Palabras pobres

Por: Nydia Suárez Marín

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Foto por F.H. Wadsworth del International Institute of Tropical Forestry, U.S. Forest Service, Rio Piedras, Puerto Rico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay palabras que se quedan cortas para representar su significado. Sobre todo en tiempos cambiantes. Pobreza es una de ellas.

Resulta complicado debatir sobre el pobre o la pobreza cuando quienes participan en el diálogo público y sus respectivas audiencias posiblemente no han ajustado sus imágenes mentales a nuevos parámetros y marcos de referencia.

Tal vez por eso es que se ha polarizado la discusión sobre quiénes son los pobres en Puerto Rico y quiénes tienen o no derecho a hablar del tema. Y a lo mejor esta violencia verbal que hemos observado en los dimes y diretes sobre la pobreza pueda ser la gran oportunidad para redefinir bajo los estándares actuales lo que quiere o no quiere decir ser pobre. O mejor aún buscar parámetros que definan mejor la realidad de Puerto Rico sobre la pobreza. READ MORE

Impuestos

Por: Miguel A. Soto Class

Tengo un amigo que dice que las elecciones se deben celebrar el 16 de abril. Según él, ese es el mejor día pues los votantes tienen fresco en sus mentes lo que tuvieron que pagar en impuestos, lo cual pone en severo relieve la relación ciudadano/ gobierno y la importancia de votar. No me imagino que habrían muchas administraciones que revalidarán bajo ese sistema.

Desde hace tiempo Puerto Rico necesita reestructurar su Código de Rentas Internas, una maraña sedimentada de impuestos, sobretasas, exenciones, y deducciones que no recauda lo que tiene que recaudar y no fomenta lo que tiene que fomentar. Ahora, para que la Reforma cumpla con su cometido – para que sirva para apuntalar las finanzas del País, fomentar la inversión, e incentivar el trabajo y el ahorro – tiene que cumplir con unos preceptos básicos.

Primero, la reforma debe ser profunda, de gran alcance, e incluir todos los componentes: las contribuciones sobre ingresos de los individuos y las corporaciones, los arbitrios, los impuestos a las ventas y los impuestos a la propiedad.

Segundo, es importante expandir la base contributiva, dejando a un lado las exclusiones, créditos y exenciones que hacen del sistema uno sumamente complejo. Esta maraña de excepciones no solo produce efectos imprevistos para el fisco – con el resultado de que Hacienda nunca sabe a ciencia cierta cuanto va a recaudar – sino que provoca múltiples distorsiones en el proceso decisional de las empresas al asignar e invertir capital.

Tercero, para hacer que más gente y más corporaciones le paguen al fisco, es importante reducir las tasas. Las tasas altas provocan que los contribuyentes – individuales y corporativos – hagan lo indecible por evadir el pago de impuestos, legal o ilegalmente. En la actualidad, muchas empresas optan por comprar créditos contributivos para descontarlos en la planilla; muchos profesionales prefieren cobrar en efectivo para reportar menos ingresos; y muchos trabajadores deciden “buscárselas” en la economía informal. Es por esto que la base contributiva del País se ha vuelto cada vez más endeble, y el fisco cada vez más raquítico.

Cuarto, es importante simplificar el sistema. El que tenemos es complicado, injusto e ineficiente, y casi imposible de fiscalizar.

Habiendo dicho esto, es importante resaltar otros dos elementos: la importancia de mantener el requisito sobre la radicación de planillas; y la necesidad de implantar medidas que compensen la regresividad de lo que se espera sea un impuesto al consumo más alto que el que tenemos ahora.

La radicación de planillas – aún en el caso de individuos exentos de pagar contribuciones – es un elemento importante para la contabilidad y la transparencia del sistema, y aún más para el funcionamiento ciudadano. Si lo que buscamos es motivar a que más personas entren la actividad económica formal, y contar a la vez con data robusta para formular buena política pública, no podemos implantar una medida que desaparecerá del radar contable a miles de individuos.

Asimismo, aumentar el peso de los impuestos al consumo requiere un delicado acto de balance fiscal, no sea empujemos a la precariedad a miles de contribuyentes de escasos recursos. Estos gastan buena parte de sus ingresos en necesidades básicas – sobre las que pagan IVU – y sufragan impuestos federales tales como Seguro Social y Medicare. Para lograr este balance, entendemos que es importante reintroducir el “crédito por trabajo”, un crédito reembolsable para los trabajadores de bajos ingresos. El mismo no solo funciona como un atenuante de la regresividad de los impuestos al consumo, sino que estimula el trabajo porque depende de que la persona cuente con un trabajo en la economía formal y radique su planilla.

Finalmente, propongo que empecemos a llamar las cosas como son. Lo que le pagamos al gobierno no son contribuciones pues no es voluntario. Nos lo imponen y por lo tanto lo debemos llamar por su nombre: impuestos.

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 24 de septiembre de 2014.

Ahorro, endeudamiento y activos

Por: Sergio Marxuach. Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía.

En años recientes, numerosas personalidades académicas, políticas y del sector privado, basándose en nuevas teorías sobres los efectos sociales positivos del ahorro, han clamado por una reorientación del debate sobre el bienestar social (welfare) y los programas de beneficencia en los Estados Unidos y otras naciones industrializadas.

Temprano en la década de los noventa, diversas comunidades académicas comenzaron a desarrollar un nuevo paradigma enfocado en el ahorro y la acumulación de activos para analizar y atender temas importantes como la pobreza y autosuficiencia.

Los nuevos enfoques se basan en una creencia firme de que los programas y estrategias actuales han logrado muy poco cuando tomamos en consideración las vastas cantidades de fondos invertidos y la perenne existencia de problemas socioeconómicos como la alta incidencia de pobreza en el caso de Puerto Rico.

Según el análisis académico, muy pocas personas han salido de la pobreza gastando sus ingresos. Aquellos que logran salir lo hacen ahorrando e invirtiendo para lograr metas a largo plazo. READ MORE

Reforma contributiva (otra vez)

Balancing the Accounts

Por: Sergio M. Marxuach

A veces la vida en Puerto Rico me recuerda la película Groundhog Day (1993) protagonizada por el genial actor Bill Murray. En esa película el personaje principal vive atrapado en una especie de circuito cerrado en el tiempo y repite el mismo día, el 2 de febrero, una y otra vez. Eventualmente se desespera y hasta intenta suicidarse, solamente para despertar y comenzar el mismo día otra vez. Posteriormente, el personaje principal decide utilizar todo lo que ha aprendido sobre ese día para ayudar a otros y mejorarse a si mismo como ser humano, hasta que finalmente termina su estancamiento temporal.

Algunos profesores de filosofía interpretan la película como una alegoría sobre el estoicismo, y su axioma de vivir cada día como si fuera el último. De esa manera te aseguras de haber hecho el mayor bien posible antes de morir. Por otro lado, algunos teólogos la interpretan como una alusión al purgatorio, mientras que otros ven en ella una representación de la búsqueda de la excelencia en el contexto de la antigua tradición Cristiana/Aristoteliana. Incluso, algunos budistas la ven como una magistral interpretación de sus conceptos de desprendimiento de las cosas materiales y la reencarnación.

Estas elucubraciones surgen a raíz del anuncio de una “nueva reforma contributiva”, que será la cuarta que sufrimos desde 1994. Parece que a diferencia de Bill Murray en la película, en Puerto Rico somos como los ratones de laboratorio que siguen achocándose repetidamente con las paredes del laberinto en que se encuentran en vez de buscar otro camino.

Principios Básicos

Habiendo dicho eso, creemos que existe un consenso en Puerto Rico sobre la necesidad de implementar una reforma contributiva amplia y profunda. Una reforma de verdad. En nuestra opinión dicha reforma se debe regir por los siguientes principios básicos:

Primero, la reforma debe ser de gran alcance. Todos los componentes del sistema impositivo—impuestos sobre el ingreso, tanto a nivel corporativo como individual, arbitrios, impuestos sobre la venta, e impuestos sobre la propiedad—deben ser objeto de análisis y estudio. Se debe analizar el sistema completo para así evitar efectos imprevistos que suelen ser el producto de reformas parciales o incompletas.

Segundo, se debe expandir la base tributaria. Esto significa que muchos de esos créditos, deducciones, exclusiones y exenciones que han sido legislados a través del tiempo tendrán que ser eliminados. La legislación de todas esas ventajas contributivas ha resultado en un aumento en la complejidad del Código de Rentas Internas; la imposición de tasas marginales altas; y todo tipo de distorsiones en el proceso de asignación e inversión de capital.

Tercero, se deben reducir las tasas marginales. Las tasas impositivas altas ofrecen un incentivo poderoso para que las personas alteren su actividad económica y para que gasten una cantidad de recursos considerable para evitar legalmente (o evadir ilegalmente) el pago de impuestos. Una reducción significativa de las tasas marginales disminuye el incentivo para que las personas incurran en este tipo de comportamiento, y si esta reducción se complementa con la ampliación de la base contributiva discutida anteriormente, se podría generar un aumento en los recaudos.

Cuarto, todo esfuerzo de reforma contributiva debe tener como meta simplificar el sistema. El Código de Rentas Internas de Puerto Rico es complicado, injusto, y terriblemente ineficiente. Estos defectos obstaculizan los esfuerzos de administración y fiscalización, así como el cumplimiento con el mismo, y en el agregado estos defectos reducen la cantidad de recaudos generados por el sistema contributivo. Un código más simple, si se diseña correctamente, generaría costos más bajos de fiscalización y cumplimiento y recaudos más altos.

Contribuciones Individuales

En términos generales es difícil determinar si los cambios anunciados al sistema de contribuciones sobre individuos cumplen con los criterios estipulados anteriormente. Se ha hablado mucho en los medios de “eximir” a las personas con ingresos menores a $50,000. Sin embargo, no está claro si esa exención significa (1) que todos los que ganen menos de esa cantidad estarán exentos de pagar contribuciones sobre ingreso o (2) si la exención es solamente con respecto a la radicación de planillas y estas personas estarán sujetas a retención por el patrono.

Si la propuesta es que todos los que ganen menos de $50,000 no paguen nada a Hacienda (ojo: el patrono seguirá obligado a retenerle impuestos por concepto de Seguro Social y Medicare) varias preguntas de caen de la mata. Entre otras cosas nos gustaría saber ¿cómo se llegó a esta determinación?; ¿a cuanto subirá el IVU?; ¿qué pasará con los que ganan un poquito más de $50,000?; ¿cuál tasa les aplicará?; y ¿sí se mantienen las tasas preferenciales para el ingreso pasivo como dividendos, intereses, y ganancias de capital, por qué?

Si la propuesta es que esas personas no radiquen planillas, creemos que esa es una mala idea. Nos parece importante para el funcionamiento adecuado de una democracia que los ciudadanos mantengan algún tipo de vínculo o relación con el gobierno que los haga conscientes del dinero que cuesta proveer los servicios públicos y que aunque algunas personas no tendrán que contribuir directamente a través de impuestos sobre sus ingresos, muchos otros sí tendremos la obligación cívica de hacerlo. El salario de los maestros, policías, y enfermeras del Centro Médico no cae del cielo.

Preguntas Importantes

De los reportajes en la prensa se desprende que se estarán considerando enmiendas significativas a los impuestos corporativos, a los arbitrios, al IVU, y a la contribución sobre la propiedad. Pero, de nuevo, no está claro como se verán afectados cada uno de estos renglones. Si la propuesta es reducir significativamente las tasas impositivas sobre los ingresos y transferir el peso contributivo a otros impuestos, pues entonces nos preguntamos: ¿a cuánto tiene que subir el IVU o un nuevo Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para compensar la pérdida de recaudos que sufriría Hacienda?; ¿qué va a suceder con el arbitrio especial de la ley 154?; ¿cómo cambiarán los otros arbitrios?; ¿cómo se piensa enmendar el impuesto sobre la propiedad inmueble?; ¿se mantendrá la deducción por donativos caritativos y otras deducciones con un fin social?; ¿qué mecanismos se implementarán para atender el efecto desproporcionado, lo que los economistas llaman la regresividad, sobre las familias de bajos ingresos que tendría el aumentar el IVU/IVA a 10% o más?

Con respecto a esta última pregunta creemos que es importante reintroducir el crédito reembolsable por ingreso devengado que fue eliminado con el presupuesto para el año fiscal en curso. De acuerdo con un estudio que realizamos en el 2003, un crédito igual al 10% del ingreso devengado hasta un máximo de $1,500 y que se reduzca por una cantidad igual al 5% del ingreso ganado en exceso de $15,000, podría provocar la entrada de 20,000 trabajadores a la fuerza laboral, redundando en un beneficio para 160,000 familias y 289,000 niños, muchos de los cuales viven bajo los niveles de pobreza actualmente.

Recientemente hemos contratado al prestigioso Urban Institute para que nos ayude a actualizar ese estudio y diseñar un nuevo crédito por ingreso devengado para las familias de trabajadores pobres. Recuerden que aunque estas familias queden exentas del pago de contribuciones sobre ingresos, todavía pagarían impuestos federales sobre la nómina y un nuevo impuesto al consumo que estimamos sería de 10%, como mínimo, y estas familias consumen todo, o casi todo, su ingreso.

No Existen Soluciones Mágicas

Finalmente, la reforma contributiva, aunque importante, no es una varita mágica para restablecer el crecimiento económico. De hecho, contrario a la creencia popular, la noción de que el sistema impositivo puede usarse para estimular el crecimiento económico no ha sido comprobada definitivamente de manera empírica.

El profesor James Alm, en su contribución al informe CNE/Brookings, señala que una amplia bibliografía procura demostrar esta relación. Gran parte de esta bibliografía se concentra en la experiencia de los estados en Estados Unidos y trata de determinar si existe una conexión entre las políticas impositivas estatales y el crecimiento económico.

Estudios recientes sobre los efectos de los errores de estimación y las técnicas de estimación encuentran alguna conexión entre las variables de política fiscal y el crecimiento económico, pero los resultados no son muy sólidos. Por ejemplo, en algunos casos, se asocian recaudos fiscales estatales más altos con tasas de crecimiento menores y otras investigaciones han encontrado evidencia débil de que la combinación de impuestos (por ejemplo, una dependencia mayor de las contribuciones sobre ingresos o sobre los impuestos sobre las ventas) afecta el crecimiento económico de los estados.

Sin embargo, el consenso entre los expertos en el tema es que la relación entre las variables de política fiscal y el crecimiento económico es tenue y no es sólida ni robusta para todos los períodos de tiempo, métodos de estimación, o especificaciones. La mayor parte de los beneficios asociados con una reforma contributiva no se deben directamente al incremento de la actividad económica, sino que se derivan de la simplificación del sistema contributivo, lo que (1) reduce distorsiones en la asignación de recursos y capital; (2) facilita la administración y la fiscalización del sistema; y (3) elimina los incentivos para evitar o evadir la obligación impositiva.

Conclusión

En suma, creemos que es importante darle tiempo a los expertos de clase mundial que ha contratado el Departamento de Hacienda para que terminen su trabajo antes de comenzar a prometer villas y castillas como ya irresponsablemente lo han hecho algunos políticos de la Cámara de Representantes. Segundo, es imperativo que esta reforma contributiva se haga bien aunque se tarde más tiempo en entrar en vigor. No queremos tener que volver a la mesa de dibujo en 18 meses simplemente porque no pensamos bien las consecuencias de lo que estamos haciendo, como sucedió en gran medida con la flamante “patente nacional”. Y, finalmente, todavía nos hace falta obtener mucha información para poder determinar como la reforma contributiva propuesta afectaría a una “familia promedio.” Dicho de otra manera, no compre todavía esos pasajes a Disney, pensando en que va a tener más ingreso disponible porque las contribuciones bajarán el año que viene.

El autor es Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente el 14 de septiembre de 2014. 

Transparencia

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Por: Miguel Soto Class

Recuerdo que fue durante mi época de universitario cuando me enfrenté por primera vez a una de esas curiosas idiosincrasias puertorriqueñas. En muchas ocasiones necesité estadísticas del gobierno para trabajos de investigación y – para sorpresa de pocos – generalmente me resultaba casi imposible obtenerlas. La agencia en cuestión rehusaba compartirlas, y en vez, contestaba mi pedido con la pregunta, “¿para qué tú quieres eso?”.

Siempre logré conseguirlas – por pala o por maña – pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que las agencias no tan solo no compartían las cifras cuando eran negativas: tampoco las compartían cuando eran positivas.

Entonces entendí que en Puerto Rico impera una cultura de secretividad. Uno puede entender que las administraciones públicas, por su componente político, traten de esconder sus fallas y realzar sus logros. Pero cuando aún esconden sus triunfos, y cuando la primera reacción de los funcionarios es de miedo y ocultación, sabes que te enfrentas a una cultura de opacidad y secretividad.

Para ser justos, debemos reconocer que esto no es sólo un problema del gobierno. En muchas ocasiones son los amigos de Wall Street quienes le exigen al gobierno mantener la secretividad de los acuerdos suscritos con ellos, pues no desean que nadie se entere o del trato preferencial que recibieron o del tumbe que dieron. Y típicamente, el gobierno es sumamente dócil ante ese requerimiento de opacidad.

Obviamente, no todo debe ser público. Hay cierta información que legítimamente debe ser confidencial: algunos asuntos de seguridad nacional, por ejemplo, información íntima de individuos o alguna información de negocios como lo podría ser la fórmula de productos, etc.

Pero en Puerto Rico mucha de la información crucial para la buena gestión gubernamental y la evolución de la política pública permanece enterrada en las tinieblas de la burocracia gubernamental. Nuestro gran reto es cómo movernos de una cultura de secretividad a una cultura de transparencia. Es algo muy difícil de lograr, que requerirá tiempo, gente e instituciones con la fuerza y el temple para mover al gobierno a ser más transparente. En la medida en que la ciudadanía exija más apertura, la norma – aunque sea forjada al son de los empujones de la opinión pública – será la de compartir información y ser más transparente.

Es importante señalar que la transparencia requiere no solo el acceso a documentos, datos e información sino que requiere también la capacidad de interpretarlos, evaluarlos y entenderlos, así como también la facultad para actuar sobre la información recibida. La transparencia es importante no tan solo para que el pueblo esté enterado y participe de la gestión gubernamental sino también para que los funcionarios sepan que serán evaluados y que sus acciones serán conocidas. Esto funciona como disuasivo a la corrupción y a la desidia burocrática, y provoca un mejor desempeño porque los funcionarios adquieren consciencia de que sus malos actos no permanecerán impunes.

Me alegró ver la semana pasada que la actual administración gubernamental decidió publicar el acuerdo suscrito entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus acreedores. En primera instancia, esta información es de naturaleza e interés público. En segundo lugar, el estado jurídico en Puerto Rico establece la presunción de que todo documento en poder de una autoridad gubernamental es público y, como tal, debe estar accesible a los ciudadanos. Es lamentable que el acuerdo no se haya hecho público desde el principio, y que tuviera que asomarse una demanda de otro grupo de acreedores para que el gobierno lo difundiera. Pero algo es algo.

Por lo menos evité tener que pedirlo, y que me respondieran, “¿para qué tú quieres eso?”

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente el 27 de agosto de 2014 en el diario El Nuevo Día.

 

 

Acuerdos de Confidencialidad

Por: Sergio M. Marxuach

Hace unos días nos enteramos, a través de un documento subrepticiamente colgado en la Internet, que después de negociaciones hasta las altas horas de la noche, y sabrá Dios de cuantos manejos arteros en cuartos oscuros, la AEE llegó a unos acuerdos con un grupo de bonistas, dos bancos comerciales, y con el Banco Gubernamental de Fomento para posponer ciertos pagos y enmendar los documentos que evidencian las obligaciones de la AEE con estos prestamistas, entre otras cosas. Se nos informa también que la AEE ejecutó varios acuerdos de confidencialidad y que los documentos evidenciando las enmiendas no se harán públicos.

¿Por qué el gobierno de Puerto Rico insiste en ocultarle información al pueblo?

Creo que parte de la repuesta la ofrece Friedrich Hayek en The Road to Serfdom cuando escribe que en los gobiernos con tendencias autoritarias “Toda información que pudiera causar duda sobre la sabiduría del gobierno, o que pueda crear descontento, le será negada al pueblo. La base de comparaciones poco favorables con condiciones en otros lugares, el conocimiento de posibles alternativas al curso tomado, cualquier información que pudiera sugerir el fracaso de parte del gobierno en cumplir sus promesas o de tomar ventaja de oportunidades para mejorar condiciones, todo esto será suprimido.” READ MORE

Presupuesto

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Por: Jennifer Wolff

Cuadrar el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico se ha convertido en un ejercicio similar al de Sísifo, aquel personaje mitológico condenado a cargar un enorme peñón hasta el tope de una montaña por toda la eternidad. Hay que reconocer el esfuerzo por cortar grasa y buscar ingresos con el propósito de reestablecer (aunque sea un poquito) la confianza de las firmas acreditadoras en nuestra capacidad para poner la casa en orden. Sin embargo, a pesar de los avances en indicadores muy importantes, la magnitud de la meta de balancear el presupuesto parece rebasar los esfuerzos por alcanzarla.

Todos los años el Centro para una Nuevo Economía (CNE) analiza el presupuesto gubernamental utilizando 10 variables. En muchos, ha habido logros significativos: el presupuesto consolidado para el 2015 será apenas .9% mayor que el del 2011, mientras que los ingresos del Fondo General habrán logrado incrementarse por poco más de 23%. La proporción del Fondo General destinada a pagar la nómina habrá disminuido significativamente (de 45% en 2011 a un 36% para el 2015); el uso de fondos no-recurrentes para cuadrar el presupuesto se habrá reducido dramáticamente (de 15% este año fiscal a menos del 6% el próximo); y la magnitud del déficit estructural se habrá recortado en la monumental proporción de 54% en apenas cuatro años (la mayor parte entre el año fiscal que termina ahora y el próximo que comienza: un verdadero tratamiento de ‘shock’).

Sin embargo, a pesar de la creciente (y tortuosa) disciplina fiscal, la meta de lograr que el presupuesto quede balanceado estructuralmente – esto es, que los gastos correspondan estrictamente a los ingresos recurrentes en los que se puede depender año tras año – parece ser (como para Sísifo) una meta cada vez más inalcanzable. El CNE calcula que para el próximo año fiscal el déficit estructural estará todavía en el orden de $ 578 millones. La razón es que el espiral de endeudamiento de estas décadas fue monumental: desde el 2000 hasta el 2014, la deuda pública creció 200%, mientras que el Producto Nacional Bruto creció apenas un 75%. READ MORE

Saber para transformar

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Por: Mari Mari Narváez

Tómese un minuto para imaginar su vida a ciegas: tratando de armar un presupuesto que no le alcanza porque le está cediendo gran parte de sus ingresos a la gente que se supone le pague a usted. Usted no sabe cuánto está perdiendo, sólo le consta que es una gran tajada de dinero que debía recibir y no recibe. Imagine también que usted desconoce los detalles de los contratos que rigen su vida, sus propiedades y obligaciones. Se casa con alguien o compra una casa pero ni sabe a qué se está comprometiendo. Piense que usted un buen día recibe por herencia una deuda millonaria. No sabe cómo ni por qué sus parientes engordaron semejante factura pero ahora tiene que pagarla. Imaginemos más. Vislumbre un escenario en el que usted contrata a una compañía de seguridad pero, a la hora de rendirle un informe, la empresa se niega a decirle cuántas veces tuvo que intervenir con personas que se aparecieron a robar en su casa y qué medidas emplearon contra ellas.

Esto puede parecer cosa de locos pero no lo es. Resulta que así vivimos en Puerto Rico. Con una cierta noción de que ‘sabemos’ mucho pero, en efecto, con un acceso muy restringido a la información sobre nuestro gobierno. Información que, por definición, tendría que ser pública. Porque nos pertenece.

Una de las razones principales por las cuales la Policía de Puerto Rico está en sindicatura federal es porque tiene deficiencias muy serias en el ejercicio de la transparencia con la ciudadanía. Este es un ejemplo emblemático de la falta de acceso a la información en Puerto Rico. Sin embargo, existen muchos más. READ MORE

Analizando la reforma energética

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Por Sergio M. Marxuach

La noticia de que la Autoridad de Energía Eléctrica se vio precisada a recurrir a su fondo de mejoras permanentes para saldar una deuda con uno de sus suplidores de combustible sirve para constatar la precaria situación financiera de la corporación. La medida (en esencia, un malabarismo financiero) sirve también para contextualizar el escenario retante que enfrentará la recién creada Comisión Reguladora de Energía para reducir los costos de electricidad y encaminar una verdadera reforma del sistema eléctrico en la Isla.

El inicio de un nuevo capítulo

De entrada, hay que dejar claro que la aprobación de la Ley de Transformación y Alivio Energético representa solo la conclusión de la primera etapa de lo que será el largo y complicado proceso de transformar la AEE y el sistema eléctrico de Puerto Rico.

En términos generales, la Ley 57 es una buena pieza legislativa. Le confiere a la Comisión Reguladora de Energía la mayor parte de los poderes que la experiencia en muchas otras partes del mundo ha constatado son imprescindibles para regular de forma efectiva el sistema eléctrico. La Comisión de Energía tendrá poder sobre la fijación de tarifas de la AEE, sobre los parámetros de eficiencia técnica y operacional del sistema eléctrico, y sobre la planificación y desarrollo del portafolio de generación de electricidad a largo plazo. READ MORE

Crédito

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Por Miguel A. Soto Class

En estos tiempos de crisis fiscal es importante cortar. Pero más importante aún es no cortar lo importante.

Recientemente, en aras de atajar un pedazo de la crisis fiscal, el gobierno ha propuesto eliminar el llamado Crédito por Trabajo. El Crédito por Trabajo o Crédito por Ingreso Devengado es un mecanismo contributivo que le otorga un reembolso de hasta $400 anuales a los trabajadores de menos ingresos en la isla. Funciona como estímulo al trabajo y actúa como contrapeso a las perversiones que tuercen nuestro mercado laboral. El Crédito por Trabajo no solo suplementa el ingreso de estas personas, sino que incentiva su incorporación a la economía formal ya que exige se rindan planillas y se trabaje en el sector formal. Este tipo de iniciativa ha sido sumamente efectiva en Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y Canadá en insertar a las personas que reciben ayudas gubernamentales en la fuerza laboral. La importancia del beneficio para el mercado laboral de Puerto Rico es enorme: casi medio millón de trabajadores – prácticamente la mitad de la fuerza trabajadora de la isla – participan del programa.

Para los que creemos en la reducción de la dependencia y el estímulo a la cultura del trabajo, la posible eliminación del programa resulta preocupante. Propuesto por el Centro para una Nueva Economía (CNE) en 2006 como una forma de atajar la pobreza, promover el trabajo, y estimular la economía formal, el programa fue apoyado por varias administraciones: fue implantado por el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá y ampliado por el de Luis Fortuño. En un país donde sobran las diatribas y escasean los consensos, el Crédito por Trabajo coaguló un importante consenso bi-partita. Resulta desesperanzador que regresemos al punto cero, eliminando un mecanismo importante que estimula el trabajo en la economía formal. READ MORE

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