Debt, Austerity and Growth – Joseph Stiglitz in San Juan

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A variegated audience of over one thousand people gathered on April 6, 2017 at the San Juan Symphonic Hall to listen and reflect on Nobel Prize winner Joseph Stiglitz’ words of caution and forward-looking advise regarding Puerto Rico’s economic predicament. Stiglitz is one of 17 experts who conform pro-bono the CNE Growth Commission for Puerto Rico.

Click here to access a complete recording of the event.

Watch the following summary videos:

In introducing Stiglitz, CNE’s President and Founder Miguel A. Soto-Class stressed the need for ample involvement in the process of economic recovery and made an urgent call-to-action.

Stiglitz cautioned against the contractionary effects fiscal austerity measures will have on the island’s economy…

…and urged for growth measures as anchors of any fiscal and debt restructuring plans.

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Growth Amidst Uncertainty: A Free Market Perspective – A Conversation with Steven Davis

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“Historically, the Puerto Rican tax code and regulatory system abound with provisions for special business interests…The result is a complicated web of policy-induced financial incentives that helps sustain a rent-seeking business culture and an overly intrusive role for the government.”
Steven Davis

On April 6, 2017, Steven Davis, Professor of Entrepreneurship and Global Economics and Management at the Sloan School of Management of the Massachusetts Institute of Technology, led a conversation with Puerto Rico entrepreneurs and business leaders on how free markets can help Puerto Rico create a healthier economic climate and foster growth. Davis, who is a pro-bono member of the CNE Growth Commission for Puerto Rico, argued in favor of simplifying regulations affecting the island’s business environment.

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Charting a Path Towards Growth – CNE Growth Commission All-Day Convening

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The CNE Growth Commission for Puerto Rico convened for the first time in San Juan and began to craft an agenda focused on helping the island devise economic development opportunities and strengthen execution capabilities.

The Commission’s vision is based on the premise that – given the demands of a rapidly changing knowledge-based economy and heightened global competition – long-term sustained economic growth is a result of a country’s capability to move into higher value-added activities. Therefore, the Commission understands that any new economic strategy for long-term growth in Puerto Rico ought to be focused on:

  1. Speeding up the process of economic structural change by advancing the economy’s insertion in high-value niches, investing in innovation, and adopting new knowledge and technologies.
  2. Creating the institutional framework to promote this structural change; that is, revamping the institutions whose mission is to promote this transformation.
  3. Devising public policies that help raise the wellbeing of society in an inclusive manner, so that most of its members can benefit from the gains of improved economic performance.

Access the CNE’s Growth Commission Workplan

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Prompting a Far-Reaching Dialogue About Economic Recovery

With the objective of prompting a far-reaching dialogue about the process of economic recovery, the CNE 2017 Conference included also a series of workshops, presentations and meetings with Puerto Rico and US media, University of Puerto Rico students and the general public.

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Conferencia Anual CNE 2014: Galería de fotos

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Las siguientes imágenes fueron fotografiadas durante la Conferencia Anual CNE 2014 celebrada el pasado 21 de febrero de 2014 en el Hotel Vanderbilt en San Juan, Puerto Rico.

The following images were taken during the Center for a New Economy’s Annual Economic Conference 2014, held on February 21rst at the Hotel Condado Vanderbilt in San Juan, Puerto Rico.

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Gato por liebre

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública

Recientemente la Rama Ejecutiva ha presentado un proyecto de ley, el P. del. S. 882, para crear una Comisión de Energía y Telecomunicaciones.   Esta propuesta surge en medio de los crecientes reclamos públicos para la creación de un ente externo que fiscalice a la Autoridad de Energía Eléctrica y que regule la industria eléctrica en la isla. Cámara y Senado han comenzado a discutir sus propias propuestas de cambio para la AEE, y con este paquete el Ejecutivo presenta una vía alterna.  El Centro para una Nueva Economía se opone vehemente a la propuesta de la Rama Ejecutiva por varias razones.

Primero, la complejidad del sistema eléctrico requiere la atención a tiempo completo de un ente reglamentador con todos los recursos necesarios para llevar a cabo su misión. Por eso sugerimos que no se incluya el área de energía al mandato de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones como proponen los proyectos del Ejecutivo.

Segundo, el mandato de la Comisión propuesta no incluye la capacidad para dirigir el proceso de revisión y establecimiento de tarifas.  Más aún, la Comisión podría imponerle el requisito de prestar una fianza a cualquier persona que quiera acudir a querellarse ante la misma. El proyecto de ley no estipula el monto de dicha fianza.  La intención de este requisito, obviamente, es desalentar que los consumidores y productores independientes presenten querellas ante la Comisión.

Tercero, el artículo 16 del proyecto de ley estipula que si cualquier proceso ante la Comisión “pudiera tener el resultado de evitar que la Autoridad pueda cumplir con los términos del Contrato de Fideicomiso de 1974 o Acuerdo del Fideicomiso de Bonos de la Autoridad, la Comisión ordenara que la Autoridad imponga un cargo adicional independiente de la tarifa para poder cumplir con el Contrato de Fideicomiso de 1974 o Acuerdo del Fideicomiso de Bonos de la Autoridad…”.  Este artículo, según redactado, le otorga demasiada discreción a la Autoridad para aumentar las tarifas según esta lo considere necesario para cumplir con el “cuco” de los bonistas.

Estas son sólo algunas de las objeciones que tenemos al P. del S. 882.  En nuestra opinión este proyecto es materialmente deficiente y debe ser descartado en su totalidad.  Nos preguntamos qué pasó en los laberintos de la Rama Ejecutiva para que los vientos de cambio y reforma que el Gobernador anunció en octubre para la AEE se hayan diluido a tal magnitud.

La AEE requiere que un ente externo, independiente, con todos los recursos legales, humanos, financieros, y regulatorios necesarios le imponga disciplina.  El P. del S. 882 no cumple con estos requisitos.

Nosotros en CNE estaremos vigilantes para que no se le pase gato por liebre al pueblo de Puerto Rico con respecto a este importante asunto.

COFINA III

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Por Sergio M. Marxuach

Nadie puede negar que la situación económica y fiscal de Puerto Rico es sumamente complicada.  La economía de Puerto Rico lleva siete años en contracción, desde el 2006 el empleo ha caído casi por 15% y la inversión bruta de capital fijo por más de 20%.  En términos fiscales, Puerto Rico simplemente no ha podido recaudar los ingresos suficientes para cumplir con sus gastos operacionales y sus obligaciones financieras por lo menos desde finales de la década de los 80.

La verdad, entonces, es que Puerto Rico lleva muchos años operando en un estado de insolvencia estructural crónica.  Correr las operaciones del gobierno central de Puerto Rico hoy en día cuesta cerca de $10,000 millones y los recaudos de Hacienda a duras penas llegan a $8,500 millones.  El gobierno de Puerto Rico, por tanto, se ha visto obligado a tomar prestado durante todo ese tiempo para cuadrar el presupuesto, algo requerido por la Constitución de Puerto Rico.

El problema es que el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital se ha ido cerrando debido a varios factores: READ MORE

Entre la espada y la pared

 

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública

 

De acuerdo con el informe REGIONAL AND STATE EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT — AUGUST 2013 publicado hoy por el Bureau of Labor Statistics del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el empleo asalariado no-agrícola en Puerto Rico se redujo de 924,900 en agosto de 2012 a 884,300 en agosto de 2013, una reducción de 40,600 empleos, equivalente a un 4.4%, en un periodo de 12 meses.  La tabla a continuación contiene un desglose por sector económico:

Employment Chart

Fuente: Regional and State Employment and Unemployment – August 2013, Table 6: Employees on nonfarm payrolls by state and selected industry sector, not seasonally adjusted [In thousands] y el Dr. Orlando Sotomayor.

 

Esta drástica baja en el empleo es consistente con otros indicadores, tales como el Índice de Actividad Económica del Banco Gubernamental de Fomento y la merma en los recaudos del Fondo General, que apuntan a una marcada contracción en la actividad económica en Puerto Rico durante los últimos meses.

Y éste es el problema de fondo de Puerto Rico.  Mas allá del revuelo en el mercado de bonos, el verdadero problema es la contracción de la economía y la falta de una estrategia bien articulada, en vez de  propaganda idiotizante, para restaurar el crecimiento.  Si la economía sigue en caída libre, como aparenta estarlo en estos momentos, es muy poco probable que Hacienda cumpla con los recaudos estimados para el año fiscal 2014.

Por otro lado el aumento en los impuestos por más de $1,400 millones, una consolidación fiscal equivalente al 2% del Producto Nacional Bruto (PNB) del país, a su vez contribuye a la desaceleración económica ya que ese dinero no se va a utilizar para inversión en bienes públicos con una larga vida útil como recomendó John Maynard Keynes, sino para cuadrar la caja, aumentar las aportaciones patronales al plan de retiro y para pagar deuda.

Sería un error, sin embargo, asumir automáticamente que recortar gastos en vez de aumentar impuestos tendría un efecto positivo sobre la economía.  Ambas políticas, aumentar los impuestos o reducir el gasto gubernamental, son pro-cíclicas en el contexto de una contracción económica.  Dicho de otra manera, ambas tienden a agudizar la recesión.

El gobierno de Puerto Rico, por tanto, se encuentra entre la espada y la pared: la constitución de Puerto Rico requiere un presupuesto balanceado, los mercados de bonos lo exigen para seguir prestándole al gobierno, y el acceso a los mercados de capital actualmente es limitado. Esto significa que  emitir más deuda tampoco es una opción en este momento.

Para variar, los economistas no están de acuerdo sobre cual de las dos políticas fiscales es menos dañina en el contexto de una recesión.

De un lado, se encuentran los que argumentan que una reducción o eliminación del déficit gubernamental sirve para restaurar la “confianza” de los inversionistas privados en la economía y eventualmente generaría un aumento en la inversión privada que levantaría la actividad económica.

Del otro lado, hay economistas que argumentan que un aumento en los impuestos, si es enfocado y concentrado en las personas o familias con altos ingresos, es menos dañino para una economía en recesión ya que una reducción de un dólar en el gasto gubernamental reduce la demanda agregada por un dólar, tal vez más dependiendo del efecto multiplicador, mientras que un aumento en los impuestos a la personas con altos ingresos tiene un impacto negativo menor en la demanda agregada ya que éstos tienden a consumir una porción menor (en términos relativos) de sus ingresos.   Dicho de otra manera, los ricos, por virtud de sus ingresos y ahorros, pueden seguir consumiendo más o menos lo mismo y a la misma vez pagar el aumento en los impuestos.  Por tanto, el efecto en la demanda agregada es menor.

Dejo a los lectores que escojan la versión de la teoría económica que encuentran más convincente de acuerdo a sus preferencias políticas.

Mas allá de los debates teóricos, para salir de esta trampa Puerto Rico tiene que elaborar una sofisticada estrategia de desarrollo económico a mediano plazo.  El primer paso consiste en identificar los nichos y las áreas en todos sectores productivos—agricultura, manufactura, servicios, comercio, entretenimiento y  turismo, etc.—en la cuales Puerto Rico tiene o pudiera tener una ventaja comparativa.

El segundo paso consiste en (1) identificar el capital, en todas sus formas, que hace falta para explotar cada una de esas oportunidades; (2) promover en Puerto Rico la investigación y la innovación en cada uno de esos sectores; (3) aprovechar la apertura de la economía de Puerto Rico, no sólo para lograr acceso a otros mercados, sino también para atraer los flujos de conocimiento, personas, capital, y tecnología necesarios para el desarrollo de nuestra capacidad productiva en los sectores identificados; y (4) establecer las instituciones que faciliten la creación de una base de producción nacional y la articulación de una red de eslabonamientos entre los diversos sectores productivos, condiciones indispensables para el desarrollo sostenido a largo plazo.

Tercero, hay que plasmar todo esto en un plan de desarrollo a mediano plazo, digamos de cinco a siete años, con objetivos de progreso medibles, y cuya implementación y coordinación esté a cargo de un grupo de servidores públicos profesionales en conjunto con representantes del sector privado.

Finalmente, al cabo de cinco o siete años el plan se debe revisar, determinar que funcionó y que no, que hizo falta y que sobró, e identificar que actividades no generaron la actividad económica esperada y redirigir recursos de esas actividades a otras más productivas.

Si no hacemos esto seguiremos tratando los síntomas del paciente, pero no la causa subyacente de la enfermedad.  Y eso es lo que está preocupando a los mercados. Que no tenemos un plan, ni una estrategia para crecer la economía. Estamos trabajando con la fiebre, pero no estamos mirando dónde está la infección, dónde está el problema verdadero que tenemos que resolver.

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Analizando el CAFR

 

Tomada de donlinscott.com

Tomada de donlinscott.com

 

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El gobierno de Puerto Rico publica anualmente un informe con sus estados financieros consolidados.  Este informe, conocido comúnmente por sus siglas en ingles como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report), es preparado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y auditado por una firma de auditores externos.  La versión más reciente tiene fecha de 16 de septiembre de 2013, cubre el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2012, y fue auditado por la firma Deloitte & Touche LLP.

Organización de los Estados Financieros del Gobierno

En términos generales, los estados financieros del gobierno consisten de tres componentes básicos:

(1)  los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements);

(2)  los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements); y

(3)  las notas a los estados financieros.

Los estados financieros de las actividades gubernamentales, a su vez, contienen dos tipos de informes:

(1)  el Estado de Situación del Patrimonio Neto (Statement of Net Assets (Deficit)), que es análogo al estado de situación (balance sheet) de una entidad privada; y

(2)   el Estado de Resultados (Statement of Activities), que es análogo al estado de ganancias y pérdidas (income statement) de una entidad privada.

Cada uno de estos informes—el Estado de Situación del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados—a su vez, contiene secciones separadas para tres tipos diferentes de actividades gubernamentales.

Estas actividades consisten:

Primero, de las actividades medulares del gobierno, que son las actividades que comúnmente se asocian con la gestión del gobierno central en áreas tales como educación, seguridad pública, salud, y vivienda, entre otras.  Estas actividades se financian en gran medida con impuestos y fondos federales.

A las actividades tradicionales del gobierno central se le incorporan las actividades de cuatro entidades legalmente independientes que, debido a la naturaleza de su relación con el gobierno central y la sustancia de sus operaciones, se consideran para propósitos contables como parte del gobierno central (Blended Component Units). Estas cuatro entidades son: la Autoridad de Edificios Públicos, el residuo de las Navieras de Puerto Rico (Puerto Rico Maritime Shipping Authority), la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (“COFINA”), y el Fideicomiso de los Niños.

La segunda categoría consiste de actividades de naturaleza comercial (Business Type Activities) que lleva a cabo el gobierno central.  En este renglón se incluyen los resultados de las operaciones del fondo del seguro por desempleo y de las loterías estatales.

La tercera categoría consiste de entidades legalmente independientes del gobierno central y que comúnmente se conocen como corporaciones públicas (Component Units).  Esta categoría incluye los resultados de las operaciones de 49 entidades gubernamentales, seis de las cuales se desglosan por separado debido a su importancia: el Banco Gubernamental de Fomento; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico.  Los resultados de las otras 43 entidades se presentan de manera consolidada.

A continuación presentamos los hallazgos principales del CAFR año fiscal que terminó el 30 de junio de 2012 con relación al gobierno central y las corporaciones públicas.

Gobierno Central

Estado de Situación

El Estado de Situación de las operaciones medulares del gobierno central de Puerto Rico (excluyendo las operaciones del seguro por desempleo y las loterías) nos dice que al 30 de junio de 2012, éste tenía activos de $15,048 millones y obligaciones de $55,048 millones, lo que resulta en un patrimonio neto de negativo $40,000 millones.

Esto en comparación con activos de $13,966 millones y obligaciones de $48,474 millones, lo que generó un patrimonio neto de negativo $34,508 millones para el año fiscal 2011.  Por tanto, la deficiencia acumulada aumentó por unos $5,492 millones, equivalente a un 16% durante ese periodo.

De acuerdo con la nota 3(c) a los estados financieros, unos $33,200 millones de la deficiencia acumulada al 30 de junio de 2012 son producto de la emisión de deuda.  Esta situación surge de la práctica del gobierno de Puerto Rico de emitir deuda al nivel central y entonces transferirle los fondos a otras entidades gubernamentales (incluyendo municipios) para el financiamiento de mejoras permanentes y cubrir ciertas necesidades operacionales.  Como resultado de esa transferencia de fondos, el gobierno central se queda con la obligación en sus libros pero el activo correspondiente aparece en los libros de la entidad a la cual se le transfirieron los fondos.

Es importante reseñar que el déficit en el patrimonio neto del gobierno se ha más que duplicado en el periodo entre el 2006 y el 2012, aumentando aproximadamente $23,000 millones durante ese periodo.  Este aumento se debe principalmente a la emisión de deuda por COFINA, cuyas obligaciones al 30 de junio de 2012 sumaban $16,100 millones.  Los fondos producto de esas emisiones se utilizaron para financiar gastos operacionales, pagar deuda que no tenía fuente de repago identificada, y para otros usos.  La práctica de incurrir obligaciones a largo plazo para saldar gastos corrientes, en vez de financiar mejoras permanentes, resulta en un aumento neto en la deficiencia acumulada ya que no existe ningún activo con cual parear la obligación financiera incurrida a largo plazo.  Esto constituye una de las prácticas más dañinas a la administración prudente de las finanzas públicas de Puerto Rico.

El resto del déficit en el patrimonio neto se debe a la acumulación de deficiencias operacionales a través de los años.

Estado de Resultados

Por otro lado, el Estado de Resultados demuestra que las operaciones del gobierno central (incluyendo las cuatro entidades incorporadas) durante el año fiscal 2012 costaron $21,108 millones, mientras que los recursos disponibles totales (productos del fondo general, de fondos federales y de otras transferencias) sumaron $15,616 millones, resultando en un déficit de $5,492 millones.  Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos $1,957 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012 estaría rondando aproximadamente los $3,535 millones.

Esto en comparación con el Estado de Resultados para el año fiscal 2011 que demuestra que las operaciones del gobierno central (incluyendo las cuatro entidades incorporadas) para ese año costaron $19,279 millones, mientras que los recursos disponibles totales (fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,995 millones, resultando en un déficit de $3,283 millones.  Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos 1,807 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2011 fue de aproximadamente $1,476 millones.

Corporaciones Públicas

Estado de Situación

El Estado de Situación consolidado de las corporaciones públicas refleja que al 30 de junio de 2012, éstas contaban con activos consolidados de $60,304 millones y con obligaciones de $51,400 millones, resultando en un patrimonio neto consolidado de positivo $8,903 millones.

Esto en comparación con el Estado de Situación consolidado de las corporaciones públicas al 30 de junio de 2011, el cual refleja que éstas contaban con activos consolidados de $58,612 millones y obligaciones de $49,070 millones, resultando en un patrimonio neto consolidado de positivo $9,542 millones.

Es importante señalar, sin embargo, que 14 corporaciones públicas reportaban un patrimonio neto negativo (sus obligaciones excedían sus activos) al 30 de junio de 2012, incluyendo corporaciones tan importantes como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y la Compañía de Turismo.

Estado de Resultados

Finalmente, el Estado de Resultados consolidado de la corporaciones públicas refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $583 millones durante el año fiscal 2012.  Llaman la atención las pérdidas registradas por la Autoridad de Carreteras ($363 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($346 millones); y el Banco Gubernamental de Fomento ($63 millones).

Esto en comparación con el Estado de Resultados consolidado de la corporaciones públicas al 30 de junio de 2011, el cual refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $1,343 millones durante el año fiscal 2011.  Llaman la atención las pérdidas registradas durante ese año por la Autoridad de Carreteras ($409 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($272 millones); la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ($112 millones); y la Administración de Seguros de Salud ($30 millones).

Conclusiones

Un análisis objetivo de este informe nos lleva a concluir que la base fiscal de nuestro sistema socioeconómico se ha erosionado y continúa erosionándose significativamente.  El gobierno central y algunas corporaciones públicas se encuentran básicamente insolventes.

En nuestra opinión, sería un error responsabilizar a una administración o partido en especifico por esta situación ya que ésta es el producto de décadas de mala administración, de la politización indebida de la gestión pública, y de la utilización inadecuada de soluciones temporales para atender problemas recurrentes.

Tenemos un gobierno caro, disfuncional, al borde de la quiebra, infectado por la corrupción, y que no satisface las necesidades del pueblo de Puerto Rico.  De cara al futuro, necesitamos comenzar un proceso serio de análisis y de introspección colectiva, sin engañarnos a nosotros mismos.  El primer paso en ese análisis sería reconocer que el orden socioeconómico actual ha llegado claramente a su fin, y todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere, o se atreve, a hablar de ello. Es hora de que comience el diálogo.

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El peso de las corporaciones públicas

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Por: Sergio M. Marxuach

De acuerdo con los documentos del presupuesto recomendado para el año fiscal 2014, Puerto Rico cuenta actualmente con 51 corporaciones públicas que se estima generen $9,235 millones de “ingresos propios” para financiar sus operaciones.  En la práctica, sin embargo, muchas de estas corporaciones reciben subsidios, directos o indirectos, del Fondo General, del Banco Gubernamental de Fomento o de otras corporaciones públicas.

Recientemente, la precaria situación financiera de varias de estas entidades ha sido objeto de debate público, entre ellas la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Energía Eléctrica (la “AEE”) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (“AAA”).

En específico, el aumento en la factura de la AAA ha generado mucha controversia. Este aumento se debe principalmente a (1) la eliminación del subsidio anual que recibía la AAA del Fondo General; (2) la obligación incurrida en el 2006 de hacer una serie de inversiones de capital durante los próximos 15 a 20 años para cumplir con los requisitos del Clean Water Act federal; y (3) el aumento significativo en los costos de la energía eléctrica que la AAA utiliza para correr sus operaciones. READ MORE

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