Reestructuración de la deuda de la AEE 2.0

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Reestructuración de la deuda de la AEE 2.0
Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía junto a Edwin Irizarry Mora, profesor de economía del recinto Universitario de Mayagüez. (Nahira Montcourt / NotiCel)

Introducción
El 31 de julio el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) y la Junta de Control Fiscal (“JCF”) anunciaron un acuerdo preliminar para apoyar la reestructuración de una parte de la deuda de la AEE con un grupo de bonistas no-asegurados de dicha entidad.

Descripción de la Transacción
La transacción propuesta consiste de un intercambio de los bonos existentes (no-asegurados) de la AEE por bonos nuevos a ser emitidos por la Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica o por una entidad nueva creada especialmente para ese propósito (“a new bankruptcy-remote special purpose vehicle”).

Los bonos nuevos, a su vez, se dividen en dos grupos: los Bonos Clase A (“Tranche A”) y los Bonos Clase B (“Tranche B’). Los Bonos Clase A se intercambiarían por bonos existentes de la AEE a razón de 67.5 centavos por cada dólar de valor nominal (“face value”) de bonos existentes. Mientras los Bonos Clase B se intercambiarían a una tasa de 10 centavos por cada dólar de valor nominal de bonos existentes.

Por ejemplo, una persona que es dueña de bonos de la AEE con un valor nominal de $100,000, recibiría Bonos Clase A con un valor nominal de $67,500 y Bonos Clase B por con un valor nominal de $10,000, para una recuperación total de $77,500. Esto implica una reducción en el principal nominal de los bonos existentes de 22.5%.

Los Bonos Clase A pagarían intereses en efectivo a una tasa anual de 5.25% sobre su valor nominal y tendrían un término (“maturity”) de 40 años; mientras que los Bonos Clase B pagarían interés en especie (“payment in kind”), es decir mediante la emisión adicional de Bonos Clase B, a una tasa equivalente al 7.0% del valor nominal (o de 8.75% en el caso de que se determine que una porción de los Bonos Clase B no es exenta del pago de impuestos), y tendrían un término de 45 años.

En ambos casos el término de los bonos pudiera ser menor al establecido inicialmente si se cumplen ciertas condiciones. Por otro lado, el término de los Bonos Clase A se pudiera extender mas allá de la fecha de vencimiento inicial, si a esa fecha, el interés y principal de esos bonos no ha sido pagado en su totalidad.

Repago de los Bonos Nuevos
El repago de ambas clases de bonos nuevos estaría asegurado con un gravamen sobre el flujo de efectivo futuro generado por la AEE que sería gravado mediante la imposición de un Cargo de Transición. Ese Cargo sería de 2.636 c/kWh durante los primeros cinco años; de 2.729 c/kWh durante los años del 6 al 10; de 2.868 c/kWh durante el año 11; y aumentaría a una tasa anual de 2.5% hasta llegar a la cantidad de 4.348 c/kWh. En ese momento el Cargo de Transición se mantendría fijo en esa cantidad hasta el vencimiento de los bonos nuevos.

Los Bonos Clase A comenzarían a acumular y pagar intereses en efectivo inmediatamente después de su emisión; mientras que los Bonos Clase B comenzarían solamente a acumular intereses durante ese mismo periodo. Eventualmente los dueños de los Bonos Clase B recibirían 100% del flujo de efectivo en exceso del requerido para amortizar los Bonos Clase A, pero los dueños de Bonos Clase B no podrán recuperar una cantidad en exceso de (1) el valor nominal de intercambio mas (2) el valor en efectivo del pago de interés en especie.

Impago no es Incumplimiento
Resulta interesante que uno los términos acordados, por lo menos en el acuerdo preliminar, es que los bonistas no podrán declarar un evento de incumplimiento en el caso de que la AEE incumpla en algún momento con el servicio de la deuda pautado, siempre y cuando el dinero producto del Cargo de Transición se utilice en su totalidad para el pago de los bonos nuevos.

Por ejemplo, si el servicio de la deuda para el año X es de $100 millones, pero el Cargo por Transición solo genera $80 millones, debido digamos a una baja mayor a la proyectada en la demanda por electricidad, entonces los bonistas no podrían declarar un evento de incumplimiento siempre y cuando la AEE abone esos $80 millones en su totalidad al pago de la deuda. A cambio de esa concesión por los bonistas, los bonos continuarían acumulando intereses a la tasa acordada y el vencimiento de los Bonos Clase A se extendería hasta ser repagados en su totalidad. Pero ese no sería el caso con los Bonos Clase B, que en teoría podrían vencer aún cuando faltara una porción por amortizar.

Finalmente, los bonistas que participen en el intercambio recibirían como incentivo, a cambio de renunciar ciertos derechos contractuales y de apoyar la transacción, una comisión, pagadera en la forma de Bonos Clase A, igual a 1.72% del valor nominal de los bonos que intercambien. Además, tendrían derecho a recibir una comisión adicional, pagadera también en la forma de Bonos Clase A, igual a 0.95% del valor nominal de los bonos que intercambien si se cumplen otras condiciones.

Recorte del Principal
Mucha de la discusión pública se ha enfocado en la cantidad del recorte (“haircut”) en el principal de los bonos de 22.5%. Es difícil, dependiendo solamente de la información plasmada en los documentos públicos, determinar si esa cantidad es (1) razonable y (2) suficiente para que la AEE continúe en operaciones de manera sostenible.

Por un lado, debemos recordar que los bonos de la AEE son lo que se llaman en ingles, “special revenue bonds”, que usualmente gozan de una gran protección en los procesos de quiebra municipal bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos. Estos son bonos emitidos usualmente por entes gubernamentales que proveen servicios básicos tales como transportación, agua, alcantarillado, electricidad, o gas para calefacción, entre otros. La garantía de repago de estos bonos, al igual que es el caso con los bonos existentes de la AEE, es un gravamen sobre los ingresos netos (después de pagar los gastos operacionales) generados por el emisor.

De acuerdo con James E. Spiotto, experto en quiebras municipales y autor del libro Municipalities in Distress?: How States and Investors Deal with Local Government Financial Emergencies, el Congreso enmendó el Código de Quiebras en 1988 específicamente para aclarar que los ingresos gravados a favor de este tipo de bonistas no podían ser desviados para otros propósitos y que esos bonistas tenían derecho a seguir recibiendo sus pagos (otra vez, recalco, neto de los gastos operacionales del emisor) aún después del deudor haber radicado el recurso de quiebra. Por esa razón, estos bonos usualmente no sufren modificaciones significativas, si alguna, en un proceso bajo el Capítulo 9. En ese sentido podríamos determinar que en comparación con otras quiebras de entidades similares en los Estados Unidos el recorte de 22.5% es razonable.

Ahora bien, la AEE no se encuentra en un proceso bajo el Capítulo 9, aunque el Titulo III de PROMESA incorpora muchas de las disposiciones de ese Capítulo a través de la sección 301(a) de esa ley. Por tanto, la JCF pudiera tener más grados de libertad al negociar una reestructuración de la deuda de la AEE. Además, en el caso de la AEE tenemos que tomar en consideración los siguientes factores (1) opera en una economía que lleva años sin crecer; (2) sus administradores han pospuesto negligentemente el mantenimiento de las plantas de generación y de las líneas de transmisión y distribución por décadas; (3) la demanda por el servicio eléctrico se proyecta a la baja en los próximos años; y (4) la AEE necesita una inversión de capital masiva para modernizar y optimizar sus operaciones.

Dado todo lo anterior, entonces, el recorte de 22.5% en el principal de la deuda existente puede que no sea suficiente para que la AEE continúe operando de forma sostenible. Esa puede ser la razón que explica porque los bonistas accedieron a renunciar al derecho de declarar un evento de incumplimiento en caso de un impago. Parece que las partes están asumiendo de entrada que existe una probabilidad alta de que la AEE no pueda honrar los términos y condiciones negociados y han acordado un mecanismo ex ante para mitigar ese riesgo.

De hecho, de los documentos del acuerdo preliminar no se desprende como se llegó a la determinación de que esa cantidad de alivio es el requerido para que la AEE pueda seguir operando. En el Plan Fiscal del 1 de agosto de 2018 tampoco se explica o se toma en consideración el servicio de la deuda más allá de estipular que la cantidad de deuda existente no es sostenible (ver página 27 del Plan Fiscal del 1 de agosto de 2018). Tampoco ninguna de las proyecciones plasmadas en el Plan Fiscal incluye un análisis de cómo se afectarían las tarifas en un escenario post-restructuración de la deuda. En nuestra opinión, parece que hay una desconexión entre los escenarios del Plan Fiscal y lo acordado preliminarmente con los bonistas. Por lo tanto, con la información disponible en estos momentos no podemos analizar con certeza si la reducción propuesta en el principal es la necesaria para mantener la factibilidad de la empresa.

Cargo de Transición
Otro asunto que ha captado la atención del público es el Cargo de Transición. Ese debate se ha centrado en tratar de determinar si dicho Cargo constituye o no un aumento en la tarifa. En teoría, tal y como argumentan algunos representantes del gobierno, la imposición del Cargo no necesariamente implicaría un aumento en la tarifa a los clientes, siempre y cuando la AEE reduzca sus costos operacionales por una cantidad igual o mayor a la que representa el Cargo de Transición. En la práctica alcanzar dicha reducción sería bien difícil—pero no imposible.  

Por ejemplo, en la factura más reciente que recibí de la AEE, me cobraron 21.41 centavos por cada kWh que consumí. El Cargo de Transición para el primer año sería de 2.636 centavos por kWh, equivalente a un 12.3% del precio que la AEE me facturó por kWh en esa factura. Bajo condiciones normales, pudiera ser factible lograr una reducción en costos operacionales de esa magnitud.

Pero no estamos en tiempos normales. Como argumentamos anteriormente, la economía se encuentra en depresión, la demanda por energía eléctrica esta bajando y se proyecta que siga bajando y de acuerdo con el Plan Fiscal, la AEE necesita hacer una serie de inversiones de capital para reducir su dependencia en el petróleo y reducir sus costos operacionales y esas inversiones tienen que ser financiadas de alguna manera.

En términos específicos, en el Plan Fiscal se proyecta una reducción en el costo por combustible de aproximadamente 25% entre el 2018 y el 2023. Esa premisa nos parece poco razonable. Y se esconde en una nota al calce el hecho de que dicho ahorro depende de una inversión de capital de aproximadamente $2,900 millones en generación nueva (Plan Fiscal páginas 43 y 44). También queda sin contestar la pregunta de quien financiaría dicha inversión en la generación nueva. Dadas esas circunstancias me parece que lograr esos ahorros es muy poco probable, aunque, repito, no imposible.

Efectos sobre la Privatización
Tal vez más importante que ese debate, es que ni el “term sheet” de la transacción ni el Plan Fiscal certificado por la JCF, explican como se calculó ese Cargo de Transición ni a que volumen de ventas de electricidad se aplicaría. Este último punto es sumamente importante porque podría afectar la transformación propuesta para la red de transmisión y distribución.

Por ejemplo, si el cargo sólo se aplica a la producción de electricidad por los activos de generación de PREPA, los bonistas tendrían un incentivo para desalentar la entrada en línea de activos de generación nueva (por ejemplo, energía solar y eólica a gran escala). Si se aplica a toda la energía que se transmita a través de la red, los bonistas tendrían un incentivo para desalentar a los clientes de la AEE a desconectarse de la red, por ejemplo, invirtiendo en sus propias microrredes. Si se aplica a todos los clientes, incluso a aquellos que se han desconectado de la red, esto desalentaría a los abonados de invertir y construir microrredes privadas. Por tanto, es imperativo que se provea información adicional sobre como funcionaria el Cargo por Transición y analizar como su imposición afecta los incentivos económicos o limita las opciones factibles para transformar la red de transmisión y distribución.

Además de todo lo anterior, quedan muchas preguntas sin contestar. Por ejemplo, ¿que va a pasar con los bonistas que tienen bonos asegurados por las compañías aseguradoras de instrumentos financieros? ¿Se le ofrecerán los mismos términos y condiciones o se negociará otra transacción? ¿El Cargo de Transición se le cobraría a todos los clientes, incluyendo los municipios y aquellos que reciben subsidios? ¿La Comisión de Energía de Puerto Rico tendría que analizar y avalar tanto la transacción de intercambio de bonos como el Cargo por Transición? ¿Cómo se afectaría la propuesta de transformación de la AEE a la luz de esta transacción con los bonistas existentes?

Conclusión
En suma, la transacción propuesta constituye un primer paso importante en la transformación de la AEE, pero todavía nos falta mucha información para determinar si la transacción propuesta es en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

*El autor es Director de Política Pública, Centro para una Nueva Economía. Tomado del blog de CNE.

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The Case for Comprehensive Disaster Relief

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Erika P. Rodriguez for The New York Times

By: Sergio M. Marxuach
Public Policy Director

This hurricane season has been particularly bad with major storms hitting Florida, Texas, Puerto Rico, the United States Virgin Islands, and several Gulf states. Total damages are estimated to exceed $200 billion. The Federal Emergency Management Agency (“FEMA”) is doing the best job it can with the resources it has at its disposal, but it is clearly reaching the limits of its capabilities. Under the American constitutional system, only Congress has the authority to enact a comprehensive relief and reconstruction package to address this situation.

The devastation in Texas, Florida, the United States Virgin Islands, and Puerto Rico has been well documented. The destruction of public infrastructure and the loss of private property affect millions of US citizens. A well-financed, broad-based recovery and reconstruction program would provide a much-needed boost to economic activity in these heavily damaged areas and help many hard-working families get back on their feet. READ MORE

Puerto Rico’s excise tax change looms over commonwealth’s fiscal horizon

by Simone Baribeau and Javier Balmaceda

(Debtwire)

About a fifth of Puerto Rico’s general fund revenue is at risk.

The future of the 4% excise tax on foreign manufacturers hinges on political gales in Washington, D.C., as well as uncertainty at home. In FY14, the commonwealth raised USD 1.9bn through the tax, or 20.3% of its general fund revenue.

Known as Law 154, the excise passed as a temporary measure in FY11 under the administration of former Governor Luis Fortuno, and was designed to fall each year until it reached 1% in 2016.

But in 2013, as the tax began to fade out and Puerto Rico’s financial situation deteriorated, the commonwealth changed course. Governor Alejandro Garcia Padilla successfully backed a measure that returned the tax to 4% until 2017, at which point the method for calculating the tax changes.

The risks to the tax are two-fold. The federal government, which has allowed companies that pay the tax to fully write it off against their federal returns, could stop permitting the write-off, said Treasury Secretary Juan Zaragoza and House Finance Committee Chairman Rafael “Tatito” Hernandez. Even if it remains creditable, because of the change in the way the tax is calculated, it will be difficult to predict how much revenue it will generate in 2017, said Zaragoza.

“There’s so much uncertainty as to the yield of that methodology,” Zaragoza said. “We are meeting constantly with officials at Treasury [to discuss the future of the tax].”

From crisis to crisis

The change to the excise tax in 2017 isn’t the commonwealth’s most immediate crisis.

The Government Development Bank for Puerto Rico warned lawmakers last month that a government shutdown in the next three months was “very probable” unless the government balanced its FY16 budget, completed a five year fiscal adjustment plan and passed a tax overhaul that moved toward a value added tax and away from a sales and use tax. The House subsequently voted down the tax overhaul leaving the commonwealth’s financial plans up in the air.

Even if Puerto Rico fixes its more immediate fiscal crises with tax reform, the commonwealth will have “three big black clouds” left to address, Economic Secretary Alberto Baco said. Those issues are pension systems that are woefully underfunded, a healthcare system that is expected to run out of money in 2018, and the changes to the excise tax.

“Those are the three other [challenges] that we have to solve,” Baco said.

But, he added, as soon as the commonwealth addressed its immediate financial problems, outside stakeholders, including the federal government, will be more willing to help find solutions.

“That’s something that the federal government has been reasonable in the past and will be again if they see we are able to solve our basic issues,” Baco said.

Looking the other way….for now

So far, the federal government has allowed companies to credit the tax against their federal liability, effectively allowing a transfer of federal money to Puerto Rico. In a 2011 notice the Internal Revenue Service (IRS) said it was evaluating the “novel” tax, and that it would be creditable until they decided otherwise.

“I call it the ‘gentlemen’s agreement’ between Puerto Rico and the [IRS], about the treatment of that tax,” said Senator Ramon Luis Nieves, a member of the governing Popular Democratic Party.

By not making a final decision, the IRS gave itself the option to limit the amount of money transferred to Puerto Rico, if, for instance, the commonwealth increased the tax rate or made it permanent. And Puerto Rico has already taken steps to change the original law, scrapping the five-year reduction in rates and extending the date of the methodology change to 2017 from 2016.

The creditability of the tax may rest on who wins the presidential election in 2016, said Hernandez.

“It’s an issue of what happens if Jeb Bush wins, is he going to support that or not?” Hernandez said. “We don’t know.”

However, he noted that while Republicans “never like” the island, manufacturers are likely to push their own – likely successful – effort at maintaining creditability.

Technical, but relevant

The change is technical and it applies to relatively few companies. In FY13, 27 companies – primarily pharmaceuticals and medical device manufacturers – paid the tax. Six companies paid 75% of the revenue collected, according to the annual financial report. The tax, which is now “pretty simple,” is about to become much more complex, Zaragoza said.

Under the current law, Puerto Rico affiliates of pharmaceuticals or other manufacturers that sell drugs or other goods to their parent company pay 4% of the internal sales to the commonwealth, said Sergio Marxuach, public policy director for the Center for the New Economy.

In 2017, this will change to a so-called “source rule,” where, through a complex set of calculations, the tax liability will be based on the value of the total sales of the products made in Puerto Rico, which is less susceptible to companies’ internal “financial shenanigans,” Marxuach said.

The tax liability under the source rule is calculated by averaging four fractions: looking at each of the purchases, sales, property and payroll in Puerto Rico and dividing it by the companies total purchases, sales, property and payroll, respectively, according to a 2010 opinion by Steptoe & Johnson on the creditability of the law.

“The problem is that implementing those rules is very complicated,” Marxuach said.

Not only is it complicated, but the Treasury Department lacks the information it would need to determine the tax liability, Zaragoza said.

“In order for me to determine [the tax liability], I will need access to [pharmaceutical companies] worldwide income and I don’t have access to that,” Zaragoza said.

There’s also a constitutional question. If challenged, Puerto Rico must show that the income is closely enough tied to Puerto Rico – that there’s a sufficient nexus – for Puerto Rico to tax the income.

“There can be no assurance that [the tax’s] constitutionality will not be challenged and that, if challenged, the courts will uphold [the tax],” the commonwealth said in its first-quarter financial statement.

A taxing ‘nightmare’

Companies have accepted that, in one form or another, the excise tax will remain, said Puerto Rico Industrial Development Company Executive Director Antonio Medina.

“We’ve already informed the companies that it’s not going to go away,” Medina said. “The companies have already told us that as long as it’s creditable they’re okay with it.”

Under the source rule, the excise tax “should achieve [federal tax] creditability in the long term,” he said.

Still, he said, companies would prefer a simpler, more predictable tax, like the excise tax.

“The question is how can we change that law into something that’s simpler to implement than the sourcing of income and maintain creditability in the long term?” he said. “[As is] it’s going to be a nightmare to audit this tax.”

A USD 3.5bn tranche of Puerto Rico 2014 8% general obligation bonds due in 2035 last traded in round lots today at 78.5, yielding 10.602%, according to Electronic Municipal Markets Access. Standard & Poor’s last rated Puerto Rico’s general obligation bonds CCC+/negative on 24 April. Fitch Ratings gave them a B/negative on 26 March. Moody’s Investors Service’s last rating was Caa1/negative on 19 February.

 

 

Reforma Contributiva necesita estimular la economía de la clase trabajadora

noticel

Por: Laura M. Quintero
Publicado: 12/12/2014 04:58 am

En momentos en que la Administración García Padilla baraja un aumento a las contribuciones al consumo de hasta 14%, un grupo de investigadores de la alianza Espacios Abiertos (EA), presentaron el jueves una propuesta ante el Departamento de Hacienda, para que se disminuya la regresividad del impuesto y la desigualdad económica entre el sector desfavorecido y adinerado del país.

Deepak Lamba (Josian Bruno/NotiCel)

“Si esta nueva reforma (contributiva) tiene como prioridad únicamente que el Gobierno logre ingresar una cantidad más grande de dinero, nosotros queremos que cambien las prioridades”, advirtió, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía (CNE), DeepakLamba Nieves. “Vamos a impulsar otras prioridades: vamos a pensar en las familias trabajadoras”, abogó el planificador.

Convencidos de que las políticas propuestas por La Fortaleza restringen la actividad económica, al reducir los ingresos de los trabajadores pobres, EA propuso que se restablezca el crédito por trabajo, eliminado por el Gobierno de Alejandro García Padilla este año.

Este crédito propuesto de entre 4 a 12% del ingreso familiar, aliviaría el bolsillo de las personas que trabajan, cuyo salario no les da para pagar sus gastos; quienes están desprovistas de un seguro de salud porque no cualifican para Medicaid, ni tienen suficiente dinero para abrir una cuenta individual para su retiro. READ MORE

Study urges PR to restore work credit

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By CB Online Staff
cbnews@caribbeanbusinesspr.com; cbprdigital@gmail.com

Puerto Rico should look to craft and enact a work credit tax program to replace the one that was eliminated last year due to the island government’s fiscal ills, according to a leading policy research organization.
The Urban Institute has issued a study assessing the experience with the work credit that was in effect from 2007 to 2013 and suggests elements for a possible redesign that are consistent with the goals of rewarding and stimulating work, reducing hardship, strengthening the tax base and offsetting regressivity.

The study was commissioned by the San Juan-based Center for a New Economy thanks to a grant received from the Open Society Foundations and Espacios Abiertos.

Puerto Rico lawmakers enacted the work credit in 2006 to offset the regressive nature of the commonwealth’s sales & use tax (IVU) that was established in that same year. In addition to helping offset sales tax regressivity, refundable tax credits tied to work such as the work credit have been found to reduce hardship and stimulate employment among low wage workers. In 2013, the work credit delivered benefits to 45 percent of all tax filers at a cost of $124 million. In 2014, as Puerto Rico slid into its deepest fiscal crisis in recent history, lawmakers eliminated the credit. READ MORE

Cuesta arriba recuperar la confianza

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Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO –
Cerca de una década le tocará a Puerto Rico alcanzar un mejor grado de inversión, según el análisis del economista Sergio M. Marxuach, director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía (CNE).

Marxuach sostuvo que es muy difícil predecir  hasta cuándo se extenderá la recesión económica, no obstante al analizar las crisis de estados como Nueva York, Filadelfia y Washington, que tomaron aproximadamente seis años en recuperar su grado de inversión, entiende que a la Isla le podría tomar entre cinco a siete años más.

Destacó que al revisar la historia más reciente, la situación económica que vive la Isla se veía venir hace tiempo pero no se hizo nada para evitarlo, por lo cual no queda otra opción que pagar las consecuencias luego de varias décadas de mala administración.

Uno de los planteamientos señalados hace mucho tiempo por el CNE fue precisamente la situación de las corporaciones públicas, principalmente la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la cual entiende ha empeorado marcadamente su situación al no poder cumplir con sus bonistas por primera vez en su historia.
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“Superficial” la propuesta reforma contributiva

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Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

La reciente propuesta de Reforma Contributiva presentada en la Cámara de Representantes es “muy superficial”, según Sergio M. Marxuach, director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), quien la describió como un anuncio político para las gradas y no una propuesta seria de política pública.

“Sin una reforma a fondo se crean distorsiones enormes. Estamos conscientes que no es una solución mágica, sino una estrategia grande que una vez establecida tomará varios meses para estar boyante. El anuncio presentado recientemente fue uno político, sin sustancia, hay que ver los análisis de Hacienda y los demás expertos en contribuciones que trabajaron en ella para poder tener un análisis más informado”, sostuvo Marxuach.

El economista fue enfático en que dicha reforma se debe regir por varios principios básicos, como ser una de gran alcance, expandir la base tributaria, reducir las tasas marginales y simplificar el sistema.
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Puerto Rico Drops to Level Unprecedented for Bonds: Muni Credit

Photographer: Nikki Kahn/The Washington Post via Getty Images Tourists meander through Old San Juan in Puerto Rico.

No state or city with a credit rating as low as Puerto Rico’s has been able to access bond markets since at least 1990, a situation that may cut off the lifeblood of the commonwealth’s finances.

On July 1, Moody’s Investors Service cut the island’s rating to B2, five steps below investment grade. No local government has borrowed at that level, according to data compiled by Bloomberg. Prices on its general-obligation debt yesterday plummeted to record lows.

“They’re done,” said Matt Dalton, chief executive officer of White Plains, New York-based Belle Haven Investments, which oversees $2.1 billion in munis. “They’re not going to be issuing any more debt on the island. I don’t see how they can bring people back to the trough at this point.”

Puerto Rico and its agencies have operated for years on borrowed money — racking up $73 billion, Bloomberg data show — and Wall Street made $910 million since 2000 by structuring its debt sales. If the government can’t sell bonds at affordable rates, it will have to curtail services for its 3.6 million residents, 45 percent of whom live in poverty. READ MORE

Puerto Rico’s Indebted Power Utility Adds to Island’s Problems

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity.

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity. Credit Dennis M. Rivera-Pichardo for The New York Times

Puerto Rico’s electrical utility is running out of money and time to negotiate a deal with its lenders, part of a broad reckoning for an island that relies on Wall Street to finance some of its most basic functions.

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million to Citigroup over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity. It is also uncertain whether the authority will be able to renew a $550 million credit line from Scotiabank for fuel purchases, people briefed on the matter said.

With the power authority’s lenders growing increasingly skittish, analysts and investors expect the utility will be forced to restructure its debts to avoid crippling power shortages for Puerto Rico’s 3.6 million residents.

The likelihood of a restructuring increased after Gov. Alejandro Garcia Padilla hurriedly signed a new law into effect over the weekend allowing public corporations like the power authority to seek protection similar to what bankruptcy provides. Representatives for Citigroup and Scotiabank declined to comment.

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Empeora la crisis

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La degradación de ayer de Moody’s representó para los economistas la bancarrota de Puerto Rico y su cierre en los mercados de capital, también coincidieron en que la nueva ley de reestructuración de deuda fue el detonante

economia
Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Las casas acreditoras volvieron a propinarle ayer otro contundente golpe a Puerto Rico, luego de que Moody’s Investor Service rebajó a un nivel más profundo del grado especulativo o ‘chatarra’ los bonos de las obligaciones generales del Estado Libre Asociado (GOs, por sus siglas en inglés), así como las responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras corporaciones públicas, en una medida que tendrá graves consecuencias contra unos $61,000 mil millones de deuda pública.

La histórica determinación aplicó también a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad  de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Incluso la entidad señaló que la perspectiva del país es negativa, por lo que podrían producirse en cualquier momento degradaciones adicionales.

Esta degradación, que recuerda el deterioro progresivo de la caída económica de Grecia, se efectúa a escasos cuatro meses de la primera degradación de los GOs y apenas cuatro días de las casas acreditadoras haber degradado los bonos de las corporaciones públicas  y por segunda ocasión consecutiva los bonos de la AEE. Tras la degradación,  el valor de bonos de los GO’s cayó en un 5%, colocándose entre los 84.5 centavos de dólar y los 87.5 centavos de dólar.

Moody’s Investors rebajó los GOs en tres escalafones de Ba2 a B2, afectando a 14.4 mil millones de bonos, lo que significa que no es un inversión deseable y de alto riesgo. Mientras, en cuanto a las agencias estatales y empresas públicas se afectan cerca de 46 mil millones de bonos, “incluyendo 15.6 mil millones en bonos senior y subordinados emitidos por el impuesto a las ventas de Cofina, que, respectivamente, se redujo a Ba3 y B1”, señaló el informe. READ MORE

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