Conferencia Anual CNE 2014: Galería de fotos

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Las siguientes imágenes fueron fotografiadas durante la Conferencia Anual CNE 2014 celebrada el pasado 21 de febrero de 2014 en el Hotel Vanderbilt en San Juan, Puerto Rico.

The following images were taken during the Center for a New Economy’s Annual Economic Conference 2014, held on February 21rst at the Hotel Condado Vanderbilt in San Juan, Puerto Rico.

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Gato por liebre

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública

Recientemente la Rama Ejecutiva ha presentado un proyecto de ley, el P. del. S. 882, para crear una Comisión de Energía y Telecomunicaciones.   Esta propuesta surge en medio de los crecientes reclamos públicos para la creación de un ente externo que fiscalice a la Autoridad de Energía Eléctrica y que regule la industria eléctrica en la isla. Cámara y Senado han comenzado a discutir sus propias propuestas de cambio para la AEE, y con este paquete el Ejecutivo presenta una vía alterna.  El Centro para una Nueva Economía se opone vehemente a la propuesta de la Rama Ejecutiva por varias razones.

Primero, la complejidad del sistema eléctrico requiere la atención a tiempo completo de un ente reglamentador con todos los recursos necesarios para llevar a cabo su misión. Por eso sugerimos que no se incluya el área de energía al mandato de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones como proponen los proyectos del Ejecutivo.

Segundo, el mandato de la Comisión propuesta no incluye la capacidad para dirigir el proceso de revisión y establecimiento de tarifas.  Más aún, la Comisión podría imponerle el requisito de prestar una fianza a cualquier persona que quiera acudir a querellarse ante la misma. El proyecto de ley no estipula el monto de dicha fianza.  La intención de este requisito, obviamente, es desalentar que los consumidores y productores independientes presenten querellas ante la Comisión.

Tercero, el artículo 16 del proyecto de ley estipula que si cualquier proceso ante la Comisión “pudiera tener el resultado de evitar que la Autoridad pueda cumplir con los términos del Contrato de Fideicomiso de 1974 o Acuerdo del Fideicomiso de Bonos de la Autoridad, la Comisión ordenara que la Autoridad imponga un cargo adicional independiente de la tarifa para poder cumplir con el Contrato de Fideicomiso de 1974 o Acuerdo del Fideicomiso de Bonos de la Autoridad…”.  Este artículo, según redactado, le otorga demasiada discreción a la Autoridad para aumentar las tarifas según esta lo considere necesario para cumplir con el “cuco” de los bonistas.

Estas son sólo algunas de las objeciones que tenemos al P. del S. 882.  En nuestra opinión este proyecto es materialmente deficiente y debe ser descartado en su totalidad.  Nos preguntamos qué pasó en los laberintos de la Rama Ejecutiva para que los vientos de cambio y reforma que el Gobernador anunció en octubre para la AEE se hayan diluido a tal magnitud.

La AEE requiere que un ente externo, independiente, con todos los recursos legales, humanos, financieros, y regulatorios necesarios le imponga disciplina.  El P. del S. 882 no cumple con estos requisitos.

Nosotros en CNE estaremos vigilantes para que no se le pase gato por liebre al pueblo de Puerto Rico con respecto a este importante asunto.

COFINA III

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Por Sergio M. Marxuach

Nadie puede negar que la situación económica y fiscal de Puerto Rico es sumamente complicada.  La economía de Puerto Rico lleva siete años en contracción, desde el 2006 el empleo ha caído casi por 15% y la inversión bruta de capital fijo por más de 20%.  En términos fiscales, Puerto Rico simplemente no ha podido recaudar los ingresos suficientes para cumplir con sus gastos operacionales y sus obligaciones financieras por lo menos desde finales de la década de los 80.

La verdad, entonces, es que Puerto Rico lleva muchos años operando en un estado de insolvencia estructural crónica.  Correr las operaciones del gobierno central de Puerto Rico hoy en día cuesta cerca de $10,000 millones y los recaudos de Hacienda a duras penas llegan a $8,500 millones.  El gobierno de Puerto Rico, por tanto, se ha visto obligado a tomar prestado durante todo ese tiempo para cuadrar el presupuesto, algo requerido por la Constitución de Puerto Rico.

El problema es que el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital se ha ido cerrando debido a varios factores: READ MORE

Entre la espada y la pared

 

Blog Picture

 

 

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública

 

De acuerdo con el informe REGIONAL AND STATE EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT — AUGUST 2013 publicado hoy por el Bureau of Labor Statistics del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el empleo asalariado no-agrícola en Puerto Rico se redujo de 924,900 en agosto de 2012 a 884,300 en agosto de 2013, una reducción de 40,600 empleos, equivalente a un 4.4%, en un periodo de 12 meses.  La tabla a continuación contiene un desglose por sector económico:

Employment Chart

Fuente: Regional and State Employment and Unemployment – August 2013, Table 6: Employees on nonfarm payrolls by state and selected industry sector, not seasonally adjusted [In thousands] y el Dr. Orlando Sotomayor.

 

Esta drástica baja en el empleo es consistente con otros indicadores, tales como el Índice de Actividad Económica del Banco Gubernamental de Fomento y la merma en los recaudos del Fondo General, que apuntan a una marcada contracción en la actividad económica en Puerto Rico durante los últimos meses.

Y éste es el problema de fondo de Puerto Rico.  Mas allá del revuelo en el mercado de bonos, el verdadero problema es la contracción de la economía y la falta de una estrategia bien articulada, en vez de  propaganda idiotizante, para restaurar el crecimiento.  Si la economía sigue en caída libre, como aparenta estarlo en estos momentos, es muy poco probable que Hacienda cumpla con los recaudos estimados para el año fiscal 2014.

Por otro lado el aumento en los impuestos por más de $1,400 millones, una consolidación fiscal equivalente al 2% del Producto Nacional Bruto (PNB) del país, a su vez contribuye a la desaceleración económica ya que ese dinero no se va a utilizar para inversión en bienes públicos con una larga vida útil como recomendó John Maynard Keynes, sino para cuadrar la caja, aumentar las aportaciones patronales al plan de retiro y para pagar deuda.

Sería un error, sin embargo, asumir automáticamente que recortar gastos en vez de aumentar impuestos tendría un efecto positivo sobre la economía.  Ambas políticas, aumentar los impuestos o reducir el gasto gubernamental, son pro-cíclicas en el contexto de una contracción económica.  Dicho de otra manera, ambas tienden a agudizar la recesión.

El gobierno de Puerto Rico, por tanto, se encuentra entre la espada y la pared: la constitución de Puerto Rico requiere un presupuesto balanceado, los mercados de bonos lo exigen para seguir prestándole al gobierno, y el acceso a los mercados de capital actualmente es limitado. Esto significa que  emitir más deuda tampoco es una opción en este momento.

Para variar, los economistas no están de acuerdo sobre cual de las dos políticas fiscales es menos dañina en el contexto de una recesión.

De un lado, se encuentran los que argumentan que una reducción o eliminación del déficit gubernamental sirve para restaurar la “confianza” de los inversionistas privados en la economía y eventualmente generaría un aumento en la inversión privada que levantaría la actividad económica.

Del otro lado, hay economistas que argumentan que un aumento en los impuestos, si es enfocado y concentrado en las personas o familias con altos ingresos, es menos dañino para una economía en recesión ya que una reducción de un dólar en el gasto gubernamental reduce la demanda agregada por un dólar, tal vez más dependiendo del efecto multiplicador, mientras que un aumento en los impuestos a la personas con altos ingresos tiene un impacto negativo menor en la demanda agregada ya que éstos tienden a consumir una porción menor (en términos relativos) de sus ingresos.   Dicho de otra manera, los ricos, por virtud de sus ingresos y ahorros, pueden seguir consumiendo más o menos lo mismo y a la misma vez pagar el aumento en los impuestos.  Por tanto, el efecto en la demanda agregada es menor.

Dejo a los lectores que escojan la versión de la teoría económica que encuentran más convincente de acuerdo a sus preferencias políticas.

Mas allá de los debates teóricos, para salir de esta trampa Puerto Rico tiene que elaborar una sofisticada estrategia de desarrollo económico a mediano plazo.  El primer paso consiste en identificar los nichos y las áreas en todos sectores productivos—agricultura, manufactura, servicios, comercio, entretenimiento y  turismo, etc.—en la cuales Puerto Rico tiene o pudiera tener una ventaja comparativa.

El segundo paso consiste en (1) identificar el capital, en todas sus formas, que hace falta para explotar cada una de esas oportunidades; (2) promover en Puerto Rico la investigación y la innovación en cada uno de esos sectores; (3) aprovechar la apertura de la economía de Puerto Rico, no sólo para lograr acceso a otros mercados, sino también para atraer los flujos de conocimiento, personas, capital, y tecnología necesarios para el desarrollo de nuestra capacidad productiva en los sectores identificados; y (4) establecer las instituciones que faciliten la creación de una base de producción nacional y la articulación de una red de eslabonamientos entre los diversos sectores productivos, condiciones indispensables para el desarrollo sostenido a largo plazo.

Tercero, hay que plasmar todo esto en un plan de desarrollo a mediano plazo, digamos de cinco a siete años, con objetivos de progreso medibles, y cuya implementación y coordinación esté a cargo de un grupo de servidores públicos profesionales en conjunto con representantes del sector privado.

Finalmente, al cabo de cinco o siete años el plan se debe revisar, determinar que funcionó y que no, que hizo falta y que sobró, e identificar que actividades no generaron la actividad económica esperada y redirigir recursos de esas actividades a otras más productivas.

Si no hacemos esto seguiremos tratando los síntomas del paciente, pero no la causa subyacente de la enfermedad.  Y eso es lo que está preocupando a los mercados. Que no tenemos un plan, ni una estrategia para crecer la economía. Estamos trabajando con la fiebre, pero no estamos mirando dónde está la infección, dónde está el problema verdadero que tenemos que resolver.

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Analizando el CAFR

 

Tomada de donlinscott.com

Tomada de donlinscott.com

 

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El gobierno de Puerto Rico publica anualmente un informe con sus estados financieros consolidados.  Este informe, conocido comúnmente por sus siglas en ingles como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report), es preparado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y auditado por una firma de auditores externos.  La versión más reciente tiene fecha de 16 de septiembre de 2013, cubre el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2012, y fue auditado por la firma Deloitte & Touche LLP.

Organización de los Estados Financieros del Gobierno

En términos generales, los estados financieros del gobierno consisten de tres componentes básicos:

(1)  los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements);

(2)  los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements); y

(3)  las notas a los estados financieros.

Los estados financieros de las actividades gubernamentales, a su vez, contienen dos tipos de informes:

(1)  el Estado de Situación del Patrimonio Neto (Statement of Net Assets (Deficit)), que es análogo al estado de situación (balance sheet) de una entidad privada; y

(2)   el Estado de Resultados (Statement of Activities), que es análogo al estado de ganancias y pérdidas (income statement) de una entidad privada.

Cada uno de estos informes—el Estado de Situación del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados—a su vez, contiene secciones separadas para tres tipos diferentes de actividades gubernamentales.

Estas actividades consisten:

Primero, de las actividades medulares del gobierno, que son las actividades que comúnmente se asocian con la gestión del gobierno central en áreas tales como educación, seguridad pública, salud, y vivienda, entre otras.  Estas actividades se financian en gran medida con impuestos y fondos federales.

A las actividades tradicionales del gobierno central se le incorporan las actividades de cuatro entidades legalmente independientes que, debido a la naturaleza de su relación con el gobierno central y la sustancia de sus operaciones, se consideran para propósitos contables como parte del gobierno central (Blended Component Units). Estas cuatro entidades son: la Autoridad de Edificios Públicos, el residuo de las Navieras de Puerto Rico (Puerto Rico Maritime Shipping Authority), la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (“COFINA”), y el Fideicomiso de los Niños.

La segunda categoría consiste de actividades de naturaleza comercial (Business Type Activities) que lleva a cabo el gobierno central.  En este renglón se incluyen los resultados de las operaciones del fondo del seguro por desempleo y de las loterías estatales.

La tercera categoría consiste de entidades legalmente independientes del gobierno central y que comúnmente se conocen como corporaciones públicas (Component Units).  Esta categoría incluye los resultados de las operaciones de 49 entidades gubernamentales, seis de las cuales se desglosan por separado debido a su importancia: el Banco Gubernamental de Fomento; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico.  Los resultados de las otras 43 entidades se presentan de manera consolidada.

A continuación presentamos los hallazgos principales del CAFR año fiscal que terminó el 30 de junio de 2012 con relación al gobierno central y las corporaciones públicas.

Gobierno Central

Estado de Situación

El Estado de Situación de las operaciones medulares del gobierno central de Puerto Rico (excluyendo las operaciones del seguro por desempleo y las loterías) nos dice que al 30 de junio de 2012, éste tenía activos de $15,048 millones y obligaciones de $55,048 millones, lo que resulta en un patrimonio neto de negativo $40,000 millones.

Esto en comparación con activos de $13,966 millones y obligaciones de $48,474 millones, lo que generó un patrimonio neto de negativo $34,508 millones para el año fiscal 2011.  Por tanto, la deficiencia acumulada aumentó por unos $5,492 millones, equivalente a un 16% durante ese periodo.

De acuerdo con la nota 3(c) a los estados financieros, unos $33,200 millones de la deficiencia acumulada al 30 de junio de 2012 son producto de la emisión de deuda.  Esta situación surge de la práctica del gobierno de Puerto Rico de emitir deuda al nivel central y entonces transferirle los fondos a otras entidades gubernamentales (incluyendo municipios) para el financiamiento de mejoras permanentes y cubrir ciertas necesidades operacionales.  Como resultado de esa transferencia de fondos, el gobierno central se queda con la obligación en sus libros pero el activo correspondiente aparece en los libros de la entidad a la cual se le transfirieron los fondos.

Es importante reseñar que el déficit en el patrimonio neto del gobierno se ha más que duplicado en el periodo entre el 2006 y el 2012, aumentando aproximadamente $23,000 millones durante ese periodo.  Este aumento se debe principalmente a la emisión de deuda por COFINA, cuyas obligaciones al 30 de junio de 2012 sumaban $16,100 millones.  Los fondos producto de esas emisiones se utilizaron para financiar gastos operacionales, pagar deuda que no tenía fuente de repago identificada, y para otros usos.  La práctica de incurrir obligaciones a largo plazo para saldar gastos corrientes, en vez de financiar mejoras permanentes, resulta en un aumento neto en la deficiencia acumulada ya que no existe ningún activo con cual parear la obligación financiera incurrida a largo plazo.  Esto constituye una de las prácticas más dañinas a la administración prudente de las finanzas públicas de Puerto Rico.

El resto del déficit en el patrimonio neto se debe a la acumulación de deficiencias operacionales a través de los años.

Estado de Resultados

Por otro lado, el Estado de Resultados demuestra que las operaciones del gobierno central (incluyendo las cuatro entidades incorporadas) durante el año fiscal 2012 costaron $21,108 millones, mientras que los recursos disponibles totales (productos del fondo general, de fondos federales y de otras transferencias) sumaron $15,616 millones, resultando en un déficit de $5,492 millones.  Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos $1,957 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012 estaría rondando aproximadamente los $3,535 millones.

Esto en comparación con el Estado de Resultados para el año fiscal 2011 que demuestra que las operaciones del gobierno central (incluyendo las cuatro entidades incorporadas) para ese año costaron $19,279 millones, mientras que los recursos disponibles totales (fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,995 millones, resultando en un déficit de $3,283 millones.  Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos 1,807 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2011 fue de aproximadamente $1,476 millones.

Corporaciones Públicas

Estado de Situación

El Estado de Situación consolidado de las corporaciones públicas refleja que al 30 de junio de 2012, éstas contaban con activos consolidados de $60,304 millones y con obligaciones de $51,400 millones, resultando en un patrimonio neto consolidado de positivo $8,903 millones.

Esto en comparación con el Estado de Situación consolidado de las corporaciones públicas al 30 de junio de 2011, el cual refleja que éstas contaban con activos consolidados de $58,612 millones y obligaciones de $49,070 millones, resultando en un patrimonio neto consolidado de positivo $9,542 millones.

Es importante señalar, sin embargo, que 14 corporaciones públicas reportaban un patrimonio neto negativo (sus obligaciones excedían sus activos) al 30 de junio de 2012, incluyendo corporaciones tan importantes como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y la Compañía de Turismo.

Estado de Resultados

Finalmente, el Estado de Resultados consolidado de la corporaciones públicas refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $583 millones durante el año fiscal 2012.  Llaman la atención las pérdidas registradas por la Autoridad de Carreteras ($363 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($346 millones); y el Banco Gubernamental de Fomento ($63 millones).

Esto en comparación con el Estado de Resultados consolidado de la corporaciones públicas al 30 de junio de 2011, el cual refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $1,343 millones durante el año fiscal 2011.  Llaman la atención las pérdidas registradas durante ese año por la Autoridad de Carreteras ($409 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($272 millones); la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ($112 millones); y la Administración de Seguros de Salud ($30 millones).

Conclusiones

Un análisis objetivo de este informe nos lleva a concluir que la base fiscal de nuestro sistema socioeconómico se ha erosionado y continúa erosionándose significativamente.  El gobierno central y algunas corporaciones públicas se encuentran básicamente insolventes.

En nuestra opinión, sería un error responsabilizar a una administración o partido en especifico por esta situación ya que ésta es el producto de décadas de mala administración, de la politización indebida de la gestión pública, y de la utilización inadecuada de soluciones temporales para atender problemas recurrentes.

Tenemos un gobierno caro, disfuncional, al borde de la quiebra, infectado por la corrupción, y que no satisface las necesidades del pueblo de Puerto Rico.  De cara al futuro, necesitamos comenzar un proceso serio de análisis y de introspección colectiva, sin engañarnos a nosotros mismos.  El primer paso en ese análisis sería reconocer que el orden socioeconómico actual ha llegado claramente a su fin, y todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere, o se atreve, a hablar de ello. Es hora de que comience el diálogo.

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El peso de las corporaciones públicas

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Por: Sergio M. Marxuach

De acuerdo con los documentos del presupuesto recomendado para el año fiscal 2014, Puerto Rico cuenta actualmente con 51 corporaciones públicas que se estima generen $9,235 millones de “ingresos propios” para financiar sus operaciones.  En la práctica, sin embargo, muchas de estas corporaciones reciben subsidios, directos o indirectos, del Fondo General, del Banco Gubernamental de Fomento o de otras corporaciones públicas.

Recientemente, la precaria situación financiera de varias de estas entidades ha sido objeto de debate público, entre ellas la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Energía Eléctrica (la “AEE”) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (“AAA”).

En específico, el aumento en la factura de la AAA ha generado mucha controversia. Este aumento se debe principalmente a (1) la eliminación del subsidio anual que recibía la AAA del Fondo General; (2) la obligación incurrida en el 2006 de hacer una serie de inversiones de capital durante los próximos 15 a 20 años para cumplir con los requisitos del Clean Water Act federal; y (3) el aumento significativo en los costos de la energía eléctrica que la AAA utiliza para correr sus operaciones. READ MORE

Puerto Rico vs. Detroit

Estados financieros

 

By Sergio M. Marxuach
Policy Director at the Center for a New Economy

No one cared much about Detroit until the Dow collapsed in 2008…Suddenly the eyes of the nation turned back upon this postindustrial sarcophagus, where crime and corruption and mayhem played themselves out in the corridors of power and on the powerless streets…Detroit, which once led the nation in home ownership, is now a foreclosure capital. Its downtown is a museum of ghost skyscrapers. Trees and switch grass and wild animals have come back to reclaim their rightful places. Coyotes are here…

Once the nation’s richest city, Detroit is now its poorest.  It is the country’s illiteracy and dropout capital, where children must leave their books at school and bring toilet paper from home.  It is the unemployment capital, where half the adult population does not work a consistent job.  There are firemen with no boots, cops with no cars, teachers with no pencils, city council council members with telephones tapped by the FBI, and too many grandmothers with no tears left to give.

 – Charlie LeDuff, Detroit: An American Autopsy (2013)

A lot of ink has been spilt lately comparing Puerto Rico with the City of Detroit.  We at the Center for a New Economy actually did that analysis a few months ago.  The comparison was not flattering to Puerto Rico. If you look at indicators such as per capita income, poverty rates, labor force participation, and mean and median household income, Detroit actually has an edge over Puerto Rico.

Having said that, it is also true that things are not as bad in Puerto Rico when compared with what Charlie LeDuff describes in his book Detroit: An American Autopsy (2013), the source of the quotations at the beginning of this post.  Nonetheless, Puerto Rico is well on its way to becoming the Detroit of the Caribbean, a desolate, post-industrial wasteland, with massive poverty, high crime rates, dysfunctional government institutions, and a rapidly shrinking and aging population.  Puerto Rico still has time to avoid that fate but we have to radically change our ways of doing things–fast.

For those who prefer to see the data for themselves I have reproduced below Table DP03 — Selected Economic Characteristics, comparing Puerto Rico and the City of Detroit, using data from the 2011 American Community Survey executed by the U.S. Census.  You can run your own comparisons by going to the American Factfinder2 site on the U.S. Census web page.

Table DP03

SELECTED ECONOMIC CHARACTERISTICS  
2011 American Community Survey 1-Year Estimates 

Although the American Community Survey (ACS) produces population, demographic and housing unit estimates, it is the Census Bureau’s Population Estimates Program that produces and disseminates the official estimates of the population for the nation, states, counties, cities and towns and estimates of housing units for states and counties.

Subject Puerto Rico Detroit city, Michigan
Estimate Margin of Error Percent Percent Margin of Error Estimate Margin of Error Percent Percent Margin of Error
EMPLOYMENT STATUS
Population 16 years and over 2,942,799 +/-3,081 2,942,799 (X) 545,745 +/-3,489 545,745 (X)
In labor force 1,354,801 +/-10,914 46.0% +/-0.4 288,482 +/-6,248 52.9% +/-1.1
Civilian labor force 1,352,971 +/-11,013 46.0% +/-0.4 288,482 +/-6,248 52.9% +/-1.1
Employed 1,102,866 +/-11,341 37.5% +/-0.4 203,993 +/-6,510 37.4% +/-1.2
Unemployed 250,105 +/-7,757 8.5% +/-0.3 84,489 +/-5,380 15.5% +/-1.0
Armed Forces 1,830 +/-634 0.1% +/-0.1 0 +/-167 0.0% +/-0.1
Not in labor force 1,587,998 +/-11,492 54.0% +/-0.4 257,263 +/-6,125 47.1% +/-1.1
Civilian labor force 1,352,971 +/-11,013 1,352,971 (X) 288,482 +/-6,248 288,482 (X)
Percent Unemployed (X) (X) 18.5% +/-0.5 (X) (X) 29.3% +/-1.7
Females 16 years and over 1,560,664 +/-3,097 1,560,664 (X) 293,438 +/-3,169 293,438 (X)
In labor force 641,904 +/-8,291 41.1% +/-0.5 152,951 +/-4,663 52.1% +/-1.4
Civilian labor force 641,718 +/-8,247 41.1% +/-0.5 152,951 +/-4,663 52.1% +/-1.4
Employed 526,067 +/-7,708 33.7% +/-0.5 113,941 +/-4,375 38.8% +/-1.5
Own children under 6 years 255,218 +/-3,937 255,218 (X) 56,157 +/-2,472 56,157 (X)
All parents in family in labor force 152,592 +/-5,797 59.8% +/-2.2 35,414 +/-2,912 63.1% +/-4.3
Own children 6 to 17 years 582,852 +/-4,322 582,852 (X) 113,787 +/-3,798 113,787 (X)
All parents in family in labor force 353,613 +/-9,325 60.7% +/-1.5 75,975 +/-4,195 66.8% +/-3.4
COMMUTING TO WORK
Workers 16 years and over 1,060,138 +/-10,821 1,060,138 (X) 197,750 +/-6,534 197,750 (X)
Car, truck, or van — drove alone 849,235 +/-10,770 80.1% +/-0.7 137,494 +/-4,943 69.5% +/-1.6
Car, truck, or van — carpooled 93,373 +/-5,004 8.8% +/-0.5 24,098 +/-2,657 12.2% +/-1.3
Public transportation (excluding taxicab) 31,256 +/-3,254 2.9% +/-0.3 19,257 +/-2,454 9.7% +/-1.1
Walked 40,128 +/-3,483 3.8% +/-0.3 5,946 +/-1,189 3.0% +/-0.6
Other means 19,744 +/-2,684 1.9% +/-0.3 5,440 +/-1,440 2.8% +/-0.7
Worked at home 26,402 +/-2,997 2.5% +/-0.3 5,515 +/-1,172 2.8% +/-0.6
Mean travel time to work (minutes) 29.7 +/-0.4 (X) (X) 27.7 +/-0.8 (X) (X)
OCCUPATION
Civilian employed population 16 years and over 1,102,866 +/-11,341 1,102,866 (X) 203,993 +/-6,510 203,993 (X)
Management, business, science, and arts occupations 343,821 +/-9,592 31.2% +/-0.8 47,548 +/-3,259 23.3% +/-1.4
Service occupations 223,128 +/-6,847 20.2% +/-0.6 59,339 +/-4,089 29.1% +/-1.7
Sales and office occupations 303,815 +/-8,280 27.5% +/-0.7 49,665 +/-3,508 24.3% +/-1.5
Natural resources, construction, and maintenance occupations 109,387 +/-5,690 9.9% +/-0.5 13,072 +/-1,712 6.4% +/-0.8
Production, transportation, and material moving occupations 122,715 +/-5,769 11.1% +/-0.5 34,369 +/-2,402 16.8% +/-1.2
INDUSTRY
Civilian employed population 16 years and over 1,102,866 +/-11,341 1,102,866 (X) 203,993 +/-6,510 203,993 (X)
Agriculture, forestry, fishing and hunting, and mining 15,212 +/-1,858 1.4% +/-0.2 664 +/-362 0.3% +/-0.2
Construction 69,157 +/-5,181 6.3% +/-0.5 7,585 +/-1,209 3.7% +/-0.6
Manufacturing 101,644 +/-5,283 9.2% +/-0.5 23,230 +/-2,325 11.4% +/-1.2
Wholesale trade 29,348 +/-2,854 2.7% +/-0.3 3,700 +/-1,033 1.8% +/-0.5
Retail trade 152,078 +/-6,518 13.8% +/-0.6 18,700 +/-2,329 9.2% +/-1.1
Transportation and warehousing, and utilities 40,149 +/-3,136 3.6% +/-0.3 12,227 +/-1,804 6.0% +/-0.8
Information 21,584 +/-2,457 2.0% +/-0.2 4,037 +/-961 2.0% +/-0.5
Finance and insurance, and real estate and rental and leasing 59,498 +/-4,620 5.4% +/-0.4 10,089 +/-1,714 4.9% +/-0.8
Professional, scientific, and management, and administrative and waste management services 98,040 +/-5,170 8.9% +/-0.4 19,996 +/-2,170 9.8% +/-1.1
Educational services, and health care and social assistance 255,028 +/-8,221 23.1% +/-0.7 56,005 +/-3,655 27.5% +/-1.5
Arts, entertainment, and recreation, and accommodation and food services 92,324 +/-5,902 8.4% +/-0.5 26,490 +/-3,066 13.0% +/-1.4
Other services, except public administration 62,831 +/-4,615 5.7% +/-0.4 10,770 +/-1,638 5.3% +/-0.8
Public administration 105,973 +/-5,062 9.6% +/-0.5 10,500 +/-1,447 5.1% +/-0.7
CLASS OF WORKER
Civilian employed population 16 years and over 1,102,866 +/-11,341 1,102,866 (X) 203,993 +/-6,510 203,993 (X)
Private wage and salary workers 730,605 +/-10,931 66.2% +/-0.7 168,716 +/-5,881 82.7% +/-1.3
Government workers 261,517 +/-8,673 23.7% +/-0.8 27,707 +/-2,522 13.6% +/-1.1
Self-employed in own not incorporated business workers 108,755 +/-6,022 9.9% +/-0.5 7,385 +/-1,358 3.6% +/-0.7
Unpaid family workers 1,989 +/-686 0.2% +/-0.1 185 +/-181 0.1% +/-0.1
INCOME AND BENEFITS (IN 2011 INFLATION-ADJUSTED DOLLARS)
Total households 1,256,151 +/-8,804 1,256,151 (X) 253,629 +/-5,276 253,629 (X)
Less than $10,000 372,186 +/-7,248 29.6% +/-0.5 56,067 +/-3,337 22.1% +/-1.2
$10,000 to $14,999 154,338 +/-5,688 12.3% +/-0.5 26,517 +/-2,385 10.5% +/-0.9
$15,000 to $24,999 235,752 +/-6,723 18.8% +/-0.5 43,449 +/-2,665 17.1% +/-1.0
$25,000 to $34,999 153,129 +/-5,640 12.2% +/-0.4 33,250 +/-2,222 13.1% +/-0.8
$35,000 to $49,999 141,635 +/-5,689 11.3% +/-0.4 35,434 +/-2,494 14.0% +/-1.0
$50,000 to $74,999 115,922 +/-5,819 9.2% +/-0.5 31,009 +/-2,266 12.2% +/-0.9
$75,000 to $99,999 39,391 +/-3,237 3.1% +/-0.3 13,542 +/-1,402 5.3% +/-0.5
$100,000 to $149,999 28,719 +/-2,729 2.3% +/-0.2 9,919 +/-1,435 3.9% +/-0.6
$150,000 to $199,999 8,626 +/-1,451 0.7% +/-0.1 3,117 +/-871 1.2% +/-0.3
$200,000 or more 6,453 +/-1,098 0.5% +/-0.1 1,325 +/-470 0.5% +/-0.2
Median household income (dollars) 18,660 +/-358 (X) (X) 25,193 +/-806 (X) (X)
Mean household income (dollars) 28,865 +/-552 (X) (X) 35,709 +/-991 (X) (X)
With earnings 738,808 +/-9,295 58.8% +/-0.6 155,793 +/-4,623 61.4% +/-1.3
Mean earnings (dollars) 34,430 +/-727 (X) (X) 38,168 +/-1,424 (X) (X)
With Social Security 534,710 +/-7,229 42.6% +/-0.5 82,548 +/-2,619 32.5% +/-0.9
Mean Social Security income (dollars) 11,379 +/-131 (X) (X) 14,775 +/-369 (X) (X)
With retirement income 176,771 +/-4,882 14.1% +/-0.4 51,799 +/-2,610 20.4% +/-1.0
Mean retirement income (dollars) 13,463 +/-725 (X) (X) 19,680 +/-1,820 (X) (X)
With Supplemental Security Income 5,547 +/-1,043 0.4% +/-0.1 33,684 +/-2,306 13.3% +/-0.9
Mean Supplemental Security Income (dollars) 8,204 +/-923 (X) (X) 8,479 +/-363 (X) (X)
With cash public assistance income 70,703 +/-3,477 5.6% +/-0.3 21,860 +/-1,887 8.6% +/-0.8
Mean cash public assistance income (dollars) 2,024 +/-77 (X) (X) 3,785 +/-367 (X) (X)
With Food Stamp/SNAP benefits in the past 12 months 471,272 +/-8,107 37.5% +/-0.6 104,099 +/-3,989 41.0% +/-1.4
Families 903,660 +/-10,060 903,660 (X) 145,224 +/-3,759 145,224 (X)
Less than $10,000 220,666 +/-5,978 24.4% +/-0.6 25,296 +/-2,364 17.4% +/-1.4
$10,000 to $14,999 100,839 +/-4,746 11.2% +/-0.5 13,627 +/-1,723 9.4% +/-1.2
$15,000 to $24,999 178,714 +/-6,139 19.8% +/-0.6 23,640 +/-1,992 16.3% +/-1.4
$25,000 to $34,999 121,548 +/-5,233 13.5% +/-0.6 18,535 +/-1,815 12.8% +/-1.2
$35,000 to $49,999 116,260 +/-5,037 12.9% +/-0.5 22,756 +/-1,989 15.7% +/-1.4
$50,000 to $74,999 95,256 +/-4,656 10.5% +/-0.5 20,262 +/-1,812 14.0% +/-1.2
$75,000 to $99,999 32,828 +/-2,887 3.6% +/-0.3 10,047 +/-1,223 6.9% +/-0.8
$100,000 to $149,999 24,560 +/-2,574 2.7% +/-0.3 7,611 +/-1,201 5.2% +/-0.8
$150,000 to $199,999 7,216 +/-1,366 0.8% +/-0.2 2,620 +/-796 1.8% +/-0.5
$200,000 or more 5,773 +/-1,102 0.6% +/-0.1 830 +/-401 0.6% +/-0.3
Median family income (dollars) 22,043 +/-426 (X) (X) 30,524 +/-1,229 (X) (X)
Mean family income (dollars) 32,063 +/-705 (X) (X) 40,860 +/-1,511 (X) (X)
Per capita income (dollars) 10,555 +/-185 (X) (X) 13,965 +/-447 (X) (X)
Nonfamily households 352,491 +/-8,347 352,491 (X) 108,405 +/-4,298 108,405 (X)
Median nonfamily income (dollars) 10,955 +/-345 (X) (X) 18,345 +/-1,134 (X) (X)
Mean nonfamily income (dollars) 18,104 +/-706 (X) (X) 27,238 +/-1,457 (X) (X)
Median earnings for workers (dollars) 16,427 +/-201 (X) (X) 19,400 +/-890 (X) (X)
Median earnings for male full-time, year-round workers (dollars) 22,529 +/-514 (X) (X) 35,322 +/-2,418 (X) (X)
Median earnings for female full-time, year-round workers (dollars) 22,117 +/-324 (X) (X) 30,175 +/-866 (X) (X)
HEALTH INSURANCE COVERAGE
Civilian noninstitutionalized population 3,680,339 +/-638 3,680,339 (X) 700,334 +/-1,254 700,334 (X)
With health insurance coverage 3,399,698 +/-12,873 92.4% +/-0.4 563,318 +/-5,970 80.4% +/-0.8
With private health insurance 1,500,631 +/-24,828 40.8% +/-0.7 263,916 +/-10,730 37.7% +/-1.5
With public coverage 2,123,860 +/-26,437 57.7% +/-0.7 371,213 +/-9,095 53.0% +/-1.3
No health insurance coverage 280,641 +/-12,928 7.6% +/-0.4 137,016 +/-5,738 19.6% +/-0.8
Civilian noninstitutionalized population under 18 years 875,489 +/-141 875,489 (X) 183,699 +/-3,516 183,699 (X)
No health insurance coverage 34,493 +/-3,935 3.9% +/-0.4 9,920 +/-2,320 5.4% +/-1.3
Civilian noninstitutionalized population 18 to 64 years 2,246,412 +/-820 2,246,412 (X) 434,570 +/-3,186 434,570 (X)
In labor force: 1,310,766 +/-10,320 1,310,766 (X) 274,201 +/-5,691 274,201 (X)
Employed: 1,067,217 +/-10,512 1,067,217 (X) 195,181 +/-6,071 195,181 (X)
With health insurance coverage 935,092 +/-10,867 87.6% +/-0.6 140,704 +/-6,213 72.1% +/-1.8
With private health insurance 675,054 +/-11,790 63.3% +/-1.0 113,592 +/-5,752 58.2% +/-2.0
With public coverage 280,970 +/-10,576 26.3% +/-1.0 31,287 +/-2,890 16.0% +/-1.4
No health insurance coverage 132,125 +/-7,112 12.4% +/-0.6 54,477 +/-3,520 27.9% +/-1.8
Unemployed: 243,549 +/-7,687 243,549 (X) 79,020 +/-5,033 79,020 (X)
With health insurance coverage 204,057 +/-7,414 83.8% +/-1.4 43,812 +/-3,846 55.4% +/-3.3
With private health insurance 40,604 +/-3,322 16.7% +/-1.2 12,191 +/-1,943 15.4% +/-2.4
With public coverage 165,838 +/-6,598 68.1% +/-1.6 33,234 +/-3,211 42.1% +/-2.6
No health insurance coverage 39,492 +/-3,490 16.2% +/-1.4 35,208 +/-3,378 44.6% +/-3.3
Not in labor force: 935,646 +/-10,160 935,646 (X) 160,369 +/-5,671 160,369 (X)
With health insurance coverage 865,044 +/-11,460 92.5% +/-0.5 123,565 +/-4,825 77.1% +/-1.8
With private health insurance 282,155 +/-8,894 30.2% +/-0.9 41,844 +/-3,153 26.1% +/-1.9
With public coverage 621,762 +/-11,283 66.5% +/-0.9 93,367 +/-4,522 58.2% +/-2.2
No health insurance coverage 70,602 +/-4,593 7.5% +/-0.5 36,804 +/-3,428 22.9% +/-1.8
PERCENTAGE OF FAMILIES AND PEOPLE WHOSE INCOME IN THE PAST 12 MONTHS IS BELOW THE POVERTY LEVEL
All families (X) (X) 41.7% +/-0.8 (X) (X) 35.5% +/-1.8
With related children under 18 years (X) (X) 51.7% +/-1.2 (X) (X) 49.3% +/-2.9
With related children under 5 years only (X) (X) 50.0% +/-2.6 (X) (X) 54.8% +/-6.9
Married couple families (X) (X) 30.2% +/-1.0 (X) (X) 18.8% +/-2.4
With related children under 18 years (X) (X) 33.9% +/-1.7 (X) (X) 29.7% +/-4.6
With related children under 5 years only (X) (X) 34.5% +/-4.0 (X) (X) 27.9% +/-12.3
Families with female householder, no husband present (X) (X) 58.4% +/-1.3 (X) (X) 46.4% +/-2.6
With related children under 18 years (X) (X) 68.6% +/-1.8 (X) (X) 59.1% +/-3.5
With related children under 5 years only (X) (X) 67.4% +/-4.1 (X) (X) 66.9% +/-8.4
All people (X) (X) 45.6% +/-0.7 (X) (X) 40.9% +/-1.7
Under 18 years (X) (X) 57.5% +/-1.4 (X) (X) 57.3% +/-3.5
Related children under 18 years (X) (X) 57.3% +/-1.4 (X) (X) 57.1% +/-3.5
Related children under 5 years (X) (X) 61.5% +/-2.1 (X) (X) 62.7% +/-5.2
Related children 5 to 17 years (X) (X) 56.0% +/-1.5 (X) (X) 55.0% +/-3.5
18 years and over (X) (X) 41.9% +/-0.7 (X) (X) 35.1% +/-1.4
18 to 64 years (X) (X) 42.6% +/-0.8 (X) (X) 37.9% +/-1.6
65 years and over (X) (X) 39.0% +/-0.9 (X) (X) 20.4% +/-2.1
People in families (X) (X) 43.9% +/-0.9 (X) (X) 39.7% +/-2.2
Unrelated individuals 15 years and over (X) (X) 56.1% +/-1.3 (X) (X) 45.3% +/-2.0
Source: U.S. Census Bureau, 2011 American Community Survey
Explanation of Symbols:

  1. An ‘**’ entry in the margin of error column indicates that either no sample observations or too few sample observations were available to compute a standard error and thus the margin of error. A statistical test is not appropriate.
  2. An ‘-‘ entry in the estimate column indicates that either no sample observations or too few sample observations were available to compute an estimate, or a ratio of medians cannot be calculated because one or both of the median estimates falls in the lowest interval or upper interval of an open-ended distribution.
  3. An ‘-‘ following a median estimate means the median falls in the lowest interval of an open-ended distribution.
  4. An ‘+’ following a median estimate means the median falls in the upper interval of an open-ended distribution.
  5. An ‘***’ entry in the margin of error column indicates that the median falls in the lowest interval or upper interval of an open-ended distribution. A statistical test is not appropriate.
  6. An ‘*****’ entry in the margin of error column indicates that the estimate is controlled. A statistical test for sampling variability is not appropriate.
  7. An ‘N’ entry in the estimate and margin of error columns indicates that data for this geographic area cannot be displayed because the number of sample cases is too small.
  8. An ‘(X)’ means that the estimate is not applicable or not available.

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Pasando hambre en el siglo 21

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Por Sergio M. Marxuach

Ayer el New York Times publicó un articulo titulado On the Edge of Poverty, at the Center of a Debate on Food Stamps.  La reseña, de la autoría de Sheryl Gay Stolberg, describe sin ambages la lucha encarnizada de un sector del partido Republicano para reducir los fondos dedicados al programa suplementario de asistencia nutricional del gobierno federal (el “Supplemental Nutrition Assistance Program”), conocido comúnmente como los “cupones de alimentos”.

Por primera vez en décadas, el proyecto de ley para los subsidios a los agricultores (el “Farm Bill”) aprobado hace unos meses omitió la reautorización del programa de asistencia nutricional.  Esa omisión se debe, principalmente, a la oposición del partido Republicano que busca recortar unos $40,000 millones del programa durante los próximos 10 años, esto además de una reducción ya programada para noviembre de este año, cuando expira un aumento temporero que fue autorizado en el 2009 como parte del programa de estímulo económico.

La oposición Republicana prevalece, aún cuando el Departamento de Agricultura federal recientemente ha publicado un informe que concluye que, durante el 2012, cerca de 49 millones de personas en Estados Unidos vivían en hogares que enfrentaban “inseguridad alimentaria”, definida como la “falta de acceso consiste a través del año a comida adecuada”.  Dicho de otra manera, muchas personas pasaron hambre en Estados Unidos en el 2012.

Mas allá de las estadísticas y el análisis tecnocrático, el reportaje de Stolberg presenta la tétrica situación que viven día a día algunos de los beneficiarios de este programa. Por ejemplo, se nos presenta a Tarnisha Adams, quien tuvo que abandonar su trabajo para recibir tratamiento para cáncer. Ella y sus tres hijos reciben $352 mensuales para comprar comida. Eso significa que muchas veces solo tienen para una comida al día y otras veces simplemente no comen. Esto en Estados Unidos en pleno siglo 21.

Por otro lado, se nos presenta al congresista Stephen Fincher de Dyersburg, Tennessee, electo en el 2010 con la ola del “Tea Party” y quien recibió subsidios agrícolas de $3.5 millones pero se opone al programa de asistencia nutricional.  De acuerdo con Fincher “the role of citizens, of Christianity, of Humanity, is to take care of each other, not for Washington to steal from those in the country and give to others in the country”.

Mas aún, durante el debate sobre la reautorización del programa de asistencia nutricional, este modelo ejemplar del cristianismo en practica argumentó —citando la Biblia— que “the one who is unwilling to work shall not eat”.  Aparentemente, según la interpretación de Fincher, el cristianismo no tiene problemas con subsidiar a los agricultores pero sí con ofrecerle ayuda a una mujer que sufre de cáncer para que pueda comer.

¿Cómo se explica esto?  En mi opinión, creo que estamos viendo, por un lado, un ataque frontal al contrato social prevaleciente en Estados Unidos, establecido originalmente con el Nuevo Trato de Franklin D. Roosevelt, y ampliado significativamente por los programas del “Great Society” de Lyndon B. Johnson.

La esencia de ese contrato social consiste en establecer un balance entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo, con el gobierno federal en el medio como arbitro. El problema es que, desde 1980 hacia acá, las escalas se han inclinado decididamente a favor del capital: la desigualdad económica se ha disparado a niveles de 1929; el ingreso medio se ha reducido en términos reales; las filas de los desempleados a largo plazo han incrementado peligrosamente, y la porción del ingreso correspondiente al capital ha aumentado significativamente a expensas de la compensación de los trabajadores.  En cierta manera, entonces, la batalla que estamos viendo con respecto a la asistencia nutricional es una contienda más de esa guerra larga que lleva treinta años.

La gran ironía de todo esto es que el partido tradicionalmente “conservador” busca derogar en su totalidad el contrato social prevaleciente en Estados Unidos desde la década de 1930; mientras que el partido tradicionalmente “liberal” busca mantener el orden establecido pero sin ofrecer una alternativa viable para el siglo 21.

Por otro lado, sin embargo, creo que también estamos observando un fenómeno que el profesor John A. Powell ha caracterizado como “una lucha ontológica” sobre quién es y quién tiene derecho a categorizarse como “americano”.  Desde esta perspectiva, todos estos ataques a los programas de seguridad social constituyen un  esfuerzo por “mantener en su lugar” a los grupos tradicionalmente marginados: a los afro-americanos, a los latinos y a los pobres, entre otros.

Cuando el representante Fincher se opone a la continuación del programa de asistencia nutricional, lo que está haciendo realmente es limitando las oportunidades de esos grupos para avanzar socialmente y preservando unas estructuras sociales racializadas que marginalizan a todos los grupos minoritarios, a los “otros”, definidos como todos aquellos que no son blancos, protestantes y de clase media.

El teólogo Reinhold Niebuhr (1892-1971) pensaba que estas batallas eran inevitables ya que “the conflict between those who would plan justice and order and those who trust in freedom to establish both is an irresolvable one.  Every healthy society will live in the tension of that controversy until the end of history; and will prove its health by preventing either side from gaining complete victory”.

La clave para mantener ese balance tenso consiste, según Niebuhr, en “com[ing] to terms with the limits of all human striving, the fragmentariness of all human wisdom, the precariousness of all historic configurations of power, and the mixture of good and evil in all human virtue”. Dicho de otra manera, en aceptar que ninguna facción política tiene un monopolio sobre la verdad y que todo el conocimiento humano es falible.

Las palabras de Niebuhr, escritas en clave profética, me parece son relevantes para entender muchos de los debates públicos llevándose a cabo hoy en Estados Unidos, especialmente este sobre la asistencia nutricional.  Tal vez le vendría bien a Stephen Fincher y a otros congresistas escucharlas.

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El autor es director de política pública en el Centro para una Nueva Economía

La AEE, energía renovable y transparencia

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Por: Sergio M. Marxuach

 

Recientemente se ha llevado a cabo un debate público sobre los contratos de energía renovable que ha suscrito la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”).  De un lado, tenemos a la AEE reclamando que dichos contratos la obligan a comprar electricidad producida con fuentes renovables a unos precios muy altos y que algunos contratos fueron otorgados a “especuladores” sin ninguna experiencia en o conocimiento de la industria energética.

Del otro lado, tenemos a la Asociación de Productores de Energía Verde reclamando que los precios negociados son razonables y comparables con los precios en otras jurisdicciones. Alegan además que los contratistas tienen la experiencia y el capital necesario para llevar a cabo los proyectos.

El público en general, sin embargo, no puede evaluar objetivamente los argumentos en esta controversia. La AEE es una agencia poco transparente, que tradicionalmente le ha mentido a la gente, y por tanto, con ninguna credibilidad frente al pueblo de Puerto Rico, y que tiene muy poco o ningún interés en darle paso a productores privados de energía renovable. READ MORE

Chatarra

 2111

Por Sergio Marxuach

La Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE” ) acaba de vender $673 millones de bonos a largo plazo en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos.  Según informes preliminares publicados por el servicio Reuters, la AEE pagará tasas de interés exento de entre 6.73% y 7.12% sobre los bonos con vencimientos entre 2030 y 2043.

Para un inversionista en Estados Unidos que enfrenta una tasa marginal impositiva máxima de 39.6% estas tasas son equivalentes a unos rendimientos tributables de entre 11.14% y 11.78%, esto coloca los bonos de la AEE en territorio de lo que se conoce en el argot del mercado como “high-yield bonds” o comúnmente “junk bonds” o “bonos chatarra”.

Las razones por las cuales Puerto Rico va a tener que pagar estas tasas excepcionalmente altas de interés no deben sorprender a nadie. READ MORE

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