CNE welcomes sponsors to Black Start 2019

Black Start 2019 is poised to become a defining event for the future of energy in Puerto Rico.  We are thrilled to welcome Fundación Colibrí to our team as the Presenting Sponsor of the Conference. Fundación Colibrí is a new philanthropic entity established by a Puerto Rican family in the diaspora with the purpose of helping Puerto Rico to rebuild after the devastation caused by Hurricane Maria.  Since the energy sector plays a fundamental role in P.R.’s recovery, Fundación Colibrí immediately pledged their support.

CNE is further delighted to welcome the Environmental Defense Fund as the Principal Conference Partner for Black Start 2019.  EDF is a leading national nonprofit organization representing more than two million members. Guided by science and economics, EDF finds practical and lasting solutions to the most serious environmental problems including working toward a clean, modern energy system that better protects health outcomes, while boosting the economy.

The objective of Black Start 2019 is to take a step back, think and envision what the future of energy should be for Puerto Rico. Charting this vision will require thinking beyond the confines of Puerto Rico with a clear understanding of the island’s challenges as well as oppotunities. With the leadership of CNE, support of Fundación Colibrí and the worldview of the EDF team, Black Start 2019 is on!

Visit http://blackstart2019.com/ and register for more information!



El CNE le da la bienvenida a la Fundación Colibrí como el principal auspiciador de Black Start 2019 y el Environmental Defense Fund será el principal socio organizador.

La conferencia Black Start 2019 ya va encaminada a convertirse en un evento decisivo para el futuro energético en Puerto Rico. Nos entusiasma dar la bienvenida a la Fundación Colibrí, que se integra a nuestro equipo como principal auspiciador. La Fundación Colibrí es una nueva entidad filantrópica creada por una familia de la diáspora con el fin de ayudar a la reconstrucción de Puerto Rico luego del huracán María. Siendo el sector energético de importancia fundamental para la recuperación de la isla, la Fundación no dudó en confirmar su apoyo.

También recibimos al Environmental Defense Fund (EDF) como principal socio organizador de Black Start 2019. El EDF es una de las principales organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos, con más de dos millones de miembros. Fundamentado en la ciencia y la economía, el EDF se dedica a lograr soluciones prácticas y duraderas para los problemas ambientales más serios, entre ellos la necesidad de un sistema de energía limpio y moderno que proteja la salud a la vez que fomente la economía.

El objetivo de Black Start 2019 es desarrollar una nueva visión para el sector energético de Puerto Rico. Para concretar esta visión, es necesario pensar más allá de los confines de la isla, entendiendo a fondo los desafíos y oportunidades que ésta enfrenta. Con el liderato del CNE, el apoyo de la Fundación Colibrí y la visión internacional del EDF, el equipo de Black Start 2019 está listo para el reto.

Para más información, puede registrarse en http://blackstart2019.com/

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Ponencia del CNE ante el Senado sobre la política pública energética y su marco regulatorio

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A continuación, la ponencia presentada ante la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico por el Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, (CNE) Sergio Marxuach, el 30 de agosto de 2018: 

Buenos días, Honorable Senador Lawrence Seilhamer Rodríguez, Presidente de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico, Honorables Senadores miembros de esta Comisión, y a todo el público que nos acompaña en el día de hoy.

Hemos recibido su carta del 10 de agosto de 2018, mediante la cual nos cita a comparecer a estas vistas públicas para proveer nuestro insumo y recomendaciones sobre la política pública energética y el marco regulatorio que deben regir el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, previo a que se perfeccione cualquier Contrato de Alianza o Contrato de Venta relacionados a los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, en cumplimiento con los requisitos de la Ley 120 del 20 de junio de 2018, conocida como la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (“Ley 120”). Le agradecemos la oportunidad que nos brinda para participar en el análisis y discusión de esta importante medida de política pública.

Introducción
El huracán María devastó el sistema eléctrico de Puerto Rico. Después de la tormenta, la isla esencialmente ha tenido que reactivar su sistema energético del equivalente de lo que en la industria se llama un “blackstart”, que es el término técnico que describe el proceso de reactivar el sistema de generación energética luego de un apagón total.

A la misma vez, el sector de energía en todo el mundo está cambiando rápidamente a medida que nuevas tecnologías que son incompatibles con el paradigma centenario de generación centralizada, transmisión y distribución de energía entran en funcionamiento. Debemos aprovechar esta coyuntura, la destrucción casi total del sistema de energía en Puerto Rico y los adelantos tecnológicos en este sector, para traer al siglo 21 el anquilosado sistema eléctrico de la isla. Dicho de otra manera, debemos utilizar el “blackstart”, no para reconstruir el sistema energético a su estado al 19 de septiembre de 2017, sino para dar un salto cualitativo de envergadura.

Para que el sector de energía lleve a cabo con éxito la transición a un nuevo modelo de hacer negocios será necesario desarrollar una nueva visión del sistema, enmendar leyes y reglamentos, actualizar las redes de transmisión y distribución y fomentar el uso eficiente de la energía por parte de los consumidores. Esta es una tarea difícil, pero afortunadamente abundan los recursos para orientar a los legisladores, reglamentadores y las compañías de energía en este proceso.

Análisis y Recomendaciones
De entrada, es preciso señalar que la Sección 3 de la Ley 120 ya contiene una declaración de política pública que establece lo siguiente:

 

Fundamentados en las facultades legales y propietarias del Pueblo de Puerto Rico y su Gobierno sobre la AEE, esta Asamblea Legislativa dispone que su intención y su política pública es agilizar un proceso justo y transparente para el establecimiento de Alianzas Público Privadas con respecto a cualquier función, servicio o instalación de la corporación pública y a vender sus activos relacionados a la generación, colocando dichos activos en las manos privadas que demuestren un justo balance de interés comercial y sentido de responsabilidad social; con la capacidad operacional, tecnológica y financiera para transformar el sistema eléctrico en uno moderno, con tarifas razonables, con acceso universal, con fuentes de energía eficientes y ambientalmente aceptables; con una infraestructura resistente o resiliente, al máximo posible, al embate de fenómenos atmosféricos y naturales; con condiciones económicas y legales razonables para el Pueblo de Puerto Rico; y que provean condiciones de amplia accesibilidad, facilidad y rapidez en sus servicios directos al cliente.

Todo lo anterior, como mínimo, deberá ser tomado en consideración por el Comité de Alianzas como Intereses Fundamentales del Pueblo de Puerto Rico al evaluar a los proponentes y sus ofertas.

 

Siendo ese el caso, nuestro análisis y recomendaciones parten de la premisa que el mandato establecido en la Sección 9 de la Ley 120 requiriendo el desarrollo de la Política Pública Energética y Marco Regulatorio para el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (1) está subordinado a la política pública general establecida en la Sección 3 y (2) que tanto la Política Pública Energética y el Marco Regulatorio deben ser consistentes con los “Intereses Fundamentales” definidos en dicha Sección 3.

Por tanto, nuestra primera recomendación, para evitar confusiones y conflictos potenciales entre la política pública general ya legislada en la Sección 3 de la Ley 120 y la política pública energética específica que se estará redactando ahora, es que se definan claramente los términos claves.

De la misma manera en que la primera sección de cualquier contrato complicado contiene usualmente un listado de definiciones con la intención de crear un vocabulario—y eventualmente un lenguaje—común entre las partes, antes de proceder con la redacción de una política pública energética para Puerto Rico es necesario definir términos esenciales tales como: acceso universal, energía renovable, generación distribuida, micro-redes, resiliencia, externalidades ambientales, costo económico, costo social, mercado competitivo, venta de energía al por mayor, venta de energía al detal, trasbordo de energía (“wheeling”), elección del consumidor (“customer choice”), generación tradicional o centralizada, transmisión y distribución de energía, entre otros términos importantes.

El próximo paso, una vez se han definido los términos importantes, es redactar una visión a largo plazo que determine y establezca los objetivos que se quieren lograr a través de la política pública energética y el marco regulatorio.

Desarrollar esta visión requiere pensar más allá de los confines de la isla, pero tomando en consideración y entendiendo a fondo las limitaciones y retos que enfrenta Puerto Rico. Además, se necesitarán políticas públicas y reglamentos de avanzada para implementar esa visión, así como establecer lineamientos con respecto a los objetivos ambientales, los estándares de energía renovable, la eficiencia energética y el manejo de la demanda energética.

Esa declaración de la visión energética para Puerto Rico debe incluir entre tres a cinco objetivos estratégicos, así como una meta ambiciosa pero realista a largo plazo y partir de la premisa que el modelo de hacer negocios de las compañías de generación eléctrica, incluyendo a la AEE, tradicionalmente conocido como “build and grow”, basado en (1) la construcción de plantas generatrices cada vez más grandes, eficientes, y utilizando combustibles fósiles baratos y (2) en un aumento continuo en el consumo de electricidad, ya no es factible debido a limitaciones en la eficiencia alcanzable en la generación de electricidad, el aumento en el precio de los combustibles fósiles, nueva reglamentación ambiental, la reducción en la demanda de electricidad y la entrada de tecnologías nuevas de generación utilizando fuentes renovables.[1]

Partiendo de esas premisas, la visión del sistema energético de Puerto Rico, por ejemplo, y presentamos la siguiente visión sólo a manera de ejemplo, pudiera ser una como la siguiente:

“Para el año 2030 Puerto Rico tendrá un sistema eléctrico accesible, confiable, costo-eficiente, limpio y resiliente, anclado en la tecnología más avanzada disponible comercialmente y adaptable a sistemas aislados como el nuestro.”

Lo importante es que el proceso para desarrollar esa visión sea inclusivo y verdaderamente participativo y se le provea una oportunidad al mayor número posible de partes interesadas (“stakeholders”) de presentar y explicar su opinión sobre los objetivos estratégicos y la visión energética para el país.

En ese tipo de proceso es inevitable que se presenten objetivos y/o visiones que son lógicamente incompatibles, mutuamente excluyentes, o que requieren un balance de intereses para poder implementarse de manera eficaz. Les corresponde a ustedes, como representantes debida y democráticamente electos por el pueblo de Puerto Rico, resolver esos conflictos potenciales después de obtener el insumo de la mayor cantidad posible de las partes interesadas.

En tercer lugar, una vez se llega a un acuerdo sobre los objetivos y la visión que se quiere implementar, entonces procede diseñar políticas públicas dirigidas a facilitar la implementación de dichos objetivos y visión. Siguiendo con el ejemplo que presentamos anteriormente, la implementación de un sistema energético limpio y resiliente, requiere el diseño de políticas públicas que fomenten y promuevan el uso de las tecnologías de generación que producen poca o ninguna contaminación y que incentiven el uso de micro-redes, así como de líneas soterradas, donde dicha tecnología sea costo-eficiente, para mejorar la resiliencia del sistema.

En términos de la generación, la nueva política pública energética debería tomar en cuenta que las grandes instalaciones de generación con ciclos de recuperación de la inversión de más de 30 años son cada vez más una cosa del pasado. Mientras, la construcción de unidades de generación tradicional más pequeñas y altamente eficientes, ampliamente distribuidas en las áreas de servicio para suplir la carga base, se está convirtiendo rápidamente en una alternativa tecnológicamente factible y rentable. Complementar este modelo con soluciones de generación renovable y tecnologías de almacenamiento para proveer reservas, otros servicios auxiliares y carga adicional en las horas pico, no solo es eficiente, sino que puede ayudar a proporcionar un servicio con menos interrupciones y más costo-efectivo para todos los clientes.

Aquí es importante señalar que al comparar el costo de alternativas tradicionales de generación con el costo de alternativas de energía renovable es importante tomar en consideración todos los costos asociados con la generación tradicional (“all-in cost”), no solo el costo del combustible fósil pero los costos sociales también. Por ejemplo, el costo de la contaminación ambiental; el costo del tratamiento médico de casos de asma, problemas respiratorios, de los ojos y la piel; así como el costo de las muertes prematuras causadas por el cáncer y otras enfermedades causadas directa o indirectamente por las emisiones de contaminantes.[2]

Por el lado de la transmisión y distribución, la política pública energética debería fomentar la evolución de la red para incorporar de manera eficiente y confiable la generación distribuida, el uso de baterías a nivel de la red, así como al detal, para permitir el almacenamiento de electricidad cuando no se requiera su uso inmediato y así promover y aumentar el valor de los recursos de generación intermitente.

Además, el rápido crecimiento del mercado de automóviles eléctricos crea el potencial de demanda adicional, presumiblemente fuera de las horas pico, lo que ayudaría a estabilizar la demanda por una carga base que se proyecta a la baja en los próximos años. Los automóviles eléctricos también funcionarían como una solución de almacenamiento y podrían descargar energía a la red cuando surjan usos más valiosos para esa carga. Ahora bien, todo esto implicaría hacer inversiones de capital en áreas no-tradicionales dado que los automóviles eléctricos necesitarían estaciones de carga ampliamente disponibles y accesibles a través de toda la isla.

Por último, dados los efectos previsibles del rápido e inminente cambio climático, la red del siglo 21 tiene que ser lo suficientemente flexible para incorporar micro y mini-redes que puedan conectarse y desconectarse de la red principal, según sea necesario, para asegurar que las instalaciones de infraestructura crítica (hospitales, bombas de agua, telecomunicaciones etc.) tengan un respaldo adecuado en caso de desastres para proteger a las comunidades aisladas de interrupciones prolongadas de esos servicios y limitar los impactos a la salud y al medio ambiente.

Idealmente, estas políticas se diseñarían en cooperación con otras agencias y entidades del gobierno de Puerto Rico, del gobierno federal, del sector no-gubernamental y de base comunitaria, tales como la Comisión de Energía de Puerto Rico, el Departamento de Energía, la Southern States Energy Board, el Instituto de Competitividad (“ICSE”) y Casa Pueblo, entre otras.

Habiendo declarado y definido la política pública energética, procede entonces la operacionalización de dicha política pública y el diseño del marco regulatorio del sistema energético, a través de la redacción de reglas y reglamentos por las agencias administrativas con jurisdicción sobre el tema, la creación o expansión de programas gubernamentales y las asignaciones presupuestarias necesarias para llevar a cabo e implementar estos programas.

El modelo de reglamentación tendrá que evolucionar de uno basado en planes de recursos integrados a largo plazo a uno basado en una supervisión más proactiva con respecto a la utilización eficiente de los recursos y más dinámica en relación a los distintos actores y participantes en el sector energético. Esto significa que los reglamentadores deberán implementar un modelo de reglamentación basado en el desempeño (“performance-based regulation”), establecer parámetros transparentes para la rendición de cuentas, así como incentivos (y sanciones) para lograr los objetivos de la política energética.

Es imperativo que las nuevas estructuras tarifarias se diseñen para: (1) enviar las señales de precio correctas tanto a los generadores como a los consumidores; (2) promover la eficiencia energética; (3) manejar eficientemente la carga base y la demanda pico; (4) fomentar la transición a la interacción bi-direccional entre los operadores de la red y los clientes que instalen capacidad de generación distribuida; y (5) implementar tarifas basadas en el momento del uso de la energía para fomentar la eficiencia y la optimización del uso de los recursos. Además, se deberá promover la implementación de nuevas normas energéticas para el diseño de edificios, facilitar el financiamiento para la retro-adaptación de estructuras existentes para fomentar la conservación de energía y promover el uso de enseres electrodomésticos eficientes para estabilizar el consumo residencial.

Finalmente, corresponde a cada jefe de agencia con jurisdicción sobre este tema ejecutar las acciones necesarias para implementar los programas gubernamentales necesarios para hacer una realidad la visión a largo plazo y la nueva política energética de Puerto Rico.

Conclusión
En resumen, la reforma del sistema energético de Puerto Rico tiene que ser bien pensada, estratégica, y seguir una secuencia lógica, más aún cuando la AEE enfrenta simultáneamente los retos de la reconstrucción del sistema eléctrico después del Huracán María, la reestructuración de su deuda bajo el procedimiento del Titulo III de PROMESA, una baja sustancial en la demanda por sus servicios, y la privatización, total o parcial, del sistema eléctrico que ha sido administrado y operado como un monopolio por más de setenta años.

Nuevamente, agradecemos la oportunidad para participar en este debate y quedamos a su disposición para contestar cualquier pregunta que usted o los miembros de la honorable Comisión puedan tener con respecto a este importante asunto.

Respetuosamente sometido por Sergio M. Marxuach Colón, Director de Política Pública, Centro para una Nueva Economía

 

[1] Gretchen Bakke, The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future, (Bloomsbury: New York, 2017), pp. 72-93.
[2] Ver, por ejemplo, Nicholas Z. Muller, Robert Mendelsohn and William Nordhaus, “Environmental Accounting for Pollution in the United States Economy”, American Economic Review, vol. 101, (August 2011): 1649-1675.



 

Remarks to the Special Committee on Energy Affairs, Senate of Puerto Rico

Remarks presented to the Special Committee on Energy Affairs of the Puerto Rico Senate by the Center for a New Economy’s (CNE) Public Policy Director, Sergio Marxuach, on August 30, 2018:

Good morning, Senator Lawrence Seilhamer Rodríguez, Chairman of the Special Committee on Energy Affairs of the Senate of Puerto Rico, members of the committee, and everyone here with us today.

We have received your letter dated August 10, 2018, inviting us to testify in these public hearings and offer our recommendations on the public energy policy and regulatory framework that we believe should govern the Electrical System of Puerto Rico before any Public-Private Alliance Contract or Sales Contract is finalized involving the Puerto Rico Electric Energy Authority’s assets in compliance with the provisions of Law 120 of June 20, 2018, known as the Law to Transform the Electrical System of Puerto Rico (“Law 120”). We appreciate the opportunity you have given us to take part in the analysis and discussion of this important public policy measure.

Introduction

Hurricane Maria devastated Puerto Rico’s electrical system. After the storm, the island has essentially had to reactivate its energy system from the equivalent of what the industry calls a “black start,” which is the technical term for the process of reactivating the electrical generating system after a total blackout.

At the same time, the energy sector worldwide is rapidly changing as new technologies come online that are incompatible with the century-old paradigm of centralized generation, transmission, and distribution of energy. We should take advantage of this moment—the almost total destruction of the energy system in Puerto Rico and technological advances in the energy sector—to bring the island’s obsolete energy system into the twenty-first century. Or to put it another way, we should use this black start not to rebuild the energy system to its state on September 19, 2017, but to make an important qualitative leap forward.

If the energy sector is to make a successful transition to a new model of doing business, it will be necessary to develop a new vision for that system, amend laws and modify regulations, update the transmission and distribution grids, and promote the efficient use of energy among consumers. This is a difficult task, but fortunately there are abundant resources available for providing orientation to legislators, regulators, and energy companies.

Analysis and Recommendations
First of all, we should point out that Section 3 of Law 120 already contains a statement of public policy. It reads as follows:

 

Based on the legal and proprietary powers of the People of Puerto Rico and its Government over PREPA, this Legislative Assembly declares that its intention and its public policy is to implement, in a flexible and responsive way, a fair and transparent process for the establishment of Public-Private Alliances with regard to any of the public corporation’s functions, services, or facilities, and to sell its generation-related assets, placing those assets in such private hands as demonstrate a fair balance between commercial interest and a sense of social responsibility; with the operational, technological, and financial capacity to transform the electrical system into a modern one, with reasonable rates, universal access, and efficient and environmentally acceptable energy sources; with an infrastructure as resilient and as resistant as possible to the forces of atmospheric or natural phenomena; with economic and legal conditions reasonable to the People of Puerto Rico; and which provide the conditions for broad accessibility, ease, and rapidity in its direct services to customers.

All the above, as a minimum, must be taken into consideration by the Committee on Alliances as the Fundamental Interests of the People of Puerto Rico in evaluating the proponents and their offers.

 

This being the case, the premise of our analysis and recommendations is that the mandate established in Section 9 of Law 120, requiring the development of a Public Energy Policy and Regulatory Framework for the Electrical System of Puerto Rico (1) is subordinate to the general public policy established in Section 3, and (2) that both the Public Energy Policy and the Regulatory Framework must be consistent with the “Fundamental Interests of the People of Puerto Rico” set forth in Section 3.

 

Therefore, our first recommendation, in order to avoid confusion and potential conflicts between the general public policy already legislated in Section 3 of Law 120 and the specific energy public policy that is being drafted now, is that the key terms be clearly defined. Just as the first section of any complicated contract usually contains a list of definitions aimed at creating a vocabulary—and eventually a language—common to all parties, so, before proceeding with the drafting of an energy  public policy for Puerto Rico, it is necessary to define such essential terms as universal access, renewable energy, distributed generation, micro-grids, resilience, environmental externalities, economic cost, social cost, competitive market, retail energy sale, wholesale energy sale, wheeling, customer choice, traditional or centralized generation, energy transmission and distribution, and so on.

The next step, once the important terms have been defined, is to draft a long-term vision that will determine and establish the objectives to be achieved through the public energy policy and the regulatory framework.

Arriving at this vision requires thinking beyond the confines of the island while taking into consideration and developing a deep understanding of the limitations and challenges faced by Puerto Rico. In addition, advanced public policies and regulations will be needed in order to implement that vision. It will be necessary to set forth the guidelines of the environmental objectives for the system and basic standards for renewable energy, energy efficiency, and handling energy demand.

That statement of the energy vision for Puerto Rico should include from three to five strategic objectives and an ambitious but realistic long-term goal based on the premise that the business model for electric-generation companies, including PREPA, traditionally known as “build and grow,” based on (1) building increasingly larger and more efficient generating plants using cheap fossil fuels, and (2) a continuous increase in the consumption of electricity, is no longer feasible due to limitations in the efficiency achievable in electrical generation, the increase in the price of fossil fuels, new environmental regulation, a reduction in the demand for electricity, and the entrance of new generation technologies using renewable sources.[1]

[1] Gretchen Bakke, The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future, New York: Bloomsbury, 2017, pp. 72-93.

Taking those premises as our starting point, we present, just as an example, the following possible statement of the vision of the energy system of Puerto Rico:

“By the year 2020, Puerto Rico will have an electrical system that is accessible, reliable, cost-efficient, clean, and resilient, anchored in the most advanced commercially available technology and adaptable to isolated systems like our own.”

The important thing is that the process for developing that vision be inclusive and truly participatory, and that it provides an opportunity for the largest possible number of stakeholders to present and explain their view of the strategic objectives and energy vision for the island.

In this type of process, it is inevitable that objectives and/or visions will be presented that are logically incompatible, mutually exclusive, or that require the balancing of competing interests if those objectives are to be implemented in an effective way. The responsibility falls on you, as the duly and democratically elected representatives of the people of Puerto Rico to resolve those potential conflicts, after obtaining input from the largest possible number of stakeholders.

Third, once an agreement has been reached as to the objectives and vision that is to be implemented, the time will then have come to design public policies to enable the implementation of those objectives and vision. To continue with the example we gave earlier, the implementation of a clean and resilient energy system requires the design of public policies that foster and promote the use of generation technologies that produce little or no pollution and incentivize the use of microgrids, as well as underground lines, where that technology is cost-efficient, to improve the system’s resilience.

In terms of generation, the new energy public policy should consider the fact that large generation facilities with investment recovery cycles of more than thirty years are increasingly a thing of the past. Today, smaller, highly efficient traditional generation units broadly distributed in service areas in order to supply the base load are quickly becoming a technologically feasible and profitable alternative. Complementing that model with renewable generation solutions and storage technologies to provide reserves, other auxiliary services, and additional load at peak hours is not only efficient, but can help provide a more cost-effective service, with fewer interruptions, for all customers.

Here, it is important to point out that when we compare the cost of traditional generation alternatives with the cost of renewable energy alternatives, it is important to remember the “all-in” costs associated with traditional generation—which are not just the cost of fossil fuel but social costs as well: the cost of environmental pollution, the cost of medical treatment for asthma, other respiratory problems,  eye and skin diseases, and the cost of premature deaths caused by cancer and other diseases directly or indirectly caused by emissions of pollutants.[2]

On the transmission and distribution side, the public energy policy should foster the grid’s evolution to efficiently and reliably employ distributed generation and incorporate the use of batteries at the grid level as well as at the retail level so as to allow electricity to be stored when it is not immediately needed and thus foster and increase the value of intermittent-generation resources.

In addition, the rapid growth of the electric car market creates the potential for additional demand for electric power, presumably during off-peak hours, which could help to stabilize the demand for the base load that is projected to fall over the next few years. Electric vehicles would also function as a storage solution and could upload energy to the grid when more valuable uses emerge for that load. However, all this would entail making capital investments in non-traditional areas, given that electric vehicles would need readily available charging stations, which would, consequently, have to be widely distributed around the island.

Lastly, given the foreseeable effects of swift and imminent climate change, the grid of the twenty-first century must be sufficiently flexible to incorporate micro- and mini-grids that can be connected and disconnected from the main grid, as needed, to ensure that critical infrastructure facilities (hospitals, water pumps, telecommunications, etc.) have satisfactory backup in case of disasters, to protect isolated communities from prolonged interruptions in those services, and limit the impacts on health and the environment.

Ideally, these policies would be designed in cooperation with other agencies and offices of the government of Puerto Rico, the federal government, the non-governmental sector, and community-based organizations, such as the Puerto Rico Energy Commission, the Department of Energy, the Southern States Energy Board, the Puerto Rico Institute for Competitiveness and Sustainable Economy (ICSE), and Casa Pueblo.

Having stated and defined the public energy policy, the next step is the operationalization of that policy and the design of the regulatory framework for the energy system: rules and regulations are drafted by the administrative agencies with jurisdiction over this area, government programs are created or expanded, and budget allocations needed to implement those programs are made.

The regulation model will have to evolve away from a model based on integrated resource plans with long time horizons towards one based on more proactive supervision with respect to the efficient use of resources and more dynamic with respect to the oversight of the various actors and participants in the energy sector. This means that the regulators must implement a performance-based regulation model, define transparent parameters for accountability, and establish incentives (and sanctions) for achieving stated energy policy objectives.

It is imperative that the new rate structure be designed to: (1) send the right price signals to both generators and consumers; (2) promote energy efficiency; (3) encourage the efficient handling of the base load and peak demand; (4) encourage the transition to two-way interaction between the grid operators and customers who install distributed generation capacity; and (5) implement rates based on the time of energy use in order to foster efficiency and optimization in the use of resources. In addition, the system should promote the implementation of new energy norms for the design of buildings, facilitate financing for retrofitting existing structures in order to encourage energy conservation, and promote the use of efficient household appliances in order to stabilize residential consumption.

Finally, it should be the responsibility of every agency head with jurisdiction over this area to take all actions necessary for implementing the government programs needed for making the long-term vision and the new energy policy for Puerto Rico a reality. 

Conclusion
In summary, the reform of Puerto Rico’s energy system must be well thought out, strategic, and follow a logical sequence, especially when PREPA is simultaneously facing the challenges in connection with rebuilding the electrical system after Hurricane Maria, restructuring its debt under Title III of PROMESA, experiencing a substantial decline in demand for its services, and entering into a process for the total or partial privatization of an electrical system that has been managed and operated as a monopoly for more than seventy years.

Once again, we appreciate the opportunity to take part in this debate, and we are at your disposal to answer any question that you or the other members of this Committee may have with respect to this important matter.

Respectfully submitted by: Sergio M. Marxuach Colón, Policy Director, Center for a New Economy

 

[1] Gretchen Bakke, The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future, New York: Bloomsbury, 2017, pp. 72-93.

[2] See, for example, Nicholas Z. Muller, Robert Mendelsohn, and William Nordhaus, “Environmental Accounting for Pollution in the United States Economy,” American Economic Review, vol. 101, (August 2011): 1649-1675.

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Reestructuración de la deuda de la AEE 2.0

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Introducción
El 31 de julio el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) y la Junta de Control Fiscal (“JCF”) anunciaron un acuerdo preliminar para apoyar la reestructuración de una parte de la deuda de la AEE con un grupo de bonistas no-asegurados de dicha entidad.

Descripción de la Transacción
La transacción propuesta consiste de un intercambio de los bonos existentes (no-asegurados) de la AEE por bonos nuevos a ser emitidos por la Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica o por una entidad nueva creada especialmente para ese propósito (“a new bankruptcy-remote special purpose vehicle”).

Los bonos nuevos, a su vez, se dividen en dos grupos: los Bonos Clase A (“Tranche A”) y los Bonos Clase B (“Tranche B’). Los Bonos Clase A se intercambiarían por bonos existentes de la AEE a razón de 67.5 centavos por cada dólar de valor nominal (“face value”) de bonos existentes. Mientras los Bonos Clase B se intercambiarían a una tasa de 10 centavos por cada dólar de valor nominal de bonos existentes.

Por ejemplo, una persona que es dueña de bonos de la AEE con un valor nominal de $100,000, recibiría Bonos Clase A con un valor nominal de $67,500 y Bonos Clase B por con un valor nominal de $10,000, para una recuperación total de $77,500. Esto implica una reducción en el principal nominal de los bonos existentes de 22.5%.

Los Bonos Clase A pagarían intereses en efectivo a una tasa anual de 5.25% sobre su valor nominal y tendrían un término (“maturity”) de 40 años; mientras que los Bonos Clase B pagarían interés en especie (“payment in kind”), es decir mediante la emisión adicional de Bonos Clase B, a una tasa equivalente al 7.0% del valor nominal (o de 8.75% en el caso de que se determine que una porción de los Bonos Clase B no es exenta del pago de impuestos), y tendrían un término de 45 años.

En ambos casos el término de los bonos pudiera ser menor al establecido inicialmente si se cumplen ciertas condiciones. Por otro lado, el término de los Bonos Clase A se pudiera extender mas allá de la fecha de vencimiento inicial, si a esa fecha, el interés y principal de esos bonos no ha sido pagado en su totalidad.

Repago de los Bonos Nuevos
El repago de ambas clases de bonos nuevos estaría asegurado con un gravamen sobre el flujo de efectivo futuro generado por la AEE que sería gravado mediante la imposición de un Cargo de Transición. Ese Cargo sería de 2.636 c/kWh durante los primeros cinco años; de 2.729 c/kWh durante los años del 6 al 10; de 2.868 c/kWh durante el año 11; y aumentaría a una tasa anual de 2.5% hasta llegar a la cantidad de 4.348 c/kWh. En ese momento el Cargo de Transición se mantendría fijo en esa cantidad hasta el vencimiento de los bonos nuevos.

 

Los Bonos Clase A comenzarían a acumular y pagar intereses en efectivo inmediatamente después de su emisión; mientras que los Bonos Clase B comenzarían solamente a acumular intereses durante ese mismo periodo. Eventualmente los dueños de los Bonos Clase B recibirían 100% del flujo de efectivo en exceso del requerido para amortizar los Bonos Clase A, pero los dueños de Bonos Clase B no podrán recuperar una cantidad en exceso de (1) el valor nominal de intercambio mas (2) el valor en efectivo del pago de interés en especie.

Impago no es Incumplimiento
Resulta interesante que uno los términos acordados, por lo menos en el acuerdo preliminar, es que los bonistas no podrán declarar un evento de incumplimiento en el caso de que la AEE incumpla en algún momento con el servicio de la deuda pautado, siempre y cuando el dinero producto del Cargo de Transición se utilice en su totalidad para el pago de los bonos nuevos.

Por ejemplo, si el servicio de la deuda para el año X es de $100 millones, pero el Cargo por Transición solo genera $80 millones, debido digamos a una baja mayor a la proyectada en la demanda por electricidad, entonces los bonistas no podrían declarar un evento de incumplimiento siempre y cuando la AEE abone esos $80 millones en su totalidad al pago de la deuda. A cambio de esa concesión por los bonistas, los bonos continuarían acumulando intereses a la tasa acordada y el vencimiento de los Bonos Clase A se extendería hasta ser repagados en su totalidad. Pero ese no sería el caso con los Bonos Clase B, que en teoría podrían vencer aún cuando faltara una porción por amortizar.

Finalmente, los bonistas que participen en el intercambio recibirían como incentivo, a cambio de renunciar ciertos derechos contractuales y de apoyar la transacción, una comisión, pagadera en la forma de Bonos Clase A, igual a 1.72% del valor nominal de los bonos que intercambien. Además, tendrían derecho a recibir una comisión adicional, pagadera también en la forma de Bonos Clase A, igual a 0.95% del valor nominal de los bonos que intercambien si se cumplen otras condiciones.

Recorte del Principal
Mucha de la discusión pública se ha enfocado en la cantidad del recorte (“haircut”) en el principal de los bonos de 22.5%. Es difícil, dependiendo solamente de la información plasmada en los documentos públicos, determinar si esa cantidad es (1) razonable y (2) suficiente para que la AEE continúe en operaciones de manera sostenible.

Por un lado, debemos recordar que los bonos de la AEE son lo que se llaman en ingles, “special revenue bonds”, que usualmente gozan de una gran protección en los procesos de quiebra municipal bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos. Estos son bonos emitidos usualmente por entes gubernamentales que proveen servicios básicos tales como transportación, agua, alcantarillado, electricidad, o gas para calefacción, entre otros. La garantía de repago de estos bonos, al igual que es el caso con los bonos existentes de la AEE, es un gravamen sobre los ingresos netos (después de pagar los gastos operacionales) generados por el emisor.

De acuerdo con James E. Spiotto, experto en quiebras municipales y autor del libro Municipalities in Distress?: How States and Investors Deal with Local Government Financial Emergencies, el Congreso enmendó el Código de Quiebras en 1988 específicamente para aclarar que los ingresos gravados a favor de este tipo de bonistas no podían ser desviados para otros propósitos y que esos bonistas tenían derecho a seguir recibiendo sus pagos (otra vez, recalco, neto de los gastos operacionales del emisor) aún después del deudor haber radicado el recurso de quiebra. Por esa razón, estos bonos usualmente no sufren modificaciones significativas, si alguna, en un proceso bajo el Capítulo 9. En ese sentido podríamos determinar que en comparación con otras quiebras de entidades similares en los Estados Unidos el recorte de 22.5% es razonable.

Ahora bien, la AEE no se encuentra en un proceso bajo el Capítulo 9, aunque el Titulo III de PROMESA incorpora muchas de las disposiciones de ese Capítulo a través de la sección 301(a) de esa ley. Por tanto, la JCF pudiera tener más grados de libertad al negociar una reestructuración de la deuda de la AEE. Además, en el caso de la AEE tenemos que tomar en consideración los siguientes factores (1) opera en una economía que lleva años sin crecer; (2) sus administradores han pospuesto negligentemente el mantenimiento de las plantas de generación y de las líneas de transmisión y distribución por décadas; (3) la demanda por el servicio eléctrico se proyecta a la baja en los próximos años; y (4) la AEE necesita una inversión de capital masiva para modernizar y optimizar sus operaciones.

Dado todo lo anterior, entonces, el recorte de 22.5% en el principal de la deuda existente puede que no sea suficiente para que la AEE continúe operando de forma sostenible. Esa puede ser la razón que explica porque los bonistas accedieron a renunciar al derecho de declarar un evento de incumplimiento en caso de un impago. Parece que las partes están asumiendo de entrada que existe una probabilidad alta de que la AEE no pueda honrar los términos y condiciones negociados y han acordado un mecanismo ex ante para mitigar ese riesgo.

De hecho, de los documentos del acuerdo preliminar no se desprende como se llegó a la determinación de que esa cantidad de alivio es el requerido para que la AEE pueda seguir operando. En el Plan Fiscal del 1 de agosto de 2018 tampoco se explica o se toma en consideración el servicio de la deuda más allá de estipular que la cantidad de deuda existente no es sostenible (ver página 27 del Plan Fiscal del 1 de agosto de 2018). Tampoco ninguna de las proyecciones plasmadas en el Plan Fiscal incluye un análisis de cómo se afectarían las tarifas en un escenario post-restructuración de la deuda. En nuestra opinión, parece que hay una desconexión entre los escenarios del Plan Fiscal y lo acordado preliminarmente con los bonistas. Por lo tanto, con la información disponible en estos momentos no podemos analizar con certeza si la reducción propuesta en el principal es la necesaria para mantener la factibilidad de la empresa.

Cargo de Transición
Otro asunto que ha captado la atención del público es el Cargo de Transición. Ese debate se ha centrado en tratar de determinar si dicho Cargo constituye o no un aumento en la tarifa. En teoría, tal y como argumentan algunos representantes del gobierno, la imposición del Cargo no necesariamente implicaría un aumento en la tarifa a los clientes, siempre y cuando la AEE reduzca sus costos operacionales por una cantidad igual o mayor a la que representa el Cargo de Transición. En la práctica alcanzar dicha reducción sería bien difícil—pero no imposible.  

Por ejemplo, en la factura más reciente que recibí de la AEE, me cobraron 21.41 centavos por cada kWh que consumí. El Cargo de Transición para el primer año sería de 2.636 centavos por kWh, equivalente a un 12.3% del precio que la AEE me facturó por kWh en esa factura. Bajo condiciones normales, pudiera ser factible lograr una reducción en costos operacionales de esa magnitud.

Pero no estamos en tiempos normales. Como argumentamos anteriormente, la economía se encuentra en depresión, la demanda por energía eléctrica esta bajando y se proyecta que siga bajando y de acuerdo con el Plan Fiscal, la AEE necesita hacer una serie de inversiones de capital para reducir su dependencia en el petróleo y reducir sus costos operacionales y esas inversiones tienen que ser financiadas de alguna manera.

En términos específicos, en el Plan Fiscal se proyecta una reducción en el costo por combustible de aproximadamente 25% entre el 2018 y el 2023. Esa premisa nos parece poco razonable. Y se esconde en una nota al calce el hecho de que dicho ahorro depende de una inversión de capital de aproximadamente $2,900 millones en generación nueva (Plan Fiscal páginas 43 y 44). También queda sin contestar la pregunta de quien financiaría dicha inversión en la generación nueva. Dadas esas circunstancias me parece que lograr esos ahorros es muy poco probable, aunque, repito, no imposible.

Efectos sobre la Privatización
Tal vez más importante que ese debate, es que ni el “term sheet” de la transacción ni el Plan Fiscal certificado por la JCF, explican como se calculó ese Cargo de Transición ni a que volumen de ventas de electricidad se aplicaría. Este último punto es sumamente importante porque podría afectar la transformación propuesta para la red de transmisión y distribución.

Por ejemplo, si el cargo sólo se aplica a la producción de electricidad por los activos de generación de PREPA, los bonistas tendrían un incentivo para desalentar la entrada en línea de activos de generación nueva (por ejemplo, energía solar y eólica a gran escala). Si se aplica a toda la energía que se transmita a través de la red, los bonistas tendrían un incentivo para desalentar a los clientes de la AEE a desconectarse de la red, por ejemplo, invirtiendo en sus propias microrredes. Si se aplica a todos los clientes, incluso a aquellos que se han desconectado de la red, esto desalentaría a los abonados de invertir y construir microrredes privadas. Por tanto, es imperativo que se provea información adicional sobre como funcionaria el Cargo por Transición y analizar como su imposición afecta los incentivos económicos o limita las opciones factibles para transformar la red de transmisión y distribución.

Además de todo lo anterior, quedan muchas preguntas sin contestar. Por ejemplo, ¿que va a pasar con los bonistas que tienen bonos asegurados por las compañías aseguradoras de instrumentos financieros? ¿Se le ofrecerán los mismos términos y condiciones o se negociará otra transacción? ¿El Cargo de Transición se le cobraría a todos los clientes, incluyendo los municipios y aquellos que reciben subsidios? ¿La Comisión de Energía de Puerto Rico tendría que analizar y avalar tanto la transacción de intercambio de bonos como el Cargo por Transición? ¿Cómo se afectaría la propuesta de transformación de la AEE a la luz de esta transacción con los bonistas existentes?

Conclusión
En suma, la transacción propuesta constituye un primer paso importante en la transformación de la AEE, pero todavía nos falta mucha información para determinar si la transacción propuesta es en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

Por: Sergio M. Marxuach, Director de Política Pública, Centro para una Nueva Economía

 

 

Introduction
On July 31, the government of Puerto Rico, the Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA), and the Financial Oversight and Management Board (FOMB) announced a preliminary agreement aimed at restructuring a part of PREPA’s indebtedness with a group of unsecured bondholders.

Description of the Transaction
The proposed transaction consists of an exchange of the existing (unsecured) bonds issued by PREPA for new bonds to be issued by the Corporation for the Revitalization of the Electric Power Authority, or by a new entity created especially for that purpose—“a new bankruptcy-remote special purpose vehicle,” in the language of the proposal.

The new bonds would, in turn, be divided into two groups: “Tranche A” bonds and “Tranche B” bonds. Existing PREPA bonds would be swapped for Tranche A bonds at the rate of $0.675 for every dollar of the existing bonds’ face value and Tranche B bonds at the rate of ten cents on every dollar of the existing bonds’ face value.

Thus, a person who owns PREPA bonds with a face value of $100,000 would receive Tranche A Bonds with a face value of $67,500 and Tranche B Bonds with a face value of $10,000, for a total recovery of $77,500, which is equivalent to a reduction of 22.5% in the face value of the existing bonds’ principal.

The Tranche A Bonds would pay interest in cash at a effective annual rate of 5.25% on their face value and would mature in 40 years, while the Tranche B Bonds would offer payment in kind—that is, with the additional issuance of Tranche B Bonds—at a rate equivalent to 7% of their face value (or 8.75% should it be determined that a portion of the Tranche B Bonds is not tax exempt), and would mature in 45 years.

In both cases, the bonds could mature sooner than the term initially established if certain conditions are met. On the other hand, the maturity of the Tranche A Bonds could be extended beyond the initial maturity date if at that time the interest and principal on those bonds has not been paid in its entirety.

Repayment of the New Bonds
The repayment of both classes of new bonds would be guaranteed with a lien on the future cash flow generated by PREPA, which would be encumbered by the imposition of a Transition Charge. That charge would amount to 2.636 cents per kWh for the first five years, 2.729 cents per kWh for years 6 to 10, 2.868 cents per kWh in year 11, and then increase at an annual rate of 2.5% until it reached 4.348 cents per kWh. At that point, the Transition Charge would remain fixed at that rate until the maturity date for the new bonds.

The Tranche A bonds would begin to accumulate and pay interest in cash immediately after issuance, while the Tranche B bonds would begin to accumulate interest (accumulate only, with payment in kind,  not cash) during that same period. Eventually, the owners of Tranche B bonds would receive 100% of the cash flow in excess of the amount required to amortize the Tranche A bonds, but those owners would not be able to recover an amount in excess of (1) the exchange face value plus (2) the cash value of the interest payed in kind.

Non-Payment is Not Default
It is interesting that one of the terms to which the parties agreed, at least in the preliminary agreement, is that bondholders will not be able to declare an event of default should PREPA at some point not make its scheduled debt service payment in full, so long as the revenue generated from the Transition Charge is used in its entirety to pay off the new bonds.

For example, if the debt service for Year X is $100 million, but the Transition Charge generates only $80 million, due, let’s say, to a larger than expected decrease in demand for electricity, the bondholders would not be able to declare PREPA in default so long as PREPA directs the entirety of that $80 million toward debt payment. In exchange for that concession by the bondholders, the bonds would continue to accumulate interest at the agreed upon rate and the maturity date of Tranche A bonds would be extended until they had been repaid in full. But that would not be the case with Tranche B bonds, which in theory could mature even if a portion had not yet been amortized.

Finally, the bondholders who agree to the swap would receive, as an incentive, in exchange for waiving certain contractual rights and supporting the transaction, a fee, payable in the form of Tranche A bonds, equal to 1.72% of the face value of the bonds they exchange. In addition, they would have the right to receive an additional fee, also payable in the form of Tranche A bonds, equal to 0.95% of the face value of the bonds they exchange if certain other conditions are met.

Giving the Principal a Haircut
Much of the public discussion has focused on the amount of the “haircut,” or reduction, to the bonds’ principal, an amount equal to 22.5%. It is difficult, relying solely on information contained in public documents, to determine whether that amount is (1) reasonable and/or (2) sufficient to allow PREPA to continue operating in a sustainable way.

On the one hand, we should remember that PREPA bonds are “special revenue bonds,” which usually enjoy a high degree of protection in municipal bankruptcy cases under Chapter 9 of the U.S. Bankruptcy Code. These are bonds usually issued by governmental agencies that provide such basic services as transportation, water, sewers, electricity, gas for heating, and so on. The repayment guarantee for these bonds, as is the case with the existing PREPA bonds, is a lien against the net revenues (after paying the operating costs of the issuer) generated by the issuer.

According to James E. Spiotto, an expert in municipal bankruptcies and author of Municipalities in Distress?: How States and Investors Deal with Local Government Financial Emergencies, Congress amended the Bankruptcy Code in 1988 specifically to make it clear that revenues encumbered on behalf of this type of bondholders could not be diverted for other purposes, and that those bondholders had the right to continue receiving their payments—again, I stress, net of the issuer’s operating costs—even after the debtor had filed for bankruptcy. Therefore, these bonds are not as a general rule substantially modified, if at all, in a case under Chapter 9. Thus, we might say that in comparison with other bankruptcies by similar entities in the United States, the 22.5% reduction in the principal is reasonable.

However, PREPA is not in a process under Chapter 9, even though Title III of PROMESA incorporates many of the provisions of that Chapter in its Section 301 (a). Therefore, the FOMB may have more leeway to negotiate a restructuring of PREPA’s debt. In addition, in the case of PREPA, we must take the following factors into account: (1) it operates in an economy that has shown no growth in years; (2) its administrators have negligently postponed maintenance on its generation plants and its transmission and distribution lines for decades; (3) the demand for electricity is projected to decrease over the next few years; and (4) PREPA needs a massive injection of capital in order to modernize and optimize its operations.

Given those factors, the haircut of 22.5% to the principal of the existing debt may not be sufficient to allow PREPA to continue operating in a sustainable way. That may be the explanation for the bondholders’ having agreed to waive the right to declare PREPA in default in case of a non-payment. It appears that the parties to the agreement are assuming from the outset that there is a high probability that PREPA will not be able to honor the negotiated terms and conditions, and so have agreed on a mechanism beforehand to mitigate that risk.

In fact, the documents related to the preliminary agreement do not reveal how the determination was reached that that amount of debt relief is the amount required to allow PREPA to continue operating. The Fiscal Plan of August 1, 2018, also does not explain or take into consideration debt service beyond stipulating that the amount of the existing debt is not sustainable (see page 27 of the Fiscal Plan of August 1, 2018). Nor do any of the projections laid out in the Fiscal Plan include analysis of how electricity rates would be affected in a post-debt-restructuring scenario. In our opinion, it appears that there is a disconnect between the Fiscal Plan’s scenarios and what is set forth in the preliminary agreement with the bondholders.

Therefore, with the information available at this time, we cannot determine with any certainty whether the proposed reduction in the principal represents the amount needed to maintain the corporation as a going concern.

Transition Charge
Another issue that has captured the public’s attention is the Transition Charge. That debate has centered on trying to determine whether the charge is or is not a rate increase. In theory, as some government representatives argue, the charge would not necessarily entail a rate increase for customers, so long as PREPA reduces its operating costs by an amount equal to or less than the charge. In practice, achieving that reduction would be very difficult—although not impossible.

For example, on the most recent electric bill I received from PREPA, I was charged 21.41 cents per kWh. The Transition Charge for the first year would be 2.636 cents per kWh—12.3% of the price that PREPA billed me for on that statement. Under normal conditions, it might be feasible to achieve a reduction in operating costs in that amount.

But we are not operating under normal conditions. As I argued before, the economy is in depression, the demand for electricity is decreasing and is projected to continue decreasing. And according to the Fiscal Plan, PREPA needs to make a series of capital investments in order to reduce its dependency on oil and reduce its operating costs, and those investments have to be financed in some way.

In specific terms, the Fiscal Plan projects a reduction in the price of fuel of approximately 25% between 2018 and 2025. We do not believe that premise is particularly reasonable. And hidden in a footnote is the fact that those savings depend on a capital investment of approximately $2.9 billion in new generation (Fiscal Plan, pages 43 and 44). Also unanswered is the question of who would finance that investment in new generation capacity. Given those circumstances, it seems to me that achieving those savings is highly unlikely—although, I repeat, not impossible.

Effects on Privatization
Perhaps more important that the foregoing debate is that neither the transaction’s Term Sheet nor the Fiscal Plan certified by the FOMB explains how that Transition Charge was calculated or to what volume of sales of electricity it would be applied. This latter point is extremely important because it could affect the proposed transformation of the transmission and distribution network.

For example, if the charge is applied only to the production of electricity by PREPA’s generation assets, then bondholders would have an incentive to discourage new generation assets (such as solar and wind energy) from coming on line. If it is applied to all the energy transmitted by the network, then bondholders would have an incentive to discourage PREPA customers from disconnecting from the network as a result, for example, of investing in their own microgrids. If it is applied to all customers, even those who have disconnected from the network, then it would discourage customers from investing in and building private microgrids. Thus, it is imperative that additional information be provided about how the Transition Charge would work and that an analysis be carried out of how the charge’s imposition would affect economic incentives or limit the feasible options for transforming the transmission and distribution network.

In addition to all this, there are many questions left unanswered. For example, what is going to happen to the bondholders holding bonds insured by companies who insure financial instruments? Will the same terms and conditions be offered to those bondholders, or will another transaction be negotiated? Will the Transition Charge be collected from all customers, including municipalities and those customers who receive subsidies? Will the Puerto Rico Energy Commission have to analyze and approve both the bond exchange transaction and the Transition Charge? How will the proposal to transform PREPA be affected in the light of this transaction with the existing bondholders?

Conclusion
In sum, the proposed transaction constitutes an important first step in the transformation of PREPA, but there is much important information that we still need to determine whether the proposed transaction is in the best interests of the people of Puerto Rico.

By: Sergio Marxuach, Policy Director, Center for a New Economy

CNE has a New Director in Washington, DC

Now more than ever, the playing field in Washington, DC is highly uneven for Puerto Rico. Given this political context, Puerto Rico urgently needs a new civic infrastructure that will place island stakeholders in the corridors of power where critical decisions about Puerto Rico’s future are being made. 
 
Over the past two years, CNE has strengthened its position as an important, independent  and highly credible voice in the policy space of the United States.  CNE’s networks, strong credibility and policy expertise constitute valuable assets with which to decisively move a non-partisan Puerto Rico policy agenda in Washington. 
 
We are thrilled to announce that beginning next week we take our work in the U.S. Capital to the next level by appointing Rosanna Torres as the Director of the CNE Washington, DC office.

Rosanna is a seasoned Policy Executive who has worked at several government agencies including the Treasury Department, and comes to us from her most recent position as a Legislative Director in Congress.

 Rosanna will continue to build CNE’s institutional capacity to convene and work with actors of different ideologies to conduct non-partisan advocacy on behalf of Puerto Rico. CNE’s contacts in the nation’s decision making circles and its credibility as a neutral, balanced and pragmatic actor constitute crucial advantages for this type of undertaking.  Rosana will also build up CNE’s DC presence into a center of gravity for all things Puerto Rico in the U.S. mainland providing a platform for academic, cultural and diaspora interests.

For more information  click here.


Ahora más que nunca, el terreno de juego en Washington, DC, se presenta sumamente accidentado para Puerto Rico. En este contexto político, se necesita con urgencia una nueva infraestructura cívica que coloque los intereses de Puerto Rico en las esferas de poder donde están tomándose las decisiones críticas que afectan su futuro.

A lo largo de los pasados dos años, el CNE ha fortalecido su posición como una voz importante, independiente y de sólida credibilidad en los espacios de política pública de Estados Unidos. Los contactos, confiabilidad y experiencia en política pública del CNE son recursos valiosos para promover con firmeza una agenda de política pública no partidista para Puerto Rico en Washington.

Con gran entusiasmo anunciamos que a partir de la próxima semana intensificaremos nuestra labor en la capital estadounidense con la designación de Rosanna Torres como directora de la oficina del CNE en Washington, DC.

Rosanna es una experimentada ejecutiva en política pública que ha trabajado con diversas agencias del gobierno federal, entre ellas el Departamento del Tesoro, y antes de integrarse al CNE fue directora legislativa en el Congreso de EE.UU.

Rosanna continuará cimentando la capacidad institucional del CNE para convocar y trabajar junto a actores de diversas ideologías en aras de abogar a favor de Puerto Rico de una manera no partidista. Los contactos del CNE en los círculos donde se toman las decisiones en Estados Unidos y su credibilidad como parte neutral, equilibrada y pragmática constituyen ventajas cruciales para este tipo de gestión. Rosanna también consolidará la presencia del CNE en Washington como centro focal de todo lo relacionado con Puerto Rico en Estados Unidos, facilitando una plataforma a los intereses académicos, culturales y de la diáspora.

Para mas información haga clic aquí.

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De resilencia a resistencia

 

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Los desastres naturales mayormente destruyen, pero también generan nuevos vocabularios que incluyen un revoltijo de acrónimos, y toda clase de conceptos técnicos que los sobrevivientes tenemos que aprender y asimilar rápidamente, como el término “resiliencia”. A pesar de que numerosos científicos y planificadores ambientales han definido, estudiado y debatido la capacidad de resiliencia en Puerto Rico por años, la palabra se ha popularizado rápidamente, no solo entre los círculos académicos, sino también en las narrativas de los oficiales públicos locales, en la mojiganga de los comentaristas de noticias y en los relatos de los medios noticiosos. Su notorio alcance demuestra un deseo común de querer armar una historia de superación, y revela nuestra afición por hablar con urgencia sobre la redención, especialmente luego de haber sobrevivido dos huracanes y apenas sobrellevar un período de recuperación catastrófico, marcado por la improvisación y el desdén colonial.

La “resiliencia” también se ha convertido en un término casi omnipresente entre los que ostentan el poder porque les permite referirse al trauma e incesante sufrimiento asépticamente, sin sentimentalismos y cursilerías. Con una palabra, pueden afirmar que nos cayeron a golpes, pero no nos rompieron el espinazo y notificarle al resto del mundo que vamos ripostar y a “build back better” para revertir los nefastos efectos de un shock climatológico.

Según argumentan los planificadores Larry Vale y Thomas Campanella en el capítulo final del libro titulado “The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster”, las narrativas de la resiliencia son políticamente necesarias porque los desastres desafían la competencia y la autoridad de los gobiernos que prometen cuidar nuestras vidas y procurar nuestra seguridad. Concebir a la reconstrucción como un relato de progreso y perseverancia ante la adversidad le sirve al estado para fortalecer su legitimidad, especialmente luego de un evento devastador que desestabiliza la infraestructura política y social. La retórica de la resiliencia, como nos recuerdan los autores, “no está exenta de la política, el interés propio o la discordia”. En los períodos post desastre, los gobiernos de turno —y el nuestro no está exento— usualmente aspiran a que los ciudadanos no se quiten, que se levanten y sigan hacia delante para que no se enfusquen en la angustia que generan el desbarajuste de los servicios básicos y la avalancha de fallas sistémicas.

De igual manera, los hombres y mujeres de negocio desean que el mundo sepa que están “open for business” y se esmeran en sustituir las imágenes del territorio a oscuras con campañas de publicidad que resaltan las oportunidades que surgen ante la adversidad. Pero, ciertamente, no todo el mundo se levanta, sigue pa’lante o mantiene la calma. Los pobres, los marginalizados y los desposeídos, aquellos que continuamente se enfrentan y combaten diversos shocks y estresores, rara vez son llamados a definir la narrativa oficial de la resiliencia. Ante esta situación, numerosos colectivos levantan la voz para denunciar cómo el discurso del “comeback” o el “Puerto Rico se levanta” les sirve a aquellos que buscan acallar los llamados urgentes a resistir, particularmente cuando los ánimos están caldeados y la gente está dispuesta a salir a la calle.

Comúnmente financiadas por entidades foráneas que buscan ejercer algún nivel de control e influencia, las campañas enfocadas en promover la resiliencia también son parte del vasto catálogo de enfoques e ideas que transitan, principalmente del Norte hacia el Sur, y forman parte de lo que la teórica Ananya Roy llama las “prácticas mundializantes de la planificación”. Estas prácticas se pueden entender como modelos o conocimientos especializados que sirven para avanzar soluciones que se supone que le brinden orden al caos o traigan la belleza a los paisajes reventados. Usualmente, las trafican poderosos actores globales, como empresas consultoras, entidades filantrópicas y otras instituciones multinacionales que operan en lo que los geógrafos Jamie Peck y Nik Theodore llaman “fast policy worlds”. Los actores que circulan en estos circuitos de peritaje global se caracterizan por recetar ideas y políticas prefabricadas e implementar soluciones experimentales en diversos escenarios locales. Visto desde este crisol, el vuelco reciente hacia la resiliencia forma parte de una larga tradición experimental boricua.

Desde los programas de modernización que comenzaron en la década del 1940 —que sirvieron para ensayar, con empresas estatales, la exportación de mano de obra excedente a través de la migración, y campañas de esterilización—hasta la creación del Estado Libre Asociado a mediados del siglo XX y la reciente imposición de una Junta de Control Fiscal bajo la Ley PROMESA, Puerto Rico ha servido como laboratorio social y político para numerosos intereses globales y coloniales. Lejos de identificar tratamientos fructíferos que sirvan para aliviar algunos de nuestros males, los grandes experimentos ejecutados en la isla, en su mayoría avanzados durante períodos de crisis, han hecho poco para atajar la pobreza, o contrarrestar la creciente desigualdad y corrupción.

Volviendo al auge de la resiliencia, queda claro que en su nombre se tratará de imponer e implementar prototipos y proyectos ideados por los mercaderes de ideas que navegan las aguas globales y recién desembarcan en la isla. Pero, distinto a lo que plantean sus críticos más acérrimos, no creo que la resiliencia sea un enfoque inútil o nocivo. El largo camino hacia la recuperación y la reconstrucción de la isla se puede emprender solamente si las comunidades y sus residentes logran sobrevivir y recuperarse luego de una catástrofe. Durante los pasados meses, hemos sido testigos de las gestiones solidarias e innovadoras de numerosos colectivos comunitarios que demostraron una capacidad impresionante para responder a emergencias, restablecer ciertos servicios básicos y crear redes de apoyo mutuo para hacerle frente a la dejadez y al deterioro de la capacidad gubernamental. Tomando en cuenta esas experiencias aleccionadoras, me parece que la resiliencia nos sirve para reflexionar sobre nuestros límites, y así inspirarnos a cuestionar y movilizarnos en contra de las asimetrías de poder, hacer valer nuestros derechos e, incluso, provocar que practiquemos la resistencia. 

 

Por: Deepak Lamba-Nieves

El autor es Director de Investigación y el Churchill G. Carey, Jr. Chair del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 29 de julio de 2018.

 


 

Natural disasters mostly destroy, but they also generate new vocabularies that include an alphabet soup of acronyms and all sorts of technical concepts that we survivors have to quickly learn and assimilate—concepts, for instance, like “resilience.” Although many environmental scientists and planners have defined, studied, and debated the degree of resilience in Puerto Rico for years, the word has swiftly gained great popularity not only within academic circles but also in the narratives of local public officials, the gobbledygook of talking heads, and articles and stories in the press. The term’s widespread use denotes a shared desire to see in our situation a story of a people overcoming terrible, spirit-breaking hardship and reveals a tendency in us to speak with urgency about redemption and rebirth, especially after having survived two hurricanes and only barely, only now, almost a year later, emerging from a period of catastrophic recovery marked by improvisation and colonial disdain.

The word “resilience” has also been adopted almost universally among those who hold power because it allows them to refer to trauma and ongoing, incessant suffering aseptically, without apparent sentimentalism or affectation. With a single word, they can say that we have been battered and beaten but our backs have not been broken and they can tell the rest of the world that we are going to come back, “build back better,” and reverse the terrible effects of a climatological shockwave.

As planners Larry Vale and Thomas Campanella argue in the concluding chapter of their book “The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster,” narratives of resilience are politically necessary because disasters defy the competency and authority of the governments that promise to care for our lives and protect our safety. Conceiving reconstruction as a story of progress and perseverance in the face of adversity helps the state strengthen its legitimacy, especially after a devastating event that destabilizes the political and social infrastructure. The rhetoric of resilience, as the authors remind us, “is never free from politics, self-interest, or contention.” In the weeks and months after a disaster, elected governments—and ours is no exception—make efforts to encourage their citizens not to “quit,” to get back up on their feet, to move forward, move on, so as not to fall into the anguish generated by a lack of basic services and cascading failures.

Likewise, business owners want the world to know that they’re Open for Business, as their signs say loud and clear, and they do all they can to supplant the images of an island in the dark with advertising campaigns that highlight the opportunities that arise out of adversity. But not everybody gets back on their feet, or forges ahead, or Keeps Calm and Carries On. The poor, the marginalized, and the dispossessed, those who constantly face and struggle against harshest shocks and stressors, are almost never those who define the official narrative of resilience. Given that situation, many collectives have raised their voices to alert us to the fact that the discourse of “comeback”—“Puerto Rico se levanta” (Puerto Rico is getting on its feet again)—serves mostly those who seek to silence the urgent calls to resist, particularly when tempers are hot and people are ready to take to the streets.

Generally financed by off-island entities who seek to exercise some degree of control and influence, campaigns focused on promoting resilience are also part of the vast catalog of approaches and ideas that circulate in the world, mostly from the Global North to the South, and form part of what theorist Anaya Roy has called “worlding practices of planning”. These practices can be understood as models of “specialized knowledge” that serve to advance solutions that will—supposedly—bring order to chaos, and that paint destroyed landscapes in the colors of hope and uplift. They are usually hawked by powerful global actors such as consulting companies, philanthropic organizations, and other multinational institutions that operate in what geographers Jamie Peck and Nik Theodore call “fast policy worlds.” The actors who circulate in these circuits of global expertise are characterized by their prescriptions of prefabricated ideas and policies and their implementation of experimental solutions in a wide range of local scenarios. Seen from that point of view, the recent turn to “resilience” is part of a long tradition of experimentation in Puerto Rico and on Puerto Ricans.

From the modernization programs that began in the 1940s—which served to test, with state corporations, the idea of exporting excess labor through migration, not to mention sterilization campaigns—to the creation of the Commonwealth (the Estado Libre Asociado, or “Free Associated State,” perhaps the most cynical mistranslation for the purposes of deluding multitudes ever recorded) in the mid-twentieth century and the recent imposition of a Financial Oversight and Management Board under the law whose acronym is (also perhaps cynically) PROMESA, Puerto Rico has served as a social and political laboratory for many global and colonial interests. Far from being truly and broadly fruitful solutions that have helped alleviate our hardships, the grand experiments carried out on the island, most of them advanced during periods of crisis, have done little to lessen poverty or counteract growing inequality and corruption.

But to return to the boom in the use of the word “resilience,” it is clear that in its name there will be attempts to impose and implement prototypes and projects thought up by the idea merchants who sail the global oceans and have recently disembarked on the island. But unlike some of their fiercest critics, I for one do not think that “resilience” is a futile or harmful idea. The long path toward the recovery and reconstruction of the island can be traveled successfully only if our communities and their residents manage to survive and bounce back after a catastrophe. During the past months, we have witnessed innovative action, stemming from a deep solidarity with those affected, by almost countless community groups and collectives who have demonstrated an impressive ability to respond to emergencies, reestablish (or reinvent) certain basic services, and create mutual-support networks, all this to substitute for the government’s inactivity, flailing in the dark, and apparent inability or incompetency. Taking these instructive experiences into account, it appears to me that resilience might help us reflect on our limits and thereby become inspired to question who and where we are, and to mobilize against the asymmetries of power, assert our rights, and even become engaged in necessary acts of resistance.

By: Deepak Lamba-Nieves

The author is the Policy Director & Churchill G. Carey, Jr Chair at the Center for a New Economy. This column was originally published in El Nuevo Día on July 29, 2018.

Puerto Rico: Black Start 2019

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El huracán María devastó el sistema de energía de Puerto Rico. Después de la tormenta, la isla esencialmente ha tenido que reactivar su sistema energético del equivalente de lo que en la industria se llama un “blackstart”, que es el término técnico que describe el proceso de reactivar el sistema de generación energética luego de un apagón total.

A la misma vez, el sector de energía en todo el mundo está cambiando rápidamente a medida que nuevas tecnologías que son incompatibles con el paradigma centenario de generación, transmisión y distribución de energía entran en funcionamiento. Debemos aprovechar esta coyuntura, la destrucción casi total del sistema de energía en Puerto Rico y los adelantos tecnológicos en este sector, para traer al siglo 21 el anquilosado sistema eléctrico de la isla. Dicho de otra manera, debemos utilizar el “blackstart”, no para reconstruir el sistema energético a su estado al 19 de septiembre de 2017, sino para dar un salto cualitativo de envergadura.

Para que el sector de energía lleve a cabo con éxito la transición a un nuevo modelo de hacer negocios será necesario desarrollar una nueva visión del sistema, enmendar leyes y reglamentos, actualizar las redes de transmisión y distribución y fomentar el uso eficiente de la energía por parte de los consumidores. Esta es una tarea difícil, pero afortunadamente abundan los recursos para orientar a los legisladores, reglamentadores y las compañías de energía en este proceso.

El primer paso …una nueva visión

El primer paso en este complicado camino es desarrollar una nueva visión para el sector energético de Puerto Rico. Desarrollar esta visión requiere pensar más allá de los confines de la isla, pero tomando en consideración y entendiendo a fondo las limitaciones y retos que enfrenta Puerto Rico. Además, se necesitará legislación de avanzada para implementar esa visión y establecer lineamientos claros para los reglamentadores con respecto a los objetivos ambientales, los estándares de energía renovable, la eficiencia energética y el manejo de la demanda por energía.

El modelo de reglamentación también tendrá que evolucionar de uno basado en planes de recursos integrados a largo plazo a uno basado en una supervisión más proactiva con respecto a la utilización eficiente de los recursos y más dinámica en relación a los distintos actores y participantes en el sector energético. Esto significa que los reglamentadores deberán implementar un modelo de reglamentación basado en el desempeño (“performance-based regulation”), establecer parámetros transparentes para la rendición de cuentas, así como incentivos (y sanciones) para lograr los objetivos de la política energética.

Nuevas estructuras tarifarias

Las nuevas estructuras tarifarias deben diseñarse para: (1) enviar las señales de precio correctas tanto a los generadores como a los consumidores; (2) promover la eficiencia energética; (3) manejar eficientemente la carga base y la demanda pico; (4) fomentar la transición a la interacción bi-direccional entre los operadores de la red y los clientes que instalen capacidad de generación distribuida; y (5) implementar tarifas basadas en el momento del uso de la energía para fomentar la eficiencia y la optimización del uso de los recursos. Además, se deberá promover la implementación de nuevas normas energéticas para el diseño de edificios, facilitar el financiamiento para la retro-adaptación de estructuras existentes para fomentar la conservación de energía y promover el uso de enseres electrodomésticos eficientes para estabilizar el consumo residencial.

La generación de energía

En términos de generación, las grandes instalaciones de generación con ciclos de recuperación de la inversión de más de 30 años son cada vez más una cosa del pasado. Mientras, la construcción de unidades de generación tradicional más pequeñas y altamente eficientes, ampliamente distribuidas en las áreas de servicio para suplir la carga base, se está convirtiendo rápidamente en una alternativa tecnológicamente factible y rentable. Complementar este modelo con soluciones de generación renovable y tecnologías de almacenamiento para proveer reservas, otros servicios auxiliares y carga adicional en las horas pico, no solo es eficiente, sino que puede ayudar a proporcionar un servicio con menos interrupciones y más costo-efectivo para todos los clientes.

La transmisión y distribución

Por el lado de la transmisión y distribución, la red deberá evolucionar para incorporar de manera eficiente y confiable la generación distribuida, el uso de baterías a nivel de la red, así como al detal, para permitir el almacenamiento de electricidad cuando no se requiera su uso inmediato y así promover y aumentar el valor de los recursos de generación intermitente. Además, el rápido crecimiento del mercado de automóviles eléctricos crea el potencial de demanda adicional, presumiblemente fuera de las horas pico, lo que ayudará a estabilizar la demanda por una carga base que se proyecta a la baja en los próximos años. Los automóviles eléctricos también funcionarían como una solución de almacenamiento y podrían descargar energía a la red cuando surjan usos más valiosos para esa carga. Ahora bien, todo esto implicaría hacer inversiones de capital en áreas no-tradicionales dado que los automóviles eléctricos necesitarían estaciones de carga ampliamente disponibles y accesibles a través de toda la isla.

Flexibilidad

Por último, dados los efectos previsibles del rápido e inminente cambio climático, la red del siglo 21 tiene que ser lo suficientemente flexible para incorporar micro y mini-redes que puedan conectarse y desconectarse de la red principal, según sea necesario, para asegurar que las instalaciones de infraestructura crítica (hospitales, bombas de agua, telecomunicaciones etc.) tengan un respaldo adecuado en caso de desastres para proteger a las comunidades aisladas de interrupciones prolongadas de esos servicios y limitar los impactos a la salud y al medio ambiente.

Estos temas los estaremos explorando durante la conferencia sobre El Futuro de la Energía, convocada por el Centro para una Nueva Economía para principios del 2019. Además, analizaremos el rol de las instituciones académicas en la transformación energética de Puerto Rico; la necesidad de atraer capital en condiciones competitivas; así como oportunidades de investigación y desarrollo y el impacto del rediseño del sector energético de Puerto Rico sobre el desarrollo económico de la isla.

El autor es el Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 17 de junio de 2018.

Pendientes a Puerto Rico: Black Start 2019, si aún no lo ha hecho puede registrarse aquí.

 

 

 

Hurricane Maria devastated Puerto Rico’s energy system. After the storm, the island essentially has had to re-activate its energy system from the equivalent of a system-wide “blackstart”, which is the technical term for restarting an energy system from a complete shutdown.

At the same time, the energy sector world-wide is rapidly changing as new technologies come online and challenge the existing 100-year old model of generating, transmitting, and distributing energy to various classes of customers with different needs. Puerto Rico should take advantage of this synchronicity—the almost total destruction of its energy system and the technological advances in this sector—to upgrade its ankylosed electric system to 21st century standards. In other words, we should use the current blackstart-like situation to make a quantitative jump, instead of just restoring its energy system to its pre-Maria status.

In order to successfully make the transition to a new business model for the energy sector, it will be necessary to develop a new energy vision, amend several laws and regulations, upgrade transmission and distribution systems and encourage the efficient use of energy by end customers. This is a tall order, but fortunately resources abound to guide policymakers, regulators and utilities in this process.

The first step … a new vision

The first step in this complicated pathway is developing a new vision for the Puerto Rico energy sector. Charting this vision requires thinking beyond the confines of Puerto Rico, but with a clear understanding of the island’s limitations and challenges. In addition, new legislation will be needed to mandate the implementation of that vision and to set clear targets for regulators regarding environmental objectives, renewable portfolio standards, energy-efficiency goals, demand response and peak load management.

Regulation models will also have to evolve from long-term planning cycles to more proactive supervision regarding the efficient deployment of new resources and more dynamic oversight of the growing number of stakeholders in the energy sector. To accomplish these objectives, regulators will need to shift to performance-based regulation and set transparent accountability metrics, as well as incentives (and penalties) to achieve policy objectives.

New tariff structures

New tariff structures need to be designed to send the right price signals to both generators and customers, promote energy efficiency, manage baseload and peak demand, encourage the transition to bi-directional interaction between grid operators and customers deploying distributed energy resources and to establish block and time-of-use rates to encourage efficiency. In addition, new building design standards, access to finance energy-conservation retrofitting, and the adoption of consumption-reduction technology for households should also be widely encouraged.

Energy Generation

Large generation facilities with 30-plus-year investment recovery cycles are increasingly a thing of the past. On the other hand, building smaller, highly efficient traditional generation units, widely-distributed across the service areas to support baseload demand is quickly becoming both technologically feasible and cost-effective. This model, coupled with increased renewable generation/storage solutions to provide reserves, other ancillary services and additional load at peak times, is not only efficient, but can provide extremely reliable service, with lower outage rates, and lower costs for all customers.

Grid designs will also have to evolve to efficiently and reliably incorporate distributed generation, grid-scale and customer-owned battery storage units to allow the storage of electricity when not required for immediate use and thereby promote and enhance the value of environment-friendly intermittent generation resources. In addition, the rapidly growing market for electric cars creates the potential for additional demand, presumably at off-peak hours, therefore stabilizing baseload requirements that are forecast to decline in the coming years. Electric cars are also a storage solution that could discharge energy back to the grid when that charge has other more valuable uses. However, this would also entail making capital improvements outside the traditional utility paradigm, given that electric cars would need widely available and accessible charging stations throughout the island.

Flexibility

Finally, given the foreseeable effects of rapid and impending climate change, the grid of the 21st century has to allow for the incorporation of micro and mini-grids that can connect and disconnect from the main grid as needed to ensure critical infrastructure has adequate back-up in the event of natural or man-made disasters, to protect isolated communities from prolonged service outages, and to limit health and environmental impacts.

These are some of the themes we will be exploring during the “Future of Energy Conference”, convened by the Center for a New Economy for the first quarter of 2019. In addition, we will analyze the role of academic institutions in Puerto Rico’s energy transformation; the need to attract new capital at competitive terms; as well as research and development opportunities and the economic development impact of redesigning Puerto Rico’s energy sector.

The author is Policy Director for the Center for a New Economy

This column was originally published in El Nuevo Día on June 17th, 2018

Lookout for Puerto Rico: Black Start 2019, if you haven’t register to receive information please do so  here.

 

El informe del GAO

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Recientemente la Government Accountability Office (“GAO”) publicó un informe sobre la deuda de Puerto Rico. Los hallazgos principales del informe no deben sorprender a nadie. El GAO encuentra que la crisis fiscal de Puerto Rico se debe principalmente a que el gobierno incurrió déficits anuales significativos, especialmente desde el 2000, y que utilizó deuda para financiarlos. También señala que entre los factores que contribuyeron a los déficits presupuestarios se encuentran los pobres controles internos y malas prácticas de administración financiera del gobierno de Puerto Rico; decisiones imprudentes de política pública; y la contracción prolongada de la economía.

Nada nuevo aquí. Una mirada rápida a los datos de la deuda pública y del producto nacional bruto (“PNB”) confirma que entre el 1975 y el 2000 la razón deuda/PNB se mantuvo relativamente estable alrededor de 60%. Es después del 2000 que la deuda comienza a aumentar a tasas desproporcionadas en relación al crecimiento del PNB de la isla. Ya para esa época el Centro para una Nueva Economía, así como varios economistas, estábamos advirtiendo que esta tendencia no era sostenible y que en algún momento llegaría el día de ajustar cuentas. Desafortunadamente así ocurrió.

Defectos fundamentales del informe:

Primero

Sin embargo, el informe sufre de dos defectos fundamentales. Primero, ignora factores estructurales que contribuyeron a la crisis: la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos; el discrimen en contra de Puerto Rico en la administración de ciertos programas, especialmente en el área de salud; la pobreza y desigualdad crónica de la sociedad puertorriqueña; y la desindustrialización de la economía, entre otros. Si bien es cierto que Puerto Rico tiene problemas de gobernanza, también es cierto que el entorno estructural en el que se tomaron decisiones de política fiscal no era conducente a implementar las mejores prácticas. Ahora bien, esto no excusa ni justifica las malas decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, pero ciertamente esos factores estructurales contribuyeron a esta crisis y deberían tener más prominencia en el análisis.

Segundo

El segundo defecto del informe es que trata superficialmente el rol de varios actores que facilitaron el endeudamiento de Puerto Rico. Empecemos con los bancos que cobraron comisiones millonarias por asesorar a los emisores, por estructurar las transacciones, y por venderle los bonos a sus clientes. Hasta donde tengo entendido no se ha encontrado evidencia de ilegalidad por parte de estas firmas, pero ciertamente hay que cuestionar la ética profesional de estos banqueros al ignorar claros conflictos de intereses al jugar tantos roles en las emisiones de bonos.

Hay que señalar particularmente a los “brokers” y asesores financieros que vendieron estos bonos a inversionistas poco sofisticados que no entendían los riesgos de los instrumentos que estaban comprando. Como mínimo estos asesores fueron negligentes, y ya algunos inversionistas han ganado casos de arbitraje en contra de algunos de ellos, al aconsejarle a sus clientes que invirtieran todos sus ahorros en bonos de Puerto Rico enfatizando exageradamente que (1) su repago estaba “garantizado” y (2) estaban exentos de tributación.

El informe analiza el impacto de la exención contributiva de los intereses devengados en el endeudamiento de Puerto Rico, pero no analiza como dicha exención distorsionó la percepción del riesgo verdaderamente asociado con estas inversiones. Muchas personas se dejaron llevar por los beneficios contributivos e ignoraron otros factores importantes a la hora de invertir.

El informe también trata con guantes de seda a las agencias evaluadoras de riesgo (“rating agencies”) que consistentemente le otorgaron una clasificación de “grado de inversión” a las emisiones de deuda de Puerto Rico, aparentemente sin hacer muchas preguntas. Aquí sale a relucir una vez más el conflicto inherente en el modelo de hacer negocios de estas compañías, ya que “trabajan” para los bonistas, pero sus comisiones las paga el emisor de la deuda. No es hasta que Puerto Rico llega al borde del abismo que las agencias clasificadoras finalmente declaran como chatarra lo que ya era basura hacia rato.

Además, hay un elenco de personajes secundarios en esta trama que el informe del GAO ignora. Estamos hablando de todo el complejo de abogados, contables, compañías aseguradoras de bonos y consultores que facilitaron el endeudamiento de Puerto Rico haciendo pocas preguntas y mirando hacia el lado, a cambio de una tajada de los “costos de la emisión.”  También se le dedica muy poco análisis al rol del reglamentador del mercado de valores, la Securities and Exchange Commission (“SEC”), en este desastre.

En fin, el informe señala correctamente al gobierno de Puerto Rico como el principal culpable de esta debacle. Pero falla al no incorporar importantes factores estructurales en su análisis, y al pasar con fichas cuando de se trata de los banqueros, corredores de bolsa, asesores financieros, agencias evaluadoras de riesgo, abogados, contables, compañías aseguradoras de bonos, y la SEC.

Es importante analizar a fondo los diversos factores que nos llevaron a esta crisis. Es lo menos que podemos hacer por todos aquellos que sufrirán los efectos de las políticas de austeridad—incluyendo tal vez muertes prematuras, debido a los recortes en las pensiones y en el plan de salud del gobierno—que se impondrán próximamente.

Por: Sergio M. Marxuach

El autor es el Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 20 de mayo de 2018.


 

Recently, the Government Accountability Office (GAO) published a report on Puerto Rico’s debt. The report’s main findings should not be a surprise to anyone. The GAO finds that Puerto Rico’s fiscal crisis was caused by the government incurring significant annual deficits, especially after 2000, and that it used debt to finance them. It also points out that among the factors contributing to the budget deficits were poor internal controls and financial management practices by the government of Puerto Rico; imprudent public-policy decisions; and the prolonged contraction of the island’s economy.

Nothing new there. A quick look at figures for the public debt and gross national product (GNP) confirms that between 1975 and 2000 the debt/GNP ratio remained relatively stable at about 60%. It is after 2000 that the debt began to increase at rates disproportionate to the growth rate of the island’s GNP. By that time the Center for a New Economy (CNE) and several economists were already warning that this tendency was unsustainable and that at some point we would have to face a day of reckoning. Unfortunately, that day has come.

Shortcomings of the report:

First

However, the report has two fundamental shortcomings. First, it ignores structural factors that contributed to the crisis, among others, Puerto Rico’s colonial relationship with the United States; discrimination against Puerto Rico in the administration of certain programs, especially in the healthcare area; the chronic poverty and inequality of the Puerto Rican society; and the de-industrialization of the economy. Although it is true that Puerto Rico has governance problems, it is also true that the structural environment in which fiscal policy decisions were made was not conducive to the implementation of the best practices. Of course, that is no excuse, nor does it justify the poor financial decisions made by the government of Puerto Rico, but it is undeniable that those structural factors contributed to the crisis, and they should have more prominence in the analysis.

Second

The second shortcoming is that the report deals only superficially with the role of several actors who enabled Puerto Rico’s indebtedness. Let’s begin with the banks that charged fees totaling millions of dollars for advising the issuers, structuring the transactions, and selling the bonds to their clients. As far as I know, no evidence of illegality on the part of the banks has been found, but one must certainly question the professional ethics of the bankers who ignored clear conflicts of interest by playing so many roles in the bond offerings.

We must highlight especially the role of the brokers and financial advisors who sold these bonds to relatively unsophisticated investors who did not understand the risks of the instruments they were buying. At a minimum these advisors were negligent, and some investors have already won arbitration cases against some of them, by advising their clients to invest all their savings in Puerto Rican bonds by exaggeratedly assuring them that (1) their repayment was “guaranteed” and (2) the bonds were tax-exempt.

The report analyzes the effect of the tax exemption on interest payable by the bonds on Puerto Rico’s indebtedness, but it does not analyze how that exemption distorted the perception of the risk associated with these investments. Many investors were led astray by the tax benefits and ignored other important factors at should be taken into account when making investment decisions.

The report also treats with kid gloves the rating agencies , which consistently rated debt issues by Puerto Rico as “investment grade,” apparently without asking many questions. Here, once again, we see the conflict inherent in these companies’ business model since they “work for” the bondholders but their fees are paid by the debt issuer. It was not until Puerto Rico arrived at the edge of the abyss that the rating agencies finally called “junk” what for some time had already been little but wastepaper.

Then there is the cast of secondary characters in this plot that the GAO report ignores. We are talking about the whole complex of lawyers, accountants, bond insurance companies, and advisors who enabled Puerto Rico to become over-indebted by not asking too many questions and looking the other way in exchange for a cut of the “offering costs.” Nor did the market regulator, the Securities and Exchange Commission (SEC), do its due diligence in this disaster.

The bottom line (if I may be forgiven the pun) is that the report correctly points to the Puerto Rican government as the principal culprit in this debacle. But it fails to include important structural factors in its analysis and looks the other way when it comes to the role of the bankers, brokers, financial advisors, rating agencies, lawyers, accountants, bond insurance companies, and the SEC.

It is important to carefully analyze the many factors that brought us to this crisis. It is the least we can do for all those who are going to suffer the effects of the austerity policies—including perhaps premature deaths due to the cuts in their pensions and the government’s health plan—that will be imposed soon..

By: Sergio M. Marxuach

The author is Policy Director for the Center for a New Economy

This column was originally published in El Nuevo Día on May 20th, 2018

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CNE 2016 Annual Report

CNE 2016 Annual Report

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CNE is Hiring!

 

Energy Policy Analyst in San Juan, PR

The Center for a New Economy (CNE) is seeking a full-time Energy Policy Analyst based in our San Juan, P.R. office.

CNE has been working on the issue of energy since 2005, when it first questioned the fuel adjustment formula used by PREPA in billing the public. As a priority, CNE is still working to propose viable policies and courses of action for the energy sector.

The Energy Policy Analyst will report to CNE’s Research and Policy unit. The analyst will help promote CNE’s energy advocacy strategy by providing research assistance in topics related to industry trends, technologies, and policy drivers in the electricity sector. We’re looking for a knowledgeable analyst who can advance CNE’s mission by working collaboratively with our staff.

See the complete job posting here

 

 

El Costo Social del Plan Fiscal

Tomada de donlinscott.com

Scroll Down for English Version

Seis miembros de la Junta de Control Fiscal (“JCF”), aprobaron el Plan Fiscal para el gobierno de Puerto Rico el pasado 19 de abril. En términos conceptuales, el Plan consiste en la implementación de (1) un programa de reformas estructurales; (2) un programa de consolidación fiscal; y (3) un programa de reconstrucción financiado por el gobierno federal.

La lógica del Plan es la siguiente: el gasto relacionado con la recuperación del huracán María aumentará la actividad económica temporalmente; ese repunte (proyectado) en la economía es el momento adecuado para implementar un plan de austeridad fiscal, que tendrá un impacto negativo modesto en la economía (según la JCF); y concurrentemente implementar una serie de reformas estructurales que servirán de zapata para el crecimiento a largo plazo una vez termine la reconstrucción y el impacto negativo de la austeridad fiscal haya sido asimilado por la economía. El Plan, por tanto, está anclado firmemente en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países. La Junta debería ser intelectualmente honesta y admitir que el documento que ha certificado es más un manifiesto ideológico que un plan de recuperación fiscal.

“El Plan, por tanto, está anclado firmemente en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países.”

El Plan sufre de múltiples defectos, por ejemplo, no está claro que cumple con todos los requisitos estipulados en la sección 201(b) de PROMESA; se basa en premisas teóricas que hasta el mismo Fondo Monetario Internacional ha aceptado son erróneas; las proyecciones del impacto económico de las reformas propuestas son producto de un modelo económico secreto (nota al calce número 3, pagina 10); el Plan parece subestimar el impacto negativo de la reforma fiscal y sobreestimar el impacto positivo de las reformas estructurales; es internamente incoherente ya que las proyecciones de superávits primarios son inconsistentes con el análisis de sostenibilidad de la deuda que hace la Junta y sugiere que Puerto Rico puede sostener un nivel de endeudamiento en exceso del de un estado promedio; y asume que la economía de Puerto Rico va seguir creciendo aún con una reducción permanente de los fondos federales para Medicaid, la reducción paulatina de los fondos para la reconstrucción, una marcada reducción poblacional, a la misma vez que genera un superávit primario de aproximadamente 2% del PNB. (Brad Setser, “The Oversight Board’s Latest Fiscal Plan for Puerto Rico is Still Too Optimistic”).

Todo suena demasiado optimista. Probablemente lo sea y ya muchos economistas y académicos han comenzado a identificar las deficiencias del Plan Fiscal. Pero no es de eso que quiero escribir hoy. Aún si tomamos como buenas las proyecciones de la JCF y el Plan se cumple al pie de la letra, hay unos costos sociales asociados con el Plan de los que no se están tomando en consideración.

EDUCACIÓN
Comencemos con los recortes al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico. Desde hace más de 60 años, cuando Robert Solow comenzó a calcular y desglosar los factores que influencian el crecimiento económico, la inversión en la educación ha sido identificada como uno de los factores claves. No conozco de ningún país con una economía avanzada que haya logrado crecer significativamente a la misma vez que reduce la inversión en su sistema de educación. Los recortes propuestos, tanto en el sistema de K-12 y el universitario, afectarán adversamente el acceso a la educación de los sectores mas pobres de Puerto Rico, resultando en un aumento en la deserción escolar y en la desigualdad, menor acceso al mercado laboral, y una reducción permanente del potencial de crecimiento de nuestra economía. También pudiéramos ver una reducción en la tasa de escolaridad de la población de Puerto Rico por primera vez casi un siglo.

REFORMA LABORAL
Miremos ahora la reforma laboral. Según se presenta en el Plan, la reforma laboral elimina beneficios y protecciones que considera “excesivas” a cambio de un modesto aumento en el salario mínimo. El Plan estima que una vez implementada dicha reforma, aumentará la tasa de participación laboral, aumentará el ingreso, se reducirá la pobreza y el déficit fiscal se reduciría.

De entrada, notamos que el análisis de la JCF se basa en una interpretación errónea de la tasa de participación laboral. (Página 34). Ese indicador se calcula sumando la cantidad de personas empleadas a la cantidad de personas que están activamente buscando empleo y entonces esa cifra se divide entre la población económicamente activa, que se define como el grupo de personas entre 16 y 64 años de edad. Por tanto, no es necesariamente correcto que un aumento en la tasa de participación significa que hay más gente empleada. La tasa de participación también puede mejorar si la cantidad de personas desempleadas y buscando empleo aumenta, lo que no tiene impacto alguno en los niveles de ingreso y pobreza.

Segundo, no es correcto asumir que un salario modestamente más alto compensa la pérdida de otros beneficios y protecciones laborales. Cada ley o reglamento laboral protege al empleado de un riesgo especifico (despido injustificado, condiciones de trabajo peligrosas etc.) que no necesariamente se compensan de manera lineal con un pequeño aumento en el salario mínimo.

A corto y mediano plazo el efecto más probable de esta reforma laboral será un aumento en la economía informal al hacer el empleo en la economía formal menos atractivo y podemos esperar que trabajadores que ya ganan el salario mínimo o aquellos con vínculos débiles al mercado laboral formal prefieran trabajar “por debajo de la mesa”. Y el aumento proyectado en los recaudos debido al impacto de esta reforma no es más que un ejercicio de pensamiento mágico.

BENEFICIOS DEL PAN
Otra reforma que no se ha pensado bastante es la de requerir a ciertas personas entre 18 y 59 años de edad que se benefician del Programa de Asistencia Nutricional tengan que trabajar un mínimo de 80 horas al mes, o participar en actividades de entrenamiento o servicio voluntario, para recibir los beneficios. Esta es una política clasista y prejuiciada que asume que hay gente pobre porque quiere, porque son vagos, o porque sufren de algún defecto moral. Esta visión del mundo no toma en consideración los impedimentos sistémicos que limitan el acceso al mercado laboral, tales como un sistema público de educación deficiente, la falta de un sistema de transportación pública confiable; la poca oferta de servicios adecuados de cuidado de niños, la discriminación, el racismo, el sexismo, y la desigualdad social.

Dado que vienen obligados a trabajar para no perder beneficios, muchos de los empleos que estarían disponibles inmediatamente a este grupo serían empleos con salarios bajos, pocos o ningunos beneficios marginales y con horarios irregulares. Tomemos el caso de una madre soltera con dos hijos en escuela pública. Para evitar perder sus beneficios del PAN, obtiene un trabajo en una megatienda. En teoría, podría trabajar hasta 40 horas a la semana. Pero en realidad su supervisor le puede asignar 25 horas una semana, 18 horas la otra, y 10 horas la otra. Esta persona, entonces, podría terminar perdiendo sus beneficios a pesar de que trabaja.

Ahora veamos el ejemplo de un estudiante universitario a tiempo completo que tiene que dejar los estudios para cuidar a su padre que esta gravemente enfermo. El muchacho solicita beneficios del PAN para poder alimentarse adecuadamente mientras lleva a cabo sus labores de cuidador. Pero la oficial de la ADSEF le informa que tiene que cumplir con el requisito de 80 horas. ¿Qué se supone que haga esta persona? ¿Que deje solo a su padre 80 horas al mes mientras cumple con los requisitos del programa? ¿Y si lo deja solo y su padre sufre un accidente en su hogar y el paramédico que viene a atenderlo lo denuncia por maltrato a su progenitor?

SISTEMA DE PENSIONES
La reforma del sistema de pensiones es otra área donde los costos sociales no se han tomado en consideración. El plan fiscal requiere un recorte en los beneficios a los pensionados de 10%, en promedio. Estos recortes se basan en la siguiente fórmula: (1) se determina la cantidad mensual promedio de la pensión sumando la cantidad mensual de la pensión regular y de la pensión por ley especial, la aportación para el plan medico, y una doceava parte de los bonos de Navidad y de medicinas; (2) se reducen estos beneficios mensuales por 25%; y (3) a esa cantidad se le añaden $150 (o $250 si no recibe Seguro Social) para reducir el impacto que sufrirían aquellos con los beneficios más bajos. (Nota al calce 159, página 112).

Si le aplicamos esta fórmula a un pensionado que recibe la pensión “promedio” de $1,100 mensuales del Sistema de Retiro y el beneficio “promedio” en Puerto Rico de $859 mensuales del Seguro Social, su ingreso total se reduciría de $1,959 mensuales a $1,469 (reducción de 25%) más $150, lo que suma una pensión mensual ajustada de $1,619. Una reducción mensual de $339, o 17.3%. Enfrentado con esta situación, el pensionado “promedio” tendría que buscarse un trabajo a tiempo parcial, de estar en condiciones para trabajar, o recortar sus gastos personales probablemente en su mayoría medicinas o alimentos; o pedirle ayuda a sus familiares, que podrían ayudarlo en la medida en que tengan los recursos. De todos modos, la vida del “pensionado promedio” se ha precarizado debido a la reducción en su pensión. Los efectos sociales son previsibles: la agudización de enfermedades crónicas al recortar el gasto en medicinas, un aumento en la tasa de pobreza y la malnutrición en la población de mayor edad, un incremento en las personas que posponen el retiro y en el número de personas que literalmente se mueren trabajando, un aumento en el abandono de personas de edad avanzada, y una reducción eventual en la expectativa de vida.

SALUD
Es en el área de salud donde tal vez mas se están subestimado los costos sociales del Plan Fiscal. El Plan Fiscal proyecta ahorros de $840 millones anuales en el 2023 en el costo del plan de salud del gobierno mayormente a través de la implementación de un modelo nuevo de competencia entre las aseguradoras, la utilización de medicamentos genéricos y recortes de beneficios considerados “premium” tales como servicios dentales, oftálmicos y diseño de próstesis, entre otros. Dejando a un lado el hecho que los economistas han determinado que la competencia en los servicios médicos no ha funcionado ni para reducir costos ni para aumentar el acceso, el impacto de estos recortes afectará adversamente la salud de los más vulnerables de nuestra sociedad, los niños, los envejecientes, los desempleados, y los que padecen de enfermedades crónicas. Las consecuencias más probables son un aumento en la migración a Estados Unidos, especialmente entre aquellos que cualifican para Medicaid, Medicare o ambos programas; hacinamiento en los hospitales; y un aumento en muertes prematuras.

ÚLTIMOS COMENTARIOS…..
Los seis miembros de la Junta que aprobaron el Plan creen, a pesar de toda la evidencia al contrario, que Puerto Rico se convertirá en un paraíso neoliberal. Eso es poco probable. Más factible es que acabemos con una distopia infernal: con más polarización social, desempleo, pobreza extrema, criminalidad, maltrato de menores, violencia de genero, abuso de sustancias controladas y suicidios; y menos escolaridad, expectativa de vida y movilidad social.

Probablemente veamos sectores geográficos en ruinas, con escuelas y edificios abandonados convertidos en hospitalillos, puntos de droga y focos de prostitución, así como en hogares improvisados para deambulantes y envejecientes sin vivienda. Dentro de una década podríamos convertirnos en una desolada tierra baldía post-industrial, donde las actividades de mayor crecimiento serán el narcotráfico, la corrupción pública y la compraventa de influencias. Una isla, parafraseando a Rubén Blades, habitada mayormente por fantasmas y muertos en vida, que por alguna extraña razón rehúsan ir a otro lugar.

Por: Sergio M. Marxuach
El autor es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía.
Esta es una versión extendida de la columna publicada originalmente en El Nuevo Día el 28 de abril de 2018.

 

AnchorOn April 19, six members of the Fiscal Control Board (FCB) approved the Fiscal Plan for the government of Puerto Rico. In conceptual terms, the Plan consists of implementation of (1) a program of structural reforms; (2) a fiscal consolidation program; and (3) a reconstruction program financed by the federal government.

The Plan’s logic is the following: The spending related to the recovery from Hurricane Maria will temporarily increase economic activity; that (projected) rebound in the economy is the right time to implement a fiscal austerity plan, which will have a modest negative impact on the economy (according to the FCB); and concurrently implement a series of structural reforms that will serve as the foundation for long-term growth once the reconstruction ends and the negative impact of fiscal austerity has been assimilated by the economy. The Plan, therefore, is firmly anchored in a theory of macroeconomic adjustment that has failed in dozens of countries. The Board should be intellectually honest and admit that the document it has certified is more an ideological manifesto than a fiscal recovery plan.

The Plan, therefore, is firmly anchored in a theory of macroeconomic adjustment that has failed in dozens of countries.

The Plan has many defects. For example, it is not clear that it meets all the requirements stipulated in Section 201 (b) of PROMESA; it is based on theoretical assumptions that even the International Monetary Fund has found to be erroneous; the projections of the economic impact of the proposed reforms are the product of a secret economic model (footnote 3, page 10); the Plan seems to underestimate the negative impact of the fiscal reform and overestimate the positive impact of the structural reforms; it is internally incoherent, since the projections of primary surpluses are inconsistent with the Board’s debt sustainability analysis and suggest that Puerto Rico can sustain a level of indebtedness in excess of an average state of the union; and it assumes that the economy of Puerto Rico is going to continue to grow even with a permanent reduction in federal funds for Medicaid, the gradual reduction of funds for reconstruction, and a marked reduction in population, while at the same time it is generating a primary surplus of approximately two percent of the GNP. (Brad Setser, “The Oversight Board’s Latest Fiscal Plan for Puerto Rico is Still Too Optimistic”)

It all sounds overly optimistic. It probably is, and many economists and academics have already started to point out the Fiscal Plan’s shortcomings. But that is not what I want to write about today. Even if we accept the FCB’s projections and the Plan is followed to the letter, there are social costs associated with the Plan that are not being taken into consideration.

EDUCATION 
Let’s start with the cuts to the Department of Education and the University of Puerto Rico. For more than sixty years, when Robert Solow began to calculate and isolate the factors that influence economic growth, investment in education has been identified as one of the key factors. I know of no country with an advanced economy that has managed to grow in any significant way at the same time it has reduced its investment in education. The proposed cuts, to both the K-12 system and the state university, will adversely affect access to education among the poorest sectors of Puerto Rico, resulting in an increase in the dropout rate and inequality, less access to the labor market, and a permanent reduction in our economy’s potential for growth. We could also see a reduction in Puerto Rico’s educational attainment for the first time in almost a hundred years.

LABOR REFORM 
Let’s look now at labor reform. As presented in the Plan, the labor reform eliminates benefits and protections it considers “excessive” in exchange for a modest increase in the minimum wage. The Plan estimates that once the reform is implemented, the labor force participation rate will increase, incomes will rise, poverty will decrease, and the fiscal deficit will be reduced.

First, we would note that the FCB’s analysis is based on an erroneous interpretation of the labor force participation rate. (page 34) That indicator is calculated by adding the number of persons employed to the number of persons who are actively seeking employment, and then that number is divided by the economically active population, which is defined as the group of persons between 16 and 64 years of age. Therefore, it is not necessarily correct that an increase in the rate of participation means that there are more people employed. The participation rate can also improve if the number of persons unemployed and actively seeking employment increases, which has no impact whatsoever on income and poverty levels.

Second, it is not correct to assume that a modestly higher salary compensates for the loss of other benefits and labor-rights protections. Every labor law or regulation protects employees from a specific risk (unjustified dismissal, dangerous working conditions, etc.) that are not necessarily compensated for in a linear way with a small increase in the minimum wage.

In the short and medium term, the most probable effect of this labor reform will be an increase in the informal economy because jobs in the formal economy become relatively less attractive and we can expect workers already earning the minimum wage or those with weak ties to the formal labor market to prefer to be paid “off-the-books.” And the projected increase in government revenues due to the impact of this reform will be nothing more than an exercise in magical thinking.

NUTRITIONAL ASSISTANCE PROGRAM (PAN) 
Another reform that has not been sufficiently thought out is to impose the requirement on certain persons between 18 and 59 years of age who benefit from the Nutritional Assistance Program (PAN) to work a minimum of 80 hours a month or take part in training activities or volunteer services. This is a classist, prejudiced policy that assumes that poor people are poor because they want to be, because they’re lazy, or because they suffer from some moral defect. This view of the world does not take into account the systemic impediments that limit access to the labor market, such as a poor educational system, the lack of a reliable system of public transportation, the limited offering of satisfactory childcare services, discrimination, racism, sexism, and social inequality.

Given that these individuals will have to work in order not to lose their benefits, many of the jobs that will be immediately available to this group will be jobs with low salaries, few or no fringe benefits, and irregular hours. Let’s take the case of a single mother with two children in public school. To avoid losing her PAN benefits, she gets a job in a megastore. In theory, she could work up to 40 hours a week. But actually, her supervisor can assign her 25 hours one week, 18 the next, and 10 hours the next. This person, then, could wind up losing her benefits despite the fact that she’s working.

Now let’s look at the example of a full-time university student who has to quit his studies to take care of his father, who is gravely ill. The young man applies for PAN benefits in order to nourish himself adequately while he’s serving as his father’s caretaker. But the ADSEF official informs him that he has to meet the requirement of 80 hours of work a month. What is this young man supposed to do? Leave his father alone for 80 hours a month while he complies with the program’s requirements? What if he leaves his father alone and the old man has an accident at home and the paramedic who comes to take care of him reports the young man for senior abuse?
Being poor is complicated. And hard to understand for a person who’s never been poor.

PENSION SYSTEM 
The reform of the pension system is another area in which social costs have not been taken into account. The fiscal plan requires a cut of ten percent, on average, to retirees’ benefits. These cuts are based on the following formula: (1) the average monthly amount of the pension is determined by taking the sum of the monthly amount of the regular pension and the pension from “special laws,” the contribution to the medical plan, and one-twelfth of the Christmas and medicine bonuses; (2) those monthly benefits are reduced by 25%; and (3) and $150 is added to that amount (or $250 if the retiree does not receive Social Security) to reduce the impact on those with the lowest benefits. (Footnote 159, page 112)

If we apply this formula to a retiree who receives the “average” pension of $1,100 a month from the Employees Retirement System and the “average” monthly Social Security benefit in Puerto Rico of $859, the pensioner’s total income would be reduced from $1,959 per month to $1,468 (a reduction of 25%) plus $150, which adds up to an adjusted monthly pension payment of $1,819—a monthly reduction of $339, or 17.3%. Confronted with this situation, the “average” retiree would have to find a part-time job, if he or she is able to work, or cut his or her personal expenses, probably mostly medicines or food, or ask for help from his or her family members, who could help to the extent they themselves are able. At any rate, the life of the “average retiree” has been precarized due to the reduction in his or her pension. The social effects are foreseeable: chronic illnesses become acute when spending on medicines is cut, increases in the poverty rate and malnutrition among the elderly segment of the population, there is an increase in people postponing retirement and in the number of people who literally die working, an increase in the abandonment of the elderly and an eventual decline in life expectancy.

HEALTH
It is the area of health where the social costs of the Fiscal Plan are perhaps most underestimated. The Fiscal Plan projects savings of $840 million per year in 2023 in the cost of the government health plan, largely through the implementation of a new competition model among insurers, the use of generic medicines, and cuts in “premium” benefits such as dental, ophthalmological, and prosthesis-design services. Leaving aside the fact that economists have determined that competition in medical services has worked neither to reduce costs nor increase access, the impact of these cuts will adversely affect the health of the most vulnerable in our society: children, the elderly, the unemployed, and those with chronic diseases. The most probable consequences are an increase in migration to the mainland U.S., especially among those who qualify for Medicaid, Medicare, or both; overcrowding in hospitals; an increase in premature deaths and eventually a decrease in life expectancy.

LAST COMMENTS… 
The six members of the Board who approved the Plan believe, despite all evidence to the contrary, that Puerto Rico will become a neoliberal paradise. That is highly unlikely. More likely is that we wind up with a hellish dystopia: more social polarization, unemployment, extreme poverty, crime, child abuse, gender violence, abuse of controlled-substance and suicides, and lower educational levels, life expectancy, and social mobility.

We will probably see geographical areas in ruins, with closed schools and abandoned buildings turned into “shooting galleries” for drug addicts and lairs of prostitution or improvised shelters for the homeless and the elderly without resources. Within a decade we could become a post-industrial wasteland in which the highest-growth activities will be drug trafficking, public corruption, and influence peddling. An island, paraphrasing Rubén Blades, inhabited mostly by ghosts and the living dead, who for some strange reason refuse to go anywhere else.

By Sergio M. Marxuach
The author is the Policy Director for the Center for a New Economy.
This is an extended version of the column that was originally published in El Nuevo Día on April 28th, 2018

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