Temen un apocalipsis fiscal en el BGF
Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El riesgo de insolvencia que encara el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es el resultado de haber utilizado esa dependencia como una chequera para pagar por la mala administración de las corporaciones públicas, agencias y municipios, y la falta de una reglamentación adecuada.
Y esa chequera, al parecer, se quedó sin fondos.
Según Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía, y Antonio Fernós Sagebién, profesor de Finanzas para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de producirse el colapso del agente fiscal del Gobierno, Puerto Rico vería una reducción dramática en la posibilidad de acceder a capital e, incluso, encarar una degradación crediticia en cadena en todas las corporaciones públicas y hasta en las obligaciones generales del Gobierno central.
“El Gobierno perdería su flexibilidad para financiarse”, dijo Marxuach.
A través del BGF, las agencias, corporaciones públicas y municipios obtienen préstamos o líneas de crédito para pagar por carreteras, escuelas, centros comunales. Además, a través del BGF, las distintas dependencias públicas pueden acceder al mercado de bonos para financiar sus distintos proyectos de inversión o mejoras capitales.
“Tengo esperanza de que se tomen las medidas apropiadas”, comentó Ferrer a El Nuevo Día. Anteriormente, Ferrer había señalado la debilidad financiera del BGF, pero no fue hasta esta semana que dijo explícitamente a la Legislatura que, si el BGF no logra recobrar lo que ha prestado en los pasados años, a partir de julio próximo esa dependencia podría verse impedida de allegar dinero a Puerto Rico como lo ha hecho por casi 50 años.
“No es justo que el consumidor puertorriqueño termine pagando los platos rotos por deficiencias multianuales (en las corporaciones públicas) y que el BGF tenga que entrar a pagar por esas ineficiencias”, dijo Ferrer.
Obsesión con el crédito
Puerto Rico, por tener autonomía fiscal, tiene en el BGF un vehículo para acceder a financiamiento que no se encuentra en ningún estado de los Estados Unidos, explicó Marxuach.
Pero según el investigador, alejarse del objetivo de promover financiamiento a ciertas actividades económicas y de financiar proyectos de inversión, para dedicarse a cubrir con préstamos el déficit de agencias, corporaciones y municipios, ahora le ha puesto en precario. Esa práctica, agregó, comenzó para la década de 1980.
Más recientemente, la Administración de Seguros de Salud tomó prestados $186 millones para pagar la reforma de salud, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas tomó prestado otros $20 millones, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura recibió otro financiamiento por $35 millones.
En total, a junio del 2012, el BGF tenía préstamos por cobrar de $8,374 millones.
De todos los deudores, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) le debe $2,100 millones y, de no producirse un pago en 60 días o un mecanismo para que pueda efectuarse una emisión de bonos a nombre de la ACT, el BGF no podrá otorgar más financiamientos.
De acuerdo con Marxuach y Fernós Sagebién, no es la primera vez que el BGF ha estado en aprietos y, en buena parte, ha sido para atender problemas externos.
Para la década de 1990, el BGF respondió por los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuando esa corporación no podía pagarlos. A principios de la década del 2000, se extrajeron $1,000 millones de su capital para el Programa de Comunidades Especiales.
En el 2011, el Gobierno entró a rescatar la Autoridad de los Puertos por segunda ocasión y, en el caso de la ACT, cubre sus gastos operacionales desde hace cuatro años.
También ha tenido que financiar al sector privado con programas como el bono para la compra de vivienda, que le dejó con pérdidas de $17 millones, y proyectos hoteleros que ocasionaron otros $200 millones en pérdidas.
Para cubrir todo ello, el BGF ha tomado prestado por sí mismo casi $10,000 millones y esa cifra solo abarca desde el 2009.
Según Fernós Sagebién, el BGF sería un banco fallido si tuviera que establecer reservas tal y como requieren los reguladores a un banco comercial. Un banco está obligado a separar una parte de su capital para protegerse en caso de que no se le pague un préstamo.
“El BGF nunca toma una pérdida por un préstamo”, dijo el académico, al agregar que ello no sería aceptable en ningún examen de auditoría.
Y así lo indicó el auditor Deloitte & Touche y lo reseñó El Nuevo Día, en febrero pasado, cuando la firma advirtió que el BGF podría quedar insolvente. “El Banco ha tenido, a través de los últimos años, que utilizar su capital para financiar al Gobierno central, a las corporaciones públicas y municipios de cara a una economía que no ha crecido con la fortaleza que todos queremos que crezca”, dijo Ferrer.
“El Banco es como Atlas (el personaje de la mitología griega) y en sus hombros siempre ha estado aguantando al Gobierno y sus componentes. Pero ahora el peso se hace difícil y las rodillas comienzan a temblarle”, aceptó el banquero, al insistir en que ya logran avances. Entre estos, un alza en tarifas para allegar dinero a la AAA y la reciente cancelación de parte de la deuda de Puertos, tras la cesión del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a un consorcio privado.
Budget will cover cash shortfall, economic development initiatives
At least $1.64 billion in new tax measures being considered to pay for it all; increased tariffs also on the horizon
Gov. Alejandro García Padilla is expected to present to the Legislature tonight a budget that aims to make up for shortfalls in government revenue and cover the cost of campaign pledges and new initiatives, including heightened efforts aimed at creating jobs and jumpstarting the stagnant economy.
A series of new tax measures will be implemented to pay for the bigger budget, but government officials insist they are keeping spending under control. The García Padilla administration proposals total $1.64 billion, but the Legislature is also proposing several other fee and tax hikes, which could push this figure up even higher.
Office of Management & Budget Executive Director Carlos Rivas Quiñones said the budget figure may have a “substantially higher dollar” amount than the current budget, but added that it would be “misleading” to assume the administration would be spending more money than this year. Rather, the budget will accurately reflect the government’s total liabilities, something that the budget inherited from the previous administration didn’t do, he said. READ MORE
Igualitos
Miguel A. Soto Class
Llevamos ya quince años desde que se fundó el Centro para una Nueva Economía, y desde el principio estamos escuchando al gobierno de turno decir que mantengamos la tranquilidad, que no nos preocupemos por el confiscatorio costo de energía pues ya se han tomado los pasos necesarios para que en dos o tres años baje la factura de luz. Va y viene la administración de turno, y el costo en vez de bajar como prometieron, sigue subiendo. Y la promesa ahora es que el costo de la luz bajará en el 2018.
Mientras tanto nos mantienen distraídos, tirándonos bolas de humo de que el problema es el costo del petróleo, o de que el problema es la UTIER, o de que el problema es el hurto de energía, pero que ahora sí van a reformar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pues esta vez es en serio. ¿Cuántos años más vamos a permitir que nos engañen? READ MORE
La crisis como detonante para la concertación social
¿Concertación?
Por Miguel A. Soto Class
http://www.elnuevodia.com/voz-concertacion-1457121.html
La palabra se ha puesto de moda: “concertación” para atajar la crisis fiscal del Gobierno, “concertación” para atender la debacle de los sistemas de retiro, “concertación” para abordar el desastre en los servicios públicos. Casi se ha convertido en un refrán, una especie de poción mágica que todo el mundo receta para cualquier problema o dificultad.
Sin embargo, encaminar un verdadero proceso de concertación que culmine en soluciones compartidas a nuestros múltiples desplomes sistémicos y estructurales es un reto a la misma vez difícil, pero impostergable. Ningún partido o facción en Puerto Rico tiene ni la fuerza ni el capital político necesario para imponer soluciones unilateralmente. Y la implantación por la fuerza de medidas traumáticas no tiene sentido para un país abrumado que está agobiado por la desintegración de su fibra social y política. Por lo tanto, a pesar de la urgencia, hay que preguntarse si la concertación -como proceso cívico, social y político- es verdaderamente posible en Puerto Rico. ¿Tenemos -cada uno de nosotros, y los grupos que representamos- la madurez, la entereza, la fortaleza que hace falta para convertir este proceso en realidad? READ MORE
Un experimento de inversión social
TANQUE DE IDEAS
Por Nuria Ortiz Vargas
Los problemas serios y complejos requieren soluciones innovadoras. En Puerto Rico, el aumento en las necesidades sociales ha coincidido con un empobrecimiento de los servicios gubernamentales. La precaria situación fiscal ha hecho que muchos programas dirigidos a grupos marginados hayan sufrido recortes presupuestarios. Cada vez más, la gestión pública es gerencia de crisis. La magnitud de los problemas que enfrentamos requiere enfoques transformadores que permitan proveerle servicios a la ciudadanía de la manera más eficiente a un costo menor al erario.
En Inglaterra y Estados Unidos han comenzado a germinar algunas iniciativas innovadoras que aspiran a proveer financiamiento privado para los programas sociales, mejorar sus resultados y reducir los costos del gobierno. Los bonos de impacto social son programas en los que el gobierno contrata a organizaciones, y les paga solamente si producen resultados medibles y significativos. READ MORE
Los nuevos pobres del país
martes, 19 de febrero de 2013
Leysa Caro González / lcaro@primerahora.com
Ya no hay de dónde recortar. Simplemente, no lo hay.
Pedirle a una familia con un ingreso promedio de $30,000 anuales –en el caso de Puerto Rico, resulta ser la mayoría de la clase trabajadora– que recorte sus gastos mensuales es como “pedirle peras al olmo”, tal y como dice el conocido refrán.
Y es que la clase trabajadora del país ya no tiene de dónde recortar para poder enfrentar la difícil situación económica que se acrecenta con la ristra de aumentos que trae consigo el 2013. Primero, el agua. Luego, la luz, y por ahí vinieron otros. Que si la gasolina, los alimentos, los sellos y los servicios postales… y los que aún estarán por llegar.
“Pueden tratar de reducir el consumo, mirar las prioridades, pero la realidad se impone. Llevamos cuatro años diciéndoles a las personas qué pueden hacer para recortar sus gastos, pero ya no es viable ninguna recomendación porque es que ya lo están haciendo todo”, advirtió la economista Marta Quiñones.
Y aunque no hay estadísticas que precisen cuántos trabajadores se encuentran en o bajo el nivel de pobreza actualmente, el 18.5% de los trabajadores del país en el 2007 componía dicho renglón para un total de 208,691 empleados, de los cuales, el 64% era hombres, según lo recopiló el estudio Los trabajadores pobres: la situación y las posibles soluciones en Puerto Rico, del Centro para la Nueva Economía.
De los 208,691 trabajadores, un total de 134,222 eran empleados a tiempo completo. Estos contaban con 35 o más horas semanales.
Se trataba, además, de personas mayores de 16 años y que trabajaron por 27 semanas o más durante un periodo de un año, pero aun así permanecen en la pobreza, pues no solo el dinero no les da para cumplir con sus compromisos económicos, sino que no cualifican para ningún posible subsidio gubernamental.
No se puede obviar que la mayoría de estos trabajadores están regidos por el salario mínimo federal, que es de $7.25 la hora.
“Mi impresión es que la coyuntura económica actual podría estar influyendo en un aumento de esa tasa de trabajadores pobres”, planteó Deepak Lamba, investigador del CNE y quien trabajó en el mencionado estudio.
Esta posibilidad le hace pensar a Lamba, quien también es estudiante doctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en el hecho de que ninguna de las recomendaciones planteadas en el estudio han sido implementadas.
Para Lamba, una de las mayores fallas radica en que las administraciones gubernamentales no toman en consideración al pueblo a la hora de tomar decisiones. “Las medidas que se están llevando a cabo para enfrentar el problema fiscal están obviando la complejidad del mundo laboral puertorriqueño”, sostuvo.
La situación es tan delicada que, según otro estudio del CNE realizado por la economista María Enchautegui, el 18% de los participantes trabaja tanto en la economía formal como en la informal para empatar la pelea debido a que los ingresos no le dan.
“¿En qué forma con estas medidas estamos desincentivando el trabajo? No es que los puertorriqueños están sentados en sus casas esperando un cheque. Los puertorriqueños trabajan mucho, lo que pasa es que implica recortar unos ingresos, recibir unos recortes en ese ingreso bruto que no le sale a costa a muchas familias y se ven obligadas a dedicar parte al sector informal y salir a flote”, señaló.
Destacó que la creación de empleos no se debe medir por la cantidad, sino por la calidad del mismo. Y por “calidad” no solo se refiere al sueldo, sino a otra serie de beneficios que le permiten al empleado superarse.
“Es fundamental que existan sistema de apoyo como cuidos de buena calidad, que existan medidas para que se facilite la sindicalización de trabajadores. La historia no miente. En Estados Unidos, el crecimiento de la clase media norteamericana se dio, en gran medida, al apoyo de las uniones obreras y, en Puerto Rico, esa tendencia va en la dirección opuesta”, expresó.
Estas medidas no solo le darán la oportunidad al individuo de crecer profesionalmente, sino individualmente.
Los chavos no dan
Lamba enfatizó en el aspecto de que el salario mínimo federal, que es de $7.25 la hora, no es suficiente para que una familia promedio subsista. De ahí, la relevancia de las propuestas esbozadas en el estudio.
Resaltan los incentivos para los patronos que paguen salarios más altos que el mínimo, incentivar las cuentas de ahorro y desarrollo, subsidios para centros de cuido diurno, ayuda financiera para estudiantes no tradicionales y establecer reembolsos del impuesto sobre venta y uso (IVU), entre otros más.
“El IVU que paga una persona pobre por un pedazo de comida es el mismo que paga un millonario, ¿pero quién se ve más desfavorecido? El pobre, obviamente. Hay que crear un mecanismo para darle un crédito con la planilla. Eso ayudaría a aminorar el impacto de todas esas alzas que se están proyectando”, puntualizó.
“No estamos hablando de que son incentivos universales, sino a familias que trabajan a tiempo parcial y completo, que emiten planilla y que aún con ese trabajo no pueden salir de la pobreza… a esos hay que incentivarlos”, planteó.
Otra de las formas de, quizás, ayudar a la clase trabajadora pobre puede ser establecer el living wage a través de política pública, que no es otra cosa que un salario digno para que un trabajador pueda satisfacer las necesidades básicas por un periodo prolongado de tiempo.
Sería un salario que estaría por encima del salario mínimo federal. “Un salario mínimo no es suficiente para mantener una familia puertorriqueña. Todo depende del tamaño del hogar, del número de hijos”, señaló.
Al preguntarle sobre qué podría hacer una familia para aminorar gastos, enfatizó en por qué mejor no se les cuestiona al Estado y al sector privado: ¿qué puedes hacer para que esa familia lleve una carga menor? “La carga individual de muchas familias ha aumentado, pero la responsabilidad colectiva no. Le hemos exigido mucho al individuo…”, dijo.
Por su parte, la economista Quiñones fue más que clara en que ya las familias no tienen de dónde recortar para enfrentar las nuevas alzas. Simplemente ya viven al chavo. “Es hora de que el Estado busque la manera de cómo ayudar a la clase trabajadora, que está muy lacerada por la crisis económica que se ha vivido por los pasados años”, sentenció la experta.
CNE propone reestructurar la AEE
Para bajar el costo de electricidad
http://www.vocero.com/cne-propone-reestructurar-la-aee/
Para que exista un cambio real en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que baje el costo de la electricidad se necesita una reestructuración completa de la corporación pública que solo se dará por medio de un proceso de acción social concertado.
Representantes del Centro para la Nueva Economía (CNE) así lo explicaron durante la presentación a la Prensa de su plan ‘Repensando la AEE’, en el que se estipula que se debe modificar la gobernanza, para que exista una junta reglamentadora independiente, un cuerpo rector al que tengan que responder para que no se regulen a sí mismos, ni tengan el poder de reglamentar de manera arbitraria el mercado de la electricidad en Puerto Rico.
“Este es un asunto, un reto para Puerto Rico que hay que resolver ya. En la parte política también, porque de la única manera en que el Gobernador va a cumplir su promesa de crear 50 mil empleos es bajando el costo de la energía”, expresó Miguel Soto, director y miembro fundador de CNE.
Soto y Sergio Marxuach, el último director de Política Pública del CNE, entienden que este es solo el primer paso para abaratar los costos a mediano plazo, ya que no existe una “varita mágica” ni una solución simple que atienda el problema de lo que llamaron “un monopolio autoreglamentado”, para que se convierta en una entidad que responda a los mejores intereses del País y no de la corporación.
Los economistas mencionaron que además se debe establecer una equidad tarifaria, para que se facture lo que en realidad se consume y mayor eficiencia para reducir el robo de energía. También recomendaron que se cambie la composición de la Junta de Gobierno para que esté formada por un tercio de representantes del sector privado, un tercio del gobierno y otro de los empleados.
En el aspecto técnico, Marxuach recomendó que se deben eliminar las unidades obsoletas y cambiarlas por fuentes energéticas de gas natural y eventualmente combinar el gas natural con energía renovable.
Soto recalcó que por ignorancia, inercia e ideologías las personas en puestos de poder que pueden gestionar un cambio no lo hacen. Por eso lo importante es que el “sector ciudadano se ponga fuerte, y exija un cambio. Queremos provocar acción, una acción concertada”.
Traqueteando con el Ajuste por Combustible
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Por Sergio Marxuach
LA AUTORIDAD de Energía Eléctrica (AEE) publicó el 18 de octubre de 2012 un “Aviso a Nuestros Suscriptores”, donde se nos informaba que la “Cláusula de Ajuste ” que aplica a nuestras facturas sería modificada “temporeramente”.
El aviso también estipulaba que la nueva cláusula de ajuste sería efectiva a partir de la publicación de la misma por un periodo de 90 días. O sea, que entraría en vigor el 18 de octubre y estaría en efecto hasta el 16 de enero de 2013. La nueva cláusula incluía el uso de una “Cantidad Estabilizadora” que se utilizaría para “estabilizar” la factura de los clientes residenciales que no reciben subsidios. READ MORE
Bajón que se esfuma por el ajuste
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Puerto Rico Hoy / 10 |
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Jueves 31 de Enero de 2013 / El Nuevo Día |
Es posible crear una nueva tarifa y eliminar las fórmulas, dicen expertos
| POR GERARDO E. ALVARADO LEÓN
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A TRAVÉS de los años, las fórmulas de ajuste por compra de combustible y de energía han sido la piedra con la que han tropezado los gobernantes de turno en su afán por reducir la factura de luz y cumplir unas promesas que, a la larga, se quedan en el aire.
Quizás porque nadie las entiende, a excepción de un puñado de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ambas fórmulas se han mantenido casi inalteradas desde su creación, permitiéndole a la corporación pública no solo cobrar por la energía que vende, sino también por la que bota o le roban a causa de sus ineficiencias operacionales. Ambas fórmulas permiten, además, que la AEE otorgue un sinfín de subsidios.
El gobierno de Alejandro García Padilla, al igual que los anteriores, ha prometido revisar las fórmulas. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, planteó en su discurso inaugural que las eliminaría. Pero a juzgar por los efectos de la más reciente modificación, el panorama no luce alentador.
En octubre pasado, la entonces gerencia de la AEE encabezada por el ex- director ejecutivo, Josué Colón, y el expresidente de la Junta de Gobierno, José Ortiz, alteró temporalmente las fórmulas para que se tomaran en cuenta los cargos correspondientes al uso de energía renovable y las unidades convertidas a gas natural en la central Costa Sur, en Guayanilla para así bajar la factura.
Empero, la modificación fue un truco electorero que ahora implica que la mayoría de los clientes de la AEE, 9 0 0, 0 0 0 de los 1.5 millones, verá una leve alza en su factura por los próximos tres meses. Según reveló quien hasta este sábado será la directora ejecutiva interina de la AEE, Sonia Miranda, esos 900,000 clientes no subsidiados tendrán que pagar en retroactivo el supuesto ahorro que recibieron.
“Todo esto que ha pasado con las fórmulas de ajuste y cómo se ha trabajado es el mejor argumento para afirmar que la gobernanza de la AEE no está funcionando. Ni los mismos directores sabían lo que estaba pasando. Aquí hace falta fiscalizar”, señaló ayer el economista Sergio Marxuach.
Algunos miembros de la Junta de Gobierno de la AEE, como Andrés Salas Soler, reconocieron que no sabían a ciencia cierta en qué consistían las modificaciones de las fórmulas, lo que llevó a la entidad rectora de la corporación pública a dejar sin efecto los cambios.
Ayer, García Padilla ordenó al Departamento de Justicia realizar una investigación sobre estas irregularidades.
“Las fórmulas sí pueden tocarse. Hay procedimientos que existen y se pueden legislar. Lo que hace falta es voluntad política”, sostuvo Marxuach, quien también es director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE).
NUEVA TARIFA BÁSICA
Una forma de eliminar las fórmulas sería alterando la tarifa básica, que no se toca desde 1989.
Según Marxuach, la nueva tarifa básica reflejaría los “costos reales” de producción y podría ser más alta que la actual, ya que recogería los costos de las fórmulas relacionados con la compra de combustible y energía.
Al presente, ambas fórmulas tienen componentes ajenos a la compra de combustible y energía. Mediante el Factor 0.89, la AEE les cobra a sus clientes una suma igual al 11% de sus ingresos brutos, dinero que usa para subsidiar a los municipios. Mediante el Factor Ei, la AEE les cobra a sus clientes por la electricidad perdida y hurtada.
Marxuach explicó que en la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses no existe el ajuste por combustible sino un proceso anual de revisión tarifaria.
En ese proceso, la tarifa básica se sube o se baja según los costos. Estas jurisdicciones recurren al ajuste por combustible en casos de emergencia, por ejemplo, cuando hay cambios drásticos en el precio del crudo.
Para atender la falta de fiscalización, Marxuach recomendó la creación de un “ente independiente” que, entre otras cosas, garantizaría que los ajustes tarifarios fueran transparentes. Actualmente, la AEE se fiscaliza a sí misma mediante la Junta de Gobierno.
“Sería un ente encargado de velar que la AEE cumpla con sus objetivos de política pública. Hemos sugerido que esté integrado por representantes del sector gubernamental, privado y empleados de la AEE”, dijo.
El ente independiente también lideraría la transición de petróleo a gas natural y energía renovable, proceso que hoy día parece estancado.
A PAGAR POR LO CONSUMIDO
En tanto, el ingeniero Gerson Beauchamp, miembro de la Comisión Técnica y Científica de la organización Casa Pueblo, opinó que si la AEE crea una nueva tarifa, los clientes solo deben pagar por la energía que consuman.
“Lo que hay que cambiar realmente es el esquema de que todos pagamos por la energía que se regala o se pierde”, recalcó Beauchamp.
Ese “nuevo esquema” de que la gente pague por lo que consume debe venir acompañado de un componente educativo. Según Beauchamp, en Puerto Rico “se desperdicia” mucha energía y los niveles de consumo son parecidos a los de países industrializados.
La nueva tarifa que se diseñe también tiene que considerar el pago de intereses y el pago al principal de la deuda de la AEE, estimada en $9,000 millones, dijeron Marxuach y Beauchamp.
Como la nueva tarifa excluiría los componentes ajenos a la compra de combustible y energía, la AEE estaría forzada a lograr eficiencias, cosa que hoy no ocurre porque la corporación pública recupera todas sus pérdidas mediante las fórmulas.
“Ahora mismo no escuchamos a nadie en la AEE pidiéndole a la gente que consuma menos. Y es que, si los clientes consumen menos, llega menos dinero para pagar la deuda. Pero la deuda no puede estar vinculada a la generación”, puntualizó el ingeniero.
