La Reestructuración de la deuda con los bonistas locales

La Reestructuración de la deuda con los bonistas locales

Los contratos de deuda no son promesas de cumplimiento seguro. Es por eso que los acreedores reciben una compensación extra, en la forma de tasas de interés que incluyen una prima de riesgo. Reciben una cantidad extra cuando cobran, a cambio de tomar el riesgo de que haya instancias en que no puedan cobrar.

Y Puerto Rico está en una situación en la que no puede pagar. No es una cuestión de falta de voluntad, sino de falta de capacidad. En las circunstancias actuales, no hay otro camino posible que el de la reestructuración.

Una quita apropiada le permitiría al país tener los recursos para las políticas expansivas que tanto necesita. Pero alcanzar una reestructuración exitosa no será un ejercicio trivial. No lo ha sido en ninguno de los países que necesitan reestructurar sus deudas.

Pero a diferencia de ellos, que deben negociar con múltiples acreedores heterogéneos bajo marcos legales que no difieren demasiado de la ley de la selva, Puerto Rico cuenta con el marco jurídico que ofrece la ley PROMESA. Pero PROMESA no es una panacea, sino un arma de doble filo: mientras bien usado sería un marco útil, si se utiliza como elemento de coerción para favorecer a los intereses de los acreedores sería por demás nocivo.

Al momento de reestructurar deudas, surge un problema de acción colectiva: mientras que potencialmente la reestructuración puede beneficiar a todos, cada acreedor prefiere que la quita recaiga sobre los demás. Cuando finalmente se delinee un plan para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, el país enfrentará esos problemas. Las disputas entre acreedores por ver quien carga con la quita serán feroces.

El proceso creado por PROMESA tendrá un rol crucial para resolver esos conflictos. La forma en que se resuelvan determinará no solamente la distribución de la carga de la quita, sino que además repercutirá sobre el desempeño económico del país.

Y esto es así porque una parte significativa de la deuda, que se estima entre 10.5% y 20%, está en manos de agentes locales, como es el sector de las cooperativas de ahorro y crédito, que brindan servicios a depositantes locales, entre los cuales se incluyen a grupos de ingresos medianos y bajos. Las consecuencias de recortar deuda en posesión de tales cooperativas son diferentes que las de recortarla sobre bonistas extranjeros.

La aritmética que subyace a tal lógica es sencilla. Suponga que el valor de las tenencias de bonos puertorriqueños en manos de un bonista extranjero se reduce en, digamos, $100. En la medida que ese bonista no gaste nada de su riqueza en la economía local, la demanda local no se verá afectada, y el gobierno contará con un alivio de $100 que podría ser usado para políticas que expandan el nivel de actividad.

Pero supongamos que el mismo recorte recae sobre un residente de Puerto Rico, que planeaba gastar, digamos, 80 por ciento de esas tenencias en el país. El resultado será que la demanda local caerá en $80. Y en una economía en un régimen de demanda restringida, como lo está la economía puertorriqueña en la actualidad, eso significaría una contracción del nivel de actividad, contrarrestando en parte el efecto expansivo que podía ser generado por las políticas que los $100 de alivio de deuda volvían factibles.

La evidencia internacional es absolutamente consistente con esta lógica: los defaults tienden a ser más costosos cuanto mayor es la proporción de deuda en default en manos de bonistas locales, y las reestructuraciones tienden a ser más expansivas cuanto menor es la porción de la quita que recae en los bonistas locales.

Al día de hoy, no termina de quedar claro cómo se distribuirá la quita entre el complejo espectro de acreedores. Esa incertidumbre está provocando efectos ambiguos. Por una parte, impide que los precios de ciertas categorías de bonos se hayan desplomado en proporciones mayores. Pero por otra parte, le impide a instituciones locales que poseen deuda puertorriqueña tener certeza sobre la buena salud de su estado de situación. Esto hace que el comportamiento de esas instituciones deba ser por demás precautorio, contribuyendo a que la inversión se mantenga deprimida.

Pero tarde o temprano llegará el momento en el que la estructura de prioridades entre acreedores para la distribución de lo que Puerto Rico termine pagando se tendrá que definir. Llegado ese momento, el gobierno y la Junta Fiscal tendrán que haber develado los principios bajo los cuales se base el plan de reestructuración que se proponga. El tratamiento equitativo entre acreedores podría ser uno de esos principios.

De modo que mientras es claro entonces que Puerto Rico se beneficiaría si la reestructuración se diseñase de modo de favorecer a los acreedores locales, podría pensarse que eso es impracticable, pues significaría que el plan estaría discriminando entre acreedores de un modo que violaría un tratamiento equitativo entre ellos. Pero eso no necesariamente es cierto.

Tratamiento equitativo no quiere decir tratamiento igualitario: por ejemplo, que se le imponga el mismo porcentaje de quita a todos los acreedores sería inequitativo si esos bonistas pagaron distintos precios por sus bonos. Y además, el universo de acreedores tiene que ser apropiadamente definido. La equidad entre acreedores no necesariamente se debe circunscribir a los acreedores formales, es decir aquellos que poseen bonos emitidos por el gobierno. El universo de acreedores también debería incluir a los considerados “acreedores informales”, tales como en principio serían los pensionados para con quienes existe un contrato social implícito que determina obligaciones.

En definitiva, la forma en que se reestructure la deuda de Puerto Rico afectará a las oportunidades de su población actual y también de las generaciones futuras. El país necesita una quita sustancial para recuperar las condiciones que le permitan encausarse en un sendero de desarrollo sano, que sea dinámico e inclusivo; que proteja los derechos de los más vulnerables y que no aniquile las oportunidades de los jóvenes de hoy y de los de mañana. La forma en que se distribuya quien paga por esa quita determinará si ese sendero es alcanzable. Y lo cierto es que la sociedad puertorriqueña ya pagó un precio muy caro por la crisis de la deuda. Tanto por razones de pura eficiencia económica como de equidad, es hora de que sean otros a los que les toca pagar.

Por: Martín Guzmán
Miembro investigador no-residente del CNE, Investigador asociado de Columbia University y Profesor de la Universidad de Buenos Aires

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Aprendiendo sobre la marcha: procesos para tiempos de crisis

Aprendiendo sobre la marcha: procesos para tiempos de crisis

Resulta desconcertante, tras una década perdida en un trote acelerado hacia el desbarrancadero económico, y otra que se avecina según las proyecciones gubernamentales, que todavía ansiemos la llegada de “el plan” que nos va a sacar del lodazal. La terrible situación que enfrenta el país ha alimentado la sed de propuestas abarcadoras y soluciones repentinas. Al mismo tiempo, la incertidumbre nos ha tornado inmunes a la decepción y miopes en cuanto a exigencias cívicas, pues el cementerio de planes gubernamentales está abarrotado pero se le sigue implorando al estado que confeccione y presente un mapa de ruta que asegure el éxito. En esta encrucijada, un plan o instrumento que provea detalles sobre cómo sobreponer la crisis y mejorar el bienestar de la mayoría es necesario pero insuficiente. Más que producir buenos planes, necesitamos encaminar mejores procesos de desarrollo.

Como nos explica el profesor Leonardo Santana Rabell en su análisis crítico sobre el ejercicio de la planificación en Puerto Rico, nuestro antojo por los planes tiene raíces coloniales profundas. En los años treinta, la administración norteamericana estableció la Puerto Rican Emergency Relief Adminstration (PRERA) y luego la Puerto Rican Reconstruction Administration (PRRA), siguiendo las recomendaciones del Plan Chardón, para poner en marcha un programa de trabajo que atendiese los efectos de una grave crisis socioeconómica mediante la extensión de políticas “novotratistas” al terruño. Estos esfuerzos, aunque parciales, sirvieron de zapata y campo de entrenamiento para la creación, en los años cuarenta, de la Junta de Planificación, entidad que se pensó como un centro de comando nacional para “guiar el desarrollo de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y económico” a través de una serie de planes y programas financieros. No obstante, el olimpo tecnocrático y científico que delineó Rexford G. Tugwell—veterano planificador y último gobernador estadounidense de la isla—no se consumó, gracias, en gran parte, a las veleidades del partidismo legislativo y la presión ejercida por diversos intereses económicos.

Desde entonces, la Junta de Planificación ha preparado ambiciosos planes de desarrollo, que según su ley orgánica, se supone que sirvan de guías para ordenar el país. A pesar de sus contribuciones técnicas y analíticas, usualmente terminan siendo ignorados y archivados en algún rincón oscuro —especialmente si su contenido no encaja con la doctrina partidista del momento—. De esta patética experiencia se desprende una lección valiosa: las estrategias, planes y proyectos de desarrollo no son herramientas apolíticas, todo lo contrario. Por más que se promuevan como soluciones técnicas, calculadas y científicas, las maniobras desarrollistas son el producto de fuerzas históricas y políticas.

Interesantemente, el desdén hacia los esfuerzos de la Junta de Planificación no ha amainado el afán por los planes con el paso del tiempo. Producir y promulgar al menos uno se ha convertido en un rito de nuestra burocracia; y no son pocas las firmas y consultores, foráneos y locales, que prestan sus servicios y cobran grandes sumas para cumplir con el simulacro que consiste, en gran medida, en recalentar ideas y plasmarlas en diapositivas coloridas. Ciertamente, no todo es bagazo. Pero raras veces se pasa del texto a la discusión, a la gestión, a la revisión crítica o a la evaluación.  Al parecer, armar un plan se ha convertido en un fin en sí mismo pues la coartada por excelencia del administrador gubernamental arrinconado por el escrutinio público suele ser la lapidaria frase “tenemos un plan”.

Rebasar el fetichismo con “los planes” requiere repensar y proveer alternativas sobre cómo se conciben las propuestas y oportunidades de desarrollo. De entrada, esto requiere entender el desarrollo como un proceso, no un destino o desenlace económico que se manifiesta cuando ciertos indicadores estándar apuntan en la dirección correcta.  

Varios estudiosos argumentan que el enfoque procesal nos permite tomar nota de los giros y vueltas, los cambios en las dinámicas de poder, las consecuencias no intencionadas y las oportunidades de aprendizaje que surgen a medida que las ideas de desarrollo se convierten en proyectos y políticas realmente existentes. Además, esta perspectiva nos ayuda a conceptualizar los proyectos de desarrollo como esfuerzos dinámicos que pueden trascender intenciones y planes originales.

La agenda de trabajo de la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del Centro para una Nueva Economía apunta hacia esta dirección. Más que producir otro plan o una colección de estudios, nos interesa encaminar un ejercicio alterno para proponer y ensayar estrategias de desarrollo socioeconómico. Aprovechando el peritaje de expertos locales y de otras latitudes, con diversas perspectivas disciplinarias e ideológicas, nos enfocaremos en realizar análisis, diseñar políticas y, en algunos casos, llevar a cabo proyectos de demostración con entidades estatales, ONGs, el sector privado y académicos. Uno de los objetivos principales es generar ciclos de aprendizaje y que muchas de las lecciones acumuladas se institucionalicen.

También nos interesa fomentar que diversos grupos participen para identificar las soluciones. De nada vale esperar resultados distintos si las mesas de trabajo están pobladas por los mismos de siempre. Sin lugar a dudas, la apertura se traduce en mayor complejidad; de eso se trata. Tradicionalmente, el diseño de políticas y la toma de decisiones sobre el desarrollo económico se han realizado a puertas cerradas, lo que ha permitido que ciertos intereses empresariales y partidistas logren beneficios hechos a la medida, y que cada nueva administración imponga su propio libreto. Bajo este tipo de arreglo, el chanchullo prolifera, pues escasean el monitoreo y la rendición de cuentas. Así pues, la inclusión sirve para fomentar el debate, también para arrojarle luz a un ejercicio tradicionalmente opaco y asegurar que lo acordado se cumpla.   

No somos ilusos. Sabemos que para generar oportunidades de desarrollo se necesitan estrategias multifacéticas, duraderas y bien financiadas —preferiblemente lideradas y apoyadas por el estado—. En Puerto Rico, la depresión económica, el entuerto de la deuda y las directrices impuestas por la limitan aún más la poca capacidad que posee el gobierno para atender estos temas. Lejos de relevar al estado, queremos que la Comisión de Crecimiento del CNE encamine acuerdos generales sobre lo posible y deseable, que ayude a mejorar la calidad de las discusiones sobre políticas de desarrollo y que ayude a mejorar el desempeño del sector público. En fin, queremos facilitar un proceso que nos ayude a repensar el desarrollo para generar nuevas posibilidades.

Por: Deepak Lamba-Nieves
director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
Twitter: @deepakln

Haz clic para acceder la conferencia de Joseph Stiglitz

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Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

El ajuste incluido en el Plan Fiscal aprobado el pasado día 13 de marzo, por sí solo, no servirá para restablecer el crecimiento de la economía de la isla. En el Centro para una Nueva Economía hemos expresado que Puerto Rico tiene que recobrar su competitividad a nivel internacional para generar los niveles necesarios de crecimiento económico sostenido. Esto será necesario tanto para lograr mantener el bienestar de la población de la isla como para cumplir en el largo plazo con las múltiples obligaciones del estado. A menos que seamos capaces de implantar reformas contundentes en esa dirección, es muy posible que nos encontremos en una situación igual o peor de aquí a diez años (o más).

Índice: junio 2017 = 100. Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Índice: junio 2017 = 100.
Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Como bien señaló el colega economista Juan Lara en una columna reciente en este diario, debemos enfocar la discusión en cómo diseñar y ejecutar un programa de medidas económicas apropiado para generar ese desarrollo. Esta estrategia debe ser lógica y prudente, pero también innovadora.

Según las proyecciones del Producto Nacional Bruto (PNB) real (ajustado por inflación) para Puerto Rico según el Plan Fiscal, la economía de la isla sufrirá una contracción mayor al diez (10) por ciento en los próximos seis años, y no es hasta el año 2026 que se registrará una leve recuperación. Esto representa un costo extremadamente alto a pagar para la población de la isla. ¿Habrá maneras más efectivas para restablecer la economía de la isla con un menor costo humano? ¿Es indispensable otra década perdida?

En esta columna quiero compartir un ejemplo del tipo de política pública que puede implantarse para asegurar que el sacrificio que tendremos que hacer hoy redunde en el desarrollo de mañana.

Política macroeconómica y competitividad

La magnitud del choque macroeconómico estructural sufrido por la economía de Puerto Rico—en particular la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos y el eventual colapso de otros sectores de la economía de la isla—justificaría, en otro país, la implantación de políticas monetarias para reestablecer la competitividad internacional en el mediano plazo.

Por ejemplo, una devaluación de la tasa de cambio—al efectivamente reducir los costos de mano de obra para hacer las exportaciones más competitivas en el mercado internacional y reducir las importaciones, haciéndolas más caras—ayudaría a estimular la economía. Una estrategia de este tipo es crucial para compensar la contracción que ocurriría debido al inevitable ajuste fiscal necesario para mejorar la solvencia del gobierno.

Evidentemente, esta estrategia no es viable dada la inclusión de Puerto Rico en la unión monetaria estadounidense y, por lo tanto, su incapacidad para aprovechar la política cambiaria para restablecer la competitividad.

Sin embargo, Puerto Rico puede utilizar instrumentos de política fiscal, en su mayoría contributivos, para conseguir mayor competitividad de una manera similar a la que se conseguiría con una devaluación de la tasa de cambio.

Hay varias formas de diseñar este tipo de estrategia—llamada una devaluación fiscal. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante una reducción en el pago de contribuciones patronales de Seguro Social. El mismo se subvencionaría con alguna de las medidas impositivas contemplables en un programa de ajustes, como, por ejemplo, algún aumento correspondiente en el impuesto a las ventas y uso (IVU). La idea básica es reducir los costos de mano de obra mediante un menor pago de contribuciones patronales lo cual permite a las empresas—tanto domésticas como multinacionales—vender sus bienes y servicios en el extranjero a precios más bajos, simulando el efecto de una moneda más débil. Por otro lado, los aumentos en el IVU se utilizarían para sustituir la aportación patronal al Seguro Social, con el propósito de resarcir el fondo de retiro dado esta reducción en contribuciones (a la misma vez que se darían incentivos a las empresas a cumplir con sus obligaciones de recaudos del IVU.)

Al implementar esta serie de reformas en conjunto, el gobierno podría generar aumentos en el empleo y el ingreso tanto de las empresas como de los hogares, como ocurriría con la devaluación de la moneda. La política también podría ayudar en el frente fiscal, ya que una mayor competitividad podría generar un mayor recaudo de ingresos al fisco.

El concepto original detrás de la devaluación fiscal se remonta a John Maynard Keynes en 1931, quien propuso aumentar los subsidios a la exportación junto con aumentos correspondientes a los arbitrios de importación como alternativa a una devaluación de la moneda (cuando los países estaban en el patrón oro). Dado que las reglas de la Organización Mundial del Comercio no permiten intervenciones que utilicen impuestos a la exportación e importación, su propuesta original no es factible en el presente escenario.

Este tipo de estrategia ha ganado popularidad en los círculos de política pública a nivel internacional. Además, es consistente con propuestas recientes a nivel congresional como la del Senador Orrin Hatch de eximir a Puerto Rico temporeramente del pago de contribuciones de Seguro Social y parcialmente con la propuesta republicana de implementar un ‘border adjustment tax o “BAT”’.

Además, varias jurisdicciones y países como Alemania en el 2007 y Francia en el 2013 han implementado estas estrategias con diversos grados de éxito. En el caso de Puerto Rico, junto con la reestructuración de la deuda y otras reformas estructurales tan necesarias, la devaluación fiscal podría contribuir a poner nuestra economía a flote. Este tipo de política fiscal ayudaría a reducir la necesidad de llevar a cabo recortes tan severos en la inversión y el gasto público bajo las medidas de consolidación propuestas en el Plan Fiscal.

Este tipo de propuesta requiere de mayor estudio para determinar cómo funcionaría en Puerto Rico. Por ejemplo, habría que determinar los posibles impactos en términos distributivos para los hogares dado, por un lado, aumentos en el empleo y los ingresos devengados y, por otro, la reducción en el poder adquisitivo de estos debido a los aumentos en el IVU. La Comisión de Crecimiento para Puerto Rico de CNE—trayendo a la mesa académicos de primera con representantes de los sectores público y privado—tiene la intención de producir este tipo de análisis creativo y a la vez riguroso que Puerto Rico tanto necesita.

Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

CNE devela los integrantes de su Comisión de Crecimiento para Puerto Rico

Growth

Expertos de calibre internacional se reúnen en San Juan para discutir opciones de desarrollo económico para Puerto Rico

22 de marzo de 2017, San Juan – El Centro para una Nueva Economía (CNE) anunció hoy que la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del CNE se reunirá la primera semana de abril en San Juan para discutir la agenda de trabajo que ha comenzado a delinear. La misma tiene el objetivo de identificar estrategias y políticas públicas que ayuden a restablecer el crecimiento económico en Puerto Rico. La Comisión ha quedado conformada por 17 expertos de calibre internacional que provienen de la academia, la empresa privada y el sector público. Éstos han aceptado la invitación de unirse al CNE para repensar la economía de Puerto Rico en el largo plazo. Los integrantes de la Comisión provienen de diversas perspectivas y corrientes de pensamiento, así como de diversas áreas de desempeño profesional. Los puertorriqueños residentes tanto en la isla como en EEUU componen una mayoría en el grupo.

Miguel A. Soto-Class, Presidente y Fundador del CNE, señaló que “en medio del panorama de ajuste fiscal, la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del CNE es una de las iniciativas más importantes que tiene la isla para redefinir su futuro económico. El año pasado, en medio de la discusión en torno al problema de la deuda y la crisis fiscal, abogamos para que Washington creara una entidad federal permanente que se enfocara en la recuperación económica de Puerto Rico. Ni el Congreso ni la Casa Blanca lo hicieron en ese momento. En vista de que la falta de crecimiento económico es el asunto más urgente que enfrenta Puerto Rico en este momento, en CNE decidimos asumir el liderato y convocamos a un grupo de primer orden para comenzar a delinear una nueva estrategia de desarrollo de largo plazo.”

Soto-Class resaltó que “por demasiado tiempo Puerto Rico se ha satisfecho con sobrevivir de salvavidas a salvavidas, sin tener nunca un verdadero plan económico. La discusión sobre el largo plazo siempre ha sido opacada por la emergencia de turno. Nos hemos complacido con esquemas que producen rentas temporeras, pero que no constituyen una estrategia abarcadora o duradera. Nunca parecemos encontrar el momento o los recursos para detener ese círculo vicioso y emprender la ruta hacia la estabilidad y la sustentabilidad económica. En fin, nos hemos desenvuelto en constante reacción a la crisis del momento, sin detenernos a pensar con detenimiento y construir con esmero un plan integral y a largo plazo. La Comisión de Crecimiento para Puerto Rico de CNE tiene como una de sus principales metas romper ese patrón. En vez de reaccionar a la crisis del momento, la Comisión diseñará y ayudará a implementar una política de desarrollo económico balanceada, equitativa y duradera; basada en nuestras ventajas comparativas; que propicie un ecosistema donde cualquier emprendedor pueda impulsar una empresa eficientemente; que genere oportunidades para amplios sectores de nuestra población; y que se sostenga mediante motores locales pero tenga horizontes globales.”

Gustavo Bobonis, Economista en Jefe de CNE y Coordinador General de la Comisión, reveló que la entidad está identificando, entre otras cosas, qué tipos de análisis diagnósticos son necesarios para que Puerto Rico pueda desarrollar un mayor número de actividades de alto valor añadido y un conjunto diversificado de actividades económicas. “Puerto Rico ha tratado de adaptarse a los retos del siglo XXI utilizando herramientas que fueron exitosas décadas atrás pero que ya no ofrecen resultados satisfactorios. Es necesario identificar formas para insertar exitosamente a la isla en la economía del conocimiento y en un entorno global cada vez más competitivo”, señaló.

Bobonis reveló que, como diagnóstico inicial, la Comisión ha determinado que para propiciar el crecimiento económico a largo plazo, Puerto Rico debe:

  1. Acelerar el cambio estructural propiciando su inserción en nichos de alto valor añadido, invirtiendo en innovación, y adoptando el uso de nuevos conocimientos y tecnologías.
  2. Crear el andamiaje institucional para promover este cambio, reformando las instituciones que tienen la misión de transformar la economía.
  3. Diseñar políticas públicas que ayuden a elevar el bienestar en una manera inclusiva, a fin de que sectores amplios de la sociedad puedan beneficiarse de los avances en el desempeño económico.

Bobonis puntualizó que uno de los elementos más importantes en un esfuerzo de desarrollo económico es la capacidad del gobierno de implementar las estrategias y darle continuidad a estas. Por ello, los análisis y proyectos de la Comisión irán dirigidos a fomentar la colaboración entre los actores del sector público, la academia, el sector privado y las Organizaciones No Gubernamentales. El objetivo, según Bobonis, es promover ciclos de aprendizaje que mejoren la capacidad de Puerto Rico de forjar e implementar políticas públicas.

Los proyectos de la Comisión serán desarrollados a través de Grupos de Trabajo que se enfocarán en áreas de alto impacto en la economía, como por ejemplo:

  1. Desarrollo del sector privado: políticas públicas que mejoren la productividad de diversos sectores de la economía y promuevan el crecimiento de actividades de mayor valor añadido.
  2. Política fiscal macro-económica: reformas contributivas para (1) mejorar la competitividad de Puerto Rico y (2) reducir las distorsiones que inhiben el crecimiento de la productividad en el sector privado.
  3. Otras reformas horizontales que aumenten la competitividad del capital local y las empresas multinacionales que operan en la isla: por ejemplo, políticas que estimulen la competencia, desarrollen el capital humano y la fuerza de trabajo, y que mejoren la infraestructura energética y de tecnología informática de la isla.

Soto-Class aseveró que para CNE es crucial democratizar el conocimiento sobre el proceso de recuperación económica. A esos efectos, la entidad celebrará el jueves 6 de abril la conferencia magistral “De la crisis al crecimiento”. El evento consistirá de una conferencia para el público en general a cargo del Premio Nobel de Economía y Profesor de la Universidad de Columbia Joseph Stiglitz. Éste conversará sobre las opciones que tiene Puerto Rico para salir de la crisis y el peligro de recurrir a recetas fallidas. La actividad gratuita se realizará gracias a subvenciones educativas de la Fundación Carvajal, la Fundación Miranda y Espacios Abiertos, las cuales han hecho posible ampliar el alcance de la conferencia. La actividad se llevará a cabo a las 9:00 AM en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce, ya que el cupo de la sala que se usaría de primera instancia se rebasó en poco tiempo después de abrir el registro digital. Los interesados en acceder a los nuevos espacios pueden inscribirse en la página del CNE: grupocne.org.

Los documentos y publicaciones generados por la Comisión de Crecimiento del CNE podrán ser accesados en cnegrowth.org.

CNE unveils the names of the members of its Growth Commission for Puerto Rico


Growth

Leading Experts Meet in San Juan to Discuss Economic Development Options for Puerto Rico

March 22, 2017, San Juan – The Center for a New Economy (CNE) announced today that the CNE Growth Commission for Puerto Rico will meet during the first week of April, in San Juan, to discuss the agenda it has started to outline. The Commission has the objective of identifying strategies and public policies to help restore economic growth in Puerto Rico, and is composed of 17 renowned experts from academia, the private sector, and the public sector. They have accepted CNE’s invitation to re-think the economy of Puerto Rico and chart a long-term agenda. The bulk of the Commission is populated by Puerto Ricans who reside in the Island, as well as in the US.

Miguel A. Soto-Class, President and Founder of the CNE, said, “in the midst of an undergoing the fiscal adjustment process, the CNE Growth Commission for Puerto Rico is one of the most important initiatives that the Island has in order to redefine its economic future. Last year, as the discussion regarding the fiscal crisis and the debt problem gathered steam, we advocated for the creation of a permanent Federal entity that would focus on the economic recovery of Puerto Rico. Neither Congress nor the White House acted on the proposal. Given that the lack of economic growth is the most pressing issue for Puerto Rico, we at CNE decided to assume a leadership role and convened a prominent group to begin delineating a new long-term development strategy for Puerto Rico.” Soto-Class pointed out that the Commission members represent diverse perspectives and intellectual beliefs, as well as diverse areas of professional endeavor.

Soto-Class stressed that, “for too long, Puerto Rico has been satisfied with jumping from one tactic to another, without ever having a true, genuine economic plan. The discussion about sustainable approaches has always been overshadowed by the most immediate emergency. We have been satisfied with proposals that produce only temporary returns but do not add up to a comprehensive, enduring strategy. We need to break this vicious cycle and embark on a path towards economic stability and sustainability. In short, we have constantly reacted to the crisis of the moment without carefully thinking how to devise a comprehensive, inclusive, and long-term plan. The Commission will design and help implement an enduring industrial policy for the country―one that is based on our comparative advantages, that seeks to develop an ecosystem where any entrepreneur can efficiently push a business forward, that creates ample opportunities for wide sectors of the population, and that is sustained by local institutions, but is driven by a global outlook”.

Gustavo Bobonis, Chief Economist at CNE and General Coordinator of the Commission, revealed that the group’s agenda will define, among other things, diagnostic analyses and policy interventions that are necessary for Puerto Rico to develop a larger number of high value-added activities and a diversified portfolio of economic activities. He added, “Puerto Rico has tried to adapt to the challenges of the 21st century using tools that were successful decades ago but no longer offer satisfactory results. It is necessary to identify ways to successfully insert the Island in the knowledge economy and in an ever-competitive global context”.

According to Bobonis, the commissioners understand that in order to foster long-term economic growth, Puerto Rico must:

  1. Accelerate structural change by promoting its insertion in high value-added niches, investing in innovation, and adopting the use of new knowledge and technologies;
  2. Create the institutional framework to promote structural change; that is, revamping the institutions whose mission it is to promote this transformation.
  3. Devise public policies that help elevate social well being in an inclusive manner, so that the majority of its members can benefit from advances in economic development.

Bobonis pointed out that one of the most important elements in an economic development effort is the government’s capability to consistently implement the requisite policies and strategies. Thus, the Commission’s analyses and projects will attempt to augment the government’s development capacity by fostering the collaborations between actors in the public sector, academia, the private sector and Non-Governmental Organizations. The objective, according to Bobonis, is to promote learning cycles that lead to improved development institutions and processes.

The Commission will define a series of Working Groups that will focus on high impact areas of the economy, such as:

  1. Development of the private sector: public policies that improve sectorial productivity and promote the growth of high value-added activities.
  2. Macroeconomic fiscal policy: tax reforms to (1) improve Puerto Rico’s competitiveness and (2) reduce certain distortions that inhibit private sector productivity.
  3. Other horizontal reforms that increase the competitiveness of local capital and multinational businesses operating in the Island, for example: policies that stimulate competition, develop human capital and the work force, and improve the Island’s energy and information technology infrastructure.

Soto-Class stated that CNE recognizes the importance of engaging in a far-reaching dialogue about the process of economic recovery. To that effect, it will host a keynote lecture by Nobel laureate and Columbia University Professor, Joseph Stiglitz, titled “From Crisis to Growth”, on Thursday April 6. Professor Stiglitz will discuss possible solutions to resolve the current crisis and the dangers of recurring to failed policies. The activity is free of charge thanks to generous grants offered by Fundación Carvajal, Fundación Miranda, and Espacios Abiertos. The event will be open to the general public, and commence at 9:00 AM in the Sala Sinfónica Pablo Casals at the Centro de Bellas Artes in Santurce. Those interested in reserving a seat can register via CNE’s webpage: http://grupocne.org.

The documents and publications generated by the CNE Growth Commission for Puerto Rico may be accessed at cnegrowth.org.

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