Temen un apocalipsis fiscal en el BGF
Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El riesgo de insolvencia que encara el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es el resultado de haber utilizado esa dependencia como una chequera para pagar por la mala administración de las corporaciones públicas, agencias y municipios, y la falta de una reglamentación adecuada.
Y esa chequera, al parecer, se quedó sin fondos.
Según Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía, y Antonio Fernós Sagebién, profesor de Finanzas para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de producirse el colapso del agente fiscal del Gobierno, Puerto Rico vería una reducción dramática en la posibilidad de acceder a capital e, incluso, encarar una degradación crediticia en cadena en todas las corporaciones públicas y hasta en las obligaciones generales del Gobierno central.
“El Gobierno perdería su flexibilidad para financiarse”, dijo Marxuach.
A través del BGF, las agencias, corporaciones públicas y municipios obtienen préstamos o líneas de crédito para pagar por carreteras, escuelas, centros comunales. Además, a través del BGF, las distintas dependencias públicas pueden acceder al mercado de bonos para financiar sus distintos proyectos de inversión o mejoras capitales.
“Tengo esperanza de que se tomen las medidas apropiadas”, comentó Ferrer a El Nuevo Día. Anteriormente, Ferrer había señalado la debilidad financiera del BGF, pero no fue hasta esta semana que dijo explícitamente a la Legislatura que, si el BGF no logra recobrar lo que ha prestado en los pasados años, a partir de julio próximo esa dependencia podría verse impedida de allegar dinero a Puerto Rico como lo ha hecho por casi 50 años.
“No es justo que el consumidor puertorriqueño termine pagando los platos rotos por deficiencias multianuales (en las corporaciones públicas) y que el BGF tenga que entrar a pagar por esas ineficiencias”, dijo Ferrer.
Obsesión con el crédito
Puerto Rico, por tener autonomía fiscal, tiene en el BGF un vehículo para acceder a financiamiento que no se encuentra en ningún estado de los Estados Unidos, explicó Marxuach.
Pero según el investigador, alejarse del objetivo de promover financiamiento a ciertas actividades económicas y de financiar proyectos de inversión, para dedicarse a cubrir con préstamos el déficit de agencias, corporaciones y municipios, ahora le ha puesto en precario. Esa práctica, agregó, comenzó para la década de 1980.
Más recientemente, la Administración de Seguros de Salud tomó prestados $186 millones para pagar la reforma de salud, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas tomó prestado otros $20 millones, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura recibió otro financiamiento por $35 millones.
En total, a junio del 2012, el BGF tenía préstamos por cobrar de $8,374 millones.
De todos los deudores, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) le debe $2,100 millones y, de no producirse un pago en 60 días o un mecanismo para que pueda efectuarse una emisión de bonos a nombre de la ACT, el BGF no podrá otorgar más financiamientos.
De acuerdo con Marxuach y Fernós Sagebién, no es la primera vez que el BGF ha estado en aprietos y, en buena parte, ha sido para atender problemas externos.
Para la década de 1990, el BGF respondió por los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuando esa corporación no podía pagarlos. A principios de la década del 2000, se extrajeron $1,000 millones de su capital para el Programa de Comunidades Especiales.
En el 2011, el Gobierno entró a rescatar la Autoridad de los Puertos por segunda ocasión y, en el caso de la ACT, cubre sus gastos operacionales desde hace cuatro años.
También ha tenido que financiar al sector privado con programas como el bono para la compra de vivienda, que le dejó con pérdidas de $17 millones, y proyectos hoteleros que ocasionaron otros $200 millones en pérdidas.
Para cubrir todo ello, el BGF ha tomado prestado por sí mismo casi $10,000 millones y esa cifra solo abarca desde el 2009.
Según Fernós Sagebién, el BGF sería un banco fallido si tuviera que establecer reservas tal y como requieren los reguladores a un banco comercial. Un banco está obligado a separar una parte de su capital para protegerse en caso de que no se le pague un préstamo.
“El BGF nunca toma una pérdida por un préstamo”, dijo el académico, al agregar que ello no sería aceptable en ningún examen de auditoría.
Y así lo indicó el auditor Deloitte & Touche y lo reseñó El Nuevo Día, en febrero pasado, cuando la firma advirtió que el BGF podría quedar insolvente. “El Banco ha tenido, a través de los últimos años, que utilizar su capital para financiar al Gobierno central, a las corporaciones públicas y municipios de cara a una economía que no ha crecido con la fortaleza que todos queremos que crezca”, dijo Ferrer.
“El Banco es como Atlas (el personaje de la mitología griega) y en sus hombros siempre ha estado aguantando al Gobierno y sus componentes. Pero ahora el peso se hace difícil y las rodillas comienzan a temblarle”, aceptó el banquero, al insistir en que ya logran avances. Entre estos, un alza en tarifas para allegar dinero a la AAA y la reciente cancelación de parte de la deuda de Puertos, tras la cesión del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a un consorcio privado.
Budget will cover cash shortfall, economic development initiatives
At least $1.64 billion in new tax measures being considered to pay for it all; increased tariffs also on the horizon
Gov. Alejandro García Padilla is expected to present to the Legislature tonight a budget that aims to make up for shortfalls in government revenue and cover the cost of campaign pledges and new initiatives, including heightened efforts aimed at creating jobs and jumpstarting the stagnant economy.
A series of new tax measures will be implemented to pay for the bigger budget, but government officials insist they are keeping spending under control. The García Padilla administration proposals total $1.64 billion, but the Legislature is also proposing several other fee and tax hikes, which could push this figure up even higher.
Office of Management & Budget Executive Director Carlos Rivas Quiñones said the budget figure may have a “substantially higher dollar” amount than the current budget, but added that it would be “misleading” to assume the administration would be spending more money than this year. Rather, the budget will accurately reflect the government’s total liabilities, something that the budget inherited from the previous administration didn’t do, he said. READ MORE
Igualitos
Miguel A. Soto Class
Llevamos ya quince años desde que se fundó el Centro para una Nueva Economía, y desde el principio estamos escuchando al gobierno de turno decir que mantengamos la tranquilidad, que no nos preocupemos por el confiscatorio costo de energía pues ya se han tomado los pasos necesarios para que en dos o tres años baje la factura de luz. Va y viene la administración de turno, y el costo en vez de bajar como prometieron, sigue subiendo. Y la promesa ahora es que el costo de la luz bajará en el 2018.
Mientras tanto nos mantienen distraídos, tirándonos bolas de humo de que el problema es el costo del petróleo, o de que el problema es la UTIER, o de que el problema es el hurto de energía, pero que ahora sí van a reformar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pues esta vez es en serio. ¿Cuántos años más vamos a permitir que nos engañen? READ MORE
La crisis como detonante para la concertación social
¿Es posible una concertación social en Puerto Rico?
NotiCel
Por: Ely Acevedo Denis
Publicado: 01/03/2013 09:00 pm
Para que Puerto Rico pueda balancear los distintos intereses e implementar una concertación social, hace falta que los distintos sectores tenga la flexibilidad de sentarse a negociar y ceder en algunos aspectos.
Así lo estableció José Antonio Ocampo, director y profesor de Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York: ese pacto social no es otra cosa que un acuerdo entre el Gobierno y los sectores empresariales y sociales del país.
José Antonio Ocampo, director y profesor de Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Sin embargo, fue enfático en que la clave de estos acuerdos es que “sobrepasan las visiones políticas de los gobiernos de turno”.
Para Ocampo, el Gobierno no esta ahí para imponer su agenda política sino para facilitar que los distintos sectores lleguen a los puntos de encuentro. El Gobierno debe mostrarse abierto a evaluar alternativas, que no ha pensado.
“El Gobierno, a mi juicio, tiene que ser el líder del proceso, pero el gobierno no puede ser para imponer su agenda, porque esa es la ruta al fracaso. Está en el Gobierno buscar dónde existen los puntos de encuentro“, determinó.
Ocampo hizo un repaso de las estrategias llevadas a cabo por países como Irlanda y España, en este proceso de concertación social.
¿La concertación es posible en Puerto Rico?
Puerto Rico, actualmente, enfrenta varios desafíos económicos, políticos y sociales, que van desde la caída del Producto Interno Bruto, hasta el problema fiscal en el Gobierno, y se le añade la crisis en los Sistemas de Retiro, y las desigualdades sociales.
“Ustedes tienen una de las tasas de empleo más bajas del mundo, y unos niveles de pobreza y desigualdad social altos”, apuntó Ocampo.
Ocampo planteó que Puerto Rico tiene que resolver el problema del status político, para ver de que manera se puede obtener más autonomía económica. Y es que aspectos como la Ley de Cabotaje, la materia tributaria o conceptos de regulaciones salariales, pudieran ser atendidos.
Pero esa autonomía no implica que la Isla tenga su propia política monetaria, señaló Ocampo.
El panorama de Puerto Rico no es todo oscuro; entre las fortalezas de la Isla, Ocampo resaltó el sistema educativo y las posibilidades de ampliar operaciones en América Latina.
En resumen, entiende que en el país existen las condiciones para dar paso a una concertación, pero tal vez no hubo iniciativa para hacerlo.
Ocampo fue el orador principal de la Conferencia Económica del Centro para la Nueva Economía (CNE), efectuada en el Hotel Condado Vanderbilt.
Para ver la presentación del CNE sobre concertación social pulse aquí.
CNE propone “concertación social” para salvar Retiro
- 5 de Marzo de 2013
- Joel Cintrón Arbasetti
- Centro de Periodismo Investigativo (CPI)
El mismo día en que el Centro para una Nueva Economía (CNE) presentaba su propuesta para enfrentar, de manera colectiva, la crisis del Sistema de Retiro del País, funcionarios del equipo financiero del Ejecutivo se reunían a puerta cerrada con las casas clasificadoras en Nueva York en busca del aval al plan oficial para resolver el problema del fondo de las pensiones de empleados públicos.
Sin embargo, a juicio de Sergio Marxuach, director de política pública del CNE, la crisis del Sistema de Retiro del gobierno es de tal magnitud que “ningún partido o facción política en Puerto Rico tiene ahora mismo el poder o la autoridad para imponer una solución unilateral a este problema. Y me temo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno y creo que no va a acabar bien si sigue por este camino”.
Para Marxuach, es un error que el gobierno presente a las casas clasificadoras un plan sin consultarlo con los pensionados, a los líderes de las uniones de empleados públicos, y a la Asamblea Legislativa a quien le tocará legislar las medidas. Con Marxuach coincide el presidente de la Asociación de Pensionados de Puerto Rico, Roberto Aquino, quien en entrevista con Noticel catalogó como un proceso “unilateral” la ponderación del paquete de medidas gubernamentales.
Contrario a estas formas de accionar del gobierno, en su Conferencia Económica Anual 2013, el CNE propuso un método de trabajo multisectorial, conocido como “concertación social”. “Es un modelo de gobernanza, es decir, un modelo de gobernar que puede suplementar y en algunos casos hasta sustituir la democracia participativa tradicional que tenemos en Puerto Rico”, explicó Marxuach.
“El objetivo específico es lograr un acuerdo conocido como pacto social. El pacto social es un contrato formal de políticas públicas anunciado públicamente, un proceso público, transparente, abierto, sobre asuntos tales como leyes laborales, reformas de pensiones, niveles de inversión pública y privada, política industrial, impuestos, contribuciones, políticas de bienestar social y otro tipo de política amplia con miras a reducir la exclusión y minimizar la desigualdad. Esta definición excluye expresamente declaraciones o pactos puramente ceremoniales o simbólicos y acuerdos informales o formales negociados en privado entre alguna organización y el gobierno”, abundó Marxuach.
Toda vez que esto nunca se ha puesto en práctica en Puerto Rico, la sugerencia del CNE es que se empiece con un tema importante que esté relativamente delimitado. “La crisis del Sistema de Retiro es un tema lo suficientemente importante para el primer proceso de concertación social en Puerto Rico”, propuso.
Este proceso se llevó a cabo con relativo éxito en países de Europa, Latinoamérica y el Caribe. Marxuach dio como ejemplo que en la década de 1990 España, Italia, Irlanda, Portugal, Finlandia, Holanda y Bélgica llevaron a cabo pactos amplios que cubrieron temas de salarios, impuestos, reforma laboral y red de apoyo social. Entre los ejemplos latinoamericanos se cuentan los pactos para combatir la inflación, como el Pacto de Solidaridad Económica de México en 1987 y el Consejo Nacional Laboral de Colombia convertido en Ley en 1996. Como un acuerdo político de mayor alcance habló de Los Pactos de la Moncloa de 1977, acuerdos que se llevaron a cabo durante la transición a la democracia española luego de la dictadura franquista. En cada uno de estos países el rol del gobierno fue determinante para que cada concertación lograra sus objetivos.
En cuanto a la situación actual de Puerto Rico, el CNE considera que los jugadores que tendrían que sentarse en la mesa de la concertación serían el gobierno, los representantes de los pensionados, los representantes de las uniones de empleados públicos, además de recursos de la sociedad civil como académicos, economistas y recursos de las compañías de seguro que tenga experiencia en estudios actuariales.
“El objetivo sería elaborar un plan para los sistemas de retiro. Ese plan tiene que tener dos condiciones. Tiene que ser viable financieramente, que lo podamos pagar y que a la misma vez cumpla con las obligaciones de pensiones. Y tiene que tener credibilidad política, el apoyo de los partidos políticos y de los grupos sociales que se van a ver afectados”, dijo Marxuach.
El director de política pública del CNE advirtió que, de llegarse a un pacto, este sería un plan a largo plazo que debería durar por lo menos 30 años. Añadió, que con acuerdos unilaterales lo único que pudiera suceder es un backlash (retroceso) social, “especialmente si las soluciones son todas del lado financiero y nos olvidamos del lado político”.
Las medidas presentadas la semana pasada por el gobierno para resolver la crisis del Sistema de Retiro incluyen:
- Eliminación de pensión de mérito: sólo aquellos participantes elegibles para retirarse con una pensión por mérito en o antes del 30 de junio de 2013 podrán retirarse con la misma.
- Incremento de la edad de retiro: de 58 a 65 para empleados bajo Ley 447, de 65 a 67 para quienes participan de la Ley 1. Para quienes estén empleados bajo la Reforma del 2000, la edad de retiró aumentará de 60 a 70 años.
- Policías y bomberos de 50 años de edad o de cualquier edad con 30 años de servicio, se retirarían al cumplir 58.
- El paquete incluye además, reducción en el bono de Navidad y en la aportación al plan médico, entre otras medidas.
En el informe donde se resumen estas propuestas, titulado Rescatando los Sistemas de Retiro de Puerto Rico, el discurso del Estado es que “las decisiones del pasado han sido las causas principales de la crisis actual. Gran parte del problema que enfrentan los Sistemas se remonta a incrementos en la estructura de beneficios que se han hecho en el pasado, sin identificar los recursos necesarios para sufragar el costo de incrementos”.
Marxuach esbozó las consecuencias de las acciones pasadas: “Puerto Rico no puede cumplir ahora mismo con todas las obligaciones o con todo lo que ha prometido a la ciudadanía, a los bonitas y a los pensionados con los recursos disponibles. Tenemos que reestructurar significativamente nuestra economía o reestructurar las obligaciones, o ambas, para poder cumplir y manejar nuestra economía de una manera sostenible”.
En términos similares se expresó Miguel A. Soto-Class, presiente del CNE, quien sostuvo que “el gobierno es una institución de mucha importancia pero ya no podemos permitir que siga siendo el protagonista de nuestra vida colectiva”.
Adelantó que el CNE está preparado para la creación de un nuevo modelo económico para Puerto Rico que, según dijo, es el proyecto más importante y ambicioso que se han propuesto. “Será una combinación de estudio y acción desde una perspectiva de crecimiento y equidad”.
En la conferencia, donde además se celebró el decimoquinto aniversario del CNE, participó como orador principal José Antonio Ocampo, profesor, ex Ministro de Hacienda en Colombia y director de la Concertación sobre Desarrollo Económico y Político en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Sobre la situación local, Ocampo manifestó que Puerto Rico presenta problemas serios de reestructuración productiva y un problema fiscal coyuntural y estructural. Asimismo, señaló que la deuda del Producto Interno Bruto tenderá a agudizarse debido a la alta tasa de envejecimiento que existe en la Isla. A Ocampo también le llamó la atención el bajo empleo masculino y la alta desigualdad en el País.
Estos problemas posiblemente eran evidentes para quienes estaban presentes en la Conferencia que se llevó a cabo en el hotel Vanderbilt en Condado, pero entre el público surgieron expresiones de desaprobación a las observaciones de Ocampo cuando éste enumeró lo que considera “fortalezas y oportunidades” para Puerto Rico. Entre éstas mencionó el sistema legal y financiero de Estados Unidos y la relación de comercio con aquel País, la cual incluye flujos fiscales y libre movilidad de mano de obra. El profesor también consideró que tanto la infraestructura como el sistema educativo de Puerto Rico son de una “relativa calidad”. No obstante, reconoció las restricciones en materia de instrumentos de política económica, como el hecho de que no exista una política monetaria ni de comercio exterior y márgenes fiscales escasos o inexistentes.
¿Concertación?
Por Miguel A. Soto Class
http://www.elnuevodia.com/voz-concertacion-1457121.html
La palabra se ha puesto de moda: “concertación” para atajar la crisis fiscal del Gobierno, “concertación” para atender la debacle de los sistemas de retiro, “concertación” para abordar el desastre en los servicios públicos. Casi se ha convertido en un refrán, una especie de poción mágica que todo el mundo receta para cualquier problema o dificultad.
Sin embargo, encaminar un verdadero proceso de concertación que culmine en soluciones compartidas a nuestros múltiples desplomes sistémicos y estructurales es un reto a la misma vez difícil, pero impostergable. Ningún partido o facción en Puerto Rico tiene ni la fuerza ni el capital político necesario para imponer soluciones unilateralmente. Y la implantación por la fuerza de medidas traumáticas no tiene sentido para un país abrumado que está agobiado por la desintegración de su fibra social y política. Por lo tanto, a pesar de la urgencia, hay que preguntarse si la concertación -como proceso cívico, social y político- es verdaderamente posible en Puerto Rico. ¿Tenemos -cada uno de nosotros, y los grupos que representamos- la madurez, la entereza, la fortaleza que hace falta para convertir este proceso en realidad? READ MORE
Un experimento de inversión social
TANQUE DE IDEAS
Por Nuria Ortiz Vargas
Los problemas serios y complejos requieren soluciones innovadoras. En Puerto Rico, el aumento en las necesidades sociales ha coincidido con un empobrecimiento de los servicios gubernamentales. La precaria situación fiscal ha hecho que muchos programas dirigidos a grupos marginados hayan sufrido recortes presupuestarios. Cada vez más, la gestión pública es gerencia de crisis. La magnitud de los problemas que enfrentamos requiere enfoques transformadores que permitan proveerle servicios a la ciudadanía de la manera más eficiente a un costo menor al erario.
En Inglaterra y Estados Unidos han comenzado a germinar algunas iniciativas innovadoras que aspiran a proveer financiamiento privado para los programas sociales, mejorar sus resultados y reducir los costos del gobierno. Los bonos de impacto social son programas en los que el gobierno contrata a organizaciones, y les paga solamente si producen resultados medibles y significativos. READ MORE
Los nuevos pobres del país
martes, 19 de febrero de 2013
Leysa Caro González / lcaro@primerahora.com
Ya no hay de dónde recortar. Simplemente, no lo hay.
Pedirle a una familia con un ingreso promedio de $30,000 anuales –en el caso de Puerto Rico, resulta ser la mayoría de la clase trabajadora– que recorte sus gastos mensuales es como “pedirle peras al olmo”, tal y como dice el conocido refrán.
Y es que la clase trabajadora del país ya no tiene de dónde recortar para poder enfrentar la difícil situación económica que se acrecenta con la ristra de aumentos que trae consigo el 2013. Primero, el agua. Luego, la luz, y por ahí vinieron otros. Que si la gasolina, los alimentos, los sellos y los servicios postales… y los que aún estarán por llegar.
“Pueden tratar de reducir el consumo, mirar las prioridades, pero la realidad se impone. Llevamos cuatro años diciéndoles a las personas qué pueden hacer para recortar sus gastos, pero ya no es viable ninguna recomendación porque es que ya lo están haciendo todo”, advirtió la economista Marta Quiñones.
Y aunque no hay estadísticas que precisen cuántos trabajadores se encuentran en o bajo el nivel de pobreza actualmente, el 18.5% de los trabajadores del país en el 2007 componía dicho renglón para un total de 208,691 empleados, de los cuales, el 64% era hombres, según lo recopiló el estudio Los trabajadores pobres: la situación y las posibles soluciones en Puerto Rico, del Centro para la Nueva Economía.
De los 208,691 trabajadores, un total de 134,222 eran empleados a tiempo completo. Estos contaban con 35 o más horas semanales.
Se trataba, además, de personas mayores de 16 años y que trabajaron por 27 semanas o más durante un periodo de un año, pero aun así permanecen en la pobreza, pues no solo el dinero no les da para cumplir con sus compromisos económicos, sino que no cualifican para ningún posible subsidio gubernamental.
No se puede obviar que la mayoría de estos trabajadores están regidos por el salario mínimo federal, que es de $7.25 la hora.
“Mi impresión es que la coyuntura económica actual podría estar influyendo en un aumento de esa tasa de trabajadores pobres”, planteó Deepak Lamba, investigador del CNE y quien trabajó en el mencionado estudio.
Esta posibilidad le hace pensar a Lamba, quien también es estudiante doctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en el hecho de que ninguna de las recomendaciones planteadas en el estudio han sido implementadas.
Para Lamba, una de las mayores fallas radica en que las administraciones gubernamentales no toman en consideración al pueblo a la hora de tomar decisiones. “Las medidas que se están llevando a cabo para enfrentar el problema fiscal están obviando la complejidad del mundo laboral puertorriqueño”, sostuvo.
La situación es tan delicada que, según otro estudio del CNE realizado por la economista María Enchautegui, el 18% de los participantes trabaja tanto en la economía formal como en la informal para empatar la pelea debido a que los ingresos no le dan.
“¿En qué forma con estas medidas estamos desincentivando el trabajo? No es que los puertorriqueños están sentados en sus casas esperando un cheque. Los puertorriqueños trabajan mucho, lo que pasa es que implica recortar unos ingresos, recibir unos recortes en ese ingreso bruto que no le sale a costa a muchas familias y se ven obligadas a dedicar parte al sector informal y salir a flote”, señaló.
Destacó que la creación de empleos no se debe medir por la cantidad, sino por la calidad del mismo. Y por “calidad” no solo se refiere al sueldo, sino a otra serie de beneficios que le permiten al empleado superarse.
“Es fundamental que existan sistema de apoyo como cuidos de buena calidad, que existan medidas para que se facilite la sindicalización de trabajadores. La historia no miente. En Estados Unidos, el crecimiento de la clase media norteamericana se dio, en gran medida, al apoyo de las uniones obreras y, en Puerto Rico, esa tendencia va en la dirección opuesta”, expresó.
Estas medidas no solo le darán la oportunidad al individuo de crecer profesionalmente, sino individualmente.
Los chavos no dan
Lamba enfatizó en el aspecto de que el salario mínimo federal, que es de $7.25 la hora, no es suficiente para que una familia promedio subsista. De ahí, la relevancia de las propuestas esbozadas en el estudio.
Resaltan los incentivos para los patronos que paguen salarios más altos que el mínimo, incentivar las cuentas de ahorro y desarrollo, subsidios para centros de cuido diurno, ayuda financiera para estudiantes no tradicionales y establecer reembolsos del impuesto sobre venta y uso (IVU), entre otros más.
“El IVU que paga una persona pobre por un pedazo de comida es el mismo que paga un millonario, ¿pero quién se ve más desfavorecido? El pobre, obviamente. Hay que crear un mecanismo para darle un crédito con la planilla. Eso ayudaría a aminorar el impacto de todas esas alzas que se están proyectando”, puntualizó.
“No estamos hablando de que son incentivos universales, sino a familias que trabajan a tiempo parcial y completo, que emiten planilla y que aún con ese trabajo no pueden salir de la pobreza… a esos hay que incentivarlos”, planteó.
Otra de las formas de, quizás, ayudar a la clase trabajadora pobre puede ser establecer el living wage a través de política pública, que no es otra cosa que un salario digno para que un trabajador pueda satisfacer las necesidades básicas por un periodo prolongado de tiempo.
Sería un salario que estaría por encima del salario mínimo federal. “Un salario mínimo no es suficiente para mantener una familia puertorriqueña. Todo depende del tamaño del hogar, del número de hijos”, señaló.
Al preguntarle sobre qué podría hacer una familia para aminorar gastos, enfatizó en por qué mejor no se les cuestiona al Estado y al sector privado: ¿qué puedes hacer para que esa familia lleve una carga menor? “La carga individual de muchas familias ha aumentado, pero la responsabilidad colectiva no. Le hemos exigido mucho al individuo…”, dijo.
Por su parte, la economista Quiñones fue más que clara en que ya las familias no tienen de dónde recortar para enfrentar las nuevas alzas. Simplemente ya viven al chavo. “Es hora de que el Estado busque la manera de cómo ayudar a la clase trabajadora, que está muy lacerada por la crisis económica que se ha vivido por los pasados años”, sentenció la experta.
CNE propone reestructurar la AEE
Para bajar el costo de electricidad
http://www.vocero.com/cne-propone-reestructurar-la-aee/
Para que exista un cambio real en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que baje el costo de la electricidad se necesita una reestructuración completa de la corporación pública que solo se dará por medio de un proceso de acción social concertado.
Representantes del Centro para la Nueva Economía (CNE) así lo explicaron durante la presentación a la Prensa de su plan ‘Repensando la AEE’, en el que se estipula que se debe modificar la gobernanza, para que exista una junta reglamentadora independiente, un cuerpo rector al que tengan que responder para que no se regulen a sí mismos, ni tengan el poder de reglamentar de manera arbitraria el mercado de la electricidad en Puerto Rico.
“Este es un asunto, un reto para Puerto Rico que hay que resolver ya. En la parte política también, porque de la única manera en que el Gobernador va a cumplir su promesa de crear 50 mil empleos es bajando el costo de la energía”, expresó Miguel Soto, director y miembro fundador de CNE.
Soto y Sergio Marxuach, el último director de Política Pública del CNE, entienden que este es solo el primer paso para abaratar los costos a mediano plazo, ya que no existe una “varita mágica” ni una solución simple que atienda el problema de lo que llamaron “un monopolio autoreglamentado”, para que se convierta en una entidad que responda a los mejores intereses del País y no de la corporación.
Los economistas mencionaron que además se debe establecer una equidad tarifaria, para que se facture lo que en realidad se consume y mayor eficiencia para reducir el robo de energía. También recomendaron que se cambie la composición de la Junta de Gobierno para que esté formada por un tercio de representantes del sector privado, un tercio del gobierno y otro de los empleados.
En el aspecto técnico, Marxuach recomendó que se deben eliminar las unidades obsoletas y cambiarlas por fuentes energéticas de gas natural y eventualmente combinar el gas natural con energía renovable.
Soto recalcó que por ignorancia, inercia e ideologías las personas en puestos de poder que pueden gestionar un cambio no lo hacen. Por eso lo importante es que el “sector ciudadano se ponga fuerte, y exija un cambio. Queremos provocar acción, una acción concertada”.
