Estado de excepción

Por: Jennifer Wolff

Decía hace un tiempo Efrén Rivera Ramos, catedrático de Derecho, que uno de los peligros de los tiempos de crisis es la rapidez con que se implantan los estados de excepción: se imponen medidas draconianas, se menoscaban conquistas sociales, y se suspenden derechos fundamentales. Lo peor, decía Efrén, es que esos estados de emergencia – instaurados en ocasiones irreflexivamente – terminan siendo constitutivos de un nuevo orden en el que la ausencia de lo que se ha cedido, descartado, o perdido se acepta como una nueva normalidad.

Esa sabia reflexión tiene hoy gran vigencia, no solo en términos de los derechos civiles y el bienestar social, sino en términos de la planificación económica que, aún en medio de la crisis fiscal, tiene que hacerse de cara al futuro. Si hay algo que debemos sacar de esta coyuntura es la posibilidad de enderezar los entuertos que nos han llevado al desastre y construir sobre tierra firme los fundamentos de un andamiaje productivo duradero. No habría peor cosa que, por pura desesperación, las medidas que tomemos ahora nos lleven a seguir chapaleteando mañana en la misma marisma donde andamos enredados hoy.

Hace apenas dos meses se aprobó la Ley de Alivio Energético pero ésta se ha quedado empantanada en el laberinto de la crisis fiscal. No es solo que la Comisión Reguladora de Energía no ha sido creada todavía – dejando en suspenso la reforma tarifaria, la búsqueda de tecnologías alternativas, y la planificación a largo plazo del sistema – sino que la aprobación reciente de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y la Recuperación de las Corporaciones Públicas plantea la posibilidad de que los vientos de reforma se desinflen, y en aras de un estado de excepción, sean echados a un lado. READ MORE

Estados financieros del ELA

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El gobierno ha publicado recientemente el informe anual con sus estados financieros consolidados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades y a la omisión de algunas secciones. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2014 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

1. Organización de los Estados Financieros del Gobierno

En términos generales, los estados financieros del gobierno consisten de cuatro componentes básicos:

(1) los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements);
(2) los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements);
(3) los estados financieros de los fondos fiduciarios (Fidiciary Fund Financial Statements) ;y
(4) las notas a los estados financieros.

Los estados financieros de las actividades gubernamentales, a su vez, contienen dos tipos de informes:

(1) el Estado de Situación del Patrimonio Neto (Statement of Net Position), que es análogo al estado de situación (balance sheet) de una entidad privada; y
(2) el Estado de Resultados (Statement of Activities), que es análogo al estado de ganancias y pérdidas (income statement) de una entidad privada.

Cada uno de estos informes—el Estado de Situación del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados—a su vez, contiene secciones separadas para tres tipos diferentes de actividades gubernamentales.

Estas actividades consisten:

Primero, de las actividades medulares del gobierno, que son aquellas que comúnmente se asocian con la gestión del gobierno central en áreas tales como educación, seguridad pública, salud, y vivienda, entre otras. Estas actividades se financian en gran medida con impuestos y fondos federales.

A las actividades tradicionales del gobierno central se le incorporan las actividades de seis entidades legalmente independientes que, debido a la naturaleza de su relación con el gobierno central y la sustancia de sus operaciones, se consideran para propósitos contables como parte del gobierno central (Blended Component Units). Estas seis entidades son: la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, el remanente de las Navieras de Puerto Rico, COFINA, el Fideicomiso de los Niños y el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales.

La segunda categoría consiste de actividades de naturaleza comercial (Business Type Activities) que lleva a cabo el gobierno central. En este renglón se incluyen los resultados de las operaciones del fondo de seguro por desempleo, la lotería adicional, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, el Fondo para el Control de la Contaminación del Agua (Puerto Rico Water Pollution Control Revolving Fund) y la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1.

La tercera categoría consiste de entidades legalmente independientes del gobierno central y que comúnmente se conocen como corporaciones públicas (Component Units). Esta categoría incluye los resultados de las operaciones de todas las corporaciones públicas, seis de las cuales se desglosan por separado debido a su importancia: el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico. Los resultados de las otras entidades se presentan de manera consolidada.

A continuación presentamos los hallazgos principales de los estados financieros para el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

2. Gobierno Central

A. Estado de Situación

El Estado de Situación de las operaciones primarias del gobierno central de Puerto Rico (excluyendo las operaciones de tipo comercial) nos dice que al 30 de junio de 2013, éste tenía activos de $14,439 millones y obligaciones de $61,756 millones, lo que resulta, después de algunos ajustes, en un patrimonio neto de negativo de $47,212 millones. Esto representa un aumento en el déficit acumulado de $5,382 millones, o un 13%, en relación con el déficit de $41,830 millones reportado año anterior (pág. 9).

De acuerdo con la nota 2 a los estados financieros, unos $35,800 millones de la deficiencia acumulada al 30 de junio de 2012 son producto de la emisión de deuda. Esta situación surge de la práctica del gobierno de Puerto Rico de emitir deuda al nivel central y entonces transferirle los fondos a otras entidades gubernamentales (incluyendo municipios) para el financiamiento de mejoras permanentes y cubrir ciertas necesidades operacionales. Como resultado de esa transferencia de fondos, el gobierno central se queda con la obligación en sus libros pero el activo correspondiente aparece en los libros de la entidad a la cual se le transfirieron los fondos. El resto del déficit en el patrimonio neto se debe a la obligación neta de pensiones y a la acumulación de deficiencias operacionales a través de los años.

B. Estado de Resultados

Por otro lado, el Estado de Resultados demuestra que las operaciones del gobierno central durante el año fiscal 2013 costaron $21,513 millones, mientras que los recursos disponibles totales (incluyendo el fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,884 millones, resultando en un déficit de $5,629 millones, que se reduce a $5,383 millones después de tomar en consideración otras transferencias de $246 millones. (pág. 11) Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos $2,009 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2013 estaría rondando aproximadamente los $3,374 millones.

Esto en comparación con el Estado de Resultados para el año fiscal 2012 que demuestra que las operaciones del gobierno central para ese año costaron $21,178 millones, mientras que los recursos disponibles totales (fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,475 millones, resultando en un déficit de $5,703 millones, que se reduce a $5,497 millones después de tomar en consideración otras transferencias de $206 millones. Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos $1,971 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012 fue de aproximadamente $3,526 millones.

3. Corporaciones Públicas

A. Estado de Situación

El Estado de Situación consolidado de las corporaciones públicas refleja que al 30 de junio de 2013, éstas contaban con activos consolidados de $56,631 millones y con obligaciones de $45,115 millones, resultando en un patrimonio neto consolidado, después de varios ajustes, de positivo $9,826 millones. Esto representa una reducción de $1,063 millones en el patrimonio neto de las corporaciones públicas, o un 9.7%, en relación con el patrimonio neto de $10,890 millones reportado año anterior. (pág. 24)

Es importante señalar, además, que 9 corporaciones públicas reportaban un patrimonio neto negativo (sus obligaciones excedían sus activos) al 30 de junio de 2013, incluyendo corporaciones tan importantes como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, y la Compañía de Turismo (pág. 77).

B. Estado de Resultados

Finalmente, el Estado de Resultados consolidado de la corporaciones públicas refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $1,063 millones durante el año fiscal 2013. Esta cifra representa un aumento de $480 millones, o un 82%, en comparación con las pérdidas agregadas de $583 millones reportadas por las corporaciones públicas el año anterior. Llaman la atención las pérdidas operacionales registradas durante el año fiscal 2013 por la Autoridad de Carreteras ($140 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($275 millones); y el Banco Gubernamental de Fomento ($121 millones).

4. Conclusión

La fría lógica de la aritmética contable simplemente confirma la experiencia cotidiana de miles de puertorriqueños: tenemos un gobierno caro, disfuncional, al borde de la quiebra, infectado por la corrupción, y que no satisface las necesidades del pueblo de Puerto Rico.

Si de verdad queremos arreglar esta situación necesitamos emprender un proceso serio de análisis y de reflexión colectiva, sin engañarnos a nosotros mismos. El primer paso en ese análisis sería reconocer que el orden socioeconómico actual ha muerto y el nuevo no ha nacido aún. Algo que todo el mundo sabe, pero parece que nadie quiere hablar de ello.

Esta columna fue publicada originalmente el 20 de julio de 2014 en el periódico El Nuevo Día.

 

El presupuesto y el becerro de oro

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El Centro para una Nueva Economía lleva ocho años analizando el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico. Sin duda, el presupuesto recomendado para el año fiscal 2015 es el más complicado que hemos examinado. La metáfora que utilizaría para describir este presupuesto sería una bizantina telaraña, tejida por algún personaje fantástico ideado por Borges o Cortázar, a través de la cual se conectan múltiples impuestos nuevos, dudosos ahorros y etéreas medidas de “eficiencia” gubernamental.

El lado de los recaudos incluye un enjambre de medidas impositivas nuevas, muchas de ellas no recurrentes, que se han diseñado a última hora con poco análisis y menos estudio, para “cuadrar” el presupuesto. Para ser justos, el gobierno ha anunciado una abarcadora reforma contributiva para finales de este año. Habrá que esperar hasta entonces para analizar más a fondo el sistema impositivo del país.

Por el lado de los “ajustes” se han incluido medidas que resulta difícil categorizarlas como “recortes o ahorros”. Por ejemplo, $267 millones que serán “aportados por entidades fuera del fondo general”, en realidad ciertas corporaciones públicas, para cubrir gastos del gobierno central. Eso no es un ahorro, eso es un financiamiento disfrazado.

El espectáculo de ver a tantos oficiales gubernamentales corriendo de un lado para otro, improvisando para lograr ese elusivo “cuadre” presupuestario, nos hace pensar que hemos perdido de vista algunos principios fundamentales. El presupuesto asigna los recursos financieros que aportamos todos para lograr una determinada concepción del bien común. ¿Quién, en medio de este caos, está pensando en lograr ese bien común? READ MORE

Puerto Rico Drops to Level Unprecedented for Bonds: Muni Credit

Photographer: Nikki Kahn/The Washington Post via Getty Images Tourists meander through Old San Juan in Puerto Rico.


No state or city with a credit rating as low as Puerto Rico’s has been able to access bond markets since at least 1990, a situation that may cut off the lifeblood of the commonwealth’s finances.

On July 1, Moody’s Investors Service cut the island’s rating to B2, five steps below investment grade. No local government has borrowed at that level, according to data compiled by Bloomberg. Prices on its general-obligation debt yesterday plummeted to record lows.

“They’re done,” said Matt Dalton, chief executive officer of White Plains, New York-based Belle Haven Investments, which oversees $2.1 billion in munis. “They’re not going to be issuing any more debt on the island. I don’t see how they can bring people back to the trough at this point.”

Puerto Rico and its agencies have operated for years on borrowed money — racking up $73 billion, Bloomberg data show — and Wall Street made $910 million since 2000 by structuring its debt sales. If the government can’t sell bonds at affordable rates, it will have to curtail services for its 3.6 million residents, 45 percent of whom live in poverty. READ MORE

Puerto Rico’s Indebted Power Utility Adds to Island’s Problems

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity.

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity. Credit Dennis M. Rivera-Pichardo for The New York Times


Puerto Rico’s electrical utility is running out of money and time to negotiate a deal with its lenders, part of a broad reckoning for an island that relies on Wall Street to finance some of its most basic functions.

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million to Citigroup over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity. It is also uncertain whether the authority will be able to renew a $550 million credit line from Scotiabank for fuel purchases, people briefed on the matter said.

With the power authority’s lenders growing increasingly skittish, analysts and investors expect the utility will be forced to restructure its debts to avoid crippling power shortages for Puerto Rico’s 3.6 million residents.

The likelihood of a restructuring increased after Gov. Alejandro Garcia Padilla hurriedly signed a new law into effect over the weekend allowing public corporations like the power authority to seek protection similar to what bankruptcy provides. Representatives for Citigroup and Scotiabank declined to comment.

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Empeora la crisis

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La degradación de ayer de Moody’s representó para los economistas la bancarrota de Puerto Rico y su cierre en los mercados de capital, también coincidieron en que la nueva ley de reestructuración de deuda fue el detonante

economia
Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Las casas acreditoras volvieron a propinarle ayer otro contundente golpe a Puerto Rico, luego de que Moody’s Investor Service rebajó a un nivel más profundo del grado especulativo o ‘chatarra’ los bonos de las obligaciones generales del Estado Libre Asociado (GOs, por sus siglas en inglés), así como las responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras corporaciones públicas, en una medida que tendrá graves consecuencias contra unos $61,000 mil millones de deuda pública.

La histórica determinación aplicó también a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad  de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Incluso la entidad señaló que la perspectiva del país es negativa, por lo que podrían producirse en cualquier momento degradaciones adicionales.

Esta degradación, que recuerda el deterioro progresivo de la caída económica de Grecia, se efectúa a escasos cuatro meses de la primera degradación de los GOs y apenas cuatro días de las casas acreditadoras haber degradado los bonos de las corporaciones públicas  y por segunda ocasión consecutiva los bonos de la AEE. Tras la degradación,  el valor de bonos de los GO’s cayó en un 5%, colocándose entre los 84.5 centavos de dólar y los 87.5 centavos de dólar.

Moody’s Investors rebajó los GOs en tres escalafones de Ba2 a B2, afectando a 14.4 mil millones de bonos, lo que significa que no es un inversión deseable y de alto riesgo. Mientras, en cuanto a las agencias estatales y empresas públicas se afectan cerca de 46 mil millones de bonos, “incluyendo 15.6 mil millones en bonos senior y subordinados emitidos por el impuesto a las ventas de Cofina, que, respectivamente, se redujo a Ba3 y B1”, señaló el informe. READ MORE

Quiebra criolla viabiliza venta de activos o desmantelamiento de corporaciones públicas

noticel

Por: Laura M. Quintero
Publicado: 27/06/2014 05:32 am

El futuro de las corporaciones públicas que se acojan a la nueva Ley para renegociar sus deudas millonarias con los acreedores está lleno de variables. Pero lo que está definido es que la estructura operacional de las corporaciones cambiará drásticamente al facilitar que vendan o arrienden sus activos a otras entidades del gobierno o a manos privadas.

Los directores de la AAA, Alberto Lázaro, y de la AEE, Juan Alicea, con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila. (Josian Bruno/NotiCel)

Las corporaciones que se encuentren en estado de insolvencia tendrán a su disponibilidad distintos recursos para cumplir con el pago de sus obligaciones, sin que se afecten los servicios. Permite, por ejemplo, la venta y el arrendamiento de cualquiera de los activos, como pudieran ser las plantas productoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a otras entidades públicas o privadas que se comprometan ante el juez designado, a mantener el ofrecimiento de los servicios públicos.

Si bien las corporaciones ya tenían la facultad de crear Alianzas Público-Privadas, como las que concedió la Administración Fortuño en el aeropuerto internacional, el peaje Teodoro Moscoso y las carreteras PR-22; esta Ley facilita ese tipo de transferencias a través de un “proceso estructurado y expedito” en el Tribunal, según el economista Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Marxuach comentó, sin embargo, que es improbable que la negociación requiera de una venta o privatización parcial. “Dudo que se llegue a ese tipo de remedio. Creo que la mayoría de los bonistas preferirían renegociar los términos (de la deuda), en vez de correr el riesgo de comenzar desde cero con unos dueños nuevos”, reaccionó, en referencia a la negociación del principal, interés y término de años de la deuda.

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Presupuesto

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Por: Jennifer Wolff

Cuadrar el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico se ha convertido en un ejercicio similar al de Sísifo, aquel personaje mitológico condenado a cargar un enorme peñón hasta el tope de una montaña por toda la eternidad. Hay que reconocer el esfuerzo por cortar grasa y buscar ingresos con el propósito de reestablecer (aunque sea un poquito) la confianza de las firmas acreditadoras en nuestra capacidad para poner la casa en orden. Sin embargo, a pesar de los avances en indicadores muy importantes, la magnitud de la meta de balancear el presupuesto parece rebasar los esfuerzos por alcanzarla.

Todos los años el Centro para una Nuevo Economía (CNE) analiza el presupuesto gubernamental utilizando 10 variables. En muchos, ha habido logros significativos: el presupuesto consolidado para el 2015 será apenas .9% mayor que el del 2011, mientras que los ingresos del Fondo General habrán logrado incrementarse por poco más de 23%. La proporción del Fondo General destinada a pagar la nómina habrá disminuido significativamente (de 45% en 2011 a un 36% para el 2015); el uso de fondos no-recurrentes para cuadrar el presupuesto se habrá reducido dramáticamente (de 15% este año fiscal a menos del 6% el próximo); y la magnitud del déficit estructural se habrá recortado en la monumental proporción de 54% en apenas cuatro años (la mayor parte entre el año fiscal que termina ahora y el próximo que comienza: un verdadero tratamiento de ‘shock’).

Sin embargo, a pesar de la creciente (y tortuosa) disciplina fiscal, la meta de lograr que el presupuesto quede balanceado estructuralmente – esto es, que los gastos correspondan estrictamente a los ingresos recurrentes en los que se puede depender año tras año – parece ser (como para Sísifo) una meta cada vez más inalcanzable. El CNE calcula que para el próximo año fiscal el déficit estructural estará todavía en el orden de $ 578 millones. La razón es que el espiral de endeudamiento de estas décadas fue monumental: desde el 2000 hasta el 2014, la deuda pública creció 200%, mientras que el Producto Nacional Bruto creció apenas un 75%. READ MORE

Eliminar el crédito por trabajo pudiera aumentar el desempleo

noticel

Por: NotiCel
Publicado: 23/06/2014 07:00 pm

La eliminación del Crédito por Ingreso Devengado pudiera redundar en un aumento del desempleo y de la brecha de desigualdad en Puerto Rico, al afectar a casi medio millón de trabajadores que viven del salario mínimo o que reciben ingresos muy bajos.

(Archivo NotiCel)

La mayoría de las personas que trabajan por el salario mínimo viven bajo los niveles de pobreza. El crédito, creado en 2006, permite que aquellos trabajadores que devengan ingresos menores a $27,500 anuales reclamen un crédito reembolsable en su planilla de hasta $450. Para cientos de familias puertorriqueñas este reembolso es significativo, pues representaba el pago de la energía eléctrica, el agua, la casa, la escuela de sus hijos o la gasolina. Para alguien de salario mínimo representa dos semanas de trabajo.

En momentos en que el Centro para la Nueva Economía (CNE) iba a analizar el programa con la intención de que se aumentara el crédito para lograr que más trabajadores se insertaran en la economía formal, el Gobierno tomó la ruta contraria para ahorrar $124 millones del presupuesto del próximo año fiscal.

“En un momento tan crítico, en el que queremos y necesitamos fomentar la participación laboral en la economía formal, eliminar este crédito es contraproducente. Sería un incentivo más para dejar de trabajar y acogerse a las ayudas y asistencia gubernamental”, resaltó el director de política pública del CNE, Sergio Marxuach.

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Saber para transformar

lupa

Por: Mari Mari Narváez

Tómese un minuto para imaginar su vida a ciegas: tratando de armar un presupuesto que no le alcanza porque le está cediendo gran parte de sus ingresos a la gente que se supone le pague a usted. Usted no sabe cuánto está perdiendo, sólo le consta que es una gran tajada de dinero que debía recibir y no recibe. Imagine también que usted desconoce los detalles de los contratos que rigen su vida, sus propiedades y obligaciones. Se casa con alguien o compra una casa pero ni sabe a qué se está comprometiendo. Piense que usted un buen día recibe por herencia una deuda millonaria. No sabe cómo ni por qué sus parientes engordaron semejante factura pero ahora tiene que pagarla. Imaginemos más. Vislumbre un escenario en el que usted contrata a una compañía de seguridad pero, a la hora de rendirle un informe, la empresa se niega a decirle cuántas veces tuvo que intervenir con personas que se aparecieron a robar en su casa y qué medidas emplearon contra ellas.

Esto puede parecer cosa de locos pero no lo es. Resulta que así vivimos en Puerto Rico. Con una cierta noción de que ‘sabemos’ mucho pero, en efecto, con un acceso muy restringido a la información sobre nuestro gobierno. Información que, por definición, tendría que ser pública. Porque nos pertenece.

Una de las razones principales por las cuales la Policía de Puerto Rico está en sindicatura federal es porque tiene deficiencias muy serias en el ejercicio de la transparencia con la ciudadanía. Este es un ejemplo emblemático de la falta de acceso a la información en Puerto Rico. Sin embargo, existen muchos más. READ MORE

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