(In) Seguridad Económica

Por: Jennifer Wolff

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Hace poco el académico norteamericano Michael Sherraden decía que Estados Unidos enfrenta un enorme reto de imaginación. Sherraden es un estudioso de la pobreza, la inseguridad económica, y los programas de apoyo a las familias de escasos recursos, y su reflexión se produjo al pasar revista sobre los enormes costos humanos que la recesión de 2007 tuvo y sigue teniendo sobre los pobres, los trabajadores, y los hogares de ingresos bajos norteamericanos. Para éstos, la nueva configuración de la economía ha dejado un nefasto legado de desigualdad, inseguridad e inmovilidad que obliga a replantear no solo cómo se piensa en la precariedad económica, sino cómo se conforman los programas de asistencia social, y a quienes se dirigen.

Su diagnóstico resulta muy apropiado para Puerto Rico, donde el deterioro de los últimos ocho años – durante los cuales la economía se ha reducido en un 12%, los activos financieros han decrecido por $ 67,000 millones, y al menos 125 mil puestos de empleo se han perdido – ha tenido repercusiones particularmente agudas para muchas familias.

El concepto de inseguridad económica

Las nuevas realidades implican que es preciso pensar en nuevas formas de atajar la precariedad económica de sectores cada vez más amplios. Si bien el concepto de ‘pobreza’ se refiere a la incapacidad de una familia de generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades mensuales, el concepto de ‘inseguridad’ incorpora otras variables.

Por ejemplo, muchas familias trabajadoras – trabajadores estacionales, empleados a tiempo parcial, o trabajadores en la economía informal – enfrentan fluctuaciones en sus ingresos, lo que los coloca en la difícil posición de no poder cubrir sus necesidades en periodos particulares del año. Estas familias usualmente recurren al endeudamiento para mantenerse a flote, lo que complica su panorama económico al largo plazo. En otros casos, los hogares generan ingresos estables pero a niveles tan bajos que apenas cuentan con recursos para enfrentar un imprevisto: la súbita pérdida de un trabajo o el advenimiento de una enfermedad puede generar una catástrofe económica. Estas familias viven en un estado de inseguridad financiera crónica, un concepto que se refiere a la ausencia de ahorros o activos líquidos suficientes para vivir y cumplir con sus obligaciones durante al menos tres meses en caso de una emergencia.

Se estima que el 45% de la población de Estados Unidos (casi la mitad de la población) vive en ese estado permanente de inseguridad económica. Las cifras son particularmente dramáticas si se considera que el 15% de la población norteamericana vive bajo el nivel federal de pobreza en términos de ingreso: al introducir el concepto de inseguridad económica la población que vive precariamente se triplica.

En Puerto Rico, donde la tasa de pobreza en términos de ingreso es de 45% (esto es, tres veces mayor que en Estados Unidos) puede pensarse que el nivel de vulnerabilidad económica abarca sectores aún más amplios de la población. Según la Encuesta de las Finanzas de los Hogares en Puerto Rico desarrollada por el Centro para una Nueva Economía, tanto como el 38% de los hogares carece de una cuenta bancaria, fundamentalmente porque carece de dinero suficiente para depositar. Y entre aquellos que cuentan con una cuenta de cheques o ahorros, la mediana tiende a estar en los cientos de dólares, una cantidad que difícilmente puede brindar estabilidad económica en caso de emergencia.

Un vuelco a los programas de apoyo

¿Cómo brindarle entonces seguridad económica a los sectores más vulnerables? Tradicionalmente, los programas de asistencia social se han enfocado en suplementar el ingreso de la población bajo el nivel de pobreza. Este enfoque asegura sus necesidades de consumo pero perpetúa su pobreza: los programas penalizan a aquellos que trabajan o ahorran porque los beneficios se eliminan o se reducen dramáticamente cuando la persona logra ahorrar más de $2,000 o aumenta su ingreso. Más aún, este tipo de programa obvia amplios sectores de ingresos bajos que aunque no están bajo el nivel estadístico de pobreza viven en estado de vulnerabilidad económica.

¿Qué opciones hay? Estudios recientes señalan que es preciso fomentar la acumulación de activos entre las personas de bajos ingresos. Hay tres medidas que pueden constituir la zapata de una plataforma de estabilidad y seguridad económica:

Primero: Reformular los programas de asistencia social (PAN y TANF, por ejemplo), a fin de que se eliminen las penalidades al trabajo y al ahorro y se incentive la auto-suficiencia. En Estados Unidos, 36 estados han eliminado los límites de activos para los recipientes del Programa de Asistencia Nutricional.

Segundo: Reinstaurar el Crédito por Ingreso Devengado, un crédito contributivo reembolsable para los trabajadores de bajos ingresos que fue eliminado del Código Contributivo local en junio pasado. El CID (EITC en inglés, Earned Income Tax Credit) es una de las medidas contributivas más importantes que pueden implantarse para incentivar el trabajo en la economía formal, reducir la regresividad de los impuestos sobre el consumo, y sentar las bases para la acumulación de activos en los sectores de bajos ingresos. El EITC es considerado como una de las iniciativas anti-pobreza más importantes de Estados Unidos: existe un programa federal (que no aplica a Puerto Rico), mientras que 26 estados incluyendo la capital federal, han implantado sus propios programas. En Puerto Rico, el Crédito por Trabajo tuvo apoyo bipartita – fue aprobado por la administración Acevedo Vilá y ampliado por la administración Fortuño – hasta su reciente eliminación. Casi medio millón de trabajadores de bajos ingresos (prácticamente la mitad de la fuerza laboral) participaba del programa.

Tercero: Fomentar las Cuentas Individuales de Desarrollo y Cuentas de Desarrollo Infantil para personas de bajos ingresos (Individual Development Accounts/IDAs, y Children’s Development Accounts/CDAs). Estas son cuentas suplementadas con fondos federales, estatales y dinero privado de fundaciones, corporaciones y entidades sin fines de lucro – que parean los depósitos que hacen los participantes, quienes deben comprometerse a utilizar los ahorros para fines educativos, comprar una residencia o capitalizar un pequeño negocio.

Entonces, si la realidad nos obliga a hacer cambios y tenemos opciones ¿por qué no aceptamos la invitación de Sherraden y dejamos volar la imaginación?

La autora es Directora de Programas del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 12 de octubre de 2014.

Palabras pobres

Por: Nydia Suárez Marín

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Foto por F.H. Wadsworth del International Institute of Tropical Forestry, U.S. Forest Service, Rio Piedras, Puerto Rico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay palabras que se quedan cortas para representar su significado. Sobre todo en tiempos cambiantes. Pobreza es una de ellas.

Resulta complicado debatir sobre el pobre o la pobreza cuando quienes participan en el diálogo público y sus respectivas audiencias posiblemente no han ajustado sus imágenes mentales a nuevos parámetros y marcos de referencia.

Tal vez por eso es que se ha polarizado la discusión sobre quiénes son los pobres en Puerto Rico y quiénes tienen o no derecho a hablar del tema. Y a lo mejor esta violencia verbal que hemos observado en los dimes y diretes sobre la pobreza pueda ser la gran oportunidad para redefinir bajo los estándares actuales lo que quiere o no quiere decir ser pobre. O mejor aún buscar parámetros que definan mejor la realidad de Puerto Rico sobre la pobreza. READ MORE

Impuestos

Por: Miguel A. Soto Class

Tengo un amigo que dice que las elecciones se deben celebrar el 16 de abril. Según él, ese es el mejor día pues los votantes tienen fresco en sus mentes lo que tuvieron que pagar en impuestos, lo cual pone en severo relieve la relación ciudadano/ gobierno y la importancia de votar. No me imagino que habrían muchas administraciones que revalidarán bajo ese sistema.

Desde hace tiempo Puerto Rico necesita reestructurar su Código de Rentas Internas, una maraña sedimentada de impuestos, sobretasas, exenciones, y deducciones que no recauda lo que tiene que recaudar y no fomenta lo que tiene que fomentar. Ahora, para que la Reforma cumpla con su cometido – para que sirva para apuntalar las finanzas del País, fomentar la inversión, e incentivar el trabajo y el ahorro – tiene que cumplir con unos preceptos básicos.

Primero, la reforma debe ser profunda, de gran alcance, e incluir todos los componentes: las contribuciones sobre ingresos de los individuos y las corporaciones, los arbitrios, los impuestos a las ventas y los impuestos a la propiedad.

Segundo, es importante expandir la base contributiva, dejando a un lado las exclusiones, créditos y exenciones que hacen del sistema uno sumamente complejo. Esta maraña de excepciones no solo produce efectos imprevistos para el fisco – con el resultado de que Hacienda nunca sabe a ciencia cierta cuanto va a recaudar – sino que provoca múltiples distorsiones en el proceso decisional de las empresas al asignar e invertir capital.

Tercero, para hacer que más gente y más corporaciones le paguen al fisco, es importante reducir las tasas. Las tasas altas provocan que los contribuyentes – individuales y corporativos – hagan lo indecible por evadir el pago de impuestos, legal o ilegalmente. En la actualidad, muchas empresas optan por comprar créditos contributivos para descontarlos en la planilla; muchos profesionales prefieren cobrar en efectivo para reportar menos ingresos; y muchos trabajadores deciden “buscárselas” en la economía informal. Es por esto que la base contributiva del País se ha vuelto cada vez más endeble, y el fisco cada vez más raquítico.

Cuarto, es importante simplificar el sistema. El que tenemos es complicado, injusto e ineficiente, y casi imposible de fiscalizar.

Habiendo dicho esto, es importante resaltar otros dos elementos: la importancia de mantener el requisito sobre la radicación de planillas; y la necesidad de implantar medidas que compensen la regresividad de lo que se espera sea un impuesto al consumo más alto que el que tenemos ahora.

La radicación de planillas – aún en el caso de individuos exentos de pagar contribuciones – es un elemento importante para la contabilidad y la transparencia del sistema, y aún más para el funcionamiento ciudadano. Si lo que buscamos es motivar a que más personas entren la actividad económica formal, y contar a la vez con data robusta para formular buena política pública, no podemos implantar una medida que desaparecerá del radar contable a miles de individuos.

Asimismo, aumentar el peso de los impuestos al consumo requiere un delicado acto de balance fiscal, no sea empujemos a la precariedad a miles de contribuyentes de escasos recursos. Estos gastan buena parte de sus ingresos en necesidades básicas – sobre las que pagan IVU – y sufragan impuestos federales tales como Seguro Social y Medicare. Para lograr este balance, entendemos que es importante reintroducir el “crédito por trabajo”, un crédito reembolsable para los trabajadores de bajos ingresos. El mismo no solo funciona como un atenuante de la regresividad de los impuestos al consumo, sino que estimula el trabajo porque depende de que la persona cuente con un trabajo en la economía formal y radique su planilla.

Finalmente, propongo que empecemos a llamar las cosas como son. Lo que le pagamos al gobierno no son contribuciones pues no es voluntario. Nos lo imponen y por lo tanto lo debemos llamar por su nombre: impuestos.

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 24 de septiembre de 2014.

Ahorro, endeudamiento y activos

Por: Sergio Marxuach. Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía.

En años recientes, numerosas personalidades académicas, políticas y del sector privado, basándose en nuevas teorías sobres los efectos sociales positivos del ahorro, han clamado por una reorientación del debate sobre el bienestar social (welfare) y los programas de beneficencia en los Estados Unidos y otras naciones industrializadas.

Temprano en la década de los noventa, diversas comunidades académicas comenzaron a desarrollar un nuevo paradigma enfocado en el ahorro y la acumulación de activos para analizar y atender temas importantes como la pobreza y autosuficiencia.

Los nuevos enfoques se basan en una creencia firme de que los programas y estrategias actuales han logrado muy poco cuando tomamos en consideración las vastas cantidades de fondos invertidos y la perenne existencia de problemas socioeconómicos como la alta incidencia de pobreza en el caso de Puerto Rico.

Según el análisis académico, muy pocas personas han salido de la pobreza gastando sus ingresos. Aquellos que logran salir lo hacen ahorrando e invirtiendo para lograr metas a largo plazo. READ MORE

Cuesta arriba recuperar la confianza

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Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO –
Cerca de una década le tocará a Puerto Rico alcanzar un mejor grado de inversión, según el análisis del economista Sergio M. Marxuach, director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía (CNE).

Marxuach sostuvo que es muy difícil predecir  hasta cuándo se extenderá la recesión económica, no obstante al analizar las crisis de estados como Nueva York, Filadelfia y Washington, que tomaron aproximadamente seis años en recuperar su grado de inversión, entiende que a la Isla le podría tomar entre cinco a siete años más.

Destacó que al revisar la historia más reciente, la situación económica que vive la Isla se veía venir hace tiempo pero no se hizo nada para evitarlo, por lo cual no queda otra opción que pagar las consecuencias luego de varias décadas de mala administración.

Uno de los planteamientos señalados hace mucho tiempo por el CNE fue precisamente la situación de las corporaciones públicas, principalmente la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la cual entiende ha empeorado marcadamente su situación al no poder cumplir con sus bonistas por primera vez en su historia.
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Reforma contributiva (otra vez)

Balancing the Accounts

Por: Sergio M. Marxuach

A veces la vida en Puerto Rico me recuerda la película Groundhog Day (1993) protagonizada por el genial actor Bill Murray. En esa película el personaje principal vive atrapado en una especie de circuito cerrado en el tiempo y repite el mismo día, el 2 de febrero, una y otra vez. Eventualmente se desespera y hasta intenta suicidarse, solamente para despertar y comenzar el mismo día otra vez. Posteriormente, el personaje principal decide utilizar todo lo que ha aprendido sobre ese día para ayudar a otros y mejorarse a si mismo como ser humano, hasta que finalmente termina su estancamiento temporal.

Algunos profesores de filosofía interpretan la película como una alegoría sobre el estoicismo, y su axioma de vivir cada día como si fuera el último. De esa manera te aseguras de haber hecho el mayor bien posible antes de morir. Por otro lado, algunos teólogos la interpretan como una alusión al purgatorio, mientras que otros ven en ella una representación de la búsqueda de la excelencia en el contexto de la antigua tradición Cristiana/Aristoteliana. Incluso, algunos budistas la ven como una magistral interpretación de sus conceptos de desprendimiento de las cosas materiales y la reencarnación.

Estas elucubraciones surgen a raíz del anuncio de una “nueva reforma contributiva”, que será la cuarta que sufrimos desde 1994. Parece que a diferencia de Bill Murray en la película, en Puerto Rico somos como los ratones de laboratorio que siguen achocándose repetidamente con las paredes del laberinto en que se encuentran en vez de buscar otro camino.

Principios Básicos

Habiendo dicho eso, creemos que existe un consenso en Puerto Rico sobre la necesidad de implementar una reforma contributiva amplia y profunda. Una reforma de verdad. En nuestra opinión dicha reforma se debe regir por los siguientes principios básicos:

Primero, la reforma debe ser de gran alcance. Todos los componentes del sistema impositivo—impuestos sobre el ingreso, tanto a nivel corporativo como individual, arbitrios, impuestos sobre la venta, e impuestos sobre la propiedad—deben ser objeto de análisis y estudio. Se debe analizar el sistema completo para así evitar efectos imprevistos que suelen ser el producto de reformas parciales o incompletas.

Segundo, se debe expandir la base tributaria. Esto significa que muchos de esos créditos, deducciones, exclusiones y exenciones que han sido legislados a través del tiempo tendrán que ser eliminados. La legislación de todas esas ventajas contributivas ha resultado en un aumento en la complejidad del Código de Rentas Internas; la imposición de tasas marginales altas; y todo tipo de distorsiones en el proceso de asignación e inversión de capital.

Tercero, se deben reducir las tasas marginales. Las tasas impositivas altas ofrecen un incentivo poderoso para que las personas alteren su actividad económica y para que gasten una cantidad de recursos considerable para evitar legalmente (o evadir ilegalmente) el pago de impuestos. Una reducción significativa de las tasas marginales disminuye el incentivo para que las personas incurran en este tipo de comportamiento, y si esta reducción se complementa con la ampliación de la base contributiva discutida anteriormente, se podría generar un aumento en los recaudos.

Cuarto, todo esfuerzo de reforma contributiva debe tener como meta simplificar el sistema. El Código de Rentas Internas de Puerto Rico es complicado, injusto, y terriblemente ineficiente. Estos defectos obstaculizan los esfuerzos de administración y fiscalización, así como el cumplimiento con el mismo, y en el agregado estos defectos reducen la cantidad de recaudos generados por el sistema contributivo. Un código más simple, si se diseña correctamente, generaría costos más bajos de fiscalización y cumplimiento y recaudos más altos.

Contribuciones Individuales

En términos generales es difícil determinar si los cambios anunciados al sistema de contribuciones sobre individuos cumplen con los criterios estipulados anteriormente. Se ha hablado mucho en los medios de “eximir” a las personas con ingresos menores a $50,000. Sin embargo, no está claro si esa exención significa (1) que todos los que ganen menos de esa cantidad estarán exentos de pagar contribuciones sobre ingreso o (2) si la exención es solamente con respecto a la radicación de planillas y estas personas estarán sujetas a retención por el patrono.

Si la propuesta es que todos los que ganen menos de $50,000 no paguen nada a Hacienda (ojo: el patrono seguirá obligado a retenerle impuestos por concepto de Seguro Social y Medicare) varias preguntas de caen de la mata. Entre otras cosas nos gustaría saber ¿cómo se llegó a esta determinación?; ¿a cuanto subirá el IVU?; ¿qué pasará con los que ganan un poquito más de $50,000?; ¿cuál tasa les aplicará?; y ¿sí se mantienen las tasas preferenciales para el ingreso pasivo como dividendos, intereses, y ganancias de capital, por qué?

Si la propuesta es que esas personas no radiquen planillas, creemos que esa es una mala idea. Nos parece importante para el funcionamiento adecuado de una democracia que los ciudadanos mantengan algún tipo de vínculo o relación con el gobierno que los haga conscientes del dinero que cuesta proveer los servicios públicos y que aunque algunas personas no tendrán que contribuir directamente a través de impuestos sobre sus ingresos, muchos otros sí tendremos la obligación cívica de hacerlo. El salario de los maestros, policías, y enfermeras del Centro Médico no cae del cielo.

Preguntas Importantes

De los reportajes en la prensa se desprende que se estarán considerando enmiendas significativas a los impuestos corporativos, a los arbitrios, al IVU, y a la contribución sobre la propiedad. Pero, de nuevo, no está claro como se verán afectados cada uno de estos renglones. Si la propuesta es reducir significativamente las tasas impositivas sobre los ingresos y transferir el peso contributivo a otros impuestos, pues entonces nos preguntamos: ¿a cuánto tiene que subir el IVU o un nuevo Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para compensar la pérdida de recaudos que sufriría Hacienda?; ¿qué va a suceder con el arbitrio especial de la ley 154?; ¿cómo cambiarán los otros arbitrios?; ¿cómo se piensa enmendar el impuesto sobre la propiedad inmueble?; ¿se mantendrá la deducción por donativos caritativos y otras deducciones con un fin social?; ¿qué mecanismos se implementarán para atender el efecto desproporcionado, lo que los economistas llaman la regresividad, sobre las familias de bajos ingresos que tendría el aumentar el IVU/IVA a 10% o más?

Con respecto a esta última pregunta creemos que es importante reintroducir el crédito reembolsable por ingreso devengado que fue eliminado con el presupuesto para el año fiscal en curso. De acuerdo con un estudio que realizamos en el 2003, un crédito igual al 10% del ingreso devengado hasta un máximo de $1,500 y que se reduzca por una cantidad igual al 5% del ingreso ganado en exceso de $15,000, podría provocar la entrada de 20,000 trabajadores a la fuerza laboral, redundando en un beneficio para 160,000 familias y 289,000 niños, muchos de los cuales viven bajo los niveles de pobreza actualmente.

Recientemente hemos contratado al prestigioso Urban Institute para que nos ayude a actualizar ese estudio y diseñar un nuevo crédito por ingreso devengado para las familias de trabajadores pobres. Recuerden que aunque estas familias queden exentas del pago de contribuciones sobre ingresos, todavía pagarían impuestos federales sobre la nómina y un nuevo impuesto al consumo que estimamos sería de 10%, como mínimo, y estas familias consumen todo, o casi todo, su ingreso.

No Existen Soluciones Mágicas

Finalmente, la reforma contributiva, aunque importante, no es una varita mágica para restablecer el crecimiento económico. De hecho, contrario a la creencia popular, la noción de que el sistema impositivo puede usarse para estimular el crecimiento económico no ha sido comprobada definitivamente de manera empírica.

El profesor James Alm, en su contribución al informe CNE/Brookings, señala que una amplia bibliografía procura demostrar esta relación. Gran parte de esta bibliografía se concentra en la experiencia de los estados en Estados Unidos y trata de determinar si existe una conexión entre las políticas impositivas estatales y el crecimiento económico.

Estudios recientes sobre los efectos de los errores de estimación y las técnicas de estimación encuentran alguna conexión entre las variables de política fiscal y el crecimiento económico, pero los resultados no son muy sólidos. Por ejemplo, en algunos casos, se asocian recaudos fiscales estatales más altos con tasas de crecimiento menores y otras investigaciones han encontrado evidencia débil de que la combinación de impuestos (por ejemplo, una dependencia mayor de las contribuciones sobre ingresos o sobre los impuestos sobre las ventas) afecta el crecimiento económico de los estados.

Sin embargo, el consenso entre los expertos en el tema es que la relación entre las variables de política fiscal y el crecimiento económico es tenue y no es sólida ni robusta para todos los períodos de tiempo, métodos de estimación, o especificaciones. La mayor parte de los beneficios asociados con una reforma contributiva no se deben directamente al incremento de la actividad económica, sino que se derivan de la simplificación del sistema contributivo, lo que (1) reduce distorsiones en la asignación de recursos y capital; (2) facilita la administración y la fiscalización del sistema; y (3) elimina los incentivos para evitar o evadir la obligación impositiva.

Conclusión

En suma, creemos que es importante darle tiempo a los expertos de clase mundial que ha contratado el Departamento de Hacienda para que terminen su trabajo antes de comenzar a prometer villas y castillas como ya irresponsablemente lo han hecho algunos políticos de la Cámara de Representantes. Segundo, es imperativo que esta reforma contributiva se haga bien aunque se tarde más tiempo en entrar en vigor. No queremos tener que volver a la mesa de dibujo en 18 meses simplemente porque no pensamos bien las consecuencias de lo que estamos haciendo, como sucedió en gran medida con la flamante “patente nacional”. Y, finalmente, todavía nos hace falta obtener mucha información para poder determinar como la reforma contributiva propuesta afectaría a una “familia promedio.” Dicho de otra manera, no compre todavía esos pasajes a Disney, pensando en que va a tener más ingreso disponible porque las contribuciones bajarán el año que viene.

El autor es Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente el 14 de septiembre de 2014. 

“Superficial” la propuesta reforma contributiva

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Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

La reciente propuesta de Reforma Contributiva presentada en la Cámara de Representantes es “muy superficial”, según Sergio M. Marxuach, director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), quien la describió como un anuncio político para las gradas y no una propuesta seria de política pública.

“Sin una reforma a fondo se crean distorsiones enormes. Estamos conscientes que no es una solución mágica, sino una estrategia grande que una vez establecida tomará varios meses para estar boyante. El anuncio presentado recientemente fue uno político, sin sustancia, hay que ver los análisis de Hacienda y los demás expertos en contribuciones que trabajaron en ella para poder tener un análisis más informado”, sostuvo Marxuach.

El economista fue enfático en que dicha reforma se debe regir por varios principios básicos, como ser una de gran alcance, expandir la base tributaria, reducir las tasas marginales y simplificar el sistema.
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Transparencia

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Por: Miguel Soto Class

Recuerdo que fue durante mi época de universitario cuando me enfrenté por primera vez a una de esas curiosas idiosincrasias puertorriqueñas. En muchas ocasiones necesité estadísticas del gobierno para trabajos de investigación y – para sorpresa de pocos – generalmente me resultaba casi imposible obtenerlas. La agencia en cuestión rehusaba compartirlas, y en vez, contestaba mi pedido con la pregunta, “¿para qué tú quieres eso?”.

Siempre logré conseguirlas – por pala o por maña – pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que las agencias no tan solo no compartían las cifras cuando eran negativas: tampoco las compartían cuando eran positivas.

Entonces entendí que en Puerto Rico impera una cultura de secretividad. Uno puede entender que las administraciones públicas, por su componente político, traten de esconder sus fallas y realzar sus logros. Pero cuando aún esconden sus triunfos, y cuando la primera reacción de los funcionarios es de miedo y ocultación, sabes que te enfrentas a una cultura de opacidad y secretividad.

Para ser justos, debemos reconocer que esto no es sólo un problema del gobierno. En muchas ocasiones son los amigos de Wall Street quienes le exigen al gobierno mantener la secretividad de los acuerdos suscritos con ellos, pues no desean que nadie se entere o del trato preferencial que recibieron o del tumbe que dieron. Y típicamente, el gobierno es sumamente dócil ante ese requerimiento de opacidad.

Obviamente, no todo debe ser público. Hay cierta información que legítimamente debe ser confidencial: algunos asuntos de seguridad nacional, por ejemplo, información íntima de individuos o alguna información de negocios como lo podría ser la fórmula de productos, etc.

Pero en Puerto Rico mucha de la información crucial para la buena gestión gubernamental y la evolución de la política pública permanece enterrada en las tinieblas de la burocracia gubernamental. Nuestro gran reto es cómo movernos de una cultura de secretividad a una cultura de transparencia. Es algo muy difícil de lograr, que requerirá tiempo, gente e instituciones con la fuerza y el temple para mover al gobierno a ser más transparente. En la medida en que la ciudadanía exija más apertura, la norma – aunque sea forjada al son de los empujones de la opinión pública – será la de compartir información y ser más transparente.

Es importante señalar que la transparencia requiere no solo el acceso a documentos, datos e información sino que requiere también la capacidad de interpretarlos, evaluarlos y entenderlos, así como también la facultad para actuar sobre la información recibida. La transparencia es importante no tan solo para que el pueblo esté enterado y participe de la gestión gubernamental sino también para que los funcionarios sepan que serán evaluados y que sus acciones serán conocidas. Esto funciona como disuasivo a la corrupción y a la desidia burocrática, y provoca un mejor desempeño porque los funcionarios adquieren consciencia de que sus malos actos no permanecerán impunes.

Me alegró ver la semana pasada que la actual administración gubernamental decidió publicar el acuerdo suscrito entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus acreedores. En primera instancia, esta información es de naturaleza e interés público. En segundo lugar, el estado jurídico en Puerto Rico establece la presunción de que todo documento en poder de una autoridad gubernamental es público y, como tal, debe estar accesible a los ciudadanos. Es lamentable que el acuerdo no se haya hecho público desde el principio, y que tuviera que asomarse una demanda de otro grupo de acreedores para que el gobierno lo difundiera. Pero algo es algo.

Por lo menos evité tener que pedirlo, y que me respondieran, “¿para qué tú quieres eso?”

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente el 27 de agosto de 2014 en el diario El Nuevo Día.

 

 

Acuerdos de Confidencialidad

Por: Sergio M. Marxuach

Hace unos días nos enteramos, a través de un documento subrepticiamente colgado en la Internet, que después de negociaciones hasta las altas horas de la noche, y sabrá Dios de cuantos manejos arteros en cuartos oscuros, la AEE llegó a unos acuerdos con un grupo de bonistas, dos bancos comerciales, y con el Banco Gubernamental de Fomento para posponer ciertos pagos y enmendar los documentos que evidencian las obligaciones de la AEE con estos prestamistas, entre otras cosas. Se nos informa también que la AEE ejecutó varios acuerdos de confidencialidad y que los documentos evidenciando las enmiendas no se harán públicos.

¿Por qué el gobierno de Puerto Rico insiste en ocultarle información al pueblo?

Creo que parte de la repuesta la ofrece Friedrich Hayek en The Road to Serfdom cuando escribe que en los gobiernos con tendencias autoritarias “Toda información que pudiera causar duda sobre la sabiduría del gobierno, o que pueda crear descontento, le será negada al pueblo. La base de comparaciones poco favorables con condiciones en otros lugares, el conocimiento de posibles alternativas al curso tomado, cualquier información que pudiera sugerir el fracaso de parte del gobierno en cumplir sus promesas o de tomar ventaja de oportunidades para mejorar condiciones, todo esto será suprimido.” READ MORE

El informe de la Reserva Federal

Por: Sergio M. Marxuach

En el 2012 economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (conocido comúnmente como el Fed de Nueva York) publicaron un informe sobre la competitividad de la economía de Puerto Rico. Hace apenas unos días, el 31 de julio, el Fed de Nueva York publicó una actualización de ese informe. El informe más reciente ha sido prácticamente ignorado por el gobierno y la prensa local. Los pocos economistas que lo han comentado lo han despachado como un documento que no dice nada nuevo. Y eso es cierto, en parte. El informe, sin embargo, es importante por dos razones. Primero porque presenta un análisis de nuestra economía y de la situación fiscal del gobierno libre de la propaganda oficial y de la crítica politiquera usual. Segundo, el informe es importante también por sus silencios, por lo que no dice.

Sobre nuestra situación económica el informe es claro: la economía se encuentra en un estado de depresión y no hay señales que apunten a una recuperación significativa (pág. 3). La actividad económica, según medida por el Índice de Actividad Económica del Banco Gubernamental de Fomento, aumentó algo a finales del 2012 pero recientemente se ha debilitado. Mientras, el empleo se ha reducido por 10% entre el 2006 y el 2010 y se ha mantenido estancado desde entonces (pág. 5).

El informe enfatiza la reducción de la población de la isla, que ha disminuido de 3.8 millones en el 2004 a 3.6 millones en el 2013, una reducción de 212,000 personas, o un 5.5%, durante ese periodo. Más aún, la proyección para el 2014 es que la población se reduzca por un 0.65% adicional, una de las contracciones más pronunciadas en el mundo (pág. 6). READ MORE

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