Transparencia

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Por: Miguel Soto Class

Recuerdo que fue durante mi época de universitario cuando me enfrenté por primera vez a una de esas curiosas idiosincrasias puertorriqueñas. En muchas ocasiones necesité estadísticas del gobierno para trabajos de investigación y – para sorpresa de pocos – generalmente me resultaba casi imposible obtenerlas. La agencia en cuestión rehusaba compartirlas, y en vez, contestaba mi pedido con la pregunta, “¿para qué tú quieres eso?”.

Siempre logré conseguirlas – por pala o por maña – pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que las agencias no tan solo no compartían las cifras cuando eran negativas: tampoco las compartían cuando eran positivas.

Entonces entendí que en Puerto Rico impera una cultura de secretividad. Uno puede entender que las administraciones públicas, por su componente político, traten de esconder sus fallas y realzar sus logros. Pero cuando aún esconden sus triunfos, y cuando la primera reacción de los funcionarios es de miedo y ocultación, sabes que te enfrentas a una cultura de opacidad y secretividad.

Para ser justos, debemos reconocer que esto no es sólo un problema del gobierno. En muchas ocasiones son los amigos de Wall Street quienes le exigen al gobierno mantener la secretividad de los acuerdos suscritos con ellos, pues no desean que nadie se entere o del trato preferencial que recibieron o del tumbe que dieron. Y típicamente, el gobierno es sumamente dócil ante ese requerimiento de opacidad.

Obviamente, no todo debe ser público. Hay cierta información que legítimamente debe ser confidencial: algunos asuntos de seguridad nacional, por ejemplo, información íntima de individuos o alguna información de negocios como lo podría ser la fórmula de productos, etc.

Pero en Puerto Rico mucha de la información crucial para la buena gestión gubernamental y la evolución de la política pública permanece enterrada en las tinieblas de la burocracia gubernamental. Nuestro gran reto es cómo movernos de una cultura de secretividad a una cultura de transparencia. Es algo muy difícil de lograr, que requerirá tiempo, gente e instituciones con la fuerza y el temple para mover al gobierno a ser más transparente. En la medida en que la ciudadanía exija más apertura, la norma – aunque sea forjada al son de los empujones de la opinión pública – será la de compartir información y ser más transparente.

Es importante señalar que la transparencia requiere no solo el acceso a documentos, datos e información sino que requiere también la capacidad de interpretarlos, evaluarlos y entenderlos, así como también la facultad para actuar sobre la información recibida. La transparencia es importante no tan solo para que el pueblo esté enterado y participe de la gestión gubernamental sino también para que los funcionarios sepan que serán evaluados y que sus acciones serán conocidas. Esto funciona como disuasivo a la corrupción y a la desidia burocrática, y provoca un mejor desempeño porque los funcionarios adquieren consciencia de que sus malos actos no permanecerán impunes.

Me alegró ver la semana pasada que la actual administración gubernamental decidió publicar el acuerdo suscrito entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus acreedores. En primera instancia, esta información es de naturaleza e interés público. En segundo lugar, el estado jurídico en Puerto Rico establece la presunción de que todo documento en poder de una autoridad gubernamental es público y, como tal, debe estar accesible a los ciudadanos. Es lamentable que el acuerdo no se haya hecho público desde el principio, y que tuviera que asomarse una demanda de otro grupo de acreedores para que el gobierno lo difundiera. Pero algo es algo.

Por lo menos evité tener que pedirlo, y que me respondieran, “¿para qué tú quieres eso?”

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente el 27 de agosto de 2014 en el diario El Nuevo Día.

 

 

Acuerdos de Confidencialidad

Por: Sergio M. Marxuach

Hace unos días nos enteramos, a través de un documento subrepticiamente colgado en la Internet, que después de negociaciones hasta las altas horas de la noche, y sabrá Dios de cuantos manejos arteros en cuartos oscuros, la AEE llegó a unos acuerdos con un grupo de bonistas, dos bancos comerciales, y con el Banco Gubernamental de Fomento para posponer ciertos pagos y enmendar los documentos que evidencian las obligaciones de la AEE con estos prestamistas, entre otras cosas. Se nos informa también que la AEE ejecutó varios acuerdos de confidencialidad y que los documentos evidenciando las enmiendas no se harán públicos.

¿Por qué el gobierno de Puerto Rico insiste en ocultarle información al pueblo?

Creo que parte de la repuesta la ofrece Friedrich Hayek en The Road to Serfdom cuando escribe que en los gobiernos con tendencias autoritarias “Toda información que pudiera causar duda sobre la sabiduría del gobierno, o que pueda crear descontento, le será negada al pueblo. La base de comparaciones poco favorables con condiciones en otros lugares, el conocimiento de posibles alternativas al curso tomado, cualquier información que pudiera sugerir el fracaso de parte del gobierno en cumplir sus promesas o de tomar ventaja de oportunidades para mejorar condiciones, todo esto será suprimido.” READ MORE

El informe de la Reserva Federal

Por: Sergio M. Marxuach

En el 2012 economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (conocido comúnmente como el Fed de Nueva York) publicaron un informe sobre la competitividad de la economía de Puerto Rico. Hace apenas unos días, el 31 de julio, el Fed de Nueva York publicó una actualización de ese informe. El informe más reciente ha sido prácticamente ignorado por el gobierno y la prensa local. Los pocos economistas que lo han comentado lo han despachado como un documento que no dice nada nuevo. Y eso es cierto, en parte. El informe, sin embargo, es importante por dos razones. Primero porque presenta un análisis de nuestra economía y de la situación fiscal del gobierno libre de la propaganda oficial y de la crítica politiquera usual. Segundo, el informe es importante también por sus silencios, por lo que no dice.

Sobre nuestra situación económica el informe es claro: la economía se encuentra en un estado de depresión y no hay señales que apunten a una recuperación significativa (pág. 3). La actividad económica, según medida por el Índice de Actividad Económica del Banco Gubernamental de Fomento, aumentó algo a finales del 2012 pero recientemente se ha debilitado. Mientras, el empleo se ha reducido por 10% entre el 2006 y el 2010 y se ha mantenido estancado desde entonces (pág. 5).

El informe enfatiza la reducción de la población de la isla, que ha disminuido de 3.8 millones en el 2004 a 3.6 millones en el 2013, una reducción de 212,000 personas, o un 5.5%, durante ese periodo. Más aún, la proyección para el 2014 es que la población se reduzca por un 0.65% adicional, una de las contracciones más pronunciadas en el mundo (pág. 6). READ MORE

Estado de excepción

Por: Jennifer Wolff

Decía hace un tiempo Efrén Rivera Ramos, catedrático de Derecho, que uno de los peligros de los tiempos de crisis es la rapidez con que se implantan los estados de excepción: se imponen medidas draconianas, se menoscaban conquistas sociales, y se suspenden derechos fundamentales. Lo peor, decía Efrén, es que esos estados de emergencia – instaurados en ocasiones irreflexivamente – terminan siendo constitutivos de un nuevo orden en el que la ausencia de lo que se ha cedido, descartado, o perdido se acepta como una nueva normalidad.

Esa sabia reflexión tiene hoy gran vigencia, no solo en términos de los derechos civiles y el bienestar social, sino en términos de la planificación económica que, aún en medio de la crisis fiscal, tiene que hacerse de cara al futuro. Si hay algo que debemos sacar de esta coyuntura es la posibilidad de enderezar los entuertos que nos han llevado al desastre y construir sobre tierra firme los fundamentos de un andamiaje productivo duradero. No habría peor cosa que, por pura desesperación, las medidas que tomemos ahora nos lleven a seguir chapaleteando mañana en la misma marisma donde andamos enredados hoy.

Hace apenas dos meses se aprobó la Ley de Alivio Energético pero ésta se ha quedado empantanada en el laberinto de la crisis fiscal. No es solo que la Comisión Reguladora de Energía no ha sido creada todavía – dejando en suspenso la reforma tarifaria, la búsqueda de tecnologías alternativas, y la planificación a largo plazo del sistema – sino que la aprobación reciente de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y la Recuperación de las Corporaciones Públicas plantea la posibilidad de que los vientos de reforma se desinflen, y en aras de un estado de excepción, sean echados a un lado. READ MORE

Estados financieros del ELA

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El gobierno ha publicado recientemente el informe anual con sus estados financieros consolidados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades y a la omisión de algunas secciones. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2014 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

1. Organización de los Estados Financieros del Gobierno

En términos generales, los estados financieros del gobierno consisten de cuatro componentes básicos:

(1) los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements);
(2) los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements);
(3) los estados financieros de los fondos fiduciarios (Fidiciary Fund Financial Statements) ;y
(4) las notas a los estados financieros.

Los estados financieros de las actividades gubernamentales, a su vez, contienen dos tipos de informes:

(1) el Estado de Situación del Patrimonio Neto (Statement of Net Position), que es análogo al estado de situación (balance sheet) de una entidad privada; y
(2) el Estado de Resultados (Statement of Activities), que es análogo al estado de ganancias y pérdidas (income statement) de una entidad privada.

Cada uno de estos informes—el Estado de Situación del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados—a su vez, contiene secciones separadas para tres tipos diferentes de actividades gubernamentales. READ MORE

El presupuesto y el becerro de oro

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El Centro para una Nueva Economía lleva ocho años analizando el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico. Sin duda, el presupuesto recomendado para el año fiscal 2015 es el más complicado que hemos examinado. La metáfora que utilizaría para describir este presupuesto sería una bizantina telaraña, tejida por algún personaje fantástico ideado por Borges o Cortázar, a través de la cual se conectan múltiples impuestos nuevos, dudosos ahorros y etéreas medidas de “eficiencia” gubernamental.

El lado de los recaudos incluye un enjambre de medidas impositivas nuevas, muchas de ellas no recurrentes, que se han diseñado a última hora con poco análisis y menos estudio, para “cuadrar” el presupuesto. Para ser justos, el gobierno ha anunciado una abarcadora reforma contributiva para finales de este año. Habrá que esperar hasta entonces para analizar más a fondo el sistema impositivo del país.

Por el lado de los “ajustes” se han incluido medidas que resulta difícil categorizarlas como “recortes o ahorros”. Por ejemplo, $267 millones que serán “aportados por entidades fuera del fondo general”, en realidad ciertas corporaciones públicas, para cubrir gastos del gobierno central. Eso no es un ahorro, eso es un financiamiento disfrazado.

El espectáculo de ver a tantos oficiales gubernamentales corriendo de un lado para otro, improvisando para lograr ese elusivo “cuadre” presupuestario, nos hace pensar que hemos perdido de vista algunos principios fundamentales. El presupuesto asigna los recursos financieros que aportamos todos para lograr una determinada concepción del bien común. ¿Quién, en medio de este caos, está pensando en lograr ese bien común? READ MORE

Puerto Rico Drops to Level Unprecedented for Bonds: Muni Credit

Photographer: Nikki Kahn/The Washington Post via Getty Images Tourists meander through Old San Juan in Puerto Rico.


No state or city with a credit rating as low as Puerto Rico’s has been able to access bond markets since at least 1990, a situation that may cut off the lifeblood of the commonwealth’s finances.

On July 1, Moody’s Investors Service cut the island’s rating to B2, five steps below investment grade. No local government has borrowed at that level, according to data compiled by Bloomberg. Prices on its general-obligation debt yesterday plummeted to record lows.

“They’re done,” said Matt Dalton, chief executive officer of White Plains, New York-based Belle Haven Investments, which oversees $2.1 billion in munis. “They’re not going to be issuing any more debt on the island. I don’t see how they can bring people back to the trough at this point.”

Puerto Rico and its agencies have operated for years on borrowed money — racking up $73 billion, Bloomberg data show — and Wall Street made $910 million since 2000 by structuring its debt sales. If the government can’t sell bonds at affordable rates, it will have to curtail services for its 3.6 million residents, 45 percent of whom live in poverty. READ MORE

Puerto Rico’s Indebted Power Utility Adds to Island’s Problems

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity.

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity. Credit Dennis M. Rivera-Pichardo for The New York Times


Puerto Rico’s electrical utility is running out of money and time to negotiate a deal with its lenders, part of a broad reckoning for an island that relies on Wall Street to finance some of its most basic functions.

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million to Citigroup over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity. It is also uncertain whether the authority will be able to renew a $550 million credit line from Scotiabank for fuel purchases, people briefed on the matter said.

With the power authority’s lenders growing increasingly skittish, analysts and investors expect the utility will be forced to restructure its debts to avoid crippling power shortages for Puerto Rico’s 3.6 million residents.

The likelihood of a restructuring increased after Gov. Alejandro Garcia Padilla hurriedly signed a new law into effect over the weekend allowing public corporations like the power authority to seek protection similar to what bankruptcy provides. Representatives for Citigroup and Scotiabank declined to comment.

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Empeora la crisis

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La degradación de ayer de Moody’s representó para los economistas la bancarrota de Puerto Rico y su cierre en los mercados de capital, también coincidieron en que la nueva ley de reestructuración de deuda fue el detonante

economia
Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Las casas acreditoras volvieron a propinarle ayer otro contundente golpe a Puerto Rico, luego de que Moody’s Investor Service rebajó a un nivel más profundo del grado especulativo o ‘chatarra’ los bonos de las obligaciones generales del Estado Libre Asociado (GOs, por sus siglas en inglés), así como las responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras corporaciones públicas, en una medida que tendrá graves consecuencias contra unos $61,000 mil millones de deuda pública.

La histórica determinación aplicó también a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad  de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Incluso la entidad señaló que la perspectiva del país es negativa, por lo que podrían producirse en cualquier momento degradaciones adicionales.

Esta degradación, que recuerda el deterioro progresivo de la caída económica de Grecia, se efectúa a escasos cuatro meses de la primera degradación de los GOs y apenas cuatro días de las casas acreditadoras haber degradado los bonos de las corporaciones públicas  y por segunda ocasión consecutiva los bonos de la AEE. Tras la degradación,  el valor de bonos de los GO’s cayó en un 5%, colocándose entre los 84.5 centavos de dólar y los 87.5 centavos de dólar.

Moody’s Investors rebajó los GOs en tres escalafones de Ba2 a B2, afectando a 14.4 mil millones de bonos, lo que significa que no es un inversión deseable y de alto riesgo. Mientras, en cuanto a las agencias estatales y empresas públicas se afectan cerca de 46 mil millones de bonos, “incluyendo 15.6 mil millones en bonos senior y subordinados emitidos por el impuesto a las ventas de Cofina, que, respectivamente, se redujo a Ba3 y B1”, señaló el informe. READ MORE

Quiebra criolla viabiliza venta de activos o desmantelamiento de corporaciones públicas

noticel

Por: Laura M. Quintero
Publicado: 27/06/2014 05:32 am

El futuro de las corporaciones públicas que se acojan a la nueva Ley para renegociar sus deudas millonarias con los acreedores está lleno de variables. Pero lo que está definido es que la estructura operacional de las corporaciones cambiará drásticamente al facilitar que vendan o arrienden sus activos a otras entidades del gobierno o a manos privadas.

Los directores de la AAA, Alberto Lázaro, y de la AEE, Juan Alicea, con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila. (Josian Bruno/NotiCel)

Las corporaciones que se encuentren en estado de insolvencia tendrán a su disponibilidad distintos recursos para cumplir con el pago de sus obligaciones, sin que se afecten los servicios. Permite, por ejemplo, la venta y el arrendamiento de cualquiera de los activos, como pudieran ser las plantas productoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a otras entidades públicas o privadas que se comprometan ante el juez designado, a mantener el ofrecimiento de los servicios públicos.

Si bien las corporaciones ya tenían la facultad de crear Alianzas Público-Privadas, como las que concedió la Administración Fortuño en el aeropuerto internacional, el peaje Teodoro Moscoso y las carreteras PR-22; esta Ley facilita ese tipo de transferencias a través de un “proceso estructurado y expedito” en el Tribunal, según el economista Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Marxuach comentó, sin embargo, que es improbable que la negociación requiera de una venta o privatización parcial. “Dudo que se llegue a ese tipo de remedio. Creo que la mayoría de los bonistas preferirían renegociar los términos (de la deuda), en vez de correr el riesgo de comenzar desde cero con unos dueños nuevos”, reaccionó, en referencia a la negociación del principal, interés y término de años de la deuda.

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