Puerto Rico’s Pension System: Knocking on Heaven’s Door

This post was originally published on January 27, 2011.

Introduction

The Employees Retirement System of the Commonwealth of Puerto Rico (the “ERS”) is a trust created by Act 447 of May 15, 1951 to provide pension and other benefits to retired employees of the government of Puerto Rico and its instrumentalities. According to the Management’s Discussion and Analysis included in the ERS’s most recent financial statements, the system “since its inception lacked proper planning.”1 The problem was (and to a certain extent still is) that the level of both employer and employee contributions was relatively low and was not actuarially determined, while the level of benefits was statutorily defined and bore no relation to employee contributions or to the investment yield of the systems assets.

In 1973 the benefit structure was “enhanced” without enacting a corresponding increase in contribution levels. As government employment increased in the mid-to-late 1970s, partially in response to the general economic slowdown, the gap between the assets available to pay benefits and the actuarial obligation began to widen.

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Or view the full report below:

Las pensiones y la concertación social

Por Sergio M. Marxuach

Esta nota se publicó en el blog de CNE el 11 de diciembre de 2012.

http://www.elnuevodia.com/laspensionesylaconcertacionsocial-1402596.html

El tema de la deficiencia actuarial de los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico ha estado en el debate público en días recientes. El gobierno de Puerto Rico actualmente tiene cinco sistemas de retiro.

Tres de éstos dependen directamente del fondo general para las aportaciones patronales: el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, que cubre a casi todos los empleados del gobierno central, corporaciones públicas, y los municipios; el Sistema de Retiro de los Maestros, que cubre a los maestros del sistema de educación pública; y el Sistema de Retiro de la Judicatura, que cubre a los jueces.

Cada uno de estos sistemas de retiro tiene un déficit actuarial. Esto significa que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones en el futuro. Al 30 de junio de 2011, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno tenía un déficit estimado de $23,734 millones; el Sistema de Retiro de los Maestros tenía un déficit estimado de $9,063 millones; y el Sistema de Retiro de la Judicatura tenía un déficit estimado de $319 millones. El déficit agregado, por tanto, es de $33,116 millones—una deficiencia que se ha ido acumulando por décadas y que no debiera ser noticia, ni aquí ni en los Estados Unidos. READ MORE

Deterioro del estado, inestabilidad y vulnerabilidad

Puerto Rico- estado clientelar

El científico político puertorriqueño Jaime Lluch argumenta en una columna publicada recientemente en este diario, ¿Por qué fracasa Puerto Rico?, que nuestras instituciones y prácticas políticas muestran un alto nivel de deterioro: la prevalencia de redes de clientelismo y de corrupción; la dependencia en las conexiones sociales entre grupos sociales privilegiados por encima del criterio de mérito en todo tipo de relaciones económicas y políticas; un alto grado de disfuncionalidad e ineficiencia del aparato estatal y la burocracia; y unas élites asociadas a los dos partidos principales que usan al gobierno para su beneficio.

Existe una percepción general de que es extremadamente difícil cambiar estos patrones. Muchos piensan que estas prácticas de clientelismo y de ausencia del principio meritocrático están tan arraigadas en nuestro andamiaje social que lo consideran una norma cultural. En sus libros recientes sobre los orígenes y el decaimiento del orden político, el científico político estadounidense Francis Fukuyama argumenta que las civilizaciones enfrentan presiones constantes que pueden conducir al deterioro del aparato estatal. Esto debido a la tendencia de los seres humanos (y otras especies de mamíferos) a identificarse con grupos afines—de parentesco o patrimoniales—y a apoyarse para su supervivencia mediante el desarrollo de normas de reciprocidad y de la creación de redes de parentesco. Estas fuerzas, si no son contrarrestadas por un liderato político que reduzca el poder de grupos específicos, tienden a desembocar en un estado clientelar.

Puerto Rico: estado clientelar

Según la caracterización de Fukuyama y otros, la sociedad puertorriqueña podría ser clasificada como la de un estado clientelar, comprable a Grecia, Italia, Brasil e India. En estas, el Estado ha logrado conseguir suficiente control, aunque no necesariamente el monopolio, del uso de la fuerza para poner en vigor ciertas reglas y el estado de derecho, pero sufre de un déficit de rendición de cuentas o ‘accountability’. Esta situación tiene consecuencias adversas para el desarrollo, entre ellas el empobrecimiento de las destrezas y la capacidad de ejecución de la burocracia—cualidades cruciales para el funcionamiento eficiente y confiable del gobierno; y la captura de los procesos políticos por intereses particulares, en lugar de éstos estar dirigidos hacia el bienestar público en general.

Ambos procesos tienden a hacer más difícil el que la ciudadanía logre escapar de la pobreza y la vulnerabilidad. Primero, porque un gobierno ineficaz no es capaz de proveer los servicios necesarios para promover el desarrollo integral de la ciudadanía. Segundo, porque la captura del estado por las élites políticas permite a éstas mantener acuerdos clientelares—el intercambio de beneficios privados contingentes al apoyo político de las élites—con la ciudadanía, en su gran mayoría pobre y vulnerable a vaivenes socioeconómicos y ambientales. Investigaciones recientes estudiando gobiernos locales en la India, “Clientelism in Indian Villages” (por Siwan Anderson, Patrick Francois y Ashok Kotwal, American Economic Review, 2015) y en Brasil, “Vulnerability and Clientelism” (por Paul Gertler, Marco Gonzalez-Navarro, Simeon Nichter y este servidor, National Bureau of Economic Research Working Paper #23589, 2017) muestran evidencia que comprueba estos argumentos.

Inestabilidad política

Un factor que abona significativamente a la persistencia del estado clientelar y a su ineficacia es la inestabilidad política, la volatilidad o alternancia excesiva del poder entre los principales grupos políticos. En el libro Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters, los economistas Timothy Besley y Torsten Persson argumentan que esta inestabilidad, al reducir el tiempo en que los representantes políticos esperan permanecer en el poder, crea incentivos para que éstos no inviertan en la capacidad de la burocracia y del estado. El liderato político entonces se puede comportar como un Leviatán, el cual sólo busca maximizar su beneficio propio y asegurar el bienestar del grupo en el poder mediante el uso de redes de corrupción y de clientelismo.

Podemos estudiar si este patrón se observa en el caso de Puerto Rico. Hace unos años, un grupo de investigadores nos propusimos estudiar dinámicas y patrones de corrupción en los gobiernos municipales de la isla. Estudiamos la experiencia que hemos tenido con un programa de monitoreo que existe hace décadas – el programa de auditorías municipales de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Quizás esté de más recalcar que en estas jurisdicciones la malversación de fondos públicos es un problema recurrente. En nuestro artículo, “Monitoring Corruptible Politicians” (Luis Raúl Cámara Fuertes, Rainer Schwabe y este servidor, American Economic Review 2016) encontramos que, contrario a lo que puede creer mucha gente, los municipios que han comenzado a experimentar mayor alternancia del poder local entre los principales partidos políticos tienden a experimentar niveles de corrupción entre 40 a 50 porciento más altos que aquellos que han mantenido mayor estabilidad política. Es decir, la estabilidad política permite la continuidad de representantes competentes y/o incorruptibles en el poder, consistente con la hipótesis de Besley y Persson y otros.

Pensar en posibilidades

Puerto Rico enfrenta un gran desafío: escapar de la condición de estado clientelar y llegar a ser una sociedad exitosa. Como menciona el Profesor Lluch en su columna siguiendo la definición de los economistas (neo)institucionalistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, en las sociedades exitosas el poder está distribuido ampliamente, con múltiples puntos de poder y de manera pluralista; tienen estados funcionales, eficientes y confiables; hay gran confianza en el aparato estatal y en las instituciones políticas pluralistas.

Es preciso señalar que no existe un patrón único a seguir; no hay soluciones sencillas para llevar a cabo esta transformación. Pero es claro que cualquier reestructuración del aparato estatal debe tomar en consideración la inversión que se requiere en la organización y la calidad de su principal activo, sus servidores públicos, para promover su efectividad y romper con el equilibrio nefasto del estado clientelar.

Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

Roundtable discussion on the future of Puerto Rico’s economy

USA Congress

On July 18, 2017 CNE’s Policy Director Sergio Marxuach participated in a bipartisan roundtable discussion in the US Congress on the future of Puerto Rico’s economy at the invitation of Rep. Nydia Velázquez, Ranking Minority Member of the House Committee on Small Business. Below is a summary of CNE’s testimony as well as a link to the unabridged version of the document submitted by CNE.

ACCESS HERE THE COMPLETE TESTIMONY

Thank you for the opportunity to participate in this Roundtable to Discuss the Future of Puerto Rico’s Economy. My remarks will cover three topics. First, I will briefly discuss the impact of the enactment of the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (“PROMESA”). Second, I will stress the need for policy initiatives at the Federal level to help Puerto Rico end its current downward economic spiral and jumpstart economic growth in the short-term. Finally, I will outline the work of the Growth Commission convened by the Center for the New Economy to develop a long-term economic growth strategy for Puerto Rico.

1. PROMESA
The enactment of PROMESA in June 2016 opened a new chapter in U.S.-Puerto Rico relations. After decades of benign neglect, Congress recognized in 2016 that it has a moral obligation under the U.S. Constitution to foster the welfare of the U.S. citizens that live in Puerto Rico. This means that it is in Congress’s own interest to see through that Puerto Rico is successful in addressing its current fiscal and economic crisis.

Unfortunately, some of the policy tools set forth in PROMESA are not working as expected and may hinder the island’s ability to escape its current economic death spiral.

First, the imposition of a Fiscal Oversight Board over the duly elected government of Puerto Rico—with broad powers over the island’s fiscal and economic policies, authority to command the implementation of its recommendations, and the capacity to prevent the enforcement or execution of otherwise valid contracts, executive orders, laws or regulations—has seriously undermined the island’s political institutions, already extremely compromised by clientelism, partisan politics and corruption.

In addition, the Fiscal Oversight Board has added a new layer of opacity to fiscal policymaking in Puerto Rico. The discussions among Board members have been carried out mostly behind closed doors, while interactions between the Board and the Government of Puerto Rico tend to be summarized ex post, usually through succinct letters written in rather cryptic language. It is quite ironic that the Fiscal Oversight Board, which, among other things, was given the task of increasing the transparency of Puerto Rico’s finances, has actually contributed to worsening that problem.

Second, the benefits of PROMESA’s complicated territorial debt restructuring process, which combines principles drawn from both the U.S. Bankruptcy Code and from the realm of sovereign debt restructuring, remain fairly uncertain and contingent on the successful implementation of a completely new and untested legal framework for territorial bankruptcy. The risk if this experimental framework fails to adequately address Puerto Rico’s debt restructuring needs is magnified by the fragile state of the Puerto Rican economy, which has already undergone a protracted decade-long contraction.

2. Jumpstarting the Economy – The Federal Component
Moving on to growth, Puerto Rico needs to devise and execute a complex, two-prong strategy to restore economic growth. First, we have to jumpstart economic growth in the short-term. Second, the island needs to formulate an economic development plan to sustain that growth over the long-term, something it has failed to do for quite some time.
This already difficult task is further complicated by the austerity policies the Fiscal Oversight Board has required Puerto Rico to implement. The certified fiscal plan orders the island’s government to implement large expenditure cuts, significant tax increases, and deep structural reforms without access to any short-term financing.
The implication of the Fiscal Oversight Board’s policy posture is that—unless Congress is otherwise willing to address a full-scale social crisis in Puerto Rico—Federal assistance will be necessary to jumpstart economic growth in the short-term. Congress needs to implement a comprehensive economic program, remove some of the disadvantages imposed on Puerto Rico under the current political arrangement, and eliminate some long-standing inequitable and discriminatory policies. The current situation simply does not allow for piecemeal action by Washington, a wide-ranging plan is needed.

A short-term economic program for Puerto Rico at the Federal level should include for example, providing additional funding for healthcare, extending the EITC and the CTC to Puerto Rico, preserving social safety net programs, and increasing funding for education, infrastructure, and research.

3. The CNE Growth Commission – The Local Component
In addition to initiatives at the Federal level, Puerto Rico needs to craft a local long-term economic development strategy and strengthen its execution capabilities.
Achieving long-term, sustainable economic growth and development is a complex endeavor that requires a new set of strategies and the rebuilding of institutions; thus, there are no quick fixes or silver bullets. In other words, economic growth is not simply a function of exiguous regulation, low wages, or preferential tax treatment. Rather, the process of growth is quite complicated, involving the interplay of many variables and factors that must be present if a country is to succeed.
As a first step in charting the road towards sustainable economic development, the Center for a New Economy has undertaken the task of empaneling the CNE Growth Commission for Puerto Rico.

The Commission will work towards (1) identifying and suggesting ways to relax local and external constraints that inhibit the territory from speeding up the process of economic structural change towards higher productivity activities; and (2) generating opportunities to diversify the portfolio of high productivity activities in the economy. Specifically, the Commission will focus on the following areas with the potential for high impact:

  • Area 1: Identifying Sectorial Opportunities
    Using cutting-edge product space analysis the Commission will identify new products and services that could augment aggregate value through the use of existing productive capabilities embedded in the island’s current production structure. This methodology operationalizes the idea that it is generally easier for countries to move from products and services that they already produce to others higher in the value chain that are similar in terms of capital requirements, knowledge, and skills. Because not all feasible new products contribute in the same way to value added and growth, a key challenge along the diversification process is the identification of those goods and services that are feasible and have a higher potential to sustain economic development.
  • Area 2: Horizontal Reforms to Enhance Competitiveness
    At the same time, the Commission will identify opportunities for effective policy reform in areas with the potential to enhance the competitiveness of local and multinational producers across multiple sectors, such as: tax and competition policy, human capital and workforce development, energy production, and communications, information, and technology infrastructure, among others.
  • Area 3: Macro-Fiscal Policy
    Finally, a Working Group of the Commission will develop feasible proposals for tax policy reform with the aim of (i) enhancing the territory’s competitiveness and (ii) reducing tax distortions that may inhibit productivity growth in the private sector. This Group will work on evaluating the potential for a disciplined fiscal reform to enhance the territory’s competitiveness, given its inclusion in the US monetary union.

Conclusion
In sum, Puerto Rico has been under severe economic, fiscal, and financial stress during the past decade. Furthermore, the Fiscal Oversight Board has ordered Puerto Rico to put on the equivalent of an IMF policy straitjacket without providing access to the few benefits that usually accompany IMF conditionality programs. In our view, this policy posture simply does not make sense and implementing these policies will, in a perverse way, decrease Puerto Rico’s short and medium-term capacity to honor its obligations by intensifying an already prolonged economic contraction.

Second, to jumpstart economic growth in the short-term Congress needs to implement a comprehensive economic policy program, remove some of the disadvantages imposed on Puerto Rico under the current political arrangement, and eliminate some long-standing inequitable and discriminatory policies.
Third, in addition to initiatives at the Federal level, Puerto Rico needs to craft a long-term local economic development strategy. This strategy should consist of sectorial, horizontal and institutional policies to promote Puerto Rico’s capability to progressively move into higher value-added activities.

Thank you.

Center for a New Economy
Washington, DC
18 July 2017

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Abogados, asesores, bonistas y periodistas

Abogados, asesores, bonistas y periodistas

El 20 de junio hice una presentación en un taller auspiciado por la Escuela Graduada de Periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York para periodistas, tanto locales como de Estados Unidos, que cubren la crisis de Puerto Rico. La discusión fue interesante, informada y respetuosa, entre personas que tenían, en algunos casos, visiones muy diferentes sobre la naturaleza y el alcance de PROMESA, el plan fiscal, el presupuesto y sobre cuanto dinero hay disponible para mantener el gobierno operando y pagarle a los acreedores.

Jim Millstein, de Millstein & Co., y Richard Cooper, del bufete Cleary, Gottlieb—ambos asesores de la pasada administración—fueron los panelistas iniciales. Su presentación recapituló muchas de la críticas que se han hecho al plan fiscal (proyecciones económicas injustificables, subestimación de la reducción de la población), pero el Sr. Millstein hizo dos señalamientos que han pasado por debajo del radar de la discusión pública.

Primero, señaló que el plan fiscal fue enmendado después que el gobernador enviara su presupuesto recomendado a la legislatura. En una carta cursada el 31 de mayo, el Sr. Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, le notifica a la Sra. Natalie A. Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (“JCF”), que estaba de acuerdo con ciertas modificaciones al plan fiscal ya aprobado y certificado por la JCF. Ese plan fiscal enmendado, que sepamos, no se ha hecho público.

La pasada administración fue criticada duramente, en mi opinión correctamente, por su opacidad: no había estados financieros auditados para los últimos dos años fiscales, los estimados de gastos y recaudos cambiaban sin explicación y la información se divulgaba lenta y aleatoriamente. Irónicamente, podríamos decir que hoy la transparencia gubernamental no ha mejorado nada y en algunas dimensiones ha empeorado. Todavía no hay estados financieros para el 2015 y 2016 y las proyecciones económicas y financieras siguen cambiando sin explicación alguna. Además, estos temas se tratan ahora discretamente por carta privada, al estilo Les Liaisons Dangereuses, entre una junta de procónsules coloniales y un reducido grupo de oficiales gubernamentales.

El Sr. Millstein reveló también, que de acuerdo a sus cálculos, la reducción en el principal de la deuda (la “quita” o “haircut”) para que la deuda sea sostenible económicamente, debería fluctuar entre 62% y 79%, dependiendo del tipo de bono. Esta proyección no se había hecho pública hasta ahora y constituye un estimado inicial de lo que los bonistas podrían razonablemente recuperar en un proceso de reestructuración justo y ordenado.

Por su parte James Spiotto, experto en quiebras municipales, explicó la complejidad de la ley PROMESA. Según Spiotto, PROMESA es una “mezcla ecléctica” de los mecanismos utilizados para resolver las crisis fiscales de las ciudades de Nueva York, Philadelphia y Washington, DC, combinados con secciones del Capítulo 9 y el Capítulo 11 del Código de Quiebras. Esto significa que la resolución de los conflictos entre las diversas partes dependerá en gran medida de la filosofía judicial de la Juez Laura Taylor Swain. Por un lado, la Juez podría seguir estrictamente la jurisprudencia existente con respecto al  o por el otro, podría tomar una actitud más liberal e interpretar PROMESA como una tabula rasa concebida por el Congreso específicamente para los territorios.

Spiotto también le recordó a los bonistas de obligación general y a los de COFINA, que en teoría pueden tener todos los derechos legales del mundo pero si el gobierno no tiene dinero para continuar operando y pagarles al mismo tiempo, van a tener que hacer concesiones significativas y “ser creativos”. El gobierno de Puerto Rico, a diferencia de una corporación en liquidación, no puede simplemente cerrar operaciones, vender todos sus activos y repartir el producto entre sus acreedores.

El optimismo expresado por el Sr. Spiotto fue tronchado prontamente por los bonistas y sus representantes. La presentación fue interesante ya que en vez de utilizar sofisticados argumentos económicos o financieros, su discurso enfatizó nociones tradicionales de justicia, la santidad de los contratos, la importancia del repago de las deudas, el estigma del impago y las consecuencias siempre nefastas de una quita, entre otras. En fin, montaron todo un “morality play” de bonistas como los santos y los deudores como los pecadores.

Estos conceptos son antiquísimos y se han estudiado a través de la literatura, la religión, la filosofía y la antropología, entre otras disciplinas. De hecho, escuchar a los bonistas en Nueva York me recordó un libro de Margaret Atwood, Payback: Debt and the Shadow Side of Debt, que analiza muchos de estos temas a través de su interpretación de varios textos y autores incluyendo la Biblia, Goethe, Dickens y Shakespeare.

Me temo, sin embargo, que los tropos discursivos de los bonistas no le servirán de mucho ni con el público en general, ni con la Juez Taylor Swain. Aquí nadie es un santo. En el caso de Puerto Rico todo el mundo sabía lo que estaba pasando, políticos y banqueros suscribieron libre y voluntariamente un pacto Mefistofélico: los gobernantes recibían dinero para financiar déficits operacionales y evitar decisiones difíciles, mientras los banqueros de inversión clamaban que la “calle pide papel” para así cobrar sus comisiones y bonificaciones exorbitantes: año nuevo, Maserati nuevo. Ciertamente se merecen los unos a los otros. Las verdaderas víctimas aquí son los ciudadanos que siguieron las reglas, pagaron sus impuestos y ahora sufrirán las consecuencias de las transacciones turbias entre políticos disolutos y los traficantes financieros de Wall Street.

Finalmente, Matt Fabian de Municipal Market Analytics opinó que a Puerto Rico le podría tomar 10 años recuperar el acceso a los mercados de capital. De cumplirse esa proyección, la JCF también permanecerá activa por diez años más, ya que una de las condiciones para concluir sus funciones es precisamente que Puerto Rico recupere acceso a los mercados de capital a corto y largo plazo a “tasas de interés razonables.” Ya veremos.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Puerto Rico 2025

Puerto Rico in 2025

SAN JUAN — 30 de septiembre de 2025, el presidente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que había emitido un certificado de acuerdo con la sección 209 de la ley PROMESA atestiguando que el gobierno de Puerto Rico (1) cuenta con acceso a los mercados de capital a tasas de interés razonables y (2) ha ejecutado un presupuesto balanceado durante cada uno de los pasados cuatro años fiscales. Con este acto la Junta concluye formalmente sus trabajos.

El costo social de cumplir con esas condiciones ha sido alto. La economía de Puerto Rico en términos reales, aún después de un modesto repunte durante el 2024, es aproximadamente 10% menor que en el 2016 y ha estado en contracción durante 18 de los pasados 20 años.

Esa prolongada depresión económica sirvió de aliciente a la emigración, en su mayoría de personas jóvenes y clase media. A junio de 2025 la población total de Puerto Rico se estimaba en poco menos de 2.8 millones, esto en comparación con 3.7 millones de habitantes en el 2010. Esa ola migratoria aceleró el envejecimiento de la población y, además, causó una baja significativa en la natalidad. De hecho, durante el 2020 las defunciones excedieron los nacimientos en Puerto Rico por primera vez en décadas.

La reducción poblacional significa que hay menos demanda por bienes y servicios y en consecuencia menos actividad económica. Por tanto, el empleo total se ha estabilizado alrededor de 725,000, en comparación con aproximadamente 1,000,000 de empleos en el 2016.

Irónicamente, la economía de Puerto Rico en el 2025 se asemeja a la economía dual teorizada por W. Arthur Lewis en 1954, donde un segmento relativamente pequeño de la población trabaja en un sector moderno y el resto de la población trabaja en un sector tradicional de poca productividad, salarios bajos y pobreza.

Con la diferencia de que los trabajos en el sector moderno de hoy no son en la manufactura como en 1954, sino en servicios profesionales y de alto valor añadido y los trabajos en el sector rezagado son mayormente en el comercio al detal y en el sector de servicios que no requieren mayor educación o destrezas especializadas, en vez de en la agricultura. La manufactura se ha reducido considerablemente debido a las políticas fiscales y aislacionistas favorecidas por el ex-presidente Donald J. Trump y los trabajos de “clase media” ya casi no existen. (Véase: Peter Temin, The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy).

Si en 1954 la migración del campo a la ciudad era el puente entre la economía tradicional y la economía moderna, en el 2025 la educación avanzada es la que sirve de pasaporte de un sector a otro. Sin embargo, Puerto Rico ha reducido la inversión social en todos los niveles de educación. Un poco más de 400 escuelas públicas cerraron durante la última década y los maestros “excedentes” emigraron. A nivel universitario, la UPR cuenta actualmente con apenas 30,000 estudiantes en 5 recintos universitarios.

La reducción de las oportunidades educativas y los cambios en la estructura productiva han generado un aumento desproporcionado en la pobreza y la desigualdad. Se estima que la tasa de pobreza en Puerto Rico durante el 2025 es de 60%, mientras que el 5% más rico de la población recibe en exceso del 40% del ingreso anual. Esto en comparación con una tasa de pobreza de 46% y el 27% del ingreso que recibía el 5% más rico en el 2015.

Dado lo anterior no debe sorprendernos que los indicadores de salud se hayan desplomado durante la década pasada. La tasa de mortalidad entre las personas con niveles bajos de ingresos y educación aumentó desmedidamente debido al uso de drogas, el alcoholismo y los suicidios. Además, los cambios al financiamiento del programa de Medicaid y los recortes en el Programa de Salud de Gobierno de Puerto Rico se conjugaron para reducir el acceso a los servicios médicos en la isla. La falta de cobertura médica ha causado miles de muertes prematuras y por primera vez en más de 90 años la expectativa de vida al nacer en Puerto Rico se ha reducido.”

Este escenario, aunque pudiera parecer uno de ciencia ficción, se encuentra dentro del ámbito de los probables para la próxima década. Obviamente no es inevitable, el Puerto Rico de 2025 puede que sea mejor o peor que lo descrito anteriormente. El punto importante es que ese Puerto Rico se está diseñando hoy.

La discusión sobre el Plan Fiscal y el presupuesto no se trata meramente de que agencias recibirán más o menos fondos. Lo que está ocurriendo es una renegociación radical de los términos del contrato social puertorriqueño que determinará la configuración de nuestra economía, gobierno y sociedad en el 2025. Y es una Junta de Control sin legitimidad democrática alguna la que está dirigiendo esa renegociación, acompañada por un coro de banqueros impenitentes que cantan una vieja y trillada canción que hemos escuchado desde la crisis de la ciudad de Nueva York en 1975: “no hay otra alternativa.”

Pero eso es falso. Como nos recuerda la historiadora Kim Phillips-Fein en su libro Fear City: New York’s Fiscal Crisis and the Rise of Austerity Politics:

“No obstante, hoy como en los años setenta, la austeridad sigue siendo una decisión política. Las fuerzas que la hacen parecer la única opción oscurecen las razones subyacentes por la cuales las ciudades se empobrecen y las metrópolis ricas terminan con gobiernos que carecen de fondos. Más allá de los debates ceñidos a cómo se pueden repagar las deudas, hay preguntas más importantes, que aún no se han resuelto, sobre qué tipo de sociedad queremos tener, acerca de quién pagará por cierto tipo de provisiones sociales y si vamos a tenerlas en absoluto. Al final del día, estas son ineludiblemente cuestiones políticas, no contables.”

Son esas preguntas importantes, entonces, las que tenemos que contestar de cara al 2025.

Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Las trampas de la austeridad

La Reestructuración de la deuda con los bonistas locales

Dicen que las crisis no se pueden desperdiciar pues sirven para tomar acción sobre asuntos neurálgicos que usualmente no se atienden de manera adecuada. También se pueden aprovechar para esclarecer cuestiones que resultan escabrosos, difíciles de comprender y también de solucionar. En nuestro caso, el terrible panorama fiscal y económico que enfrentamos nos ha obligado a tratar de entender y atender el tremendo lío en el cual nos encontramos. Esto no es poca cosa. Nuestros embrollos son bastante complejos y aunque parece que algo se ha aprendido, todavía hay temas, como los recortes presupuestarios y otros ajustes fiscales, que se malinterpretan y manipulan con facilidad.

A pesar de que se ha escrito bastante sobre este asunto, aún quedan profundos vacíos de comprensión. En numerosas ocasiones he escuchado a empresarios, políticos y otros comentaristas plantear, con convicción y autoridad, que nos endeudamos demasiado porque se nos fue la mano con el gasto gubernamental, y ahora, para solucionar el entuerto, tenemos que hacer lo opuesto: cortar el presupuesto estatal hasta que recobremos nuestra salud fiscal. Es un argumento llamativo, en parte, porque esboza una relación directa y positiva entre el recato y el bienestar, pero no parece sostenerse ante la evidencia empírica y los mejores postulados macroeconómicos. Según numerosos análisis, las economías maltrechas no se mejoran con recortes sustanciales al gasto público. De hecho, sucede todo lo contrario: la austeridad en tiempos de vacas flacas, especialmente cuando el sector privado carece de dinamismo, tiende a empeorar el panorama.

Quizás un ejemplo que recién me relató el colega y experto en temas de deuda pública Martín Guzmán nos ayuda a entender esto mejor. Pensemos en una taxista cuyos ingresos principales provienen del servicio de transporte que ofrece. Ante un período de estrechez económica, se ve obligada a ajustarse la correa: come menos fuera de su casa, aplaza algunos arreglos en el hogar, se recorta el pelo con menos frecuencia, y así por el estilo. Aunque ha realizado numerosos arreglos presupuestarios, la situación no mejora, porque la mesera, el ferretero y la peluquera, que ven sus ingresos reducirse por la prudencia de la transportista, deciden cortar gastos también, incluyendo tomar menos viajes en taxi. Todos siguen aparentándose el cinturón, los ingresos siguen bajando, pero aún quedan gastos esenciales y deudas que pagar. Eventualmente, la transportista no cuenta con suficientes pasajeros para cubrir sus obligaciones financieras, y tiene que vender el taxi. Atrapada en un círculo vicioso, ha perdido su calidad de vida y el negocio que le daba de comer.

Lamentablemente, la espiral nociva antes descrita no es un mero ejemplo hipotético. Existen numerosos casos, a nivel de países, donde la imposición de la austeridad ha cavado un hoyo más profundo y difícil de rebasar. En Grecia, los acreedores y las instituciones europeas llevan años exigiendo que se aplique un programa de severos recortes al gasto público, mediante la aplicación de condiciones estrictas para aprobar ciertos préstamos. El impacto ha sido trágico. Desde el 2008 hasta la fecha, la economía griega ha ido en picada; han perdido una cuarta parte de su Producto Interno Bruto (PIB) y la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 por ciento. Los residentes de Grecia han vivido en carne propia lo que muchos en la isla no logran entender: no hay tal cosa como “tocar fondo” cuando se desciende aceleradamente por el risco de la austeridad.

Peor aún, una caída económica tan estrepitosa contribuye a que la carga de la deuda se torne más insoportable. Cuando aumenta lo que se debe —y hasta cuando se queda igual— mientras se achica la economía, la proporción entre deuda y producción nacional se dispara y las aguas fiscales suben del cuello a las narices. Esto está sucediendo en Grecia, y en los próximos años, acá enfrentaremos un panorama muy similar.

Esta no es una premonición infundada, pues los números del plan fiscal que sometió el gobierno de Puerto Rico y aprobó la Junta de Control Fiscal (JCF) afirman que la economía seguirá cayendo durante la próxima década. Esto se debe, en gran parte, a que las medidas que buscan aumentar impuestos y reducir gastos públicos tendrán considerables impactos negativos, y por buen rato. Si cae la economía y no se reduce el monto de lo que se tomó prestado, la proporción de deuda a producción nacional bruta (Deuda/PNB) podría aumentar de 104% en el 2017, a 141% en el 2026. En otras palabras, si se sigue la ruta oficialista a la austeridad y no nos quitamos parte de la deuda de encima, estaremos mucho peor que hoy en día.

Ciertamente, algo se puede hacer para no seguir avanzando por el desbarrancadero. Por una parte, resulta imprescindible abogar por una reducción del principal adeudado. Pero determinar cuánto quitar requiere análisis precisos y creíbles que demuestren cómo una reestructuración de la deuda nos ubica en una mejor trayectoria hacia el futuro. Actualmente, estamos trabajando en un estudio que examina detalladamente el plan fiscal de Puerto Rico y ofrecerá propuestas específicas para atender este ángulo de la crisis.

Articular políticas sensatas con respecto al gasto y la deuda es una gestión sumamente necesaria, pero no es suficiente. Aun eliminando todas nuestras obligaciones con los bonistas, no salimos del atolladero porque carecemos de una estrategia de desarrollo que nos ayude a generar oportunidades económicas y aumentar el bienestar nacional. Atender esta apremiante necesidad es la tarea principal de la recién creada Comisión de Crecimiento del CNE.

El estado juega un rol indispensable en la articulación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Tomando esto en cuenta, uno de los temas de interés de la Comisión es descifrar cómo mejorar el funcionamiento y desempeño de nuestro sector público. Sin lugar a dudas, el despilfarro, los malos manejos y la corrupción han minado la capacidad y efectividad de nuestras instituciones gubernamentales. Pero estos problemas no desaparecerán achicando el aparato estatal a través de privatizaciones y machetazos presupuestarios. Tenemos que evadir las trampas de la austeridad, y repensar críticamente el rol del gobierno para poder mejorarlo, robustecerlo y así asegurarnos que nos ayuda a recobrar el crecimiento.

Por: Deepak Lamba Nieves
Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
@deepakln

Restoring Growth: Forging the Road Ahead – 2017 CNE Conference Proceedings

Growth

CNE’s 2017 Conference was unique in many ways. Puerto Rico’s debt crisis provided an exacting but precious backdrop for a much-needed and multifaceted discussion on the current fiscal policies and the prospects for future structural change.

The two-day Conference consisted of seven events designed to bring the conversation about debt, uncertainty, austerity and growth to a wide variety of groups.

The highlight: the launch of the CNE Growth Commission for Puerto Rico and its first convening in San Juan.

Debt, Austerity and Growth – Joseph Stiglitz in San Juan

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A variegated audience of over one thousand people gathered on April 6, 2017 at the San Juan Symphonic Hall to listen and reflect on Nobel Prize winner Joseph Stiglitz’ words of caution and forward-looking advise regarding Puerto Rico’s economic predicament. Stiglitz is one of 17 experts who conform pro-bono the CNE Growth Commission for Puerto Rico.

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Watch the following summary videos:

In introducing Stiglitz, CNE’s President and Founder Miguel A. Soto-Class stressed the need for ample involvement in the process of economic recovery and made an urgent call-to-action.

Stiglitz cautioned against the contractionary effects fiscal austerity measures will have on the island’s economy…

…and urged for growth measures as anchors of any fiscal and debt restructuring plans.

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Growth Amidst Uncertainty: A Free Market Perspective – A Conversation with Steven Davis

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“Historically, the Puerto Rican tax code and regulatory system abound with provisions for special business interests…The result is a complicated web of policy-induced financial incentives that helps sustain a rent-seeking business culture and an overly intrusive role for the government.”
Steven Davis

On April 6, 2017, Steven Davis, Professor of Entrepreneurship and Global Economics and Management at the Sloan School of Management of the Massachusetts Institute of Technology, led a conversation with Puerto Rico entrepreneurs and business leaders on how free markets can help Puerto Rico create a healthier economic climate and foster growth. Davis, who is a pro-bono member of the CNE Growth Commission for Puerto Rico, argued in favor of simplifying regulations affecting the island’s business environment.

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