Temen un apocalipsis fiscal en el BGF
Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El riesgo de insolvencia que encara el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es el resultado de haber utilizado esa dependencia como una chequera para pagar por la mala administración de las corporaciones públicas, agencias y municipios, y la falta de una reglamentación adecuada.
Y esa chequera, al parecer, se quedó sin fondos.
Según Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía, y Antonio Fernós Sagebién, profesor de Finanzas para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de producirse el colapso del agente fiscal del Gobierno, Puerto Rico vería una reducción dramática en la posibilidad de acceder a capital e, incluso, encarar una degradación crediticia en cadena en todas las corporaciones públicas y hasta en las obligaciones generales del Gobierno central.
“El Gobierno perdería su flexibilidad para financiarse”, dijo Marxuach.
A través del BGF, las agencias, corporaciones públicas y municipios obtienen préstamos o líneas de crédito para pagar por carreteras, escuelas, centros comunales. Además, a través del BGF, las distintas dependencias públicas pueden acceder al mercado de bonos para financiar sus distintos proyectos de inversión o mejoras capitales.
“Tengo esperanza de que se tomen las medidas apropiadas”, comentó Ferrer a El Nuevo Día. Anteriormente, Ferrer había señalado la debilidad financiera del BGF, pero no fue hasta esta semana que dijo explícitamente a la Legislatura que, si el BGF no logra recobrar lo que ha prestado en los pasados años, a partir de julio próximo esa dependencia podría verse impedida de allegar dinero a Puerto Rico como lo ha hecho por casi 50 años.
“No es justo que el consumidor puertorriqueño termine pagando los platos rotos por deficiencias multianuales (en las corporaciones públicas) y que el BGF tenga que entrar a pagar por esas ineficiencias”, dijo Ferrer.
Obsesión con el crédito
Puerto Rico, por tener autonomía fiscal, tiene en el BGF un vehículo para acceder a financiamiento que no se encuentra en ningún estado de los Estados Unidos, explicó Marxuach.
Pero según el investigador, alejarse del objetivo de promover financiamiento a ciertas actividades económicas y de financiar proyectos de inversión, para dedicarse a cubrir con préstamos el déficit de agencias, corporaciones y municipios, ahora le ha puesto en precario. Esa práctica, agregó, comenzó para la década de 1980.
Más recientemente, la Administración de Seguros de Salud tomó prestados $186 millones para pagar la reforma de salud, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas tomó prestado otros $20 millones, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura recibió otro financiamiento por $35 millones.
En total, a junio del 2012, el BGF tenía préstamos por cobrar de $8,374 millones.
De todos los deudores, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) le debe $2,100 millones y, de no producirse un pago en 60 días o un mecanismo para que pueda efectuarse una emisión de bonos a nombre de la ACT, el BGF no podrá otorgar más financiamientos.
De acuerdo con Marxuach y Fernós Sagebién, no es la primera vez que el BGF ha estado en aprietos y, en buena parte, ha sido para atender problemas externos.
Para la década de 1990, el BGF respondió por los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuando esa corporación no podía pagarlos. A principios de la década del 2000, se extrajeron $1,000 millones de su capital para el Programa de Comunidades Especiales.
En el 2011, el Gobierno entró a rescatar la Autoridad de los Puertos por segunda ocasión y, en el caso de la ACT, cubre sus gastos operacionales desde hace cuatro años.
También ha tenido que financiar al sector privado con programas como el bono para la compra de vivienda, que le dejó con pérdidas de $17 millones, y proyectos hoteleros que ocasionaron otros $200 millones en pérdidas.
Para cubrir todo ello, el BGF ha tomado prestado por sí mismo casi $10,000 millones y esa cifra solo abarca desde el 2009.
Según Fernós Sagebién, el BGF sería un banco fallido si tuviera que establecer reservas tal y como requieren los reguladores a un banco comercial. Un banco está obligado a separar una parte de su capital para protegerse en caso de que no se le pague un préstamo.
“El BGF nunca toma una pérdida por un préstamo”, dijo el académico, al agregar que ello no sería aceptable en ningún examen de auditoría.
Y así lo indicó el auditor Deloitte & Touche y lo reseñó El Nuevo Día, en febrero pasado, cuando la firma advirtió que el BGF podría quedar insolvente. “El Banco ha tenido, a través de los últimos años, que utilizar su capital para financiar al Gobierno central, a las corporaciones públicas y municipios de cara a una economía que no ha crecido con la fortaleza que todos queremos que crezca”, dijo Ferrer.
“El Banco es como Atlas (el personaje de la mitología griega) y en sus hombros siempre ha estado aguantando al Gobierno y sus componentes. Pero ahora el peso se hace difícil y las rodillas comienzan a temblarle”, aceptó el banquero, al insistir en que ya logran avances. Entre estos, un alza en tarifas para allegar dinero a la AAA y la reciente cancelación de parte de la deuda de Puertos, tras la cesión del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a un consorcio privado.
Budget will cover cash shortfall, economic development initiatives
At least $1.64 billion in new tax measures being considered to pay for it all; increased tariffs also on the horizon
Gov. Alejandro García Padilla is expected to present to the Legislature tonight a budget that aims to make up for shortfalls in government revenue and cover the cost of campaign pledges and new initiatives, including heightened efforts aimed at creating jobs and jumpstarting the stagnant economy.
A series of new tax measures will be implemented to pay for the bigger budget, but government officials insist they are keeping spending under control. The García Padilla administration proposals total $1.64 billion, but the Legislature is also proposing several other fee and tax hikes, which could push this figure up even higher.
Office of Management & Budget Executive Director Carlos Rivas Quiñones said the budget figure may have a “substantially higher dollar” amount than the current budget, but added that it would be “misleading” to assume the administration would be spending more money than this year. Rather, the budget will accurately reflect the government’s total liabilities, something that the budget inherited from the previous administration didn’t do, he said. READ MORE
La crisis como detonante para la concertación social
¿Es posible una concertación social en Puerto Rico?
NotiCel
Por: Ely Acevedo Denis
Publicado: 01/03/2013 09:00 pm
Para que Puerto Rico pueda balancear los distintos intereses e implementar una concertación social, hace falta que los distintos sectores tenga la flexibilidad de sentarse a negociar y ceder en algunos aspectos.
Así lo estableció José Antonio Ocampo, director y profesor de Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York: ese pacto social no es otra cosa que un acuerdo entre el Gobierno y los sectores empresariales y sociales del país.
José Antonio Ocampo, director y profesor de Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Sin embargo, fue enfático en que la clave de estos acuerdos es que “sobrepasan las visiones políticas de los gobiernos de turno”.
Para Ocampo, el Gobierno no esta ahí para imponer su agenda política sino para facilitar que los distintos sectores lleguen a los puntos de encuentro. El Gobierno debe mostrarse abierto a evaluar alternativas, que no ha pensado.
“El Gobierno, a mi juicio, tiene que ser el líder del proceso, pero el gobierno no puede ser para imponer su agenda, porque esa es la ruta al fracaso. Está en el Gobierno buscar dónde existen los puntos de encuentro“, determinó.
Ocampo hizo un repaso de las estrategias llevadas a cabo por países como Irlanda y España, en este proceso de concertación social.
¿La concertación es posible en Puerto Rico?
Puerto Rico, actualmente, enfrenta varios desafíos económicos, políticos y sociales, que van desde la caída del Producto Interno Bruto, hasta el problema fiscal en el Gobierno, y se le añade la crisis en los Sistemas de Retiro, y las desigualdades sociales.
“Ustedes tienen una de las tasas de empleo más bajas del mundo, y unos niveles de pobreza y desigualdad social altos”, apuntó Ocampo.
Ocampo planteó que Puerto Rico tiene que resolver el problema del status político, para ver de que manera se puede obtener más autonomía económica. Y es que aspectos como la Ley de Cabotaje, la materia tributaria o conceptos de regulaciones salariales, pudieran ser atendidos.
Pero esa autonomía no implica que la Isla tenga su propia política monetaria, señaló Ocampo.
El panorama de Puerto Rico no es todo oscuro; entre las fortalezas de la Isla, Ocampo resaltó el sistema educativo y las posibilidades de ampliar operaciones en América Latina.
En resumen, entiende que en el país existen las condiciones para dar paso a una concertación, pero tal vez no hubo iniciativa para hacerlo.
Ocampo fue el orador principal de la Conferencia Económica del Centro para la Nueva Economía (CNE), efectuada en el Hotel Condado Vanderbilt.
Para ver la presentación del CNE sobre concertación social pulse aquí.
CNE propone “concertación social” para salvar Retiro
- 5 de Marzo de 2013
- Joel Cintrón Arbasetti
- Centro de Periodismo Investigativo (CPI)
El mismo día en que el Centro para una Nueva Economía (CNE) presentaba su propuesta para enfrentar, de manera colectiva, la crisis del Sistema de Retiro del País, funcionarios del equipo financiero del Ejecutivo se reunían a puerta cerrada con las casas clasificadoras en Nueva York en busca del aval al plan oficial para resolver el problema del fondo de las pensiones de empleados públicos.
Sin embargo, a juicio de Sergio Marxuach, director de política pública del CNE, la crisis del Sistema de Retiro del gobierno es de tal magnitud que “ningún partido o facción política en Puerto Rico tiene ahora mismo el poder o la autoridad para imponer una solución unilateral a este problema. Y me temo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno y creo que no va a acabar bien si sigue por este camino”.
Para Marxuach, es un error que el gobierno presente a las casas clasificadoras un plan sin consultarlo con los pensionados, a los líderes de las uniones de empleados públicos, y a la Asamblea Legislativa a quien le tocará legislar las medidas. Con Marxuach coincide el presidente de la Asociación de Pensionados de Puerto Rico, Roberto Aquino, quien en entrevista con Noticel catalogó como un proceso “unilateral” la ponderación del paquete de medidas gubernamentales.
Contrario a estas formas de accionar del gobierno, en su Conferencia Económica Anual 2013, el CNE propuso un método de trabajo multisectorial, conocido como “concertación social”. “Es un modelo de gobernanza, es decir, un modelo de gobernar que puede suplementar y en algunos casos hasta sustituir la democracia participativa tradicional que tenemos en Puerto Rico”, explicó Marxuach.
“El objetivo específico es lograr un acuerdo conocido como pacto social. El pacto social es un contrato formal de políticas públicas anunciado públicamente, un proceso público, transparente, abierto, sobre asuntos tales como leyes laborales, reformas de pensiones, niveles de inversión pública y privada, política industrial, impuestos, contribuciones, políticas de bienestar social y otro tipo de política amplia con miras a reducir la exclusión y minimizar la desigualdad. Esta definición excluye expresamente declaraciones o pactos puramente ceremoniales o simbólicos y acuerdos informales o formales negociados en privado entre alguna organización y el gobierno”, abundó Marxuach.
Toda vez que esto nunca se ha puesto en práctica en Puerto Rico, la sugerencia del CNE es que se empiece con un tema importante que esté relativamente delimitado. “La crisis del Sistema de Retiro es un tema lo suficientemente importante para el primer proceso de concertación social en Puerto Rico”, propuso.
Este proceso se llevó a cabo con relativo éxito en países de Europa, Latinoamérica y el Caribe. Marxuach dio como ejemplo que en la década de 1990 España, Italia, Irlanda, Portugal, Finlandia, Holanda y Bélgica llevaron a cabo pactos amplios que cubrieron temas de salarios, impuestos, reforma laboral y red de apoyo social. Entre los ejemplos latinoamericanos se cuentan los pactos para combatir la inflación, como el Pacto de Solidaridad Económica de México en 1987 y el Consejo Nacional Laboral de Colombia convertido en Ley en 1996. Como un acuerdo político de mayor alcance habló de Los Pactos de la Moncloa de 1977, acuerdos que se llevaron a cabo durante la transición a la democracia española luego de la dictadura franquista. En cada uno de estos países el rol del gobierno fue determinante para que cada concertación lograra sus objetivos.
En cuanto a la situación actual de Puerto Rico, el CNE considera que los jugadores que tendrían que sentarse en la mesa de la concertación serían el gobierno, los representantes de los pensionados, los representantes de las uniones de empleados públicos, además de recursos de la sociedad civil como académicos, economistas y recursos de las compañías de seguro que tenga experiencia en estudios actuariales.
“El objetivo sería elaborar un plan para los sistemas de retiro. Ese plan tiene que tener dos condiciones. Tiene que ser viable financieramente, que lo podamos pagar y que a la misma vez cumpla con las obligaciones de pensiones. Y tiene que tener credibilidad política, el apoyo de los partidos políticos y de los grupos sociales que se van a ver afectados”, dijo Marxuach.
El director de política pública del CNE advirtió que, de llegarse a un pacto, este sería un plan a largo plazo que debería durar por lo menos 30 años. Añadió, que con acuerdos unilaterales lo único que pudiera suceder es un backlash (retroceso) social, “especialmente si las soluciones son todas del lado financiero y nos olvidamos del lado político”.
Las medidas presentadas la semana pasada por el gobierno para resolver la crisis del Sistema de Retiro incluyen:
- Eliminación de pensión de mérito: sólo aquellos participantes elegibles para retirarse con una pensión por mérito en o antes del 30 de junio de 2013 podrán retirarse con la misma.
- Incremento de la edad de retiro: de 58 a 65 para empleados bajo Ley 447, de 65 a 67 para quienes participan de la Ley 1. Para quienes estén empleados bajo la Reforma del 2000, la edad de retiró aumentará de 60 a 70 años.
- Policías y bomberos de 50 años de edad o de cualquier edad con 30 años de servicio, se retirarían al cumplir 58.
- El paquete incluye además, reducción en el bono de Navidad y en la aportación al plan médico, entre otras medidas.
En el informe donde se resumen estas propuestas, titulado Rescatando los Sistemas de Retiro de Puerto Rico, el discurso del Estado es que “las decisiones del pasado han sido las causas principales de la crisis actual. Gran parte del problema que enfrentan los Sistemas se remonta a incrementos en la estructura de beneficios que se han hecho en el pasado, sin identificar los recursos necesarios para sufragar el costo de incrementos”.
Marxuach esbozó las consecuencias de las acciones pasadas: “Puerto Rico no puede cumplir ahora mismo con todas las obligaciones o con todo lo que ha prometido a la ciudadanía, a los bonitas y a los pensionados con los recursos disponibles. Tenemos que reestructurar significativamente nuestra economía o reestructurar las obligaciones, o ambas, para poder cumplir y manejar nuestra economía de una manera sostenible”.
En términos similares se expresó Miguel A. Soto-Class, presiente del CNE, quien sostuvo que “el gobierno es una institución de mucha importancia pero ya no podemos permitir que siga siendo el protagonista de nuestra vida colectiva”.
Adelantó que el CNE está preparado para la creación de un nuevo modelo económico para Puerto Rico que, según dijo, es el proyecto más importante y ambicioso que se han propuesto. “Será una combinación de estudio y acción desde una perspectiva de crecimiento y equidad”.
En la conferencia, donde además se celebró el decimoquinto aniversario del CNE, participó como orador principal José Antonio Ocampo, profesor, ex Ministro de Hacienda en Colombia y director de la Concertación sobre Desarrollo Económico y Político en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Sobre la situación local, Ocampo manifestó que Puerto Rico presenta problemas serios de reestructuración productiva y un problema fiscal coyuntural y estructural. Asimismo, señaló que la deuda del Producto Interno Bruto tenderá a agudizarse debido a la alta tasa de envejecimiento que existe en la Isla. A Ocampo también le llamó la atención el bajo empleo masculino y la alta desigualdad en el País.
Estos problemas posiblemente eran evidentes para quienes estaban presentes en la Conferencia que se llevó a cabo en el hotel Vanderbilt en Condado, pero entre el público surgieron expresiones de desaprobación a las observaciones de Ocampo cuando éste enumeró lo que considera “fortalezas y oportunidades” para Puerto Rico. Entre éstas mencionó el sistema legal y financiero de Estados Unidos y la relación de comercio con aquel País, la cual incluye flujos fiscales y libre movilidad de mano de obra. El profesor también consideró que tanto la infraestructura como el sistema educativo de Puerto Rico son de una “relativa calidad”. No obstante, reconoció las restricciones en materia de instrumentos de política económica, como el hecho de que no exista una política monetaria ni de comercio exterior y márgenes fiscales escasos o inexistentes.
CNE: External regulatory board needed to run PREPA
CNE: External regulatory board needed to run PREPA
Written by Michelle Kantrow // February 13, 2013 // Government // 1 Comment
Mike Soto-Class, president of the CNE (Credit: © Mauricio Pascual)
The Puerto Rico Electric Power Authority needs to undergo profound changes to improve its fiscal situation and consumer services, something that could happen under the supervision of an external, independent regulatory board, members of the Center for a New Economy think tank said Tuesday.
While an outside board is not the magic solution to the utility’s woes, it would be a first step toward correcting problems in the long run and make it operate more like “the public corporation that it is supposed to be,” said Mike Soto-Class, president of the CNE.
During a meeting with members of the local media, Soto and Sergio Marxuach, the CNE’s director of public policy, said having an outside entity oversee Prepa’s operation would help eradicate politics from day-to-day decision-making and establish transparency.
“The way public corporations are being governed right now isn’t working. Nobody really represents the people, who are the true stakeholders, and nobody is watching over the faithful fulfillment of public policy objectives. The board’s composition needs to be changed so that representatives of different sectors balance each other out,” said Marxuach.
One of the fundamental issues plaguing Prepa is the high level of politics strangling it at nearly every level, they said. The agency’s organizational chart consists of a governing board that oversees the entire operation, including its top management and Puerto Rico’s electricity market. Management is responsible for overseeing the flow of power generation, transmission and distribution.
“Both the governing board and senior management are appointed by the governor based on political criteria, so there’s a high level of bureaucratization, politicization and opacity,” Marxuach said.
An effective governing board would be split equally between corporation employees, as well as representatives of the state and the private sector, the CNE proposed.
Furthermore, by taking the responsiblity of regulating the market away from Prepa’s governing board and putting it in the hands of an independent board, the agency would no longer have arbitrary power to regulate Puerto Rico’s electricity market in terms of pricing and competitive matters.
“This is the first logical step to take to bring down energy costs in three to five years considering that Prepa’s entire legal and regulatory structure would have to be changed,” Marxuach said. “Establishing an independent regulatory agency would open the process to public scrutiny and limit the influence of these [interest] groups that have overtaken the corporation. We’ve been promoting the creation of such an agency for many years.”
Meanwhile, Soto said “ignorance, inertia and ideology” are to blame for the inaction of nearly every administration with regards to reforming Prepa.
As it is, immediate steps are required to address Prepa’s need for $2 billion to comply with a mandate for capital improvements from the Environmental Protection Agency that must be completed by 2016. Because the agency will not be able to turn to the Government Development Bank for credit or draw from the General Fund, a rate increase is inevitable, Marxuach said.
Following OECD principles
In its proposal, the CNE suggested following principles laid down by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) that have helped many countries be more effective in running their utilities and public agencies.
Sergio Marxuach, the CNE’s director of public policy (Credit © Mauricio Pascual)
Topping the list is “ensuring an effective legal and regulatory framework for state-owned enterprises” that in this case is not a reality for Puerto Rico or Prepa, which still follows a structure implemented 40 years ago.
The OECD also suggests state governments should act as an “informed and active owner” while setting a clear and consistent ownership policy, something Puerto Rico needs to be able to achieve economic development goals through these corporations.
“Puerto Rico doesn’t do this at all. Instead we focus on the grave fiscal problems of the public corporations, which is important. There is no vision anywhere in government about the goals we want to accomplish through these entities,” Marxuach said.
Two other OECD points — “equitable treatment of shareholders” and “relations with stakeholders” — are also being ignored, as Prepa’s ultimate goal is to generate benefits for bondholders, not consumers who are the true owners of the public corporation, he said.
“The point is to recognize that each of these groups are equally important,” he said.
Meanwhile, Marxuach said Prepa is also falling flat on complying with matters related to transparency and disclosure, as defined by the OECD’s principles of corporate governance.
“Disclosure is practically non-existent at Prepa and it shouldn’t be that way. If this is a public corporation, it should be transparent especially regarding groups that receive subsidies and who is paying for those subsidies,” he said. “We have no idea about how much those subsidies cost regular consumers, who ultimately end up paying for them.”
As a result of the CNE’s proposed overhaul, Prepa’s prices would also need to be addressed, so that consumers are charged for what they consume without hidden costs. The agency would need to significantly improve efficiency to scale back losses, including those brought on by energy theft, Marxuach said.
“Puerto Rico could have the best energy policy in the world, but it won’t be able to make it a reality while Prepa remains in the condition it’s in,” said Marxuach.
Una mirada a la competitividad de Puerto Rico
Recientemente fuimos invitados a comentar los hallazgos de un informe preparado por economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York sobre la competitividad de la economía de Puerto Rico.
Oportunidades
En Puerto Rico, como en la mayoría de los países del mundo, la creciente desigualdad en los ingresos está limitando severamente las posibilidades de una verdadera recuperación económica y está causando una discrepancia marcada en las oportunidades al alcance de los diferentes sectores de la población.
A reinventar las corporaciones públicas
Proponen reinventarlas para reducir los golpes continuos al bolsillo del consumidor
Por: Gerardo E. Alvarado León | Publicado en: El Nuevo Día
Foto: vxla via Flickr
Las 51 corporaciones públicas que existen hoy en el País se han convertido en entes burocráticos, politizados y con millonarias deudas que el Gobierno central asume y que, por ende, acaban pagando los contribuyentes.
El precio de la desigualdad
Asegurar el crecimiento económico requiere atender la creciente brecha entre ricos y pobres
Por: Joanisabel González | Publicado en: El Nuevo Día
Foto: david_shankbone via Flickr
Los efectos de la crisis financiera, génesis de la “Gran Recesión”, han sido tan profundos que ha sucedido lo impensable: los principales mensajeros del libre mercado y la globalización han concluido que el principal riesgo para el desarrollo es la desigualdad.
