Los Pasos para la Transformación Energética de Puerto Rico

Dangerous weather. Electricity pylons with power lines in stunning storm during colorful sunset.

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El modelo de hacer negocios de las compañías de generación eléctrica, incluyendo la AEE, tradicionalmente conocido como “build and grow” y basado en (1) la construcción de plantas generatrices cada vez más grandes y eficientes, utilizando combustibles fósiles baratos y (2) en un aumento continuo en el consumo de electricidad, comenzó a fallar en la década de los años 70 debido a limitaciones en la eficiencia alcanzable en la generación de electricidad, el aumento en el precio de los combustibles fósiles, la nueva reglamentación ambiental, la reducción en la demanda de electricidad y la entrada de tecnologías nuevas de generación utilizando fuentes renovables.

Dicho de otra manera, el modelo de producir y vender electricidad cambió hace 45 años. Pero en Puerto Rico la AEE siguió haciendo las cosas como siempre las había hecho. Por tanto, no debe sorprendernos que es necesario transformar radicalmente la AEE.

Ahora bien, la reforma del sistema energético de Puerto Rico tiene que ser bien pensada, estratégica, y seguir una secuencia lógica, más aún cuando la AEE enfrenta simultáneamente los retos de la reconstrucción del sistema eléctrico después del Huracán María, la reestructuración de su deuda bajo el procedimiento del Titulo III de PROMESA, una baja sustancial en la demanda por sus servicios, y la posible privatización, total o parcial, del sistema eléctrico que ha sido administrado y operado como un monopolio por más de setenta años.

Dada esa situación, recomendamos que se implemente el siguiente proceso para transformar nuestro sistema energético:

Primero, la Comisión de Energía para Puerto Rico, trabajando en conjunto con la AEE, debe actualizar el Plan Integrado de Recursos del 2016 de manera que se tome en consideración los eventos meteorológicos del 2017 y se establezcan metas y objetivos con respecto a la capacidad de generación necesaria, la estructura tarifaria y de precios a cobrarse a los consumidores, los estándares para reconstruir la red transmisión y distribución, y la incorporación de energía renovable a la red, entre otros objetivos importantes.

Segundo, partiendo del Plan Integrado de Recursos, determinar la modalidad de privatización y la estructura de mercado óptima para lograr las metas y objetivos establecidos en ese Plan.

Tercero, la Comisión de Energía deberá establecer unos lineamientos (“guidelines”) para gobernar el proceso de transformación. Entre eestos se deben incluir las cualificaciones que se le exigirán a las compañías que deseen participar del proceso. Aquí es importante prestar atención a la reputación corporativa del licitador, su situación financiera, el desempeño que ha tenido en otras jurisdicciones, y sí ha tenido problemas legales por incumplimiento de contrato o señalamientos de corrupción en otros lugares, entre otros factores.

Cuarto, la Comisión de Energía deberá establecer claramente los criterios que se utilizarán para otorgar los contratos. Entre otros criterios, es importante enfocarse en la capacidad tecnológica de la firma, la experiencia del equipo gerencial, los costos estimados de producción y la solidez financiera para hacer las inversiones de capital requeridas. Sí los contratos son otorgados a compañías sin la experiencia y los recursos adecuados el resultado será el fracaso total del proceso de privatización.

Quinto, una vez se establezcan los parámetros técnicos, a través del Plan Integrado de Recursos; la estructura de mercado óptima para Puerto Rico; las cualificaciones que se le exigirán a las compañías que participen en el proceso; y los criterios para la otorgación de los contratos; entonces la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico procederá a negociar los contratos pertinentes para implementar la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Sexto, la Comisión de Energía de Puerto Rico deberá emitir un certificado de cumplimiento como condición precedente al cierre de cualquier contrato o transacción. Este requisito es común en los Estados Unidos en los procesos de compra-venta de entidades altamente reglamentadas, por ejemplo, instituciones financieras, compañías de telecomunicaciones, o compañías de radio y televisión. El propósito de este requisito es que la Comisión de Energía certifique que la transacción negociada cumple con los criterios previamente establecidos.

Entonces se comenzaría con el proceso de implementación de la nueva estructura del mercado eléctrico en Puerto Rico.

Desafortunadamente, del P. del S. 860 contiene varias cláusulas que limitan o diluyen la autoridad de la Comisión de Energía en el contexto de la transformación de la AEE.

Por ejemplo, la Sección 6(c) y las Secciones 8, 11, y 12 del proyecto de ley limitan o eliminan los poderes de la Comisión para (1) reglamentar las tarifas y cargos que podrá cobrar una entidad contratante; (2) exigir a la parte contratante el cumplimiento con cualquier proceso, requisito, aprobación, o revisión por parte de la Comisión de Energía de Puerto Rico; y (3) exigir el cumplimiento de cualquier entidad contratante con las disposiciones de cualquier Plan Integrado de Recursos. También se elimina la aplicabilidad de cualquier reglamento promulgado por la Comisión a las Transacciones de la AEE y se elimina el requisito de que cualquier contrato otorgado con respecto a alguna Transacción de la AEE sea evaluado o aprobado por la Comisión de Energía.

La implementación de esas limitaciones sería un grave error de política pública. Y en palabras del Inspector General Interino del Departamento de Seguridad Interna (“DHS”) en una vista pública reciente en el Congreso de Estados Unidos, constituye “una receta para el desastre”. Creo que lo último que deseamos en Puerto Rico después de tanto sufrimiento causado por la lentitud en re-energizar la isla, es provocar otro desastre en el sistema eléctrico causado por reglamentación inadecuada y el funcionamiento deficiente de nuestras instituciones políticas. Recordemos que la crisis energética en California en el año 2000-2001 fue causada por un marco regulatorio deficiente que fue aprovechado por Enron para aumentar las tarifas astronómicamente y resultó en apagones selectivos a través del estado debido a errores humanos, no a eventos de la naturaleza.

En resumen, la reglamentación adecuada del mercado es esencial para obtener los resultados deseados en términos de modernizar nuestro sistema eléctrico, incorporar la generación con fuentes renovables y reducir el costo por kilovatio-hora.

Por: Sergio M. Marxuach

El autor es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 15 de abril de 2018.



perspective view of electricity power lines on blue sky background

Steps towards Energy Transformation in Puerto Rico

The business model for electrical generation companies, including PREPA, traditionally known as “build and grow,” is based on (1) the construction of ever larger and more efficient generating plants using cheap fossil fuels and (2) a constant increase in electrical consumption. This model began to fail, however, in the 1970s due to limitations on the efficiency achievable in the generation of electricity, the increase in the price of fossil fuels, new environmental regulation, a reduction in the demand for electrical power, and the entrance of new generation technologies using renewable energy sources.

To put it another way, the model for producing and selling electricity changed 45 years ago, but in Puerto Rico PREPA went on doing things the way it had always done them. So it should not surprise us that PREPA needs to be radically transformed.

But the reform of the energy system in Puerto Rico has to be well-thought-out, strategic, and it must follow a logical sequence, especially when PREPA is facing a number  of simultaneous challenges: the rebuilding of the electrical system after Hurricane Maria, the restructuring of its debt under the procedures of Title III of PROMESA, a substantial decline in the demand for its services, and the possible privatization, total or partial, of the electrical system that has been administered and operated as a monopoly for more than seventy years.

Given this situation, we recommend implementing the follow process for transforming our electrical system:

First, the Energy Regulatory Commission for Puerto Rico, working in conjunction with PREPA, should update the 2016 Integrated Resource Plan to take into consideration the meteorological events of 2017 and establish goals and objectives for the generation capacity needed, the structure of rates and prices to be charged consumers, the standards for rebuilding the transmission and distribution network and for incorporating renewable energy into that network, and other important objectives.

Second, on the basis of the Integrated Resource Plan, determine the modality to be employed for privatization and the optimal market structure for achieving the goals and objectives set forth in the Plan.

Third, the Energy Commission should establish guidelines to govern the transformation process. Among these guidelines should be the qualifications to be required of the companies who wish to take part in the process. Here, it is important to take into account the bidder’s corporate reputation, its financial situation, its performance in other jurisdictions, and whether it has had legal problems due to breach of contract or accusations of corruption in other locations, among other factors.

Fourth, the Regulatory Commission should establish clear criteria to be used in granting the contracts. Among other criteria, it is important to focus on the firm’s technological capacity, the managerial team’s experience, the estimated costs of production, and the financial solidity for making the necessary capital investments. If the contracts are let to companies without adequate experience and resources, the result will surely be a total failure of the privatization process.

Fifth, after establishing the appropriate technical parameters (via the Integrated Resource Plan), the optimal market structure for Puerto Rico, the qualifications to be required of the companies taking part in the process, and the criteria for granting the contracts, the Puerto Rico Authority for Public-Private Partnerships can proceed to negotiate the contracts necessary for implementing the transformation of Puerto Rico’s electrical system.

Sixth, the Puerto Rico Energy Commission should issue a certificate of compliance as a condition precedent to the signing of any contract or transaction. In the United States this requirement is common in sales of such highly regulated entities as financial institutions, telecommunications companies, and radio and television companies. The purpose of this requirement is to ensure, through a review by the Energy Commission, that the transaction negotiated complies with the previously established criteria.

At that point, implementation of the new electric-market structure in Puerto Rico can begin.
Unfortunately, Senate Bill 860 contains several clauses that limit or dilute the Energy Regulatory Commission’s authority in the context of the transformation of PREPA.

For example, Section 6(c) and Sections 8, 11, and 12 of the bill limit the Commission’s power to (1) regulate the rates and charges that a contracting entity can impose; (2) demand that the contracting party comply with any process, requirement, approval, or review by the Energy Regulatory Commission of Puerto Rico, and (3) demand that any contracting entity comply with the provisions of any Integrated Resource Plan. Likewise, the bill now before the Senate eliminates the applicability of any regulation issued by the Commission affecting PREPA’s Transactions and also eliminates the requirement that any contract let with regard to any PREPA Transaction be evaluated, approved, or endorsed by the Energy Commission.

Implementation of these limitations would be a grave public policy error. Indeed, in the words of the Acting Inspector General of the Department of Homeland Security (DHS) in a recent congressional hearing, it would constitute “a recipe for disaster.” I think the last thing we want in Puerto Rico after so much suffering caused by the slowness in restoring the island’s electric service is to provoke another disaster in the electrical system because of inadequate regulation and the unsatisfactory functioning of our political institutions. We should remember the energy crisis in California in 2000-2001 caused by a weak regulatory framework that was taken advantage of by Enron in order to raise its rates astronomically. This crisis resulted in rolling blackouts across the state due to human error, not natural events.

In summary, adequate regulation of the market is essential if we are to obtain the desired results with respect to modernizing our electrical system, incorporating renewable sources of energy into our generation system, and reducing the cost per kilowatt-hour.

By: Sergio M. Marxuach

The author is the Policy Director at the Center for a New Economy. This column was originally published in El Nuevo Día on April  15th, 2018.

Plan Fiscal 3.0

 

lupa

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El pasado 12 de febrero el gobierno de Ricardo Rosselló presentó la tercera iteración de su Plan Fiscal para Puerto Rico. En términos generales, esta versión del Plan tiene tres componentes principales:

(1) Una revisión del escenario económico base tomando en consideración la asignación de fondos federales para la reconstrucción de la infraestructura destruida por el huracán María

(2) Un plan de austeridad fiscal

(3) Un programa de reformas estructurales

El Plan parte de la premisa de que Puerto Rico recibirá por lo menos $49,100 millones de ayuda federal para desastres y otros $21,000 millones que serían desembolsados por compañías de seguros privadas, para un total de $70,100 millones, equivalente al producto nacional bruto de Puerto Rico en el 2017. Este influjo de fondos es el fundamento para la revisión radical del escenario económico base. Las proyecciones del Plan contemplan una contracción de 11% en el año fiscal en curso debido al impacto de María, y un crecimiento real de 8.4%, 3.5%, 2.3%, 1.8% y 2.1% durante los años fiscales 2019 al 2023, respectivamente.

La proyección de crecimiento para el 2019 ha generado mucha discusión, pero en nuestra opinión es factible si en realidad produce el influjo de fondos proyectados. De hecho, aun si tomamos como buenas las proyecciones del plan, al terminar el año fiscal 2019 el nivel del PNB real de la isla todavía se encontraría por debajo del nivel antes de María. Me explico. Si asumimos que el nivel del PNB de Puerto Rico al 19 de septiembre de 2017 era igual a 100, y la economía se contrae por un 11% en el AF2018 y crece por 8.4% el próximo año fiscal, es cuestión de aritmética simple concluir que al finalizar el AF2019 todavía estaríamos por debajo del nivel pre-María.

Más allá del 2019, sin embargo, es difícil defender la modificación del escenario base en su totalidad, ya que es inconsistente con otros elementos del Plan. La combinación de los efectos de la ayuda federal con una consolidación fiscal modesta al principio del periodo de la proyección tiene consecuencias que no son consistentes con las consecuencias de la segunda fase, luego de los primeros años, cuando la ayuda federal mengua y la contracción fiscal es mayor.

Parece que los arquitectos del Plan están asumiendo que la reconstrucción del acervo de capital destruido por María generaría un aumento permanente tanto en el nivel como en las tasas de crecimiento del PNB. Pero no hay razón para suponer que creceríamos más rápido simplemente porque alcanzamos el mismo nivel de infraestructura que existía el día antes de María. De hecho, antes del huracán la tasa de crecimiento del PNB real era negativa. Sin embargo, el gobierno está proyectando que el impacto del gasto federal va a ser de tal magnitud que aceleraría permanentemente la tasa de crecimiento del PNB real a cotas muy por encima de la tendencia prevaleciente antes del 2019.

En términos de los recaudos, el Plan asume que comenzando en el AF2019 los recaudos aumentarían a la misma tasa de crecimiento del PNB nominal, esto a pesar de que durante el periodo de la proyección se contempla:

(1) Una reforma contributiva que reduciría los recaudos por concepto de contribuciones sobre ingresos y la eliminación del impuesto “business-to-business”, así como una reducción en la tasa del impuesto sobre los alimentos preparados.

(2) Una reducción de 42% en los recaudos por concepto de la ley 154.

(3) Una reducción de 20% en la población durante los seis años que cubre el Plan. Sin embargo, los recaudos del gobierno aumentan significativamente durante el periodo de la proyección. En nuestra opinión esta proyección refleja un inexplicable sesgo optimista.

El segundo componente del plan consiste de una consolidación fiscal, incluyendo, entre otras medidas, recortes en el gasto gubernamental en las áreas de educación y salud, así como en las asignaciones a la UPR y los municipios, que comenzaría en el 2018 pero se intensificaría a partir del año fiscal 2020, justo cuando el estímulo fiscal producto de la reconstrucción comienza a menguar.

El gobierno estima que estas medidas generarían ahorros netos anuales de $2,462 millones en el año fiscal 2023. De acuerdo con el análisis de Brad W. Setser, del Council on Foreign Relations, esa cifra es equivalente a un poco más del 3% del PNB proyectado para ese año, eso sin tomar en consideración el efecto multiplicador negativo, producto de la reducción en el gasto público, el cual la Junta de Control Fiscal estima en 1.3. Por tanto, la contracción del PNB pudiera ser un poco más de 4%. Sin embargo, en ningún momento durante el periodo de consolidación fiscal la tasa de crecimiento del PNB se torna negativa, aun durante los años cuando se reduce el estímulo federal y se intensifica la austeridad.

El gobierno, entonces, cuadra el circulo proyectando un impacto positivo, rápido y significativo producto de una serie de reformas estructurales (reforma contributiva, reforma energética, reforma reglamentaria, etc.) que comenzarían a implementarse en el 2018 y estimularían el crecimiento de manera tal que se contrarrestarían en su totalidad los efectos negativos producto de la culminación del estímulo federal y de la implementación de las medidas de austeridad.

Este escenario es difícil de justificar ya que el Plan no identifica ninguna fuente endógena de crecimiento y parece no tomar en consideración una serie de riesgos a la proyección. Entre éstos podemos señalar que:

(1) Las asignaciones federales sean menores a las estimadas.

(2) Los recaudos aumenten a una tasa menor o se contraigan después del 2020 y el gobierno tenga que implementar medidas adicionales de consolidación fiscal.

(3) El impacto de la emigración sobre la actividad económica sea más severo de lo esperado.

(4) El multiplicador (negativo) de las políticas de austeridad esté subestimado.

(5) El efecto positivo de las reformas estructurales esté sobreestimado.

Al final del camino, sin embargo, el riesgo mayor es que el computo de las necesidades de alivio de la deuda se basen en un Plan Fiscal insensatamente optimista, resultando en un ajuste menor al que Puerto Rico realmente necesita para que el servicio de la deuda pública sea sostenible. De hecho, en más del 50% de todos los procesos de ajuste de deuda soberana desde 1970 el deudor ha vuelto a incurrir en un impago dentro de los cinco años posteriores a la reestructuración, debido, en muchos casos, a proyecciones económicas demasiado optimistas. Ese sería el peor escenario para Puerto Rico. Pregúntenle a Grecia.

Por: Sergio M. Marxuach

El autor es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 11 de marzo de 2018.



Fiscal Plan 3.0

On February 12, Governor Ricardo Roselló presented the third iteration of his Fiscal Plan for Puerto Rico. In general terms, this version of the Plan has three main components:

(1) A revision of the base economic scenario taking into consideration the appropriation of federal funds for the reconstruction of the infrastructure destroyed by Hurricane Maria

(2) An austerity plan

(3) A structural reform program

The Plan’s basic assumption is that Puerto Rico will receive at least $49.1 billion in federal disaster aid and another $21 billion to be paid out by private insurance companies, for a total of $70.1 billion, a sum equivalent to the Gross National Product of Puerto Rico in 2017. This influx of funds is the basis for the governor’s radical revision of the base economic scenario. The Plan projects a contraction of 11% in the current fiscal year due to the impact of Maria, and then real growth of 8.4%, 3.5%, 2.3%, 1.8%, and 2.1% during fiscal years 2019 to 2023, respectively.

The growth forecast for 2019 has generated a great deal of discussion, but in our opinion that growth rate is feasible if the projected influx of funds actually occurs. In fact, even if we assume that the Plan’s projections are on point, at the end of fiscal year 2019 the island’s real GNP will still be below the pre-Maria level. Let me explain. If we assume that Puerto Rico’s GNP as of September 19, 2017, was equal to 100, and the economy contracts 11% in FY2018 and then grows 8.4% during the next fiscal year, simple arithmetic tells us that at the end of FY2019 we will still be below the pre-Maria level.

Beyond 2019, however, it is hard to defend the modification of the base scenario in its entirety, since it is inconsistent with other elements of the Plan. The combination of the effects of federal aid with a modest fiscal consolidation at the beginning of the projection period has consequences that are not consistent with the consequences of the second phase, after the first few years, when the federal aid dries up and the economic contraction is greater.

It appears that the architects of the Plan are assuming that the reconstruction of the capital stock destroyed by Maria will generate a permanent increase in both the level and rate of growth of the GNP. But there is no reason to assume that we will grow faster simply because we attain the same level of infrastructure that existed the day before Maria. In fact, before the hurricane the growth rate of the real GNP was negative. Yet the government is forecasting that the impact of federal spending will be of such magnitude that it will permanently accelerate the growth rate of the real GNP well above the prevailing trend pre-2019.

In terms of revenues, the Plan assumes that beginning in FY2019, government revenues will increase at the same rate as the growth of the nominal GNP, despite the fact that during the projection period the Plan assumes the following:

(1) A tax reform that will reduce income tax revenues, eliminate the business-to-business tax, and reduce the tax rate on prepared foods

(2) A reduction of 42% in revenues generated by the Law 154 excise tax

(3) A reduction of 20% in the population over the six years covered by the Plan. Yet government revenues are projected to rise significantly during the projection period. In our opinion, this forecast is the product of inexplicable wishful thinking.

The second component of the Plan consists of a fiscal consolidation, including, among other measures, cuts in government spending in the areas of education and health, as well as reductions in appropriations to the UPR and municipalities that will begin in 2018 but will intensify beginning in FY2020, just when the economic stimulus resulting from the reconstruction begins to taper off.

The administration estimates these measures will generate net annual savings of $2.462 billion in fiscal year 2023. According to an analysis carried out by Brad W. Setser, of the Council on Foreign Relations, that number is equivalent to a little more than 3% of the GNP projected for that year—without taking into account the negative multiplier effect resulting from a reduction in public spending, which the Financial Control Board estimates to be 1.3. Therefore, the contraction in the GNP could be a little over 4%. Yet at no time during the fiscal consolidation period does the rate of growth in the GNP turn negative, even during the years when the federal stimulus declines and austerity measures intensify.

The government, then, tries to square the circle by assuming a positive, swift, and significant economic stimulus generated by a series of structural reforms—tax reform, energy reform, regulatory reform, and so on—that are slated to begin in 2018 and will stimulate growth to such an extent that they will completely offset the negative effects from the end of the federal stimulus and the implementation of austerity measures.

This scenario is hard to justify, as the Plan identifies no local, endogenous source of growth and appears not to take into account a series of downside risks to the projection. Among these risks, we might note that:

(1) Federal appropriations may be lower than estimated.

(2) Revenues may rise at a lower rate than projected or even decline after 2020, so that the government will be forced to implement additional fiscal-consolidation measure.

(3) The impact of emigration on economic activity could be more severe than anticipated.

(4) The multiplier effect (negative) of the austerity measures may be underestimated.

(5) The positive effect of the structural reforms may be overestimated.

At the end of the day, however, the greatest risk is that the calculation of the amount of the needed debt relief may be based on a foolishly optimistic Fiscal Plan, resulting in a debt adjustment that is less than what Puerto Rico really needs to make its debt service sustainable. In fact, in over fifty percent of all sovereign-debt adjustment cases since 1970, the debtor has defaulted again within five years of the restructuring—due, in many cases, to over-optimistic economic projections. That would be the worst-case scenario for Puerto Rico. Just ask Greece.

By: Sergio M. Marxuach

The author is the Policy Director at the Center for a New Economy. This column was originally published in El Nuevo Día on March 11th, 2018.

La regulación es la clave

discernimiento

Francamente no entiendo porque hay personas en Puerto Rico que se sorprenden ante la incompetencia demostrada por la Autoridad de Energía Eléctrica en el manejo de la reconstrucción del sistema eléctrico posteriormente al azote del huracán María. Después de todo, la AEE es una organización que nos ha mentido por décadas—¿se acuerdan del Director Ejecutivo que le atribuyó fallas en el funcionamiento de los contadores a unos extraños “animalitos” que vivían dentro de estos?; por años ha incumplido voluntaria y temerariamente con leyes y reglamentos ambientales tanto de Puerto Rico como federales; tradicionalmente ha operado con poca transparencia y menos rendición de cuentas; ha sido y continua siendo un foco de corrupción política y gubernamental; y ha constituido un peso muerto sobre la economía del país con sus altas y arbitrarias tarifas y servicio poco confiable. READ MORE

Servicios Esenciales

Image by Sanja Gienero

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Antes del paso de los huracanes Irma y María, tanto la creación de la Junta de Control Fiscal (“JCF”) como el proceso de restructuración de la deuda fueron objeto de un álgido debate público. Sin embargo, ese no fue el caso con la definición de servicios esenciales y al día de hoy ni el gobierno ni la JCF ha tomado una posición clara sobre cuáles son las prestaciones primarias que provee el gobierno. Ha sido necesario el azote de un huracán categoría 4 para traer este tema al centro del discurso público. READ MORE

Las trampas de la austeridad

La Reestructuración de la deuda con los bonistas locales

Dicen que las crisis no se pueden desperdiciar pues sirven para tomar acción sobre asuntos neurálgicos que usualmente no se atienden de manera adecuada. También se pueden aprovechar para esclarecer cuestiones que resultan escabrosos, difíciles de comprender y también de solucionar. En nuestro caso, el terrible panorama fiscal y económico que enfrentamos nos ha obligado a tratar de entender y atender el tremendo lío en el cual nos encontramos. Esto no es poca cosa. Nuestros embrollos son bastante complejos y aunque parece que algo se ha aprendido, todavía hay temas, como los recortes presupuestarios y otros ajustes fiscales, que se malinterpretan y manipulan con facilidad.

A pesar de que se ha escrito bastante sobre este asunto, aún quedan profundos vacíos de comprensión. En numerosas ocasiones he escuchado a empresarios, políticos y otros comentaristas plantear, con convicción y autoridad, que nos endeudamos demasiado porque se nos fue la mano con el gasto gubernamental, y ahora, para solucionar el entuerto, tenemos que hacer lo opuesto: cortar el presupuesto estatal hasta que recobremos nuestra salud fiscal. Es un argumento llamativo, en parte, porque esboza una relación directa y positiva entre el recato y el bienestar, pero no parece sostenerse ante la evidencia empírica y los mejores postulados macroeconómicos. Según numerosos análisis, las economías maltrechas no se mejoran con recortes sustanciales al gasto público. De hecho, sucede todo lo contrario: la austeridad en tiempos de vacas flacas, especialmente cuando el sector privado carece de dinamismo, tiende a empeorar el panorama.

Quizás un ejemplo que recién me relató el colega y experto en temas de deuda pública Martín Guzmán nos ayuda a entender esto mejor. Pensemos en una taxista cuyos ingresos principales provienen del servicio de transporte que ofrece. Ante un período de estrechez económica, se ve obligada a ajustarse la correa: come menos fuera de su casa, aplaza algunos arreglos en el hogar, se recorta el pelo con menos frecuencia, y así por el estilo. Aunque ha realizado numerosos arreglos presupuestarios, la situación no mejora, porque la mesera, el ferretero y la peluquera, que ven sus ingresos reducirse por la prudencia de la transportista, deciden cortar gastos también, incluyendo tomar menos viajes en taxi. Todos siguen aparentándose el cinturón, los ingresos siguen bajando, pero aún quedan gastos esenciales y deudas que pagar. Eventualmente, la transportista no cuenta con suficientes pasajeros para cubrir sus obligaciones financieras, y tiene que vender el taxi. Atrapada en un círculo vicioso, ha perdido su calidad de vida y el negocio que le daba de comer.

Lamentablemente, la espiral nociva antes descrita no es un mero ejemplo hipotético. Existen numerosos casos, a nivel de países, donde la imposición de la austeridad ha cavado un hoyo más profundo y difícil de rebasar. En Grecia, los acreedores y las instituciones europeas llevan años exigiendo que se aplique un programa de severos recortes al gasto público, mediante la aplicación de condiciones estrictas para aprobar ciertos préstamos. El impacto ha sido trágico. Desde el 2008 hasta la fecha, la economía griega ha ido en picada; han perdido una cuarta parte de su Producto Interno Bruto (PIB) y la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 por ciento. Los residentes de Grecia han vivido en carne propia lo que muchos en la isla no logran entender: no hay tal cosa como “tocar fondo” cuando se desciende aceleradamente por el risco de la austeridad.

Peor aún, una caída económica tan estrepitosa contribuye a que la carga de la deuda se torne más insoportable. Cuando aumenta lo que se debe —y hasta cuando se queda igual— mientras se achica la economía, la proporción entre deuda y producción nacional se dispara y las aguas fiscales suben del cuello a las narices. Esto está sucediendo en Grecia, y en los próximos años, acá enfrentaremos un panorama muy similar.

Esta no es una premonición infundada, pues los números del plan fiscal que sometió el gobierno de Puerto Rico y aprobó la Junta de Control Fiscal (JCF) afirman que la economía seguirá cayendo durante la próxima década. Esto se debe, en gran parte, a que las medidas que buscan aumentar impuestos y reducir gastos públicos tendrán considerables impactos negativos, y por buen rato. Si cae la economía y no se reduce el monto de lo que se tomó prestado, la proporción de deuda a producción nacional bruta (Deuda/PNB) podría aumentar de 104% en el 2017, a 141% en el 2026. En otras palabras, si se sigue la ruta oficialista a la austeridad y no nos quitamos parte de la deuda de encima, estaremos mucho peor que hoy en día.

Ciertamente, algo se puede hacer para no seguir avanzando por el desbarrancadero. Por una parte, resulta imprescindible abogar por una reducción del principal adeudado. Pero determinar cuánto quitar requiere análisis precisos y creíbles que demuestren cómo una reestructuración de la deuda nos ubica en una mejor trayectoria hacia el futuro. Actualmente, estamos trabajando en un estudio que examina detalladamente el plan fiscal de Puerto Rico y ofrecerá propuestas específicas para atender este ángulo de la crisis.

Articular políticas sensatas con respecto al gasto y la deuda es una gestión sumamente necesaria, pero no es suficiente. Aun eliminando todas nuestras obligaciones con los bonistas, no salimos del atolladero porque carecemos de una estrategia de desarrollo que nos ayude a generar oportunidades económicas y aumentar el bienestar nacional. Atender esta apremiante necesidad es la tarea principal de la recién creada Comisión de Crecimiento del CNE.

El estado juega un rol indispensable en la articulación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Tomando esto en cuenta, uno de los temas de interés de la Comisión es descifrar cómo mejorar el funcionamiento y desempeño de nuestro sector público. Sin lugar a dudas, el despilfarro, los malos manejos y la corrupción han minado la capacidad y efectividad de nuestras instituciones gubernamentales. Pero estos problemas no desaparecerán achicando el aparato estatal a través de privatizaciones y machetazos presupuestarios. Tenemos que evadir las trampas de la austeridad, y repensar críticamente el rol del gobierno para poder mejorarlo, robustecerlo y así asegurarnos que nos ayuda a recobrar el crecimiento.

Por: Deepak Lamba Nieves
Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
@deepakln

Endeudando al de aquí: Los préstamos por depósito diferido en Puerto Rico

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La prensa ha reportado recientemente que se ha radicado un proyecto para legalizar la practica de prestamos por deposito diferido o “payday loans.” Una practica abusiva y depredadora que denunciamos en el 2006. A continuación el post y el policy brief que escribimos en aquel entonces oponiéndonos a legalizar el negocio de estos traficantes financieros en Puerto Rico.

En Puerto Rico se está contemplando actualmente legalizar la práctica de otorgar préstamos por depósito diferido, conocida en inglés como “payday lending.” En términos generales, un préstamo por depósito diferido consiste de una transacción crediticia donde un prestamista le ofrece a un consumidor un préstamo a corto plazo a cambio de un cheque personal postdatado con un valor mayor, el cual el prestamista se compromete a no depositar o negociar hasta la fecha de vencimiento del préstamo. Por ejemplo, un prestamista podría otorgar un préstamo de $200 a cambio de un cheque personal del prestatario por la cantidad de $230, el cual el prestamista se compromete a retener sin negociar hasta la fecha del próximo día de pago del prestatario, digamos en catorce días. En este caso el préstamo por dos semanas conlleva un tipo de interés anual (“APR”) de 391%.

Las instituciones financieras tradicionales, por lo general, no ofrecen este tipo de producto a sus clientes. La mayoría de los proveedores de estos servicios son (1) compañías que se dedican exclusivamente a este negocio, (2) establecimientos dedicados a cambiar cheques (“check cashers”) y (3) tiendas de empeño. Hace escasamente 15 años estas compañías de préstamos por depósito diferido no existían en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos analistas estiman que actualmente existen 22,000 establecimientos que proveen más de $40,000 millones de préstamos por depósito diferido anualmente.1 Un total de 37 estados han aprobado legislación para permitir este tipo de préstamos. No obstante, existe una gran variación con respecto al grado de reglamentación que les aplica a estos prestamistas.

Sergio M. Marxuach
Director de Politica Publica
24 de marzo de 2017

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O lea el documento a continuación:

La junta en su laberinto

cne-dilemaspLos dilemas del Plan Fiscal

Jorge Luis Borges en “El jardín de senderos que se bifurcan” narra la historia de Ts’ui Pên, un chino erudito que se retira a “escribir un libro” y “construir un laberinto.” Al morir éste deja como legado varios “manuscritos caóticos”. Con el paso del tiempo un profesor descifra el enigma: el libro y el laberinto eran un solo objeto. En su libro, Ts’ui Pên—en contraste con una narrativa tradicional donde una persona enfrentada con diversas alterativas “opta por una y elimina las otras”—opta simultáneamente por todas y “crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan.” En esencia “todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones.”

De igual manera, los encargados de redactar un plan fiscal a diez años para Puerto Rico comienzan en el mismo lugar que Ts’ui Pên: enfrentando una infinidad de porvenires posibles. Pero, a diferencia de Ts’ui Pên, no pueden optar simultáneamente por todas las alternativas. Los autores tendrán que analizar como interactúan diversas variables económicas, financieras, fiscales y sociales, y escoger un sendero fiscal, entre los múltiples que son factibles, sabiendo que su decisión será a su vez—a través de los efectos en la economía de Puerto Rico—el punto de partida de otros senderos y bifurcaciones fiscales.

DECISIONES DIFÍCILES DEL PLAN FISCAL

El problema es que no existe una metodología puramente tecnocrática, libre de una carga ideológica o filosófica, para determinar si se le otorga prioridad al crecimiento económico, a eliminar el déficit estructural, al pago de la deuda pública, a mantener los servicios públicos esenciales, incluyendo el seguro salud del gobierno, o al pago de las pensiones. Es por eso que en el CNE hemos elaborado, partiendo desde nuestra visión y entendimiento de la economía de Puerto Rico, algunos principios para la preparación del plan fiscal.

El 15 de noviembre enviamos una carta a la Junta de Control Fiscal describiendo esos principios, los cuales resumimos a continuación.

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Las premisas del modelo económico del plan fiscal deben ser absolutamente transparentes

La médula del plan fiscal es un escenario base, que a su vez es función de unas proyecciones de crecimiento económico. Este escenario asume que no hay cambios en las leyes o políticas fiscales existentes. El objetivo es establecer un marco de referencia para estimar el impacto de diversas propuestas de política pública. Por tanto, es extremadamente importante que el modelo económico utilizado para generar el escenario base se haga público y que las premisas utilizadas para su preparación se expliquen y justifiquen adecuadamente.

Restaurar el crecimiento económico debe ser el objetivo principal

Un crecimiento económico robusto es la clave para sufragar los servicios gubernamentales, pagar las pensiones, y para la sostenibilidad de la deuda pública. El segundo paso, por tanto, debe ser el diseño de una estrategia de crecimiento a mediano plazo que identifique sectores donde Puerto Rico tiene, o pudiera tener, una ventaja comparativa y las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento. El impacto de esas intervenciones de política pública se puede medir entonces en relación al escenario base. Idealmente, se escogerían políticas que aumenten la inversión, creen empleos nuevos, incrementen el ingreso personal, generen un aumento en los recaudos gubernamentales y produzcan un balance primario positivo (antes de pagar interés y principal) que servirá de punto de partida para negociar con los acreedores.

Cualquier restructuración de la deuda debe ser por una cantidad suficiente para evitar otra renegociación en el corto plazo

Una vez se determina el balance primario estimado para los próximos diez años, se compara esa cantidad con el servicio de la deuda (para ese mismo periodo de tiempo) que depende de impuestos para su repago (las corporaciones públicas se excluyen ya que éstas generan sus propios ingresos) y se calcula la quita necesaria para asegurarnos con un alto grado de probabilidad, digamos 95%, que la deuda se podrá pagar sin tener que tomar préstamos nuevos y que no será necesario renegociarla en el corto plazo. Este último punto es importante; varios estudios han determinado que en más del 50% de las reestructuraciones de deuda durante los últimos cuarenta años ha sido necesario renegociar los términos dentro de un periodo de cinco años. Este resultado no solamente es sub-óptimo sino que también retrasa la recuperación económica al generar un alto grado de incertidumbre.

Evitar o minimizar las políticas de austeridad

La idea de que la implementación de políticas de austeridad tiene efectos positivos en el crecimiento económico ha tenido una larga vida a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario. Tan recientemente como el 2010, economistas de la división de investigación del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) cuestionaron la sabiduría de imponer políticas de austeridad a países que atraviesan por una crisis fiscal o financiera. Por ejemplo, el World Economic Outlook de octubre de 2010, incluye un análisis que concluye que en países afectados por una crisis fiscal “un recorte en el gasto gubernamental igual a 1% del PNB reduce la demanda doméstica aproximadamente por 1 por ciento y aumenta la tasa de desempleo por 0.3 punto porcentual.” Este análisis fue validado por el propio FMI en el 2011, 2012, y 2013.

Más importante aún, en Puerto Rico la austeridad se ha intentado y ha fracasado. Tanto la Ley 7 del 2009, como la Ley 66 del 2014, impusieron recortes al gasto gubernamental, aumentaron impuestos, congelaron salarios, suspendieron la efectividad de convenios colectivos, y rescindieron contratos, entre otras medidas de austeridad. El efecto, en ambos casos, fue agudizar la contracción económica.

Estipular claramente que cosas son negociables y cuales no

Dada la experiencia en otras jurisdicciones, lo más probable es que los bonistas presenten demandas económicamente irrazonables o socialmente perversas con respecto a la cantidad del balance primario, recortes a los servicios gubernamentales y pensiones públicas, la privatización de activos públicos, y reformas a leyes laborales y al seguro de salud del gobierno. El gobierno de Puerto Rico debe dejar claro desde el principio que es negociable y que no en cada una de estas áreas para evitar la pérdida de tiempo y reducir la ansiedad e incertidumbre entre la población. Sí los efectos económicos de la austeridad son negativos, los efectos sociales son potencialmente explosivos.

Dado todo lo anterior, recomendamos que la próxima iteración del plan fiscal atienda la crisis fiscal en la siguiente secuencia: (1) implementar reformas estructurales para fomentar el crecimiento; (2) reformar las instituciones presupuestarias, fiscales y de política económica; (3) renegociar los términos de la deuda pública; y (4) postergar la implementación de políticas de austeridad, si alguna.

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Estados financieros del ELA 2014

Claves para entender los Estados Financieros Auditados del 2014 que el gobierno publicó el 30 de junio de 2016

Por: Sergio M. Marxuach

El gobierno finalmente ha publicado el informe anual con sus estados financieros auditados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2016 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2014.

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Podcast de audio- Hacia una nueva estrategia de crecimiento económico

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En el 2006 CNE abrió camino al trabajar – junto al Brookings Institution – The Economy of Puerto Rico: Restoring Growth, un análisis de la economía de Puerto Rico que diagnosticó los problemas estructurales de esta y las reformas que serían necesarias de cara al futuro para restablecer el crecimiento económico. 

El pasado 15 de junio de 2016 CNE retomó públicamente el tema con la presentación de “Devising a Growth Strategy for Puerto Rico”, un informe elaborado junto al Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia que comienza a esbozar los lineamientos de una nueva política industrial para la isla.

Durante la presentación, Miguel A. Soto-Class, presidente de CNE, anunció la creación del CNE Growth Commission, un grupo de expertos internacionales en desarrollo económico con quienes CNE ha comenzado a trabajar un proceso para desarrollar nuevas estrategias de crecimiento para Puerto Rico.

¿En qué consiste la propuesta de CNE? Escucha CNE Unplugged, donde reproducimos el audio de la exposición que hicieron los tres autores del informe ante la prensa. 

 

José Antonio Ocampo José Antonio Ocampo fue Director Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Ministro de Finanzas de Colombia. Actualmente es co-Director del Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia. Aquí explica por qué Puerto Rico necesita una nueva política industrial.

 

CNEStaff-Sergio-200 Sergio Marxuach es Director de Política Pública de CNE. Aquí explica los cambios que hay que lograr para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico, por qué es importante implantar disciplina fiscal gradualmente y por qué la austeridad impuesta por una Junta de Control pudiera ser contraproducente para reactivar la economía.

 

Lamba-Nieves Deepak Lamba Nieves es Director de Investigación de CNE y Post-Doctoral Fellow del Watson Institute for International and Public Affairs de la Universidad de Brown. Aquí explica en qué consiste una política industrial, la participación de distintos sectores en gestarla, el rol del gobierno en articularla, y la importancia de integrar la equidad al crecimiento.

 

Oprima aquí para acceder al informe “Devising a Growth Strategy for Puerto Rico” y el resumen en español.

 

Declaraciones de Miguel Soto Class, Presidente del CNE, sobre el proyecto HR 5278

“En los pasados meses CNE ha invertido una cantidad significativa de tiempo en compartir nuestro conocimiento sobre las complejidades de la situación económica y fiscal de Puerto Rico con los miembros y el personal de los comités de la Cámara y el Senado federal que han estado trabajando en el tema de la crisis fiscal en Washington DC. Hemos reiterado la urgencia de atender cuanto antes la situación fiscal de Puerto Rico y hemos propuesto alternativas ponderadas para atender el problema inmediato de la reestructuración de la deuda, para transformar las instituciones fiscales de Puerto Rico de cara al futuro y para encaminar un proceso que reactive el crecimiento económico.”

“Lamentablemente, luego de analizar el proyecto HR 5278 – y aunque reconocemos que se ha hecho mucho trabajo para lograr un proyecto que cuente con apoyo bipartita – tenemos que decir que no podemos endosar el proyecto.”

“Primero, este proyecto le impone a Puerto Rico un costo muy alto a cambio de un beneficio muy incierto. Nos obliga a canjear la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia gestión pública a cambio de acceder a un proceso que – luego de sortear más de 45 requisitos, pasos y niveles distintos – pudiera permitirnos quizás acceder a la posibilidad de que un tribunal acceda (o no) a autorizarnos a reestructurar alguna parte de nuestra deuda.”

“Segundo, porque si bien Puerto Rico necesita controles fiscales fuertes, esos controles tienen que salir de unas instituciones locales y una cultura fiscal transformada. De nada vale que se imponga una junta de control fuerte que cuadre la chequera pero que, una vez terminado su mandato, nos deje las mismas instituciones gubernamentales y fiscales que nos han metido en este atolladero. Puerto Rico necesita transformaciones duraderas y a largo plazo.”

“Esta no es una decisión fácil ni para mí ni para el CNE. Sin embargo, el momento requiere que lo enfrentemos con los ojos abiertos. Aquellos que plantean que nuestros funcionarios electos han sido incapaces de lograr el cambio que Puerto Rico necesita tienen razón. Sin embargo, la respuesta no es una junta de control con otros funcionarios políticos de fuera de Puerto Rico porque esto terminará por atrofiar aún más nuestras corrompidas instituciones económicas y fiscales. Lo que Puerto Rico necesita es una nueva infraestructura cívica, con instituciones nuevas e individuos y organizaciones que puedan lograr las transformaciones institucionales que necesitamos de cara al futuro.”

 

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