necesario tanto para lograr mantener el bienestar de la población de la isla como para cumplir en el largo plazo con las múltiples obligaciones del estado. A menos que seamos capaces de implantar reformas contundentes en esa dirección, es muy posible que nos encontremos en una situación igual o peor de aquí a diez años (o más).

Índice: junio 2017 = 100. Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Índice: junio 2017 = 100.
Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Como bien señaló el colega economista Juan Lara en una columna reciente en este diario, debemos enfocar la discusión en cómo diseñar y ejecutar un programa de medidas económicas apropiado para generar ese desarrollo. Esta estrategia debe ser lógica y prudente, pero también innovadora.

Según las proyecciones del Producto Nacional Bruto (PNB) real (ajustado por inflación) para Puerto Rico según el Plan Fiscal, la economía de la isla sufrirá una contracción mayor al diez (10) por ciento en los próximos seis años, y no es hasta el año 2026 que se registrará una leve recuperación. Esto representa un costo extremadamente alto a pagar para la población de la isla. ¿Habrá maneras más efectivas para restablecer la economía de la isla con un menor costo humano? ¿Es indispensable otra década perdida?

En esta columna quiero compartir un ejemplo del tipo de política pública que puede implantarse para asegurar que el sacrificio que tendremos que hacer hoy redunde en el desarrollo de mañana.

Política macroeconómica y competitividad

La magnitud del choque macroeconómico estructural sufrido por la economía de Puerto Rico—en particular la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos y el eventual colapso de otros sectores de la economía de la isla—justificaría, en otro país, la implantación de políticas monetarias para reestablecer la competitividad internacional en el mediano plazo.

Por ejemplo, una devaluación de la tasa de cambio—al efectivamente reducir los costos de mano de obra para hacer las exportaciones más competitivas en el mercado internacional y reducir las importaciones, haciéndolas más caras—ayudaría a estimular la economía. Una estrategia de este tipo es crucial para compensar la contracción que ocurriría debido al inevitable ajuste fiscal necesario para mejorar la solvencia del gobierno.

Evidentemente, esta estrategia no es viable dada la inclusión de Puerto Rico en la unión monetaria estadounidense y, por lo tanto, su incapacidad para aprovechar la política cambiaria para restablecer la competitividad.

Sin embargo, Puerto Rico puede utilizar instrumentos de política fiscal, en su mayoría contributivos, para conseguir mayor competitividad de una manera similar a la que se conseguiría con una devaluación de la tasa de cambio.

Hay varias formas de diseñar este tipo de estrategia—llamada una devaluación fiscal. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante una reducción en el pago de contribuciones patronales de Seguro Social. El mismo se subvencionaría con alguna de las medidas impositivas contemplables en un programa de ajustes, como, por ejemplo, algún aumento correspondiente en el impuesto a las ventas y uso (IVU). La idea básica es reducir los costos de mano de obra mediante un menor pago de contribuciones patronales lo cual permite a las empresas—tanto domésticas como multinacionales—vender sus bienes y servicios en el extranjero a precios más bajos, simulando el efecto de una moneda más débil. Por otro lado, los aumentos en el IVU se utilizarían para sustituir la aportación patronal al Seguro Social, con el propósito de resarcir el fondo de retiro dado esta reducción en contribuciones (a la misma vez que se darían incentivos a las empresas a cumplir con sus obligaciones de recaudos del IVU.)

Al implementar esta serie de reformas en conjunto, el gobierno podría generar aumentos en el empleo y el ingreso tanto de las empresas como de los hogares, como ocurriría con la devaluación de la moneda. La política también podría ayudar en el frente fiscal, ya que una mayor competitividad podría generar un mayor recaudo de ingresos al fisco.

El concepto original detrás de la devaluación fiscal se remonta a John Maynard Keynes en 1931, quien propuso aumentar los subsidios a la exportación junto con aumentos correspondientes a los arbitrios de importación como alternativa a una devaluación de la moneda (cuando los países estaban en el patrón oro). Dado que las reglas de la Organización Mundial del Comercio no permiten intervenciones que utilicen impuestos a la exportación e importación, su propuesta original no es factible en el presente escenario.

Este tipo de estrategia ha ganado popularidad en los círculos de política pública a nivel internacional. Además, es consistente con propuestas recientes a nivel congresional como la del Senador Orrin Hatch de eximir a Puerto Rico temporeramente del pago de contribuciones de Seguro Social y parcialmente con la propuesta republicana de implementar un ‘border adjustment tax o “BAT”’.

Además, varias jurisdicciones y países como Alemania en el 2007 y Francia en el 2013 han implementado estas estrategias con diversos grados de éxito. En el caso de Puerto Rico, junto con la reestructuración de la deuda y otras reformas estructurales tan necesarias, la devaluación fiscal podría contribuir a poner nuestra economía a flote. Este tipo de política fiscal ayudaría a reducir la necesidad de llevar a cabo recortes tan severos en la inversión y el gasto público bajo las medidas de consolidación propuestas en el Plan Fiscal.

Este tipo de propuesta requiere de mayor estudio para determinar cómo funcionaría en Puerto Rico. Por ejemplo, habría que determinar los posibles impactos en términos distributivos para los hogares dado, por un lado, aumentos en el empleo y los ingresos devengados y, por otro, la reducción en el poder adquisitivo de estos debido a los aumentos en el IVU. La Comisión de Crecimiento para Puerto Rico de CNE—trayendo a la mesa académicos de primera con representantes de los sectores público y privado—tiene la intención de producir este tipo de análisis creativo y a la vez riguroso que Puerto Rico tanto necesita.

Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

Endeudando al de aquí: Los préstamos por depósito diferido en Puerto Rico

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La prensa ha reportado recientemente que se ha radicado un proyecto para legalizar la practica de prestamos por deposito diferido o “payday loans.” Una practica abusiva y depredadora que denunciamos en el 2006. A continuación el post y el policy brief que escribimos en aquel entonces oponiéndonos a legalizar el negocio de estos traficantes financieros en Puerto Rico.

En Puerto Rico se está contemplando actualmente legalizar la práctica de otorgar préstamos por depósito diferido, conocida en inglés como “payday lending.” En términos generales, un préstamo por depósito diferido consiste de una transacción crediticia donde un prestamista le ofrece a un consumidor un préstamo a corto plazo a cambio de un cheque personal postdatado con un valor mayor, el cual el prestamista se compromete a no depositar o negociar hasta la fecha de vencimiento del préstamo. Por ejemplo, un prestamista podría otorgar un préstamo de $200 a cambio de un cheque personal del prestatario por la cantidad de $230, el cual el prestamista se compromete a retener sin negociar hasta la fecha del próximo día de pago del prestatario, digamos en catorce días. En este caso el préstamo por dos semanas conlleva un tipo de interés anual (“APR”) de 391%.

Las instituciones financieras tradicionales, por lo general, no ofrecen este tipo de producto a sus clientes. La mayoría de los proveedores de estos servicios son (1) compañías que se dedican exclusivamente a este negocio, (2) establecimientos dedicados a cambiar cheques (“check cashers”) y (3) tiendas de empeño. Hace escasamente 15 años estas compañías de préstamos por depósito diferido no existían en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos analistas estiman que actualmente existen 22,000 establecimientos que proveen más de $40,000 millones de préstamos por depósito diferido anualmente.1 Un total de 37 estados han aprobado legislación para permitir este tipo de préstamos. No obstante, existe una gran variación con respecto al grado de reglamentación que les aplica a estos prestamistas.

Sergio M. Marxuach
Director de Politica Publica
24 de marzo de 2017

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O lea el documento a continuación:

CNE devela los integrantes de su Comisión de Crecimiento para Puerto Rico

Growth

Expertos de calibre internacional se reúnen en San Juan para discutir opciones de desarrollo económico para Puerto Rico

22 de marzo de 2017, San Juan – El Centro para una Nueva Economía (CNE) anunció hoy que la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del CNE se reunirá la primera semana de abril en San Juan para discutir la agenda de trabajo que ha comenzado a delinear. La misma tiene el objetivo de identificar estrategias y políticas públicas que ayuden a restablecer el crecimiento económico en Puerto Rico. La Comisión ha quedado conformada por 17 expertos de calibre internacional que provienen de la academia, la empresa privada y el sector público. Éstos han aceptado la invitación de unirse al CNE para repensar la economía de Puerto Rico en el largo plazo. Los integrantes de la Comisión provienen de diversas perspectivas y corrientes de pensamiento, así como de diversas áreas de desempeño profesional. Los puertorriqueños residentes tanto en la isla como en EEUU componen una mayoría en el grupo.

Miguel A. Soto-Class, Presidente y Fundador del CNE, señaló que “en medio del panorama de ajuste fiscal, la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del CNE es una de las iniciativas más importantes que tiene la isla para redefinir su futuro económico. El año pasado, en medio de la discusión en torno al problema de la deuda y la crisis fiscal, abogamos para que Washington creara una entidad federal permanente que se enfocara en la recuperación económica de Puerto Rico. Ni el Congreso ni la Casa Blanca lo hicieron en ese momento. En vista de que la falta de crecimiento económico es el asunto más urgente que enfrenta Puerto Rico en este momento, en CNE decidimos asumir el liderato y convocamos a un grupo de primer orden para comenzar a delinear una nueva estrategia de desarrollo de largo plazo.”

Soto-Class resaltó que “por demasiado tiempo Puerto Rico se ha satisfecho con sobrevivir de salvavidas a salvavidas, sin tener nunca un verdadero plan económico. La discusión sobre el largo plazo siempre ha sido opacada por la emergencia de turno. Nos hemos complacido con esquemas que producen rentas temporeras, pero que no constituyen una estrategia abarcadora o duradera. Nunca parecemos encontrar el momento o los recursos para detener ese círculo vicioso y emprender la ruta hacia la estabilidad y la sustentabilidad económica. En fin, nos hemos desenvuelto en constante reacción a la crisis del momento, sin detenernos a pensar con detenimiento y construir con esmero un plan integral y a largo plazo. La Comisión de Crecimiento para Puerto Rico de CNE tiene como una de sus principales metas romper ese patrón. En vez de reaccionar a la crisis del momento, la Comisión diseñará y ayudará a implementar una política de desarrollo económico balanceada, equitativa y duradera; basada en nuestras ventajas comparativas; que propicie un ecosistema donde cualquier emprendedor pueda impulsar una empresa eficientemente; que genere oportunidades para amplios sectores de nuestra población; y que se sostenga mediante motores locales pero tenga horizontes globales.”

Gustavo Bobonis, Economista en Jefe de CNE y Coordinador General de la Comisión, reveló que la entidad está identificando, entre otras cosas, qué tipos de análisis diagnósticos son necesarios para que Puerto Rico pueda desarrollar un mayor número de actividades de alto valor añadido y un conjunto diversificado de actividades económicas. “Puerto Rico ha tratado de adaptarse a los retos del siglo XXI utilizando herramientas que fueron exitosas décadas atrás pero que ya no ofrecen resultados satisfactorios. Es necesario identificar formas para insertar exitosamente a la isla en la economía del conocimiento y en un entorno global cada vez más competitivo”, señaló.

Bobonis reveló que, como diagnóstico inicial, la Comisión ha determinado que para propiciar el crecimiento económico a largo plazo, Puerto Rico debe:

  1. Acelerar el cambio estructural propiciando su inserción en nichos de alto valor añadido, invirtiendo en innovación, y adoptando el uso de nuevos conocimientos y tecnologías.
  2. Crear el andamiaje institucional para promover este cambio, reformando las instituciones que tienen la misión de transformar la economía.
  3. Diseñar políticas públicas que ayuden a elevar el bienestar en una manera inclusiva, a fin de que sectores amplios de la sociedad puedan beneficiarse de los avances en el desempeño económico.

Bobonis puntualizó que uno de los elementos más importantes en un esfuerzo de desarrollo económico es la capacidad del gobierno de implementar las estrategias y darle continuidad a estas. Por ello, los análisis y proyectos de la Comisión irán dirigidos a fomentar la colaboración entre los actores del sector público, la academia, el sector privado y las Organizaciones No Gubernamentales. El objetivo, según Bobonis, es promover ciclos de aprendizaje que mejoren la capacidad de Puerto Rico de forjar e implementar políticas públicas.

Los proyectos de la Comisión serán desarrollados a través de Grupos de Trabajo que se enfocarán en áreas de alto impacto en la economía, como por ejemplo:

  1. Desarrollo del sector privado: políticas públicas que mejoren la productividad de diversos sectores de la economía y promuevan el crecimiento de actividades de mayor valor añadido.
  2. Política fiscal macro-económica: reformas contributivas para (1) mejorar la competitividad de Puerto Rico y (2) reducir las distorsiones que inhiben el crecimiento de la productividad en el sector privado.
  3. Otras reformas horizontales que aumenten la competitividad del capital local y las empresas multinacionales que operan en la isla: por ejemplo, políticas que estimulen la competencia, desarrollen el capital humano y la fuerza de trabajo, y que mejoren la infraestructura energética y de tecnología informática de la isla.

Soto-Class aseveró que para CNE es crucial democratizar el conocimiento sobre el proceso de recuperación económica. A esos efectos, la entidad celebrará el jueves 6 de abril la conferencia magistral “De la crisis al crecimiento”. El evento consistirá de una conferencia para el público en general a cargo del Premio Nobel de Economía y Profesor de la Universidad de Columbia Joseph Stiglitz. Éste conversará sobre las opciones que tiene Puerto Rico para salir de la crisis y el peligro de recurrir a recetas fallidas. La actividad gratuita se realizará gracias a subvenciones educativas de la Fundación Carvajal, la Fundación Miranda y Espacios Abiertos, las cuales han hecho posible ampliar el alcance de la conferencia. La actividad se llevará a cabo a las 9:00 AM en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce, ya que el cupo de la sala que se usaría de primera instancia se rebasó en poco tiempo después de abrir el registro digital. Los interesados en acceder a los nuevos espacios pueden inscribirse en la página del CNE: grupocne.org.

Los documentos y publicaciones generados por la Comisión de Crecimiento del CNE podrán ser accesados en cnegrowth.org.

CNE unveils the names of the members of its Growth Commission for Puerto Rico


Growth

Leading Experts Meet in San Juan to Discuss Economic Development Options for Puerto Rico

March 22, 2017, San Juan – The Center for a New Economy (CNE) announced today that the CNE Growth Commission for Puerto Rico will meet during the first week of April, in San Juan, to discuss the agenda it has started to outline. The Commission has the objective of identifying strategies and public policies to help restore economic growth in Puerto Rico, and is composed of 17 renowned experts from academia, the private sector, and the public sector. They have accepted CNE’s invitation to re-think the economy of Puerto Rico and chart a long-term agenda. The bulk of the Commission is populated by Puerto Ricans who reside in the Island, as well as in the US.

Miguel A. Soto-Class, President and Founder of the CNE, said, “in the midst of an undergoing the fiscal adjustment process, the CNE Growth Commission for Puerto Rico is one of the most important initiatives that the Island has in order to redefine its economic future. Last year, as the discussion regarding the fiscal crisis and the debt problem gathered steam, we advocated for the creation of a permanent Federal entity that would focus on the economic recovery of Puerto Rico. Neither Congress nor the White House acted on the proposal. Given that the lack of economic growth is the most pressing issue for Puerto Rico, we at CNE decided to assume a leadership role and convened a prominent group to begin delineating a new long-term development strategy for Puerto Rico.” Soto-Class pointed out that the Commission members represent diverse perspectives and intellectual beliefs, as well as diverse areas of professional endeavor.

Soto-Class stressed that, “for too long, Puerto Rico has been satisfied with jumping from one tactic to another, without ever having a true, genuine economic plan. The discussion about sustainable approaches has always been overshadowed by the most immediate emergency. We have been satisfied with proposals that produce only temporary returns but do not add up to a comprehensive, enduring strategy. We need to break this vicious cycle and embark on a path towards economic stability and sustainability. In short, we have constantly reacted to the crisis of the moment without carefully thinking how to devise a comprehensive, inclusive, and long-term plan. The Commission will design and help implement an enduring industrial policy for the country―one that is based on our comparative advantages, that seeks to develop an ecosystem where any entrepreneur can efficiently push a business forward, that creates ample opportunities for wide sectors of the population, and that is sustained by local institutions, but is driven by a global outlook”.

Gustavo Bobonis, Chief Economist at CNE and General Coordinator of the Commission, revealed that the group’s agenda will define, among other things, diagnostic analyses and policy interventions that are necessary for Puerto Rico to develop a larger number of high value-added activities and a diversified portfolio of economic activities. He added, “Puerto Rico has tried to adapt to the challenges of the 21st century using tools that were successful decades ago but no longer offer satisfactory results. It is necessary to identify ways to successfully insert the Island in the knowledge economy and in an ever-competitive global context”.

According to Bobonis, the commissioners understand that in order to foster long-term economic growth, Puerto Rico must:

  1. Accelerate structural change by promoting its insertion in high value-added niches, investing in innovation, and adopting the use of new knowledge and technologies;
  2. Create the institutional framework to promote structural change; that is, revamping the institutions whose mission it is to promote this transformation.
  3. Devise public policies that help elevate social well being in an inclusive manner, so that the majority of its members can benefit from advances in economic development.

Bobonis pointed out that one of the most important elements in an economic development effort is the government’s capability to consistently implement the requisite policies and strategies. Thus, the Commission’s analyses and projects will attempt to augment the government’s development capacity by fostering the collaborations between actors in the public sector, academia, the private sector and Non-Governmental Organizations. The objective, according to Bobonis, is to promote learning cycles that lead to improved development institutions and processes.

The Commission will define a series of Working Groups that will focus on high impact areas of the economy, such as:

  1. Development of the private sector: public policies that improve sectorial productivity and promote the growth of high value-added activities.
  2. Macroeconomic fiscal policy: tax reforms to (1) improve Puerto Rico’s competitiveness and (2) reduce certain distortions that inhibit private sector productivity.
  3. Other horizontal reforms that increase the competitiveness of local capital and multinational businesses operating in the Island, for example: policies that stimulate competition, develop human capital and the work force, and improve the Island’s energy and information technology infrastructure.

Soto-Class stated that CNE recognizes the importance of engaging in a far-reaching dialogue about the process of economic recovery. To that effect, it will host a keynote lecture by Nobel laureate and Columbia University Professor, Joseph Stiglitz, titled “From Crisis to Growth”, on Thursday April 6. Professor Stiglitz will discuss possible solutions to resolve the current crisis and the dangers of recurring to failed policies. The activity is free of charge thanks to generous grants offered by Fundación Carvajal, Fundación Miranda, and Espacios Abiertos. The event will be open to the general public, and commence at 9:00 AM in the Sala Sinfónica Pablo Casals at the Centro de Bellas Artes in Santurce. Those interested in reserving a seat can register via CNE’s webpage: http://grupocne.org.

The documents and publications generated by the CNE Growth Commission for Puerto Rico may be accessed at cnegrowth.org.

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Ajuste fiscal y la economía

The Need to Know the Risks

El debate público durante los últimos dos meses se ha concentrado en el impacto de las medidas especificas de ajuste fiscal propuestas tanto por la Junta de Control de Fiscal (“JCF”) en su carta del 18 de enero al Gobernador Rosselló, como por la administración actual en su Plan Fiscal del 28 de febrero.

Por ejemplo, se ha debatido mucho sobre la sabiduría, o falta de esta, de recortarle $300 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Y esa discusión es importante, pero ese debate ha desviado la atención del impacto agregado en la economía que tendría un ajuste fiscal de la magnitud propuesta tanto por la JCF como por la administración actual.

De entrada, debe quedar claro que va a ser muy difícil evitar medidas de austeridad ya que se proyecta que Puerto Rico incurra un déficit primario (antes del servicio de la deuda) durante los próximos años y no podemos devaluar nuestra moneda, ni tenemos acceso a financiamiento a corto plazo.

Esto no significa, sin embargo, que no se pueda hacer nada para mitigar parcialmente el impacto negativo de las políticas de austeridad. Primero, se puede modificar la composición de las medidas de ajuste. Algunas combinaciones de recortes e impuestos tienen un impacto adverso menor en la economía en comparación con otras, dependiendo del impacto en la demanda agregada.

Segundo, la ley PROMESA no exige que el ajuste fiscal se lleve a cabo en dos años. Sí se hiciera en un periodo de tres a cinco años le daría más tiempo al gobierno para que las reformas estructurales que propone implementar comiencen a tener un efecto positivo en la economía. Entonces las medidas de ajuste se podrían implementar escalonadamente, una vez la economía comience a crecer.

Tercero, la liquidez del gobierno mejoraría de manera significativa si se declara una moratoria absoluta en el pago de toda la deuda pública. Esos fondos se podrían utilizar entonces para financiar deficiencias a corto plazo en lo que se implementa el ajuste fiscal y las reformas estructurales.

Habiendo dicho eso, sí la ruta de la austeridad resulta inevitable, tanto la JCF como el gobierno tienen la obligación moral de explicar con claridad el impacto adverso en la economía de los ajustes que proponen.

En su carta del 18 de enero, la JCF propone un ajuste fiscal de $4,500 millones en un periodo de dos años fiscales. Ese ajuste es equivalente a 6.4% del producto nacional bruto (“PNB”) estimado para el año fiscal 2017.

Ahora, un ajuste fiscal de $1,000 millones tiene un impacto fiscal y económico en exceso de $1,000 millones. Por el lado fiscal, esto se debe, por ejemplo, a que una reducción de los salarios o beneficios de los empleados públicos significa que éstos tendrán menos ingreso disponible para gastar y por lo tanto los recaudos de Hacienda disminuirán. Además, también debemos suponer que los contribuyentes modificarán su actividad económica en respuesta a cambios en la política pública.

El Dr. Brad Setser, ex-funcionario del Tesoro de Estados Unidos quien trabajó en los asuntos de Puerto Rico y se encuentra actualmente en el Council on Foreign Relations, estima este impacto, en un blog publicado recientemente en CFR.org, en 20% para Puerto Rico. Eso significa que lograr un ajuste de $4,500 millones, va a tener un impacto fiscal de aproximadamente $5,400 millones o cerca de 7.7% del PNB.

Por el lado de la economía, para calcular el impacto total de la consolidación fiscal en relación al PNB es necesario ajustarla por el multiplicador fiscal. En términos sencillos, el multiplicador fiscal es un estimado del efecto (positivo o negativo) que tiene un cambio en el gasto gubernamental sobre el ingreso nacional (PNB).

La literatura económica sobre cómo calcular el multiplicador fiscal es extensa. A manera de ejemplo, presentamos aquí tres fuentes diferentes. Primero, el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) utiliza un multiplicador fiscal de aproximadamente 1.5. Esto significa que una reducción en el gasto gubernamental equivalente al 1% del PNB produce una reducción en el PNB de 1.5%.

Una investigación más reciente llevada a cabo por Christopher House, Christian Proebsting y Lida Tesar (“HPT”), publicada en el website del prestigioso National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper No. 23,147) estima el multiplicador fiscal en 2 para países europeos que pertenecen a una unión monetaria.

Finalmente, Alan J. Auerbach y Yuriy Gorodnichenko, ambos de la Universidad de California—Berkeley, estiman que el multiplicador para economías en recesión es aún mayor, entre 2.24 y 2.48. Aquí utilizamos un promedio simple de 2.36.

Por lo tanto, podemos estimar (sin pretensiones de precisión absoluta) que el ajuste propuesto por la JCF podría resultar en una reducción en el PNB de 11.5% utilizando el multiplicador del FMI, 15.4% utilizando el multiplicador de HPT y de hasta 18.2% utilizando el estimado de Auerbach, esto en una economía que ya se ha contraído por aproximadamente 14% desde el 2006.

El Plan Fiscal presentado por la administración actual sugiere un ajuste fiscal menor—$3,500 millones en un periodo de dos años fiscales, equivalente a 5% del PNB—ya que parte de un escenario base más optimista.

Ese ajuste, sin embargo, incluye $1,000 millones producto de la extensión del impuesto de la ley 154. Ese impuesto, según estructurado actualmente afecta temporeramente el flujo de efectivo de las compañías que lo pagan, pero no impacta adversamente la economía local ya que se impone solamente sobre transacciones entre ciertas compañías foráneas con operaciones en Puerto Rico y sus afiliadas internacionales. Por lo tanto, restamos esa cantidad del ajuste fiscal sugerido y este se reduce a $2,500 millones.

Como explicamos anteriormente, esa cifra hay que aumentarla por 20% para tomar en cuenta el impacto fiscal del ajuste. Eso significa que lograr un ajuste de $2,500 millones va a tener un impacto fiscal de $3,000 millones, o un 4.3% del PNB. Si utilizamos los mismos multiplicadores fiscales, concluimos que el impacto económico adverso del ajuste propuesto por la actual administración podría fluctuar entre 6.5%, 8.6% y 10.1% del PNB. Un impacto negativo menor relativo al ajuste sugerido por la JCF pero de todas maneras devastador en una economía tan débil como la de Puerto Rico.

Aunque es difícil de determinar, ya que el Plan Fiscal no describe el modelo económico que se utilizó para estimar el impacto de las políticas propuestas, nos parece, dado el análisis anterior, que no se incorporó de manera explícita el impacto adverso total del ajuste fiscal en las proyecciones. Por tanto, el impacto negativo a corto plazo de las medidas de ajuste fiscal pudiera estar sub-estimado en el Plan Fiscal.

Por otro lado, el Plan Fiscal parece incluir el efecto positivo de la implementación de una serie de reformas estructurales que, según el Plan, tendrían un impacto “acumulativo de 2% en el crecimiento del PNB.” Otra vez, sin acceso al modelo económico que se utilizó es difícil determinar la razonabilidad de este estimado. Sin embargo, nos preocupa el estimado de la inversión que se prevé por parte de Alianzas Publico Privadas (“APP”) y de los empleos que serán creados por estas. El Plan Fiscal proyecta una inversión nueva por parte de APPs de unos $4,500 millones que se estima crearán unos 100,443 empleos nuevos.

Esa proyección es similar a la que utilizó la administración de Luis Fortuño en su Modelo Estratégico para una Nueva Economía del 2009, que incluía una inversión de $6,214 millones por parte de APPs creando 99,735 empleos nuevos. Desafortunadamente se sobre-estimó tanto la cantidad de inversión como la creación de empleos. Por tanto, el impacto económico de las reformas estructurales pudiera estar sobre-estimado en el Plan Fiscal.

Finalmente, debemos estar conscientes de que todas estas propuestas de ajustes y reformas estructurales se implementarán en un país donde la ambigüedad ideológica, la incertidumbre política, la complejidad de la economía y la desintegración social delimitan estrictamente nuestras opciones. El reto consiste en actuar eficazmente en este ambiente, a la vez que aceptamos y vivimos con esas tensiones y contradicciones.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía


Fiscal Adjustment and the Economy of Puerto Rico


The Need to Know the Risks

During the past two months, public debate in Puerto Rico has focused mostly on the impact of specific fiscal adjustment measures proposed by the Fiscal Control Board (“FCB”) in its January 18 letter to Governor Roselló and by the Rosselló administration in its February 28 Fiscal Plan.

For example, much has been said about the wisdom, or lack thereof, of cutting $300 million from the budget of the University of Puerto Rico. This discussion while important, has diverted attention away from the aggregate impact that fiscal adjustments such as those proposed both by the FCB and the administration would have on the economy.

From the start it should be clear that it will be very difficult for Puerto Rico to avoid austerity measures: the government is expected to incur in a primary deficit (before debt service) over the next few years and the island can neither devalue its currency nor access short term financing.

This does not mean that nothing can be done to mitigate the negative impact of austerity measures. Some combinations of budget cuts and tax increases have a less adverse impact on the economy when compared to others, depending on their impact on aggregate demand.

Second, PROMESA does not require that the fiscal adjustment be implemented in two years. If it were implemented over a three to five year period, the structural reforms the government is proposing would have adequate time to have a positive effect on the economy. Then fiscal adjustment measures could be implemented incrementally, once the economy starts growing again.

Third, declaring an absolute moratorium on all public debt service could significantly increase the government’s liquidity. These funds would be used to finance short-term deficiencies while the fiscal adjustment and the structural reforms are implemented.

That being said, if the road of fiscal austerity is inevitable, then both the FCB and the government have a moral obligation to clearly explain the adverse effect that their proposals will have on the overall economy.

In its January 18 letter, the FCB proposed an adjustment of $4.5 billion over a two- year fiscal period. That adjustment is equivalent to 6.4% of the Gross National Product (GNP) estimated for fiscal year 2017.

It is important to note that a fiscal adjustment of $1 billion has both a fiscal and an economic impact in excess of $1 billion. On the fiscal side, this negative feedback loop is due, for example, to the fact that a reduction in the salaries or benefits of public employees reduces their disposable income available for consumption and this has a negative effect on the government’s revenues. In addition, taxpayers modify their economic activity in response to changes in public policy.

Dr. Brad Setser, a former United States Treasury official who worked on matters related to Puerto Rico and is currently with the Council on Foreign Relations, estimated in a blog recently published in CFR.org, that this impact in Puerto Rico to be in the order of 20%. This means that an adjustment of $4.5 billion will have a fiscal impact of $5.4 billion or close to 7.7% of the GNP.

On the economic side, we must adjust the amount of the proposed fiscal consolidation using a fiscal multiplier to calculate the total impact of the fiscal consolidation on the economy as a whole. In general terms, the fiscal multiplier is an estimate of the (negative or positive) effect that a change in government spending has on national income (the GNP).

The economic literature on how to calculate a fiscal multiplier is extensive. For discussion purposes, we use estimates from three different sources. First, the International Monetary Fund (“IMF”) uses a fiscal multiplier of approximately 1.5. This means that a reduction in government spending of 1% of GNP will produce a reduction of 1.5% on the GNP.

A more recent investigation by Christopher House, Christian Proebsting and Linda Tesar (“HPT”) published in the website of the prestigious National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper No. 23,147) estimates the fiscal multiplier in 2 for European countries that belong to a monetary union.

Finally, Alan J. Auerbach and Yuriy Gorodnichenko, both from the University of California—Berkeley, estimate that the multiplier for economies in recession is even larger, between 2.24 and 2.48. Here we use a simple average of 2.36.

We can then estimate (without pretension of having absolute certainty) that the adjustment proposed by the FCB could result in a reduction of 11.5% of GNP using the IMF’s multiplier, 15.4% applying HPT’s multiplier, and up to 18.2% using Auerbach’s estimate—this in an economy that has already contracted about 14% since 2006.

The Fiscal Plan presented by the Administration suggests a smaller fiscal adjustment— $3.5 billion over a two-year fiscal period, equivalent to 5% of GNP—because it assumes a more optimistic baseline scenario.

This adjustment, however, includes $1 billion from the extension of the Act 154 excise tax. While this tax temporarily affects the cash flow of the companies subject to it, it does not have an adverse impact on the local economy (it is not a “fiscal drag”) since it is imposed only on sales made by certain foreign companies with operations in Puerto Rico to their offshore affiliates. This means we have to subtract that amount from the suggested fiscal adjustment, which then decreases to $2.5 billion.

As we explained before, this figure has to be increased by 20% in order to take into account the negative fiscal feedback loop. This means that an adjustment of $2.5 billion will have a fiscal impact of $ 3 billion or 4.3% of the GNP. If we use the same fiscal multipliers, we can conclude that the aggregate adverse economic impact of the adjustment proposed by the administration could fluctuate between 6.5%, 8.6% and 10.1% of GNP. This is a smaller negative impact relative to the adjustment suggested by the FCB but still a devastating one for such a weak economy as Puerto Rico’s.

The Fiscal Plan does not describe the economic model that was used to estimate the impact of the policies proposed. However, it seems to us, given the preceding analysis, that the total adverse impact the fiscal adjustment would have on the economy was not explicitly incorporated in the administration’s projections. Thus, the short-term negative impact of the fiscal adjustment measures could be under-estimated in the Fiscal Plan.

On the other hand, the Fiscal Plan does seem to include the positive effect of the implementation of a series of structural reforms that, according to the Plan, would generate a “cumulative 2% increase in GNP growth”. Without access to the economic model that was used it is difficult to determine the reasonableness of this estimate. However, we are troubled by the estimate provided for the amount of investment and the new jobs that are expected to be created by Public Private Partnerships (“PPP”). The Fiscal Plan forecasts that new investment by the PPPs will be in the order of $4.5 billion and would create 100,443 new jobs.

This projection is eerily similar to the one used by the Luis Fortuño administration in its 2009 Strategic Model for a New Economy. That document incorporated the effect of $6.2 billion in new investment by PPPs and forecasted the creation of 99,735 new jobs. Unfortunately, both the level of investment and of new jobs was over-estimated. We can thus surmise that the positive economic impact of the structural reforms may have been over-estimated in the administration’s Fiscal Plan.

Finally, we should be aware that all these proposals for adjustments and reforms will be implemented in a country where ideological ambiguity, political uncertainty, economic complexity and social disintegration severely limit the available options. The challenge is to figure out how to act efficaciously in this environment while accepting and embracing those tensions and contradictions.

Fiscal Adjustment and the Economy of Puerto Rico
By: Sergio M. Marxuach
Policy Director
Center for a New Economy

Medicaid, el ACA y Trump

Medicaid, el ACA y Trump

El 30 de julio de 1965, el Presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley creando los programas de Medicaid y Medicare. El Presidente describió con elocuencia los objetivos de la nueva ley:

“Many men can draft many laws. But few have the piercing and humane eye, which can see beyond the words to the people that they touch. Few can see past the speeches and the political battles to the doctor over there that is tending the infirm, and to the hospital that is receiving those in anguish, or feel in their heart painful wrath at the injustice which denies the miracle of healing to the old and to the poor…There are those, alone in suffering who will now hear the sound of some approaching footsteps coming to help. There are those fearing the terrible darkness of despairing poverty–despite their long years of labor and expectation–who will now look up to see the light of hope and realization.

En sus casi 52 años de existencia Medicaid y Medicare, junto con el Children’s Health Insurance Program (“CHIP”), han aliviado el sufrimiento de millones de niños, adultos de bajos ingresos y personas de edad avanzada facilitándoles acceso a un cuidado médico digno.

En Puerto Rico, de acuerdo con datos publicados en el Commonwealth Financial Information and Operating Data Report con fecha de 18 de diciembre de 2016, aproximadamente 1,583,000 personas (46% la población) se benefician de Medicaid y CHIP a un costo de $2,867 millones. Este costo es sufragado con una asignación de $892 millones del fondo general de Puerto Rico; $1,706 millones de fondos Federales; y $348 millones de otros ingresos. Desafortunadamente, este financiamiento y el acceso a servicios de salud para casi la mitad de nuestra población se encuentran en peligro.

Para entender como llegamos aquí debemos explicar la manera discriminatoria en la que se ha tratado tradicionalmente a Puerto Rico bajo el programa de Medicaid. En términos generales, los gastos de Medicaid se financian en parte por cada estado y en parte por el gobierno Federal. La porción relativa que aporta cada jurisdicción se basa en una fórmula que le otorga gran peso a la tasa de pobreza—mientras más pobre el estado más grande es la contribución Federal.

En el caso de Puerto Rico la aportación Federal se fija en 55% del costo del programa, un porcentaje que usualmente le aplica a los estados más prósperos. Además, la ley le impone un tope muy bajo a la cantidad total de la aportación Federal para Puerto Rico. Para el año fiscal 2016 esa aportación fue de aproximadamente $340 millones.

El resultado perverso es que una de la jurisdicciones más pobres de los Estados Unidos, donde la mediana del ingreso por hogar es $18,626 y aproximadamente 46% de todas las personas y 43% de todas la familias viven bajo el nivel de pobreza federal, se le trata como uno de los estados más ricos para propósitos de Medicaid, un programa diseñado específicamente para ayudar a las personas con bajos ingresos a obtener servicios de salud de calidad.

Puerto Rico recibió un alivio temporero al aprobarse el Affordable Care Act (“ACA”) en el 2010. Primero, el ACA aumentó de manera no-recurrente los fondos de Medicaid para Puerto Rico con una asignación adicional de $5,400 millones para ser utilizada entre el 2011 y el 2019.

Segundo, el gobierno de Puerto Rico recibió otra asignación de $925 millones, que se pueden utilizar para pagar beneficios en vez de (“in lieu of”) establecer un mercado de seguros de salud (“insurance marketplace”), pero esos fondos solo se pueden utilizar después que se gaste la asignación inicial de $5,400 millones y están disponibles solamente hasta el año fiscal 2019. De acuerdo con las proyecciones más recientes, Puerto Rico agotará ambas asignaciones presupuestarias entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Desafortunadamente, la crisis financiera de nuestro seguro de salud público coincide con el comienzo de la administración de Donald Trump. Y Trump, como es de conocimiento general, prometió durante su campaña derogar el ACA y reemplazarlo con “algo mucho mejor” que todavía no se ha identificado.

Además, tanto el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, como el recién confirmado Secretario de Salud de Estados Unidos, Tom Price, han expresado interés en modificar radicalmente el programa de Medicaid, de uno que beneficia a todo aquel que cualifique (un “entitlement”) a uno basado en asignaciones en bloque a los estados para que éstos tengan más “flexibilidad” para utilizar los fondos. El efecto real, sin embargo, de cambiar la estructura de Medicaid sería reducir significativamente la aportación Federal al programa y transferir riesgos a los estados (el costo alto de tratamientos nuevos, epidemias, aumento en la tasa de pobreza durante una recesión, etc.) que ahora recaen sobre el gobierno Federal.

A corto plazo, dado el nivel de disfunción política en Washington y que los Republicanos no tienen un plan detallado para reemplazar ni el ACA ni Medicaid, el riesgo principal para Puerto Rico es que no se renueve la asignación especial de fondos bajo el ACA. La Comisionada Residente ha presentado un proyecto, el H.R. 259, a tales efectos pero es poco probable que se apruebe si no forma parte de un paquete de legislación más abarcador. La manera más eficaz de lograr esto sería incluyendo el lenguaje del H.R. 259 en el proyecto que finalizaría las asignaciones presupuestarias Federales para el AF2017 que se estima se presente en el Congreso en abril.

Si no se logra renovar la asignación bajo el ACA, la cantidad de fondos asignada a Puerto Rico bajo Medicaid se reduciría a aproximadamente $400 millones bajo la fórmula que tradicionalmente le ha aplicado a Puerto Rico. En este escenario, las compañías de seguros que administran el programa se mostrarían renuentes a renovar los contratos con el gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal. De hecho, aún si Puerto Rico mantuviera el nivel actual de la aportación local de aproximadamente $1,100 millones anuales, cerca de 500,000 beneficiarios perderían su cubierta, de acuerdo con un análisis del Departamento de Salud de Estados Unidos.

Para estabilizar y mantener el programa operando, el Gobierno de Puerto Rico entonces tendría que (1) reducir aún más la cantidad de beneficiarios; (2) reducir los beneficios cubiertos bajo el plan; (3) reducir los reembolsos a los doctores y hospitales; (4) aumentar los deducibles y los co-pagos que hacen los beneficiarios; (5) dedicar una fuente permanente de ingresos para financiar el programa; o (6) implementar una combinación de algunas o todas las anteriores.

Ninguna de esas opciones es buena. ¿Cómo se reduce de una manera justa la cantidad de beneficiarios cuando la mayoría son niños pobres, mujeres embarazadas con bajos ingresos, los discapacitados y personas de edad avanzada que viven en la pobreza?

Reducir beneficios es extremadamente difícil ya que la mayor parte del gasto de Medicaid es para el tratamiento de personas con condiciones crónicas, discapacitadas, o personas pobres de edad avanzada, quienes necesitan una gran cantidad de servicios médicos. ¿A quien se le va a eliminar los beneficios: al niño bajo tratamiento para leucemia; a la mujer embarazada que tiene síntomas de preeclampsia; al pensionado en quimioterapia; o a la señora con Alzheimer o Parkinson? ¿Quién decide y utilizando que criterios?

Por otro lado, las tarifas que paga Medicaid ya son muy bajas y reducirlas aún más podría resultar en que menos proveedores participen del programa. Finalmente, requerir que los beneficiarios paguen más por los servicios médicos que reciben es casi matemáticamente imposible, ya que el programa está diseñado precisamente para personas pobres con un nivel bajo de ingreso disponible.

Recaería entonces el peso del financiamiento sobre el fondo general de Puerto Rico, cuya condición es precaria y aumentar los impuestos o crear uno nuevo dada la situación actual de nuestra economía no parece ser una opción factible a corto plazo.

Dada la crueldad, el ensañamiento y el odio que la administración Trump ha mostrado hacia los más débiles, indefensos y necesitados de la sociedad—se podría decir que gobierna como el anti-LBJ—resulta imperativo señalar que esto no es un mero juego contable, o un tema que solo le interesa a burócratas y tecnócratas.

La vida de cientos, tal vez miles, de puertorriqueños está en riesgo, muertes prematuras que se pueden prevenir y cuya responsabilidad recaerá sobre los oficiales fiscales impuestos por el gobierno Federal y los representantes electos que tienen la obligación de tomar acción para evitarlas. Evitar esas muertes implica (1) a corto plazo: obtener una extensión de los fondos asignados bajo el ACA; y (2) a mediano plazo: diseñar una solución equitativa para Puerto Rico bajo cualquier ley o programa que reemplace el ACA y/o Medicaid.

Finalmente, prepárense porque este es solo el primero de muchos dilemas morales que inevitablemente enfrentaremos en estos tiempos de escasez fiscal. En situaciones como la que afrontamos, nos dice Isaiah Berlin, “la primera obligación pública es evitar los extremos del sufrimiento humano” especialmente el sufrimiento de los inocentes. Y aunque no es realista suponer que la propensión a la crueldad se puede erradicar para siempre de la naturaleza humana, nos va a tocar a cada uno de nosotros decidir si estamos del lado de aquellos cuya cruel indiferencia no hace más que añadirle a la suma total del sufrimiento humano o si estamos con aquellos que, parafraseando a Esquilo, se dedican a domesticar el salvajismo del hombre con el hombre y a hacer apacible la vida en este mundo—o por lo menos lo intentan.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía


Medicaid, the ACA and Trump


Medicaid, el ACA y Trump

On July 30, 1965, President Lyndon B. Johnson signed the law that created the Medicaid and Medicare programs. The President was eloquent in his description of the objectives of the law:

“Many men can draft many laws. But few have the piercing and humane eye, which can see beyond the words to the people that they touch. Few can see past the speeches and the political battles to the doctor over there that is tending the infirm, and to the hospital that is receiving those in anguish, or feel in their heart painful wrath at the injustice which denies the miracle of healing to the old and to the poor…There are those, alone in suffering who will now hear the sound of some approaching footsteps coming to help. There are those fearing the terrible darkness of despairing poverty–despite their long years of labor and expectation–who will now look up to see the light of hope and realization. There just can be no satisfaction, nor any act of leadership, that gives greater satisfaction than this.”

In their almost 52 years of existence, Medicaid and Medicare, jointly with the Children’s Health Insurance Program (“CHIP”), have alleviated the suffering of millions of children, low-income adults and elderly people by enabling them to access dignified health care.

In Puerto Rico, according to data published by the government in the December 18, 2016 Commonwealth Financial Information and Operating Data Report, approximately 1,583,000 people (46% of the population) benefit from Medicaid and CHIP at a cost of $2.86 billion. This expense has been funded with an $892 million appropriation from Puerto Rico’s general fund; $1.7 billion from the Federal government; and $348 million from other income sources. Unfortunately, these financing sources and the access to health services they provide to almost half of the island’s population are currently at risk.

In order to understand how we reached this point, we should start by explaining the discriminatory manner in which Puerto Rico has been treated under Medicaid. In general, Medicaid is financed partly by each state and partly by the Federal government and the relative shares are determined by a formula that gives significant weight to poverty rates—the poorer the state the larger the Federal share.

In Puerto Rico the Federal share is set at 55% of the cost of the program, a percentage that is usually applied to the wealthiest states. Furthermore, the law sets a very low cap on the total amount of the Federal contribution to Puerto Rico. For fiscal year 2016, that contribution was approximately $340 million

The perverse result is that one of the poorest jurisdictions in the United States, where the median household is $18,626 and approximately 46% of all persons and 43% of all families live under the Federal poverty threshold, is treated as one of the wealthiest states for purposes of Medicaid, a program specifically designed to help people with low income obtain access to quality health services.

Puerto Rico received some temporary relief when the Affordable Care Act (“ACA”) was enacted in 2010. First, the ACA increased significantly non-recurrent Medicaid funds for Puerto Rico with an additional allocation of $5.4 billion to be spent between 2011 and 2019.

Second, the government of Puerto Rico received another allocation of $925 million that could be spent on benefits in lieu of being utilized to create a health care insurance exchange. However, those funds can only be used after the initial $5.4 billion have been spent and they are available only until 2019. According to recent budget forecasts, both allocations will have been fully spent between October 2017 and March 2018.

Unfortunately, the financial crisis of our public health insurance program coincides with the beginning of the Trump administration. And Trump, as is well known, promised during his campaign to eliminate the ACA and substitute it with “something much better” that has yet to be defined.

In addition, both the Speaker of the House of Representatives, Paul Ryan, and the newly confirmed Secretary of Health of the United States, Tom Price, have expressed their interest in radically modifying the Medicaid program, from one that benefits anyone who qualifies (an “entitlement”) to one based on a block grant to the states so that they can have more “flexibility” in using the funds. The real effect of changing Medicaid’s structure, however, will be to significantly decrease the Federal contribution for the financing of the program and to transfer to the states risks that are currently borne by the Federal government (the high cost of new treatments, epidemics, increase in poverty levels due to recessions, etc.).

In the short run, given the level of political dysfunction in Washington and the fact that Republicans do not have a detailed plan to substitute either the ACA or Medicaid, the principal risk for Puerto Rico is that the special ACA funding allocation is not renewed. The Resident Commissioner has presented a bill to address the issue, H.R. 259, but it is highly unlikely that it will be enacted unless it becomes part of a broader legislative vehicle. The most effective way to achieve this objective would be to insert the language of H.R. 259 in the bill to finalize FY2017 appropriations, which could be introduced in the House sometime in April.

If the ACA allocation is not renewed, the amount of funds assigned to Puerto Rico under Medicaid would decrease to approximately $400 million under the standard formula traditionally applied to Puerto Rico. Under this scenario, the insurance companies that administer the program in Puerto Rico would be reluctant to renew their contracts with the Government of Puerto Rico for the next fiscal year. In fact, even if Puerto Rico maintains its healthcare expenditures at the current level of $1.1 billion, approximately 500,000 beneficiaries would lose their coverage, according to an analysis made by the United States Department of Health and Human Services.

To stabilize and keep the program in operation, the Government of Puerto Rico would have to (1) reduce even more the number of beneficiaries; (2) reduce the benefits covered by the plan; (3) reduce reimbursements to doctors and hospitals; (4) increase deductibles and the co-payments made by beneficiaries; (5) identify a permanent income source to finance the program; or (6) implement a combination of some or all of the above.

None of these options is good. Can you fairly reduce the number of beneficiaries, when the majority are poor children, low-income pregnant women, the disabled and elderly people living in poverty?

It is also extremely difficult to reduce benefits because most of Medicaid’s expenditures are for the treatment of patients with chronic conditions, people with disabilities or low-income elderly people. To whom do you reduce benefits: to the child under treatment for leukemia; the pregnant woman with symptoms of preeclampsia; the pensioner on chemotherapy; or the elderly woman with Alzheimer or Parkinson? Who decides and using which criteria?

On the other hand, the rates paid by Medicaid to health providers already are below those paid by health insurance companies; reducing them even more could result in less providers participating in the program. Finally, requiring the beneficiaries to pay more for the health services they receive is virtually impossible, given that the program is precisely designed for poor people with low disposable income.

The brunt of the financing would then fall on Puerto Rico’s general fund, whose condition is precarious and increasing taxes or creating a new one are not viable short-term options given the current situation of our economy.

Given the cruelty, spite and hate the Trump administration has shown towards the weak, the defenseless and the needy—it could be said that he is governing as the anti-LBJ—it is imperative to state that this is not a mere accounting game or a topic that is only of interest to bureaucrats or technocrats.

The lives of hundreds, maybe thousands of Puerto Ricans is at risk, premature deaths that could be prevented and whose responsibility will fall on the fiscal officers appointed by the Federal government and the elected representatives who have the obligation to act in order to avoid them. Avoiding those deaths implies (1) in the short run: obtaining an extension of the funds assigned under the ACA; and (2) in the medium term: designing an equitable solution for Puerto Rico under any law or program that substitutes either ACA or Medicaid.

Finally, this only the first of many moral dilemmas we will unavoidably face during these trying fiscal times. According to Isaiah Berlin, in situations like this the “first public obligation is to avoid extremes of human suffering”, especially the suffering of innocent ones. While it would be unrealistic to assume that the propensity to cruelty can ever be entirely uprooted from human nature, each one us will have to decide if we are on the side of those whose cruel indifference only adds to the total sum of human suffering, or if, one the other hand, we are on the side of those who, paraphrasing Aeschylus, dedicate themselves to tame the savageness of man and make gentle the life of this world—or at the very least try.

By: Sergio M. Marxuach
Policy Director
Center for a New Economy

Isla migaja

Isla Migajas

En esta coyuntura de incertidumbre resulta útil establecer contextos y miradas comparativas: sirven para entender situaciones complejas como la que vivimos y forjar alternativas. A medida que se ha ido precisando la magnitud de la crisis económica y fiscal, Puerto Rico ha sido comparado con Grecia y Argentina, con Detroit. Ambas miradas – hacia los países soberanos y hacia las municipalidades de EEUU – son aleccionadoras, pero quizás se quedan cortas tanto por la naturaleza híbrida de la ley PROMESA – que recoge disposiciones de la quiebra municipal y de los regímenes de quiebra soberana – como por el complicado estatus jurídico e institucional de Puerto Rico. Por esto, en este espacio propongo una tercera mirada usando como punto de partida el libro Islas migajas: los países no independientes del Caribe contemporáneo del profesor de la Universidad de Puerto Rico Aaron Gamaliel Ramos.

Comencemos por contextualizar su título. “Islas migajas” es uno de los calificativos con el que el poeta y pensador martiniqués Aimé Césaire denominó las islas del Caribe en su poema Cuaderno de un retorno al país natal. Considerado por algunos como el mayor monumento lírico de la lengua francesa, Cuaderno es una oda a la trágica, conflictiva, dura, pero tremendamente rica historia del Caribe, caracterizada por el colonialismo, la esclavitud, el monocultivo, y la pauperización de sus gentes. Puerto Rico ha sido parte de esa complicada historia, si bien ha vivido durante varias décadas en negación, de espaldas al entorno antillano del que es parte y en el que está enclavado.

Islas migajas sirve para enmarcar nuestra crisis actual en los sucesos más amplios que se han producido en el Caribe. Primero, contextualiza el esquema institucional que Puerto Rico ha sostenido con EEUU y desmonta la noción de su excepcionalismo. El “Estado Libre Asociado” (ELA) es uno de varios arreglos territoriales que Gran Bretaña, Francia, Holanda y EEUU forjaron con sus colonias durante la post-guerra, experimentando con distintos grados de integración, autonomía y control. Mientras que Francia optó por la departamentalización de Martinica y Guadalupe (algo que equivaldría a la estadidad federada en el caso estadounidense), Holanda optó por una serie de arreglos autonómicos en Curazao, Aruba y St. Marteen, y Gran Bretaña por unos de corte abiertamente territorial. Si alguna interrogante quedaba sobre la pertenencia de Puerto Rico a este caleidoscopio neo-colonial, los sucesos recientes nos deben haber sacado de duda, con la opinión del Procurador General de EEUU sobre la naturaleza territorial del ELA; la invalidación de la llamada “Quiebra Criolla” por parte del Tribunal Supremo de EEUU; y la reafirmación de los poderes plenarios del Congreso federal sobre la isla con la aprobación de la ley PROMESA y la implantación de una Junta de Supervisión Fiscal.

Segundo, el desencanto económico es compartido. En Puerto Rico la contracción y la crisis fiscal han servido para que muchos se pregunten si el presente marco institucional provee herramientas efectivas o si, por el contrario, aboca a la isla a un hoyo cada vez más profundo: la dependencia sobre esquemas contributivos federales para promover la inversión y la incertidumbre que esto genera; la falta de paridad en fondos federales y la inseguridad en la renovación de los fondos; la renuencia del Departamento del Tesoro federal a proveer mecanismos de liquidez para ampliar el espacio fiscal del gobierno; la exclusión de la isla del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras… la lista de desengaños recientes es larga. El Caribe no independiente, por su parte, también lidia con estructuras institucionales que pueden considerarse arcaicas para una economía mundial globalizada. Las Antillas francesas – que según Ramos comparten con Puerto Rico el dudoso honor de seguir un modelo de “integración dependiente” – sufrieron los embates de la integración al mercado común (francés primero y europeo después) mediante un descenso en sus exportaciones de productos agrícolas; hoy tienen un alto nivel de dependencia en fondos de asistencia social de la metrópoli francesa. Las islas británicas y las holandesas han apostado al turismo y a los servicios financieros internacionales, y en el proceso se han convertido (o re-convertido si se piensa en el no muy lejano trasfondo de la plantación) en economías de enclave con beneficios inciertos para las poblaciones locales.

Esto nos lleva al tercer punto, el de la llamada “recolonización”, un término que denota la renovada injerencia de las metrópolis en los asuntos isleños. Curazao y San Martín tienen desde el 2010 su propia versión de Junta de Control Fiscal: sus finanzas públicas están bajo la tutela de una Comisión de Supervisión Fiscal que vigila la confección y ejecución de los presupuestos locales. Este mayor control metropolitano fue el quid pro quo para que Holanda asumiera el 80% de su deuda pública (estimada en $ 2,000 millones) al momento de éstos ser admitidos al Reino como “países autónomos”. El pasado año, Curazao solicitó se pusiera fin a la supervisión financiera, pero el Consejo de Ministros del Reino rechazó la solicitud aduciendo que la gerencia financiera de la isla aún no había alcanzado estándares adecuados. En el caso de los territorios británicos, el Foreign and Commonwealth Office ha reconocido su obligación de sufragar “obligaciones y déficits” de sus territorios, pero a la vez, cuenta con leyes que le permiten a Londres invalidar acciones tomadas por los gobiernos locales y colocar al territorio bajo la autoridad del gobernador colonial. El Reino Unido ejerció esa facultad en 2009, cuando, aduciendo fallas administrativas en la gestión pública de las Islas Turcas y Caicos, revocó unilateralmente el fuero local y tomó el control del gobierno isleño.

La experiencia del Caribe no-independiente, entonces, nos muestra que la crisis de Puerto Rico no es excepcional: la isla intenta forjar su recuperación económica en un tablero que históricamente ha sido muy desigual y en el que todavía hoy se juega con dados cargados. Abordar un marco institucional fatigado que mantiene imbricadas asimetrías históricas de poder será fundamental para que Puerto Rico pueda articular estrategias viables que propulsen el desarrollo económico sostenible y equitativo a largo plazo.

Jennifer Wolff
Directora de Programas y Comunicaciones
Centro para una Nueva Economía

La Junta enseña sus cartas

La Junta enseña sus cartas

No fueron pocos los que cabildearon a favor y aplaudieron la eventual aprobación del proyecto de ley federal conocido por sus siglas en inglés, PROMESA. Luego de un largo año desde que el gobernador de entonces, Alejandro García Padilla, apalabró lo evidente: que la matemática fiscal no cuadraba y que no había dinero para pagar la deuda pública, el gobierno federal intervino nombrando una junta para tomar control de las nuevas peripecias de la colonia y atender nuestros entuertos legales y económicos. Los apologistas criollos esbozaron diversos argumentos basados en una lógica paternalista y sumisa: nuestra incapacidad para atender el panorama fiscal requería una solución drástica y, como nos habíamos portado mal, como si fuéramos niños inmaduros y malcriados, nos merecíamos un par de nalgadas.

La ley PROMESA impuso una Junta de Control Fiscal que creó dos mecanismos para renegociar los contratos de lo que el gobierno tomó prestado. Según la lógica defensora, este nuevo cuerpo se encargaría de acabar con la bayoya y el relajo gubernamental que se practicó por años y nos encaminó a la insolvencia. Meses después, algunas encuestas confirmaron esta creciente fiebre disciplinaria. Los entrevistados afirmaron un “Respaldo a lo desconocido” donde casi setenta porciento de los encuestados apoyaba a la Junta a pesar de que casi tres cuartas partes sabía poco o nada sobre la flamante entidad. Este era el sentir de un grupo amplio, pues el aval se registró en todas las variables sociodemográficas del país. Al parecer, patricios y plebeyos estaban dispuestos a tenderle la alfombra roja a una institución desconocida e impuesta por los Estados Unidos. Cualquier cosa prometía ser más beneficiosa que el status quo.

No obstante, una cosa es lo que dice la ley y otra es cómo se aplica. Poco después del nombramiento de los miembros de la Junta, algunos nos aventuramos a plantear, siguiendo las pistas de experiencias similares en Washington DC, Detroit y Grecia, que se avecinaba un plan de ajuste unilateral y severo. Más aún, auguramos que los miembros de la Junta, tecnócratas financieros todos, atenderían la situación desde un enfoque puramente contable, con cálculos precisos y fórmulas estandarizadas, y que caracterizarían sus propuestas como racionales e inevitables. Esta táctica serviría para enmascarar sus posturas políticas e ideológicas, que desde el comienzo apuntaban a un viejo libreto neoliberal centrado en recortes al gasto, aumento de impuestos y privatizaciones y facilitar el avance a galope de la inversión privada y el “libre mercado”. Lamentablemente, todo indicaba a que seguirían este modelo a pesar de que los gestores originales de la misma en el Fondo Monetario Internacional habían dado fe de su caducidad.

Le tomó tiempo calentar motores, pero una vez en marcha, la Junta comenzó a maniobrar a través de una serie de reuniones, comunicados y misivas estratégicas que han dado mucho de que hablar en las últimas semanas. A pesar de que están dirigidas al poder Ejecutivo, las cartas han servido para hacerles señas y llamar la atención a múltiples públicos, incluyendo políticos, bonistas y residentes de la isla.

En plena época navideña, en una carta dirigida tanto al gobernador saliente como al entrante, los miembros de la Junta comenzaron a detallar su agenda y postura. Por un lado, delinearon una serie de objetivos deseables, difíciles de reprochar, como aumentar la actividad económica, la tasa de participación laboral, el ingreso medio de las familias y reducir la pobreza, entre otros. Al parecer, querían entablar una especie de complicidad con el pueblo, transmitiendo la idea de que “todos queremos lo mismo para el país”. Sin embargo, en ese texto también revelaron lo anticipado: su receta incluiría buenas dosis de tala presupuestaria y aumento de impuestos.

Pero la verdadera sorpresa llegaría semanas después, mediante otra misiva al Ejecutivo donde la Junta esbozó un ejercicio básico de contabilidad para la confección del nuevo plan fiscal del gobierno. Su argumento se puede resumir de la siguiente manera: el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, por lo que hay que realizar serios recortes al gasto público y aumentar los recaudos en un plazo muy corto. De esta forma, se recobraría la confianza de potenciales inversionistas. El dinero que sobre luego de realizar este acelerado cuadre de caja es lo que estaría disponible para pagar la deuda pública.

Ofrecieron varias cifras para sustentar sus argumentos, pero quizás la más importante, y la que menos atención recibió, indicaba que de seguir este plan la economía podría contraerse 16.2% en el año fiscal 2019. Un escenario tétrico, difícil de imaginar e insoportable, especialmente para las poblaciones más vulnerables—los que siempre reciben los golpes más duros de las políticas de austeridad.

Los gritos se escucharon por las cuatro esquinas y hasta algunos otrora porristas de la Junta expresaron su indignación. No es para menos, dado que la propuesta va en contra de la mejor evidencia empírica académica. Los países que recortan sus déficits en tiempos difíciles suelen empeorar una grave situación. Igualmente, al no poder generar crecimiento, se les hace imposible lograr niveles sostenibles de deuda. Este es, precisamente, el talón de Aquiles de la estrategia planteada por los supervisores fiscales: priorizan la puesta en marcha de un ajuste fiscal severo en vez de delinear políticas de desarrollo precisas y justas para mejorar la economía.

Como bien apuntó durante su reciente visita a la isla Martín Guzmán, experto en temas de deuda pública y macroeconomía, resulta imprescindible que el gobierno de Puerto Rico delinee un plan de desarrollo, negocie efectivamente una reestructuración profunda de la deuda—que permita allegar fondos públicos a sectores y actividades productivas—, y logre una moratoria en el pago a los acreedores que nos provea el espacio necesario para reencender los motores de la economía.

La Junta está haciendo apuestas peligrosas y juega mal sus cartas. Si el gobierno de Puerto Rico decide acatar sus directrices el resultado será nefasto para todos los implicados. Además del durísimo impacto social que generaría la consolidación fiscal, y el deterioro longevo que se observaría en diversos sectores económicos, los acreedores y los mercados también se verían seriamente afectados. Como nos alertó Guzmán, la austeridad que propone la Junta mataría la economía y “los muertos no pagan deudas”.

Deepak Lamba-Nieves,
Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía
Twitter: @deepakln

Repensar la asistencia económica para el desarrollo

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Existe una urgencia de reformar los programas de asistencia social para asegurar una red de seguridad adecuada para familias vulnerables, y proveer incentivos para alcanzar la autosuficiencia económica de éstas. ¿Cómo podemos mejorar estos servicios en Puerto Rico de manera cónsona con estos objetivos?

La historia de Carmen—un nombre ficticio para proteger su identidad—es una de muchas que tenemos que estudiar y comprender para trabajar eficazmente a favor de este segmento de la población. Una mujer residente de Carolina de unos cuarenta y tantos años, es estilista de profesión y labora arduamente desde su hogar. Mediante su esfuerzo y trabajo a través de los años ha logrado conseguir cierto grado de estabilidad económica. Ha tenido muchos trabajos; su resumé es larguísimo y sus experiencias laborales muy variadas.

Ella no ha estado sola en este trayecto. Participó de varios programas que ofrece el Estado para apoyar a personas hábiles a “salir del hoyo”. Supo navegar el entramado de programas de asistencia social—como asistencia económica, asistencia nutricional, subsidios de vivienda—para adquirir las destrezas necesarias y a la vez subsistir. Pero fue a través de muchos sacrificios y dificultades: invirtiendo en su carrera con promesas de subsidios a sus estudios, algunos de los cuales no se materializaron. O calculando al centavo cómo podría generar ingresos para no perder subsidios de vivienda absolutamente necesarios para ella.

La historia de Carmen no es única. Diez mil personas y sus familias en Puerto Rico participan en el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF-C, por sus siglas en inglés), el cual ofrece cierta ayuda económica—una mediana de $200 dólares al mes—para hogares extremadamente pobres durante un período máximo de cinco (5) años. A cambio de este apoyo los participantes deben cumplir semanalmente con actividades dirigidas a preparase para o conseguir empleo en el sector formal, como por ejemplo: adiestramiento vocacional, experiencias de trabajo voluntarias, programas de servicio comunitario, programas de preparación para y búsqueda de empleo, y empleo, ya sea subsidiado o no subsidiado.

Este es sólo uno de muchos programas, pero funciona de una manera muy compleja tanto para los participantes como para los administradores estatales. Y enfrenta varias dificultades; entre ellas el que lograr la colocación de participantes en estas actividades requeridas. Estimados del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal para el año fiscal 2014-15 indican que Puerto Rico ha logrado la colocación de un 18.2 porciento de esta población tan vulnerable, similar a estados como Colorado, Utah, Rhode Island, pero muy por debajo del promedio de 48.4 porciento para Estados Unidos.

Estudiar y aprender para modernizar

Entonces, ¿cómo podemos mejorar la efectividad del programa TANF? Esto requiere de un trabajo de estudio riguroso. En el Centro para una Nueva Economía estamos haciendo esto mediante un proyecto colaborativo con la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la organización Espacios Abiertos, el Poverty Action Lab (J-PAL) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y varios académicos puertorriqueños y del extranjero. Queremos identificar maneras efectivas para lograr dos objetivos:

  • modernizar los servicios de manejo de casos y de consejería ocupacional mediante el mejor uso de la tecnología, la información y el avalúo de la efectividad de la administración; y
  • estimular el trabajo en el sector formal mediante incentivos financieros a los participantes, de manera análoga a un crédito contributivo por ingreso devengado (o EITC por sus siglas en inglés).

Para lograr esto, estamos analizando las perspectivas de participantes del programa, de manejadores de caso y de otro personal de la agencia. Estamos combinando esto con un análisis estadístico de datos administrativos de ADSEF para entender mejor algunas oportunidades para mejorar el programa.

Muchas oportunidades que deben ser evaluadas sosegadamente salen a relucir. Entre ellas, el valor de proveer servicios adecuados de consejería ocupacional a los participantes. Los consejeros ocupacionales ofrecen talleres grupales de preparación para el trabajo y dan orientación individualizada a los participantes. Pero ha sido difícil para la organización contratarlos y retenerlos debido a las dificultades fiscales que enfrenta.

¿Qué encontramos?

Los participantes del programa en regiones donde hay acceso a un consejero ocupacional son más exitosos consiguiendo empleo y otras experiencias de trabajo: la colocación en actividades aumenta en 15 puntos porcentuales adicionales a 33 por ciento.

Además, reciben beneficios del programa por un período más corto de tiempo—una reducción de aproximadamente 10 porciento.

 

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Este tipo de inversión en la capacidad de ADSEF para proveer estos servicios podría redundar tanto en aumentos sustanciales en el empleo de los participantes como en un ahorro sustancial en gastos de apoyo del gobierno. Es un ejemplo de la necesidad de re-establecer la capacidad del estado para proveer servicios esenciales, la cual se ha ido perdiendo gradualmente desde el comienzo de la crisis fiscal. Además, demuestran el impacto que reformas pequeñas pueden tener en los servicios públicos. Finalmente, estas conclusiones y recomendaciones preliminares se basan en evidencia y experiencia—no en pura ideología o especulación.

Pienso que este esfuerzo es sólo un ejemplo de cómo repensar la asistencia económica para promover el desarrollo. La prosperidad que buscamos en el largo plazo se logrará promoviendo el crecimiento económico, una participación amplia en este crecimiento, y la seguridad económica para todos los sectores de la población. Para esto, necesitamos de un gobierno efectivo—con disciplina fiscal—pero que haga las inversiones necesarias para promover ese desarrollo y tome decisiones acertadas basadas en la evidencia. Es nuestra obligación colectiva con Carmen y las otras millones de familias de nuestra isla.

Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

La junta en su laberinto

cne-dilemaspLos dilemas del Plan Fiscal

Jorge Luis Borges en “El jardín de senderos que se bifurcan” narra la historia de Ts’ui Pên, un chino erudito que se retira a “escribir un libro” y “construir un laberinto.” Al morir éste deja como legado varios “manuscritos caóticos”. Con el paso del tiempo un profesor descifra el enigma: el libro y el laberinto eran un solo objeto. En su libro, Ts’ui Pên—en contraste con una narrativa tradicional donde una persona enfrentada con diversas alterativas “opta por una y elimina las otras”—opta simultáneamente por todas y “crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan.” En esencia “todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones.”

De igual manera, los encargados de redactar un plan fiscal a diez años para Puerto Rico comienzan en el mismo lugar que Ts’ui Pên: enfrentando una infinidad de porvenires posibles. Pero, a diferencia de Ts’ui Pên, no pueden optar simultáneamente por todas las alternativas. Los autores tendrán que analizar como interactúan diversas variables económicas, financieras, fiscales y sociales, y escoger un sendero fiscal, entre los múltiples que son factibles, sabiendo que su decisión será a su vez—a través de los efectos en la economía de Puerto Rico—el punto de partida de otros senderos y bifurcaciones fiscales.

DECISIONES DIFÍCILES DEL PLAN FISCAL

El problema es que no existe una metodología puramente tecnocrática, libre de una carga ideológica o filosófica, para determinar si se le otorga prioridad al crecimiento económico, a eliminar el déficit estructural, al pago de la deuda pública, a mantener los servicios públicos esenciales, incluyendo el seguro salud del gobierno, o al pago de las pensiones. Es por eso que en el CNE hemos elaborado, partiendo desde nuestra visión y entendimiento de la economía de Puerto Rico, algunos principios para la preparación del plan fiscal.

El 15 de noviembre enviamos una carta a la Junta de Control Fiscal describiendo esos principios, los cuales resumimos a continuación.

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Las premisas del modelo económico del plan fiscal deben ser absolutamente transparentes

La médula del plan fiscal es un escenario base, que a su vez es función de unas proyecciones de crecimiento económico. Este escenario asume que no hay cambios en las leyes o políticas fiscales existentes. El objetivo es establecer un marco de referencia para estimar el impacto de diversas propuestas de política pública. Por tanto, es extremadamente importante que el modelo económico utilizado para generar el escenario base se haga público y que las premisas utilizadas para su preparación se expliquen y justifiquen adecuadamente.

Restaurar el crecimiento económico debe ser el objetivo principal

Un crecimiento económico robusto es la clave para sufragar los servicios gubernamentales, pagar las pensiones, y para la sostenibilidad de la deuda pública. El segundo paso, por tanto, debe ser el diseño de una estrategia de crecimiento a mediano plazo que identifique sectores donde Puerto Rico tiene, o pudiera tener, una ventaja comparativa y las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento. El impacto de esas intervenciones de política pública se puede medir entonces en relación al escenario base. Idealmente, se escogerían políticas que aumenten la inversión, creen empleos nuevos, incrementen el ingreso personal, generen un aumento en los recaudos gubernamentales y produzcan un balance primario positivo (antes de pagar interés y principal) que servirá de punto de partida para negociar con los acreedores.

Cualquier restructuración de la deuda debe ser por una cantidad suficiente para evitar otra renegociación en el corto plazo

Una vez se determina el balance primario estimado para los próximos diez años, se compara esa cantidad con el servicio de la deuda (para ese mismo periodo de tiempo) que depende de impuestos para su repago (las corporaciones públicas se excluyen ya que éstas generan sus propios ingresos) y se calcula la quita necesaria para asegurarnos con un alto grado de probabilidad, digamos 95%, que la deuda se podrá pagar sin tener que tomar préstamos nuevos y que no será necesario renegociarla en el corto plazo. Este último punto es importante; varios estudios han determinado que en más del 50% de las reestructuraciones de deuda durante los últimos cuarenta años ha sido necesario renegociar los términos dentro de un periodo de cinco años. Este resultado no solamente es sub-óptimo sino que también retrasa la recuperación económica al generar un alto grado de incertidumbre.

Evitar o minimizar las políticas de austeridad

La idea de que la implementación de políticas de austeridad tiene efectos positivos en el crecimiento económico ha tenido una larga vida a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario. Tan recientemente como el 2010, economistas de la división de investigación del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) cuestionaron la sabiduría de imponer políticas de austeridad a países que atraviesan por una crisis fiscal o financiera. Por ejemplo, el World Economic Outlook de octubre de 2010, incluye un análisis que concluye que en países afectados por una crisis fiscal “un recorte en el gasto gubernamental igual a 1% del PNB reduce la demanda doméstica aproximadamente por 1 por ciento y aumenta la tasa de desempleo por 0.3 punto porcentual.” Este análisis fue validado por el propio FMI en el 2011, 2012, y 2013.

Más importante aún, en Puerto Rico la austeridad se ha intentado y ha fracasado. Tanto la Ley 7 del 2009, como la Ley 66 del 2014, impusieron recortes al gasto gubernamental, aumentaron impuestos, congelaron salarios, suspendieron la efectividad de convenios colectivos, y rescindieron contratos, entre otras medidas de austeridad. El efecto, en ambos casos, fue agudizar la contracción económica.

Estipular claramente que cosas son negociables y cuales no

Dada la experiencia en otras jurisdicciones, lo más probable es que los bonistas presenten demandas económicamente irrazonables o socialmente perversas con respecto a la cantidad del balance primario, recortes a los servicios gubernamentales y pensiones públicas, la privatización de activos públicos, y reformas a leyes laborales y al seguro de salud del gobierno. El gobierno de Puerto Rico debe dejar claro desde el principio que es negociable y que no en cada una de estas áreas para evitar la pérdida de tiempo y reducir la ansiedad e incertidumbre entre la población. Sí los efectos económicos de la austeridad son negativos, los efectos sociales son potencialmente explosivos.

Dado todo lo anterior, recomendamos que la próxima iteración del plan fiscal atienda la crisis fiscal en la siguiente secuencia: (1) implementar reformas estructurales para fomentar el crecimiento; (2) reformar las instituciones presupuestarias, fiscales y de política económica; (3) renegociar los términos de la deuda pública; y (4) postergar la implementación de políticas de austeridad, si alguna.

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Una ruta inusual hacia el crecimiento

Una ruta inusual hacia el crecimiento

Articular y ejecutar una estrategia de desarrollo económico es un ejercicio bastante incierto y complejo, pero no imposible. Esta no es una idea novel ni demasiado sagaz, pero merece repetirse. Especialmente luego de un ciclo electoral inusual donde sobraron los foros y debates al estilo “todos contra todos”, y también las propuestas de campaña para encaminar la económico de la isla. Como el papel y el discurso electoral lo aguantan todo, la gama de recetas provistas por un número récord de candidatos a la gobernación fue tan variada como ambigua y desatinada. El menú incluyó platos nuevos y algunos favoritos recalentados: desde revivir el régimen de sustitución de importaciones, hasta traer de vuelta las exenciones tributarias tipo sección 936, y crear alianzas público-privadas “participativas”.

Ante la falta de rigor, las propuestas se presentaron casi como se vende un carro usado: “Este modelo fue uno de los mejores;” “se ve medio mataíto, pero el motor está como nuevo;” y “llévatelo ahora, que mañana no te puedo asegurar que lo tenga disponible”. Se dijo mucho pero se debatió muy poco y en concreto sobre cómo se pondrían en marcha las promesas de campaña. Sospecho que la omisión responde a no querer revelar o reflexionar mucho sobre el hecho de que cada proposición económica tiene un impacto político que va más allá de las veleidades partidistas. Es decir, que plantear un ejercicio serio para encaminar el desarrollo económico no es lo mismo que hacer una lista de regalos a los Reyes Magos, y requiere que se dilucide cómo cada movida económica impacta (y se ve afectada por) las relaciones de poder que existen entre diversos actores sociales.

Los vínculos e interacciones entre la economía y lo político se han debatido a la saciedad en contextos académicos, y es cuantioso el inventario de obras cumbres de las ciencias sociales que se enfocan en estos asuntos. Pero las difíciles y problemáticas tareas de armar, encaminar, evaluar críticamente y recalibrar procesos de desarrollo, se debaten mucho menos. En gran parte, porque son gestiones imprecisas y experimentales que generan lecciones usualmente carentes de la elegancia y sencillez que suelen requerir los discursos de estado, las historias oficiales y las contribuciones doctas tradicionales.

No obstante, estos espinosos temas tienen seguidores y maestros, y en esta última categoría existen pocos como Albert O. Hirschman. Autor de numerosos escritos sobre economía política y teorías del desarrollo económico, Hirschman se entrenó como economista pero su producción intelectual lo mantuvo en los márgenes de su disciplina. Su vida fue igualmente inusual, pues tomó armas contra el fascismo con las Brigadas Internacionales en España, colaboró con la resistencia francesa, dictó cursos en la mejores universidades de Estados Unidos y fungió como asesor económico y consultor en América Latina.

Sus múltiples vivencias en el sur le proveyeron material empírico para formular posiciones teóricas respecto a los procesos de desarrollo, y también para revisarlas con el paso del tiempo. Lejos de creer que el trabajo de los estudiosos del mundo social se debería enfocar en identificar grandes y perdurables teorías, su enfoque enfatiza que “la búsqueda de soluciones uniformes a los problemas del desarrollo invariablemente nos lleva por mal camino”. Su advertencia estaba especialmente dirigida a las pandillas de especialistas foráneos que aterrizan sobre diversos países y regiones ofreciendo asesoramiento y soluciones definitivas que se fundamentan en irrefutables ortodoxias económicas—muchas veces sin entender el careo político y otras particularidades del territorio anfitrión.

Más allá de las camisas de fuerza que se forjaban con la puesta en marcha de políticas estándares de desarrollo, Hirschman también identificó la mentalidad del fracaso o la “fracasomanía” como uno de los grandes obstáculos para desatar posibilidades de desarrollo. Según explicó en A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America, creer que todo está mal o que cualquier gestión propuesta está destinada al descalabro limita las posibilidades de identificar algunos destellos de genialidad que casi siempre suelen emanar a lo largo de los engorrosos procesos de desarrollo, y que pudiesen servir como punto de partida para emprender caminos alternos. El antídoto para la “fracasomanía” consiste en la identificación precisa de pistas y oportunidades que usualmente no se revelan a simple vista, enfoque que denominó como “posibilismo”— y que nada tiene que ver con las cursilerías inspiradas en la autoayuda y el afán porrista que tanto gusta en este país.

Hirschman elaboró varias herramientas conceptuales para practicar el posibilismo que son sumamente útiles en estos tiempos. Por un lado, están las “bendiciones (o maldiciones) encubiertas”, donde algo que se pensaba como un obstáculo al desarrollo, se transforma en una posibilidad o un estímulo. La migración boricua al extranjero, que se ha calumniado en estos tiempos de estrechez fiscal, es un ejemplo claro. Aunque muchos dejan de abonar a nuestro pote nacional, los migrantes podrían generar nuevas e impactantes redes trasnacionales de conocimiento, solidaridad y actividad económica si se ponen en marcha políticas sensatas que vinculen la diáspora con el desarrollo nacional.

Por otro lado, están las “secuencias invertidas”, o la idea de que no hay una única sucesión de pasos para encaminar ciertos cambios o procesos de desarrollo. En Puerto Rico, gracias al legado de “Manos a la Obra”, nos hemos dedicado a ofrecer toda clase de exenciones tributarias para atraer actividad económica con resultados mediocres. Pero, ¿no sería mejor si invertimos la secuencia y otorgamos exenciones a aquellas actividades que hayan probado ser exitosas?

Otra tarea posibilista es la “búsqueda de consecuencias imprevistas” o “efectos secundarios” que facilitan transformaciones sociales. En nuestro caso, el impago de la deuda pública, que lamentablemente ha traído una secuencia nefasta de imposiciones injustas y antidemocráticas a través de la Junta de Control Fiscal, también ha abierto una brecha para hacer reclamos más contundentes a favor de la transparencia gubernamental, la necesidad de romper con el truqueo presupuestario, acabar con los errados programas de austeridad y el desorden gubernamental, y para repensar, de una vez y por todas, nuestro corroído modelo de desarrollo y el entramado de intereses que lo mantienen en respiración artificial.

A lo largo de su larga trayectoria, Hirschman logró identificar giros inusuales y resultados inesperados en numerosos proyectos de desarrollo y regímenes políticos. Pero su gestión no se limitó a armar un catálogo de lecciones; también sirvió para “agudizar la percepción de las avenidas disponibles para el cambio”. En gran medida, esto es lo que queremos propiciar desde el CNE a través de nuestra Comisión de Crecimiento. Lejos de querer reproducir la vieja práctica de redactar un plan abarcador, lo que nos interesa es propiciar una búsqueda de posibilidades para el desarrollo que no recurra a las rutas y los cómplices de siempre.

No será una tarea fácil, pues emplear las herramientas posibilistas a través de un ejercicio plural trae consigo numerosos retos. No obstante, los cambios necesarios se materializarán sólo si dejamos a un lado lo usual y nos esmeramos en redescubrir y repensar lo posible.

Autor: Deepak Lamba-Nieves,
Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía

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