Las trampas de la austeridad

La Reestructuración de la deuda con los bonistas locales

Dicen que las crisis no se pueden desperdiciar pues sirven para tomar acción sobre asuntos neurálgicos que usualmente no se atienden de manera adecuada. También se pueden aprovechar para esclarecer cuestiones que resultan escabrosos, difíciles de comprender y también de solucionar. En nuestro caso, el terrible panorama fiscal y económico que enfrentamos nos ha obligado a tratar de entender y atender el tremendo lío en el cual nos encontramos. Esto no es poca cosa. Nuestros embrollos son bastante complejos y aunque parece que algo se ha aprendido, todavía hay temas, como los recortes presupuestarios y otros ajustes fiscales, que se malinterpretan y manipulan con facilidad.

A pesar de que se ha escrito bastante sobre este asunto, aún quedan profundos vacíos de comprensión. En numerosas ocasiones he escuchado a empresarios, políticos y otros comentaristas plantear, con convicción y autoridad, que nos endeudamos demasiado porque se nos fue la mano con el gasto gubernamental, y ahora, para solucionar el entuerto, tenemos que hacer lo opuesto: cortar el presupuesto estatal hasta que recobremos nuestra salud fiscal. Es un argumento llamativo, en parte, porque esboza una relación directa y positiva entre el recato y el bienestar, pero no parece sostenerse ante la evidencia empírica y los mejores postulados macroeconómicos. Según numerosos análisis, las economías maltrechas no se mejoran con recortes sustanciales al gasto público. De hecho, sucede todo lo contrario: la austeridad en tiempos de vacas flacas, especialmente cuando el sector privado carece de dinamismo, tiende a empeorar el panorama.

Quizás un ejemplo que recién me relató el colega y experto en temas de deuda pública Martín Guzmán nos ayuda a entender esto mejor. Pensemos en una taxista cuyos ingresos principales provienen del servicio de transporte que ofrece. Ante un período de estrechez económica, se ve obligada a ajustarse la correa: come menos fuera de su casa, aplaza algunos arreglos en el hogar, se recorta el pelo con menos frecuencia, y así por el estilo. Aunque ha realizado numerosos arreglos presupuestarios, la situación no mejora, porque la mesera, el ferretero y la peluquera, que ven sus ingresos reducirse por la prudencia de la transportista, deciden cortar gastos también, incluyendo tomar menos viajes en taxi. Todos siguen aparentándose el cinturón, los ingresos siguen bajando, pero aún quedan gastos esenciales y deudas que pagar. Eventualmente, la transportista no cuenta con suficientes pasajeros para cubrir sus obligaciones financieras, y tiene que vender el taxi. Atrapada en un círculo vicioso, ha perdido su calidad de vida y el negocio que le daba de comer.

Lamentablemente, la espiral nociva antes descrita no es un mero ejemplo hipotético. Existen numerosos casos, a nivel de países, donde la imposición de la austeridad ha cavado un hoyo más profundo y difícil de rebasar. En Grecia, los acreedores y las instituciones europeas llevan años exigiendo que se aplique un programa de severos recortes al gasto público, mediante la aplicación de condiciones estrictas para aprobar ciertos préstamos. El impacto ha sido trágico. Desde el 2008 hasta la fecha, la economía griega ha ido en picada; han perdido una cuarta parte de su Producto Interno Bruto (PIB) y la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 por ciento. Los residentes de Grecia han vivido en carne propia lo que muchos en la isla no logran entender: no hay tal cosa como “tocar fondo” cuando se desciende aceleradamente por el risco de la austeridad.

Peor aún, una caída económica tan estrepitosa contribuye a que la carga de la deuda se torne más insoportable. Cuando aumenta lo que se debe —y hasta cuando se queda igual— mientras se achica la economía, la proporción entre deuda y producción nacional se dispara y las aguas fiscales suben del cuello a las narices. Esto está sucediendo en Grecia, y en los próximos años, acá enfrentaremos un panorama muy similar.

Esta no es una premonición infundada, pues los números del plan fiscal que sometió el gobierno de Puerto Rico y aprobó la Junta de Control Fiscal (JCF) afirman que la economía seguirá cayendo durante la próxima década. Esto se debe, en gran parte, a que las medidas que buscan aumentar impuestos y reducir gastos públicos tendrán considerables impactos negativos, y por buen rato. Si cae la economía y no se reduce el monto de lo que se tomó prestado, la proporción de deuda a producción nacional bruta (Deuda/PNB) podría aumentar de 104% en el 2017, a 141% en el 2026. En otras palabras, si se sigue la ruta oficialista a la austeridad y no nos quitamos parte de la deuda de encima, estaremos mucho peor que hoy en día.

Ciertamente, algo se puede hacer para no seguir avanzando por el desbarrancadero. Por una parte, resulta imprescindible abogar por una reducción del principal adeudado. Pero determinar cuánto quitar requiere análisis precisos y creíbles que demuestren cómo una reestructuración de la deuda nos ubica en una mejor trayectoria hacia el futuro. Actualmente, estamos trabajando en un estudio que examina detalladamente el plan fiscal de Puerto Rico y ofrecerá propuestas específicas para atender este ángulo de la crisis.

Articular políticas sensatas con respecto al gasto y la deuda es una gestión sumamente necesaria, pero no es suficiente. Aun eliminando todas nuestras obligaciones con los bonistas, no salimos del atolladero porque carecemos de una estrategia de desarrollo que nos ayude a generar oportunidades económicas y aumentar el bienestar nacional. Atender esta apremiante necesidad es la tarea principal de la recién creada Comisión de Crecimiento del CNE.

El estado juega un rol indispensable en la articulación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Tomando esto en cuenta, uno de los temas de interés de la Comisión es descifrar cómo mejorar el funcionamiento y desempeño de nuestro sector público. Sin lugar a dudas, el despilfarro, los malos manejos y la corrupción han minado la capacidad y efectividad de nuestras instituciones gubernamentales. Pero estos problemas no desaparecerán achicando el aparato estatal a través de privatizaciones y machetazos presupuestarios. Tenemos que evadir las trampas de la austeridad, y repensar críticamente el rol del gobierno para poder mejorarlo, robustecerlo y así asegurarnos que nos ayuda a recobrar el crecimiento.

Por: Deepak Lamba Nieves
Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
@deepakln

Endeudando al de aquí: Los préstamos por depósito diferido en Puerto Rico

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La prensa ha reportado recientemente que se ha radicado un proyecto para legalizar la practica de prestamos por deposito diferido o “payday loans.” Una practica abusiva y depredadora que denunciamos en el 2006. A continuación el post y el policy brief que escribimos en aquel entonces oponiéndonos a legalizar el negocio de estos traficantes financieros en Puerto Rico.

En Puerto Rico se está contemplando actualmente legalizar la práctica de otorgar préstamos por depósito diferido, conocida en inglés como “payday lending.” En términos generales, un préstamo por depósito diferido consiste de una transacción crediticia donde un prestamista le ofrece a un consumidor un préstamo a corto plazo a cambio de un cheque personal postdatado con un valor mayor, el cual el prestamista se compromete a no depositar o negociar hasta la fecha de vencimiento del préstamo. Por ejemplo, un prestamista podría otorgar un préstamo de $200 a cambio de un cheque personal del prestatario por la cantidad de $230, el cual el prestamista se compromete a retener sin negociar hasta la fecha del próximo día de pago del prestatario, digamos en catorce días. En este caso el préstamo por dos semanas conlleva un tipo de interés anual (“APR”) de 391%.

Las instituciones financieras tradicionales, por lo general, no ofrecen este tipo de producto a sus clientes. La mayoría de los proveedores de estos servicios son (1) compañías que se dedican exclusivamente a este negocio, (2) establecimientos dedicados a cambiar cheques (“check cashers”) y (3) tiendas de empeño. Hace escasamente 15 años estas compañías de préstamos por depósito diferido no existían en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos analistas estiman que actualmente existen 22,000 establecimientos que proveen más de $40,000 millones de préstamos por depósito diferido anualmente.1 Un total de 37 estados han aprobado legislación para permitir este tipo de préstamos. No obstante, existe una gran variación con respecto al grado de reglamentación que les aplica a estos prestamistas.

Sergio M. Marxuach
Director de Politica Publica
24 de marzo de 2017

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O lea el documento a continuación:

La junta en su laberinto

cne-dilemaspLos dilemas del Plan Fiscal

Jorge Luis Borges en “El jardín de senderos que se bifurcan” narra la historia de Ts’ui Pên, un chino erudito que se retira a “escribir un libro” y “construir un laberinto.” Al morir éste deja como legado varios “manuscritos caóticos”. Con el paso del tiempo un profesor descifra el enigma: el libro y el laberinto eran un solo objeto. En su libro, Ts’ui Pên—en contraste con una narrativa tradicional donde una persona enfrentada con diversas alterativas “opta por una y elimina las otras”—opta simultáneamente por todas y “crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan.” En esencia “todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones.”

De igual manera, los encargados de redactar un plan fiscal a diez años para Puerto Rico comienzan en el mismo lugar que Ts’ui Pên: enfrentando una infinidad de porvenires posibles. Pero, a diferencia de Ts’ui Pên, no pueden optar simultáneamente por todas las alternativas. Los autores tendrán que analizar como interactúan diversas variables económicas, financieras, fiscales y sociales, y escoger un sendero fiscal, entre los múltiples que son factibles, sabiendo que su decisión será a su vez—a través de los efectos en la economía de Puerto Rico—el punto de partida de otros senderos y bifurcaciones fiscales.

DECISIONES DIFÍCILES DEL PLAN FISCAL

El problema es que no existe una metodología puramente tecnocrática, libre de una carga ideológica o filosófica, para determinar si se le otorga prioridad al crecimiento económico, a eliminar el déficit estructural, al pago de la deuda pública, a mantener los servicios públicos esenciales, incluyendo el seguro salud del gobierno, o al pago de las pensiones. Es por eso que en el CNE hemos elaborado, partiendo desde nuestra visión y entendimiento de la economía de Puerto Rico, algunos principios para la preparación del plan fiscal.

El 15 de noviembre enviamos una carta a la Junta de Control Fiscal describiendo esos principios, los cuales resumimos a continuación.

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Las premisas del modelo económico del plan fiscal deben ser absolutamente transparentes

La médula del plan fiscal es un escenario base, que a su vez es función de unas proyecciones de crecimiento económico. Este escenario asume que no hay cambios en las leyes o políticas fiscales existentes. El objetivo es establecer un marco de referencia para estimar el impacto de diversas propuestas de política pública. Por tanto, es extremadamente importante que el modelo económico utilizado para generar el escenario base se haga público y que las premisas utilizadas para su preparación se expliquen y justifiquen adecuadamente.

Restaurar el crecimiento económico debe ser el objetivo principal

Un crecimiento económico robusto es la clave para sufragar los servicios gubernamentales, pagar las pensiones, y para la sostenibilidad de la deuda pública. El segundo paso, por tanto, debe ser el diseño de una estrategia de crecimiento a mediano plazo que identifique sectores donde Puerto Rico tiene, o pudiera tener, una ventaja comparativa y las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento. El impacto de esas intervenciones de política pública se puede medir entonces en relación al escenario base. Idealmente, se escogerían políticas que aumenten la inversión, creen empleos nuevos, incrementen el ingreso personal, generen un aumento en los recaudos gubernamentales y produzcan un balance primario positivo (antes de pagar interés y principal) que servirá de punto de partida para negociar con los acreedores.

Cualquier restructuración de la deuda debe ser por una cantidad suficiente para evitar otra renegociación en el corto plazo

Una vez se determina el balance primario estimado para los próximos diez años, se compara esa cantidad con el servicio de la deuda (para ese mismo periodo de tiempo) que depende de impuestos para su repago (las corporaciones públicas se excluyen ya que éstas generan sus propios ingresos) y se calcula la quita necesaria para asegurarnos con un alto grado de probabilidad, digamos 95%, que la deuda se podrá pagar sin tener que tomar préstamos nuevos y que no será necesario renegociarla en el corto plazo. Este último punto es importante; varios estudios han determinado que en más del 50% de las reestructuraciones de deuda durante los últimos cuarenta años ha sido necesario renegociar los términos dentro de un periodo de cinco años. Este resultado no solamente es sub-óptimo sino que también retrasa la recuperación económica al generar un alto grado de incertidumbre.

Evitar o minimizar las políticas de austeridad

La idea de que la implementación de políticas de austeridad tiene efectos positivos en el crecimiento económico ha tenido una larga vida a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario. Tan recientemente como el 2010, economistas de la división de investigación del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) cuestionaron la sabiduría de imponer políticas de austeridad a países que atraviesan por una crisis fiscal o financiera. Por ejemplo, el World Economic Outlook de octubre de 2010, incluye un análisis que concluye que en países afectados por una crisis fiscal “un recorte en el gasto gubernamental igual a 1% del PNB reduce la demanda doméstica aproximadamente por 1 por ciento y aumenta la tasa de desempleo por 0.3 punto porcentual.” Este análisis fue validado por el propio FMI en el 2011, 2012, y 2013.

Más importante aún, en Puerto Rico la austeridad se ha intentado y ha fracasado. Tanto la Ley 7 del 2009, como la Ley 66 del 2014, impusieron recortes al gasto gubernamental, aumentaron impuestos, congelaron salarios, suspendieron la efectividad de convenios colectivos, y rescindieron contratos, entre otras medidas de austeridad. El efecto, en ambos casos, fue agudizar la contracción económica.

Estipular claramente que cosas son negociables y cuales no

Dada la experiencia en otras jurisdicciones, lo más probable es que los bonistas presenten demandas económicamente irrazonables o socialmente perversas con respecto a la cantidad del balance primario, recortes a los servicios gubernamentales y pensiones públicas, la privatización de activos públicos, y reformas a leyes laborales y al seguro de salud del gobierno. El gobierno de Puerto Rico debe dejar claro desde el principio que es negociable y que no en cada una de estas áreas para evitar la pérdida de tiempo y reducir la ansiedad e incertidumbre entre la población. Sí los efectos económicos de la austeridad son negativos, los efectos sociales son potencialmente explosivos.

Dado todo lo anterior, recomendamos que la próxima iteración del plan fiscal atienda la crisis fiscal en la siguiente secuencia: (1) implementar reformas estructurales para fomentar el crecimiento; (2) reformar las instituciones presupuestarias, fiscales y de política económica; (3) renegociar los términos de la deuda pública; y (4) postergar la implementación de políticas de austeridad, si alguna.

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Estados financieros del ELA 2014

Claves para entender los Estados Financieros Auditados del 2014 que el gobierno publicó el 30 de junio de 2016

Por: Sergio M. Marxuach

El gobierno finalmente ha publicado el informe anual con sus estados financieros auditados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2016 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2014.

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Podcast de audio- Hacia una nueva estrategia de crecimiento económico

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En el 2006 CNE abrió camino al trabajar – junto al Brookings Institution – The Economy of Puerto Rico: Restoring Growth, un análisis de la economía de Puerto Rico que diagnosticó los problemas estructurales de esta y las reformas que serían necesarias de cara al futuro para restablecer el crecimiento económico. 

El pasado 15 de junio de 2016 CNE retomó públicamente el tema con la presentación de “Devising a Growth Strategy for Puerto Rico”, un informe elaborado junto al Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia que comienza a esbozar los lineamientos de una nueva política industrial para la isla.

Durante la presentación, Miguel A. Soto-Class, presidente de CNE, anunció la creación del CNE Growth Commission, un grupo de expertos internacionales en desarrollo económico con quienes CNE ha comenzado a trabajar un proceso para desarrollar nuevas estrategias de crecimiento para Puerto Rico.

¿En qué consiste la propuesta de CNE? Escucha CNE Unplugged, donde reproducimos el audio de la exposición que hicieron los tres autores del informe ante la prensa. 

 

José Antonio Ocampo José Antonio Ocampo fue Director Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Ministro de Finanzas de Colombia. Actualmente es co-Director del Initiative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia. Aquí explica por qué Puerto Rico necesita una nueva política industrial.

 

CNEStaff-Sergio-200 Sergio Marxuach es Director de Política Pública de CNE. Aquí explica los cambios que hay que lograr para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico, por qué es importante implantar disciplina fiscal gradualmente y por qué la austeridad impuesta por una Junta de Control pudiera ser contraproducente para reactivar la economía.

 

Lamba-Nieves Deepak Lamba Nieves es Director de Investigación de CNE y Post-Doctoral Fellow del Watson Institute for International and Public Affairs de la Universidad de Brown. Aquí explica en qué consiste una política industrial, la participación de distintos sectores en gestarla, el rol del gobierno en articularla, y la importancia de integrar la equidad al crecimiento.

 

Oprima aquí para acceder al informe “Devising a Growth Strategy for Puerto Rico” y el resumen en español.

 

Declaraciones de Miguel Soto Class, Presidente del CNE, sobre el proyecto HR 5278

“En los pasados meses CNE ha invertido una cantidad significativa de tiempo en compartir nuestro conocimiento sobre las complejidades de la situación económica y fiscal de Puerto Rico con los miembros y el personal de los comités de la Cámara y el Senado federal que han estado trabajando en el tema de la crisis fiscal en Washington DC. Hemos reiterado la urgencia de atender cuanto antes la situación fiscal de Puerto Rico y hemos propuesto alternativas ponderadas para atender el problema inmediato de la reestructuración de la deuda, para transformar las instituciones fiscales de Puerto Rico de cara al futuro y para encaminar un proceso que reactive el crecimiento económico.”

“Lamentablemente, luego de analizar el proyecto HR 5278 – y aunque reconocemos que se ha hecho mucho trabajo para lograr un proyecto que cuente con apoyo bipartita – tenemos que decir que no podemos endosar el proyecto.”

“Primero, este proyecto le impone a Puerto Rico un costo muy alto a cambio de un beneficio muy incierto. Nos obliga a canjear la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia gestión pública a cambio de acceder a un proceso que – luego de sortear más de 45 requisitos, pasos y niveles distintos – pudiera permitirnos quizás acceder a la posibilidad de que un tribunal acceda (o no) a autorizarnos a reestructurar alguna parte de nuestra deuda.”

“Segundo, porque si bien Puerto Rico necesita controles fiscales fuertes, esos controles tienen que salir de unas instituciones locales y una cultura fiscal transformada. De nada vale que se imponga una junta de control fuerte que cuadre la chequera pero que, una vez terminado su mandato, nos deje las mismas instituciones gubernamentales y fiscales que nos han metido en este atolladero. Puerto Rico necesita transformaciones duraderas y a largo plazo.”

“Esta no es una decisión fácil ni para mí ni para el CNE. Sin embargo, el momento requiere que lo enfrentemos con los ojos abiertos. Aquellos que plantean que nuestros funcionarios electos han sido incapaces de lograr el cambio que Puerto Rico necesita tienen razón. Sin embargo, la respuesta no es una junta de control con otros funcionarios políticos de fuera de Puerto Rico porque esto terminará por atrofiar aún más nuestras corrompidas instituciones económicas y fiscales. Lo que Puerto Rico necesita es una nueva infraestructura cívica, con instituciones nuevas e individuos y organizaciones que puedan lograr las transformaciones institucionales que necesitamos de cara al futuro.”

 

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¿Cumple HR 5278 con los principios de política pública establecidos por el CNE?

CNECFiscal

Enlace al análisis del HR 5278 y resumen ejecutivo

PARA DESCARGAR EL ANÁLISIS DEL CNE EN SU TOTALIDAD OPRIMA EL SIGUIENTE BOTÓN: 
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RESUMEN EJECUTIVO:

Principio 1: Cualquier junta federal tiene que respetar las instituciones y procesos políticos de Puerto Rico.

El proyecto NO cumple con el principio 1. El HR 5278 le confiere a la Junta de Control Fiscal poderes que exceden los necesarios para ejecutar una función de monitoreo y supervisión fiscal. La Junta será una entidad del gobierno de Puerto Rico pagada con fondos públicos de Puerto Rico, pero no estará sujeta al control o la supervisión de funcionarios locales; podrá forzar la ejecución de recomendaciones que hayan sido rechazadas por el Gobernador o la Legislatura de P.R.; podrá prohibir la ejecución de ciertas leyes, reglamentos, órdenes o contratos; podrá requerir la ejecución de medidas de privatización y comercialización de actividades gubernamentales; y de manejo de los fondos de pensiones de los empleados públicos.

Principio 2: La decisión final sobre materias impositivas y de gasto público debe residir con los oficiales democráticamente electos de P.R. que deben actuar de manera transparente y rendir cuentas.

El proyecto NO cumple con el principio 2. Bajo el HR 5278, la Junta prácticamente toma control de las instituciones fiscales de Puerto Rico: queda facultada para desarrollar  el presupuesto del gobierno e imponer reducciones de gastos aún en detrimento de la prestación de algunos servicios públicos.

Principio 3: Los procesos para reestructurar la deuda deben tratar a las partes de forma justa y equitativa. Deben proveer un camino claro y viable para que se produzca un alivio significativo en el pago de la deuda. 

El proyecto NO cumple con el principio 3. El HR 5278 representa progreso sobre el proyecto anterior (HR 4900). Sin embargo, los procesos de reestructuración todavía son demasiado complicados y no proveen un camino viable que desemboque en alivio a la deuda. HR 5278 crea un proceso complejo de clasificación de acreedores; contempla un periodo muy corto de aplazamiento para los litigios; y crea una segunda capa de requisitos al nivel de la Junta de Control para que se pueda acceder a un proceso de reestructuración supervisado por la corte.

Principio 4: Ninguna clase de deuda debe ser excluida del proceso de reestructuración.

El proyecto SÍ cumple con el principio 4. HR 5278 incluye los Bonos de Obligación General (GO’s) y COFINA en la reestructuración, pero respeta la jerarquía de sus reclamos.

Principio 5: Se debe crear un Task Force congresional sobre crecimiento económico de Puerto Rico.

El proyecto cumple PARCIALMENTE con el principio 5. HR 5278 crea un Task Force de Crecimiento Económico. Sin embargo, no le asigna fondos y el Task Force tiene una vida muy corta. Asimismo, excluye entidades no-gubernamentales y de la sociedad civil del proceso de consulta.

Principio 6: Si el Congreso no puede actuar, debería autorizar expresamente que Puerto Rico legisle su propio marco para reestructurar la deuda. 

Este principio NO APLICA en el proyecto. Puerto Rico se encuentra en un limbo legal en cuanto a cómo reestructurar su deuda.

Non-Negotiable Principles: Congressional Action Regarding Puerto Rico

Click here for Spanish version / Oprima aquí para versión en español

The Center for a New Economy (“CNE”) has analyzed Puerto Rico’s economic and fiscal situation for more than a decade. During that period, we have carefully surveyed and considered the socioeconomic context and the rapidly deteriorating financial position of the island, and attempted to address some of the most pressing problems. Through the publication of a series of research papers and policy briefs, we have proposed thoughtful and actionable recommendations to multiple stakeholders, both within and beyond Puerto Rico. More recently, given the severity of the current situation and recognizing the complicated political scenario, we have engaged in advocacy and outreach efforts in Washington, D.C. to educate members of Congress and their staff, and the executive branch, about the need for comprehensive federal action on this issue.

As the situation in Puerto Rico and Washington D.C. reaches a critical point, we are asserting the following non-negotiable principles as CNE’s benchmarks for evaluating any new proposals regarding federal oversight of Puerto Rico’s finances and the process for restructuring and addressing its unsustainable public debt burden.

  1. Any federal oversight has to respect Puerto Rican political institutions and processes. Anything less would be both demeaning to Puerto Ricans and unworthy of the United States. Turning back the clock to the colonial policies of the Foraker Act of 1900 is simply unacceptable.
  2. The ultimate responsibility and decision-making authority regarding taxation and public expenditures must rest with Puerto Rico’s democratically elected officials, who should be transparent and held publicly accountable to their constituents. This is a fundamental principle of democratic governance that should not be sacrificed for political expediency or to appease fringe or special interest groups in the United States.
  3. Any proposal to restructure Puerto Rico’s debt must treat both creditors and debtors fairly and equitably and provide, ex ante, a clear and feasible path for actually delivering meaningful debt relief. In specific, no additional requirements/certifications/votes by an Oversight Board should be required to proceed to a court supervised debt restructuring process after a good faith attempt to reach a negotiated solution has failed.
  4. No classes of Puerto Rico debt should be excluded from the restructuring process. Setting up a two-track process, one for certain creditors, such as GO debt and COFINA bonds, and another for every other class of claims, would be extremely complicated to administer in the best case and probably unworkable in the worst. When it comes to restructuring, clarity is always better than uncertainty.
  5. New economic growth opportunities will not materialize by themselves even after the implementation of a comprehensive debt restructuring. Therefore, a (U.S. House/Senate) economic growth task force for Puerto Rico should collaborate with knowledgeable stakeholder groups in Puerto Rico to develop a long-term economic growth strategy. The design of such a collaborative comprehensive strategy should include short-term measures to spark new investment activity, and medium-term proposals that help rebuild economic institutions, strengthen public governance, and identify strategic bets in particular sectors of the Puerto Rican economy.
  6. Finally, if Congress is unwilling or unable to act, then it should expressly allow Puerto Rico to legislate its own legal framework to restructure its debt. Delaying a necessary restructuring of Puerto Rico’s debt will only lead to the destruction of bondholder value and lower recovery levels. Furthermore, going ahead with an untested and potentially disorderly legal process, with numerous creditor lawsuits and years of scorched-earth litigation, would further depress the local economy, increase restructuring costs, and make long-term recovery harder to achieve.

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Principios no negociables en torno a la acción del Congreso sobre Puerto Rico

El Centro para una Nueva Economía (“CNE”) ha analizado la situación económica y fiscal de Puerto Rico durante más de una década. Durante este periodo, hemos examinado el contexto socioeconómico y alertado sobre la rapidez con que se ha deteriorado la situación fiscal de la isla. A través de la publicación de informes de investigación y política pública, hemos abordado algunos de los problemas más apremiantes de la isla y propuesto recomendaciones ponderadas y sensatas tanto dentro como fuera de Puerto Rico. Recientemente, dada la severidad de la situación actual y reconociendo el complicado escenario político, hemos desarrollado esfuerzos en Washington D.C. para educar a miembros y funcionarios del Congreso y el Ejecutivo de EEUU, sobre la necesidad de que el gobierno federal tome acción abarcadora sobre este asunto.

En momentos en que la situación en Puerto Rico y Washington D.C. llega a un punto crítico, afirmamos los siguientes principios no negociables del CNE para evaluar cualquier propuesta relacionada a la supervisión de las finanzas de Puerto Rico por parte del gobierno federal y el proceso para reestructurar y atender la insostenible deuda pública.

  1. Cualquier ejercicio federal de supervisión tiene que respetar las instituciones y los procesos políticos de Puerto Rico. Cualquier otra cosa sería degradante para los puertorriqueños e inapropiado para los Estados Unidos. Darle marcha atrás al reloj y volver a las políticas coloniales del Acta Foraker de 1900 es simplemente inaceptable.
  2. La responsabilidad y autoridad final sobre las decisiones relacionadas a asuntos impositivos y el gasto público debe residir en los oficiales democráticamente electos de Puerto Rico, quienes deben ser transparentes y rendir cuentas públicamente a sus constituyentes. Este es un principio fundamental de gobernanza democrática que no debe ser sacrificado por conveniencia política o para aplacar grupos de interés o sectores específicos en el entramado político de los EEUU.
  3. Cualquier propuesta para reestructurar la deuda de Puerto Rico debe tratar tanto a los acreedores como a los deudores de una manera equitativa y justa, y debe proveer ex ante un camino claro y viable para proveer un alivio significativo de la deuda. En particular, no se deben imponer requisitos/certificaciones/votos adicionales por parte de la Junta de Supervisión para que pueda procederse a un proceso de reestructuración supervisado por una corte. Debe bastar con que se haya hecho un esfuerzo de buena fe para llegar a una solución negociada y este esfuerzo haya fallado.
  4. Ninguna clase de deuda de Puerto Rico debe ser excluida del proceso de reestructuración. Establecer un proceso en dos canales, uno para la deuda de Obligaciones Generales (GO en inglés) y los bonos de COFINA y otro para todas las demás clases de reclamaciones sería extremadamente complicado de administrar. En el peor de los casos, este proceso probablemente sería imposible de ejecutar. En términos de la reestructuración de la deuda, la claridad siempre es mejor que la incertidumbre.
  5. Una reestructuración abarcadora de la deuda por sí misma no traerá nuevas oportunidades de crecimiento económico. Por lo tanto, un task force congresional para el desarrollo económico de Puerto Rico debe colaborar con sectores interesados y grupos informados en Puerto Rico para desarrollar una estrategia abarcadora de crecimiento económico a largo plazo. El diseño de esta estrategia colaborativa debe incluir medidas de corto plazo que provoquen nueva actividad de inversión, así como propuestas de mediano plazo que ayuden a reconstruir las instituciones económicas, fortalecer la gobernanza pública, e identificar apuestas estratégicas en sectores particulares de la economía de Puerto Rico.
  6. Finalmente, si el Congreso no está dispuesto o no puede actuar, entonces debe permitir que Puerto Rico legisle su propio marco legal para reestructurar la deuda. Seguir posponiendo una reestructuración necesaria de la deuda solo provocará la destrucción del valor de la inversión de los bonistas y niveles más bajos de recobro. Más aún, continuar con un proceso legal desordenado y plagado de incertidumbre, con numerosos litigios de acreedores, deprimirá aún más la economía local, aumentará los costos de la reestructuración y hará más difícil de alcanzar la recuperación económica en el largo plazo.

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CNE al Congreso de EEUU: el mecanismo de reestructuración de la deuda que se cree para Puerto Rico tiene que funcionar

Declaración en relación a  la sesión informativa que CNE ofreció en el Congreso en Washington D.C. el 28 de abril de 2016.

El Centro para una Nueva Economía (CNE) fue invitado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EEUU a ofrecer su peritaje sobre la crisis económica y fiscal de Puerto Rico durante una sesión educativa dirigida a los miembros y el personal del Comité. Durante la sesión, CNE resaltó la urgencia de que el Congreso tome acción sobre Puerto Rico pero advirtió que cualquier proyecto de ley que se apruebe debe proveerle a la isla acceso a un mecanismo de reestructuración que verdaderamente funcione. READ MORE

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