Deuda Pública y Mejoras Permanentes

Proveer una infraestructura adecuada, que fomente y facilite el desarrollo económico, es una de las funciones básicas de cualquier gobierno moderno.  La inversión pública en activos con una vida útil relativamente larga, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, hospitales, escuelas, plantas generadoras de electricidad, represas, plantas de tratamiento de aguas, y líneas de transmisión y distribución de electricidad, entre otros, es beneficiosa para el desarrollo económico por múltiples razones.

A corto plazo, el gasto gubernamental en infraestructura, o mejoras permanentes como se le llama en presupuesto de Puerto Rico, genera actividad económica y empleos, directos, indirectos e inducidos, relacionados con el diseño y la construcción de la obra pública.  A largo plazo, una buena infraestructura pública provee la base sólida, el cimiento esencial, para que las empresas del sector privado puedan crecer, crear empleos, producir ingresos, y generar riqueza.

Los gobiernos tradicionalmente toman dinero prestado a largo plazo para financiar estos gastos.  Esta practica tiene sentido, dado que los activos que se van a construir tienen una vida útil de 30 o 40 años, tal vez mas, pues es justo que las personas que van a usar y a beneficiarse de la infraestructura pública a través del tiempo paguen una porción del costo de la misma.

En Puerto Rico la mayoría del gasto público en infraestructura se financia con bonos de obligación general emitidos por el gobierno central y con bonos emitidos por las corporaciones públicas, tales como, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

La grafica a continuación presenta el gasto en mejoras permanentes y el servicio de la deuda pública en relación al presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico durante los años fiscales 2000 al 2012.  Recordamos que el presupuesto consolidado es el conjunto de obligaciones y recursos del gobierno de Puerto Rico, que incluye: todos los gastos operacionales y de mejoras permanentes con cargo al Fondo General, Fondos Federales, Fondo de Mejoras Públicas, Fondos Especiales Estatales, y el presupuesto neto de las corporaciones públicas, incluyendo las aportaciones y compensaciones que les da el gobierno central.  Se excluye de esta definición los presupuestos municipales.

De la información presentada podemos llegar a las siguientes conclusiones.

Primero, la porción del presupuesto consolidado que se dedica a mejoras permanentes se ha reducido significativamente durante los últimos 12 años, de un 13.6% en el 2000 a un 5.3% en el 2012.

Segundo, la porción del presupuesto consolidado dedicada al servicio de la deuda ha aumentado modestamente, de un 13.6% en el 2000 a un 15% en el 2012.

Tercero, dado que (a) la deuda pública total ha aumentado vertiginosamente desde el 2000; (b) el Banco Gubernamental de Fomento ha sido efectivo refinanciado la deuda pública a intereses mas bajos cuando ha tenido la oportunidad; y (c) el gasto en mejoras permanentes se ha desplomado, la conclusión inevitable es que la mayor parte de lo que el gobierno de Puerto Rico ha tomado prestado desde el 2007 se ha utilizado para cubrir gastos operacionales y no para infraestructura.

Cuarto, estamos viendo el retrato de un gobierno que está perdiendo la capacidad financiera de financiar inversión nueva y el peso de la deuda existente se va comiendo el presupuesto.  No estamos muy lejos de caer en lo que los economistas llaman una “trampa fiscal”, que se define como una situación en la cual un país emite deuda adicional para pagar deuda existente.  De hecho, podríamos decir que algunas corporaciones públicas ya se encuentran es esa condición.

Quinto, si a esa incapacidad gubernamental le añadimos que la banca privada en Puerto Rico se encuentra en un periodo de consolidación y recuperación, y que la cantidad prestada por los bancos comerciales en Puerto Rico se ha reducido en un 18% desde el 2006, entonces resulta obvio que en Puerto Rico ni el sector público ni el privado tienen la capacidad para financiar la inversión necesaria para que la economía crezca de manera sustentable.

Finalmente, debemos recordar que, en palabras del periodista financiero Michael Lewis en su libro Boomerang: Travels in the New Third World, “when you borrow a lot of money to create a false prosperity, you import the future into the present.  It isn’t the actual future so much as some grotesque silicone version of it.  Leverage buys you a glimpse of a prosperity you haven’t really earned.”

Tal vez mas pertinente aún en el caso de Puerto Rico: “when people pile up debts they will find difficult and perhaps even impossible to repay, they are saying…their present wants are so important that, to satisfy them, it is worth some future difficulty.  But in making that bargain they are implying that when the future difficulty arrives, they will figure it out.  They don’t always do that.”

En Puerto Rico ¿estaremos listos para cuando llegue el día de ajustar cuentas con nuestros acreedores?

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Sergio M. Marxuach es Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía

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AEE Anuncia Nuevo Subsidio

El viernes pasado, 25 de noviembre, la Autoridad de Energía Eléctrica (la “AEE”) publicó un aviso a sus clientes en un periódico de circulación nacional.  Dicho aviso, el cual reproducimos aquí, anuncia la “creación de una nueva tarifa residencial no subsidiada”  La tarifa será efectiva el 1 de diciembre y “estará disponible con carácter temporero (sic).”

El cambio anunciado consiste en una enmienda a la fórmula para calcular el cargo de compra de combustible, conocido comúnmente como el “ajuste por combustible.”

1. Se elimina una variable del numerador, el llamado Ajuste_c, que se utilizaba para añadirle o restarle a la factura, según fuera el caso, la diferencia entre (i) el costo real del combustible y (ii) lo recuperado a través de la cláusula de combustible el mes anterior, sin tomar en consideración la cantidad cobrada por concepto de contribuciones en lugar de impuestos.
2. Se añade una variable nueva llamada “Cantidad Estabilizadora” que se define como “la cantidad de dinero que se aplicará mensualmente para estabilizar y producir ahorros en la factura residencial no subsidiada.  La suma de esta cantidad se determinará cada mes.  El dinero provendrá del Fondo Estabilizador, según aprobado por la Junta de Gobierno de la Autoridad.”

De acuerdo con la AEE, “la razón para establecer esta tarifa es proveer un alivio a los clientes residenciales que no reciben subsidio.”

De entrada podemos estipular que todos queremos pagar menos por la electricidad que consumimos.  Ahora bien, un análisis mas a fondo del anuncio publicado por la AEE levanta una serie de interrogantes importantes.

Primero, hay que llamar las cosas por su nombre.  Lo que se está anunciando es un subsidio para todos los clientes residenciales que actualmente no reciben otros subsidios.  Cualquier rebaja en la factura, por tanto, no se debe a mayores eficiencias en la AEE o a una reducción en la dependencia del petróleo, sino simplemente que al costo del combustible que compre la AEE se le restará una cantidad a ser determinada por la gerencia de la AEE.

Segundo, el aviso nos dice que el nuevo subsidio entrara en vigor el 1 de diciembre pero no nos dice hasta cuando va a durar.  Solamente se nos indica que será de carácter temporal.

Tercero, ¿cuanto dinero hay disponible para este subsidio?  ¿Cómo se creó el Fondo Estabilizador y donde obtiene los recursos para el subsidio?  ¿Qué criterios va a utilizar la AEE para determinar la “cantidad de dinero que se aplicará mensualmente para estabilizar y producir ahorros”?

Cuarto, ¿que pasó con aquellos argumentos de que era imposible cambiar la fórmula del cargo por combustible sin consultar a los bonistas?

Por todo lo anterior, aunque nos alegramos de cualquier alivio que se pueda registrar en la factura durante los próximos meses, nos reiteramos en que es necesario crear una junta reglamentadora independiente, que supervise y fiscalice las operaciones de la AEE—una corporación pública que, irónicamente, actúa habitualmente en las mas oscuras sombras y de manera poco transparente.  Como dijera el Juez Louis Brandeis del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: sunlight is the best disinfectant.

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Sergio M. Marxuach es Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía

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El Fracaso del Súper Comité

El 2 de agosto de este año el Congreso de Estados Unidos aprobó el “Budget Control Act” del 2011 (el “BCA”).  Entre otras cosas, dicha ley creo el “Joint Select Committee on Deficit Reduction”, conocido comúnmente como el “Súper Comité”.

La misión de dicho comité es “reducir el déficit en por lo menos $1,500,000,000,000 durante los años fiscales del 2012 al 2021.”  La fecha límite para cumplir con ese objetivo es el 23 de noviembre, pero tal parece que los miembros del comité han declarado que no han podido ponerse de acuerdo y por lo tanto han fracasado en cumplir con su objetivo.

La ley dispone que si para el 15 de enero de 2012 no se ha aprobado legislación que reduzca las deficiencias proyectadas en por lo menos $1.2 trillones, entonces entraría en vigor una reducción automática (“budget sequester”) en todo el gasto federal igual a:

1. (x) $1.2 trillones en el caso de que el comité no se haya podido poner de acuerdo; o
2. (y) la diferencia entre $1.2 trillones y la reducción recomendada por el comité, en caso de que ésta sea por menos de $1.2 trillones.

Esa reducción se dividiría en partes iguales durante los años fiscales 2013 al 2021 y la mitad de las reducciones se aplicaría al gasto de defensa y la otra mitad al gasto discrecional domestico, incluyendo algunos gastos de Medicare.

Por tanto, a menos que el Congreso decida enmendar la ley, podemos esperar una serie de reducciones significativas en el gasto federal.  Las reducciones comenzarían en el AF2013 como recortes “across the board” a todos los programas que no estén exentos.

Cabe señalar que muchos programas de asistencia social están exentos:

1. Los programas de Seguro Social, beneficios a veteranos, Medicaid, CHIP, seguro por desempleo, TANF, cupones alimentos, entre otros, no se verán afectados.
2. Los recortes al Medicare están limitados a un 2% anual.

Por otro lado, se estima que parte de los $1.2 trillones serán de ahorros en el pago intereses ya que se tendría que tomar menos dinero prestado, por tanto la reducción directa en el gasto programático se estima en $984 billones.

Estos ahorros se dividirán en partes iguales durante nueve años, lo que significa una reducción anual de $109 billones con relación al “baseline” estimado por la Congressional Budget Office (“CBO”).  Estos recortes anuales se dividen, a su vez, en partes iguales entre gastos de defensa y no-defensa, lo que requeriría reducciones anuales de $55 billones en cada uno de estos componentes.  Además, los recortes se dividen entre gastos obligatorios y discrecionales.

Con respecto a los gastos de defensa, los $55 billones en recortes tendrían que ser en gastos discrecionales ya que casi la totalidad del gasto obligatorio en defensa esta exento.

Con respecto a los gastos en todo lo demás (“non-defense”) el análisis es un poco mas complicado:

1. Todos los programas no-exentos se recortaran por un porcentaje uniforme para lograr los ahorros anuales de $55 billones, excepto que las reducciones a Medicare estarán limitadas a un 2%.
2. Por tanto, el límite en el gasto aplicable a los otros programas se reduce hasta cumplir con la meta de $55 billones.

La siguiente tabla resume el impacto y el alcance de los recortes:

La CBO estima que de los $984 billones en ahorros, unos $813 billones (83%) serán recortes a gastos discrecionales no-exentos y unos $171 billones (17%) serán recortes a gastos obligatorios no-exentos.

¿En que consiste el gasto discrecional?

Según la CBO, el gasto discrecional para el AF2011 sumó $1.277 trillones, de los cuales $712 billones (56%) fueron gastos de defensa y unos $566 (44%) fueron gastos en programas domésticos.

A su vez, los componentes principales del gasto discrecional doméstico son:

1. Programas de educación, entrenamiento, empleo y servicios sociales: $92 billones (16%);
2. Programas de transportación: $85 billones (15%);
3. Programas de seguridad de ingreso (mayormente vivienda): $63 billones (11%);
4. Beneficios a veteranos: $57 billones (10%); y
5. Programas de salud (investigación, salud pública, y National Institutes of Health): $55 billones (10%).

¿Qué podemos esperar para Puerto Rico?

El presupuesto consolidado de Puerto Rico para el AF 2012 es de $28.624 billones y este incluye unos $6.948 billones de fondos federales (incluyendo lo que queda de los fondos ARRA).  Por tanto, los fondos federales constituyen 24% de los recursos consolidados del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012.

Aunque no sabemos que programas en específico se van a recortar, si podemos hacer un estimado preliminar de los efectos en Puerto Rico:

1. Los fondos para el PAN, TANF, Seguro por Desempleo, Seguro Social, y Medicaid están exentos de los recortes.
2. Los pagos de Medicare a proveedores podrían verse reducidos hasta un máximo de 2% anual.
3. Gastos federales en educación, vivienda, y carreteras, entre otros, podrían verse reducidos en más de 7% en el 2013, el 2014, y el 2015.
4. Ejemplo: El presupuesto total del Departamento de Educación para el AF2012 es de $3.8 billones de los cuales $1.404 billones (37%) son fondos federales. Una reducción de 7.8% en el 2013 sería igual a unos $109.5 millones.

En la medida en que los recursos federales se reduzcan el gobierno de Puerto Rico tendrá que reemplazarlos localmente, y el fondo general, aun con los recaudos generados por el arbitrio nuevo del 4%, se encuentra sumamente comprometido.

Es preocupante también el hecho de que el sistema político norteamericano ha dejado de funcionar.  Ese sistema político está diseñado para evitar el cambio drástico y fomentar los acuerdos y transacciones entre los diversos grupos o facciones políticas.  Contrario a la percepción común, los fundadores del sistema americano tenían una gran desconfianza de las mayorías democráticas, las cuales estimaban eran unas masas poco educadas y fáciles de manipular a través de sus emociones.  Por lo tanto, diseñaron un sistema de gobierno que hace difícil a cualquier grupo imponer su voluntad a menos de que cuente con una mayoría abrumadora, como la tuvieron los Republicanos al terminar la guerra civil en 1865 o los Demócratas bajo FDR después de 1932.

Para impedir lo que los fundadores llamaban la “tiranía de la mayoría” el poder del gobierno fue dividido, en primer lugar, en dos grandes esferas: la estatal y la federal.  Y aunque la esfera federal ha aumentado significativamente también es cierto que todavía existen unos límites al poder del gobierno federal que se basan en esta teoría del federalismo.  Véase, por ejemplo, las acciones judiciales cuestionando la constitucionalidad de la reforma de salud legislada en el 2010.

En segundo lugar, el poder del gobierno federal se dividió en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa, y la judicial.  Con esto los fundadores buscaban que la constitución de Estados Unidos cumpliera con el ideal de crear un gobierno que mezclara elementos de la monarquía con la oficina del Presidente y sus poderes; la aristocracia con el colegio electoral para elegir al Presidente y con el Senado, que inicialmente era electo por las legislaturas estatales; y la democracia con la elección directa a la Cámara de Representantes.

El problema es que los mismos mecanismos que impiden a un grupo imponer su voluntad a menos de que cuente con una mayoría abrumadora pueden también ser utilizados por una minoría para obstaculizar, trancar, y paralizar el gobierno.  Parece que ese es el caso aquí.  Tenemos un grupo atrincherado, bien organizado y financiado, que se opone de manera irracional a cualquier aumento en los recaudos del gobierno federal y ha trancado el proceso político americano.

De acuerdo con Arthur Schlesinger, Jr., “American history moves in cycles but in the form of a spiral, in which the alternation between private interest and public action proceeds at successively higher levels and allows for the cumulation of change.”

¿Podrán los electores americanos resolver el impasse actual y darle paso al ciclo normal de la historia americana en las elecciones del 2012?

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Sergio M.  Marxuach es el Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía

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Azufre

Recientemente se han presentado varias propuestas para reducir el costo de la electricidad en Puerto Rico.  Algunas de estas sugerencias son muy buenas.  Las propuestas de utilizar gas natural en la planta generatriz de Costa Sur y la de reducir los subsidios al consumo de ciertos grupos favorecidos arbitrariamente por legislación, como los municipios, se deberían implementar a la mayor brevedad posible.  Otras propuestas, sin embargo, como la idea de tomar prestados $600 millones para financiar una reducción temporal en la factura o la de utilizar combustible con un mayor contenido de azufre, se deben descartar inmediatamente.

Los proponentes de utilizar combustible con mayor contenido de azufre alegan (1) que la AEE esta cumpliendo actualmente con unos estándares de contaminación ambiental más rigurosos que los aplicables a los estados de la nación norteamericana y (2) que el cambio de combustible generaría ahorros de $150 millones.

El primer argumento refleja un profundo desprecio por el medioambiente.  Es cierto que todos queremos reducir lo que gastamos en energía eléctrica.  La solución, sin embargo, no puede ser contaminar más el país.  Más aún, el que la AEE haya acordado utilizar combustible más limpio que lo requerido por los reglamentos federales debería ser objeto de orgullo, no de protestas.  Es una muestra de nuestro respeto a la naturaleza y sus recursos, los cuales administramos en fideicomiso para las generaciones futuras.

Segundo, el calculo de los ahorros monetarios se basa en un utilitarismo vulgar y superficial ya que no se toman en cuenta los costos sociales asociados con la utilización de este combustible, como lo son los gastos médicos por las enfermedades de la piel, de los ojos, de los pulmones, y de la garganta que afectarían a los residentes en áreas cercanas a las plantas de generación que emitirían mas contaminantes, así como los días de trabajo perdidos por enfermedad.

Un estudio por los profesores Nicholas Muller (Middlebury), Robert Mendelsohn (Yale), y William Nordhaus (Yale) publicado en el American Economic Review en agosto de este año, contiene un estimado de los costos de la contaminación en los Estados Unidos.  De acuerdo con su análisis, el costo de los daños externos causados por la producción de electricidad con petróleo es de 2.7 centavos por kWh y alrededor del 75% de ese costo se le atribuye a la contaminación generada por el dióxido de azufre.

Durante el año fiscal 2010 la AEE generó 15,652 millones de kWh con petróleo.  Los daños externos asociados con esa producción y generados por las emisiones de azufre se pueden estimar en $317 millones (a precios del 2000).  Si la AEE comenzara a utilizar combustible con un contenido de azufre de 0.75% en vez del 0.5% actual, estimamos que los daños externos aumentarían a $475 millones, un incremento de $158 millones.  Si convertimos a precios del 2000 la cantidad de los ahorros estimados de $150 millones, el ahorro en la compra del combustible sería igual a $111 millones.  Por tanto, el ahorro sería menor que el aumento en el costo de los daños ambientales.

Por otro lado, los que abogan por esta medida demuestran una actitud francamente clasista ya que los que se verían afectados serian gente pobre y de clase media.   Los prejuicios de clase son evidentes. Dado que las plantas de generación de electricidad no se encuentran en el Condado o en Garden Hills, pues la idea parece ser reducir la factura a costas del sufrimiento de los pobres.  Allá ellos que se las arreglen.

En resumen, la propuesta de utilizar combustible con un mayor contenido de azufre es inmoral desde una perspectiva ambiental, ineficiente desde una perspectiva económica, e  injusta desde una perspectiva de justicia social, y, por tanto, debe ser descartada.

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Sergio Marxuach es Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía

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Razonable

No conozco a nadie en estos momentos que esté contento con la Autoridad de Energía Eléctrica. Ni las otras agencia de gobierno, ni siquiera muchos de sus propios empleados, y de la ciudadanía en general ni se hable. Se está desarrollando una indignación popular ante los abusos de esa corporación pública y ante las posturas de prepotencia que han asumido que difícilmente amainarán.

El derroche de ineficiencia en la AEE es épico y todos los meses nos obligan a los clientes a hacer un serrucho para pagarle las cuentas a ellos. Eso no es justo ni es razonable.

El sector ciudadano ha asumido su responsabilidad de exigir acción y rendición de cuentas, pues al fin y al cabo, somos nosotros los dueños de esa empresa y, desafortunadamente, de toda su deuda.

La reacción visceral y natural ha sido hacer un llamado a eliminar los bonos, las formulas y los subsidios de la AEE. Desafortunadamente, a pesar de lo atractivo de esa propuesta, la realidad es que no sería recomendable pues no resolvería el verdadero problema.

En primera instancia, eso no es recomendable porque destruiría la AEE. Es de conocimiento público que la AEE ha tenido pérdidas multimillonarias en todos los últimos años y que arrastra una deuda de $7,500 millones con sus bonistas. Cualquier trastrueque apresurado e impulsivo que se haga a la estructura tarifaria o administrativa de la AEE podría tener consecuencias negativas y no intencionadas en la corporación.

Y, desafortunadamente, la AEE es la única proveedora de energía eléctrica autorizada a hacer negocios en Puerto Rico a nivel residencial, comercial e industrial en estos momentos. No podemos arriesgarnos a quedarnos sin la AEE, por mala que sea, no sin antes preparar alternativas.

Pero más importante aún, trastrocar sin reflexión y análisis los subsidios y las formulas no es recomendable porque el problema de fondo de la AEE no son los bonos al director ejecutivo, ni son los subsidios que propicia, ni son las ingeniosas fórmulas de ajuste por combustible y compra de energía.

El problema principal de la AEE es que le responde solamente a sus propios intereses y no tiene incentivos para cambiar su manera de operar. Por lo tanto, cualquier cambio que se haga se quedará corto porque eventualmente la AEE encontrará la manera de neutralizarlos y volver a sus viejas y malas costumbres.

Por lo tanto, el primer paso que se debe dar para crear un nuevo paradigma energético en Puerto Rico es crear una Junta Reglamentadora de la AEE que sea verdaderamente independiente y que vele rigurosa y ferozmente por los mejores intereses del país y de los clientes de la AEE. Esto es una propuesta razonable y si el gobernador, la AEE y su junta de directores han sido honestos cuando dicen que quieren bajar el costo de energía, no veo por qué no puedan apoyar esta idea.

Sólo con una Junta Reglamentadora independiente se podrá progresar hacia la elaboración de políticas públicas para el uso y desarrollo de energía renovable, para cambiar las injustas fórmulas de ajuste por combustible y por compra de energía, y para reformar la estructura de la corporación pública a otra que responda mejor a las necesidades del Puerto Rico del siglo veintiuno.

Puerto Rico es el único país en el mundo sin una entidad reglamentaria de este tipo para su sistema eléctrico y es no tan sólo razonable sino vital que exijamos su creación a la mayor brevedad posible y como primer paso a la reforma que deseamos.

Mientras más rápido tengamos esta Junta Reglamentadora, más rápido vendrán los ahorros, la razonabilidad y el progreso energético en Puerto Rico.

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Columna Miguel A. Soto class

Publicado en El Nuevo Día, 28 de septiembre de 2011

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Tormenta

Se ha formado una tormenta en Puerto Rico y no es Irene a quien me refiero.

Una vez más, la Autoridad de Energía Eléctrica esta en la mirilla ciudadana por las exorbitantes facturas que insistente y descaradamente nos envían cada mes sin falta.  Nuestro sistema de energía eléctrica sufre de muchas interrupciones pero el envío de las facturas no.  No hay apagón que pueda impedir la insistente e imparable marcha de la facturita amarilla de PREPA.  Se me ocurre que deben poner a cargo del sistema de transmisión y distribución al grupo que envía las facturas.  Seguro que de esa manera no habría huracán, ciclón o tsunami capaz de tumbar el sistema.

Por otro lado, no entiendo la sorpresa e indignación que provocan estas facturas en la ciudadanía.  Todos los años, y en todas las administraciones, pasamos por esto.  En un estudio del 2005 el Centro para la Nueva Economía destapó por primera vez y le demostró al pueblo las famosas formulas por ajuste de combustible y por compra de energía.  Esa noticia desató varias primeras planas, investigaciones especiales en la legislatura, litigios y más de un piquete frente a nuestras oficinas.

Sin embargo, todos los años surge como por primera vez el tema de que la factura no corresponde al uso, que nadie entiende las formulas de cobro, y que la AEE tiene que cambiar su manera de hacer negocio.  De igual manera, todos los años la AEE reacciona de la misma manera:  niega toda culpa, dice que no tiene otra opción, que la gente no entiende, que el problema es el costo del petróleo, y que ya está trabajando en un proyecto nuevo que va a resolver el problema de una vez y por todas.

¿Cómo es que el mismo pueblo que se enfrentó en Vieques a la Marina más poderosa del mundo no acaba de poner en cintura a la AEE y ponerle fin de una vez y por todas a sus abusos?

La realidad es que el problema no es ni el costo del petróleo, ni la UTIER, ni la topografía de nuestra isla.  En estos días de tormenta vimos una vez más como los empleados de la AEE trabajan valientemente y en las peores condiciones para restablecer el sistema eléctrico del país.  Y también estoy consciente que hay personas de buenas intenciones en la Junta de Directores de la AEE tratando de lograr cambios positivos.

Pero la realidad es que PREPA se le ha ido de la mano al gobierno.  Se ha convertido en una especie de monstruo Frankenstein que ya ni siquiera le responde a sus amos.

Todo esto me hace pensar que la AEE no está lista para emprender un proyecto como el gasoducto.  No creo que la AEE tiene la capacidad para construir  ni mucho menos manejar un proyecto de esa envergadura.  ¿Si siendo un monopolio autoreglamentado con todos los poderes en ley para pasarle a sus abonados todos sus gastos, la AEE ni siquiera puede garantizar el servicio de energía eléctrica luego de una tormenta, cómo entonces podrá gerenciar un proyecto tan delicado y peligroso como un gasoducto trans-isla?

Además, me preocupa que la AEE no tiene la capacidad financiera para desarrollar el proyecto pues ha tenido perdidas multimillonarias en los últimos años

Finalmente, no creo que vamos a ver los ahorros prometidos.  El costo del proyecto será mucho más de lo estimado.  Esto lo hemos visto ya con el Tren Urbano y otros proyectos donde se triplican los presupuestos iniciales.

Transformar a la AEE, que por tantos años fue la joya de la corona de las agencias públicas del gobierno, tomará mucho tiempo.  Es un proyecto donde se necesitará de Organizaciones No-Gubernamentales, de comunidades de base, de servidores públicos de integridad, de emprendedores ilustrados pero mayormente de un sector ciudadano motivado, capacitado y energizado.  Y lo primero a exigir es la creación de una Junta Reglamentadora independiente que pueda monitorear y supervisar a la AEE.  El que no esté dispuesto a apoyar estos esfuerzos merece seguir recibiendo la factura que le llega.

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Por:  Miguel A. Soto Class

Publicado en El Nuevo Día, miércoles, 24 de agosto de 2011

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Puerto Rico’s Retirement Problem

Yesterday, Moody’s Investors Service issued a press release announcing it was downgrading the Commonwealth’s of Puerto Rico A3 rating to Baa1. Its decision was partly based on the weak funding of the government’s pension plans and the “significant strain that future pension requirements will likely exert on the Commonwealth’s financial position.”

The government of Puerto Rico currently runs five different retirement systems: (1) the Employees’ Retirement System (“ERS”), which covers most employees of the central government, the public corporations, and the municipalities; (2) the Teachers’ Retirement System (“TRS”), which covers public school teachers; (3) the Judiciary Retirement System (“JRS”), which covers judges; (4) the University of Puerto Rico Employees’ Retirement System; and (5) the Puerto Rico Electric Power Authority Employees’ Retirement System.

Each one of these retirement systems is running an actuarial deficit. This means they do not have enough assets to invest today in order to meet its future obligations. However, the Moody’s report focuses on the problems of the ERS, the TRS, and the JRS because funding for these three systems depends in large measure on the general fund.

As of June 30, 2010, the ERS had an unfunded actuarial liability of $17.834 billion; the TRS had an unfunded actuarial liability of $7.058 billion; and the JRS had an unfunded actuarial liability of $283 million. Therefore, the aggregate unfunded liability for these three systems amounted to $25.175 billion, which is equivalent to 39.8% of Puerto Rico’s GNP in 2010.

The warning from Moody’s is based on two analytical conclusions. First, the sum of (1) the aggregate unfunded actuarial liabilities of the three systems that depend on the general fund ($25.175 billion) and (2) Puerto Rico’s net tax supported public debt ($42 billion) is approximately $67 billion, an amount that is seven times the annual general fund budget and greater that the total indebtedness for states such as Texas, Florida, and New York, which are much larger than Puerto Rico. The analysts at Moody’s conclude, reasonably in our opinion, that this combined burden will exert significant budgetary pressure for many years to come.

Second, the magnitude of the annual actuarially required contribution (“ARC”) necessary to start amortizing the accumulated unfunded liability is enormous. If the government of Puerto Rico began to make the annual ARC for these systems, its ability to comply with other obligations would be severely impaired.

For fiscal year 2011, the ARC was $2.105 billion, an amount equivalent to 23% of that year’s general fund. Furthermore, as shown on the table above, if we were to add the ARC and the annual mandatory expenditures for FY2011, the combined amount would total $4.434 billion, or 48.5% of the general fund budget. Please note that such amount does not include other “discretionary” general fund expenditures on public education, healthcare, and public safety.

In sum, the public pension problem raises extremely complicated financial, political, legal, and moral issues. Puerto Rico currently owes approximately 40% of its GNP to 8% of its population. Wealth transfers of this magnitude do not occur without political consequences. In our view, solving this problem will require retirees, current employees, and taxpayers in general to make and honor significant concessions.

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Sergio M. Marxuach is Policy Director at the Center for the New Economy

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Análisis del acuerdo presupuestario entre la Casa Blanca y el Congreso

Ayer la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para aumentar la cantidad de deuda que el gobierno federal puede emitir y para reducir significativamente el gasto gubernamental durante los próximos diez años.  Se espera que el Senado federal lo apruebe hoy y que el presidente Obama lo convierta en ley hoy mismo.

 

El impacto presupuestario del acuerdo fiscal ha sido estimado por el Congressional Budget Office (CBO) y su análisis se puede descargar aquí. 

 

A continuación presentamos un análisis del acuerdo presupuestario entre la Casa Blanca y el Congreso.

 

Aumento en el tope de la deuda – El acuerdo provee para que el gobierno federal aumente su deuda entre $2.1 y $2.4 trillones.  El limite se aumentaría por unos $400 billones inmediatamente, y por otros $500 billones después de septiembre.  Ademas, el tope se aumentaría entre $1.2 y $1.5 trillones a finales del 2011 siempre y cuando el Congreso haya aprobado recortes adicionales de por lo menos $1.2 trillones.  El Congreso puede objetar dichos aumentos en el tope pero el presidente vetaría esas resoluciones de objeción y se asume que los republicanos no tendrían los votos para dejar sin efecto el veto presidencial.

Recortes presupuestarios – El acuerdo requiere recortes en el gasto gubernamental de unos $917 billones entre el 2012 y el 2021.  Estos recortes se desglosan de la siguiente manera: $741 billones de ahorros en gastos discrecionales; $20 billones de ahorros en gastos mandatorios; y unos $156 billones de ahorros en el pago intereses ya que se tendría que tomar menos dinero prestado como consecuencia del acuerdo.

Limites al gasto discrecional – El esquema aprobado por la Cámara limita el gasto discrecional a $1.043 trillones en el 2012 y permite que éste aumente paulatinamente hasta alcanzar unos $1.234 trillones en el 2021.  Este aumento es equivalente a una tasa anual de crecimiento compuesta de 1.8%.  Durante el 2012 y el 2013 se aplicarán límites distintos para el gasto relacionado con la seguridad nacional.  Después del 2014 aplicaría el mismo límite a todo el gasto discrecional, tanto de seguridad nacional como domestico.

Iniciativas de fiscalización – Se aumenta en $15 billones el gasto para fiscalizar el uso y evitar el fraude en los programas del Seguro Social, Medicare, Medicaid, y SCHIP.  Se proyecta que estas iniciativas generen por lo menos $16 billones en ahorros al reducirse el abuso, fraude y mal uso de estos programas.

Cambios en el gasto federal en educación – El proyecto aprobado aumenta las apropiaciones para las Becas Pell por $10 billones en el 2012 y por $7 billones en el 2013.  Por otro lado, se eliminan los subsidios federales para prestamos a estudiantes graduados y se eliminan los incentivos federales para el repago de prestamos estudiantiles.  La eliminación de estos programas debe generar ahorros de unos $21.6 billones durante el periodo entre el 2012 y el 2021.  Por tanto, el plan aprobado reduce el gasto federal en educación por unos $4.6 billones durante los próximos 10 años.

Panel bipartita para la reducción del déficit – El acuerdo contempla que se nombre un comité conjunto, compuesto por 12 miembros de la Cámara y Senado que se encargará de recomendar recortes adicionales de entre $1.2 y $1.5 trillones.  Ese comité tiene hasta el Día de Acción de Gracias para presentar sus recomendaciones y el Congreso tendría hasta el 23 de diciembre para aprobar o rechazar esas recomendaciones.  Si el comité propone y el Congreso aprueba reducciones al gasto gubernamental de entre $1.2 y $1.5 trillones, el tope de la deuda se aumentaría por la misma cantidad, dólar por dólar.  Sin embargo, si el comité no se puede poner de acuerdo, o si presenta un paquete de recortes de menos de $1.2 trillones, o si el Congreso rechaza la propuesta del comité, entonces el tope de la deuda se aumentaría automáticamente por $1.2 trillones.

Reducciones automáticas – Si para el 15 de enero de 2012 no se ha aprobado legislación que reduzca las deficiencias proyectadas en por lo menos $1.2 trillones, entonces entraría en vigor una reducción automática en todo el gasto federal igual a (x) $1.2 trillones en el caso de que el comité no se haya podido poner de acuerdo o (y) la diferencia entre $1.2 trillones y la reducción recomendada por el comité, en caso de que ésta sea por menos de $1.2 trillones.  Esa reducción se dividiría en partes iguales durante los años fiscales 2013 al 2021 y la mitad de las reducciones se aplicaría al gasto de defensa y la otra mitad al gasto discrecional domestico, incluyendo el programa de Medicare.

Enmienda a la constitución – Las reducciones automáticas se podrían evitar si ambas cámaras legislativas aprueban una enmienda constitucional requiriendo un presupuesto balanceado y se la sometieran a los estados para su ratificación.

¿Qué podemos concluir de todo este complicado proceso? 

Primero, la magnitud del problema fiscal de Estados Unidos es simplemente monumental.  De acuerdo con la CBO, si el Congreso no hiciera nada la deuda de Estados Unidos aumentaría por unos $9.4 trillones entre el 2012 y el 2021.  Si el acuerdo aprobado ayer se implementara al pie de la letra, se generarían ahorros de $2.1 trillones, lo que significa que la deuda aumentaría de todos modos por unos $7.3 trillones durante los próximos 10 años.  Esto se debe a que el acuerdo no aumenta los recaudos y no plantea una reforma de los programas de Seguro Social, Medicare, y Medicaid.

Segundo, si el acuerdo se implementa en su totalidad tal cual aprobado, el gasto del gobierno federal no contribuirá mucho al crecimiento económico durante los próximos 10 años.  Por lo tanto podemos esperar que el crecimiento económico sea menor de lo que hubiese sido en la ausencia de los recortes, que el desempleo se mantenga a un nivel relativamente más alto, y que aumente la desigualdad de ingresos y riqueza.  La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 0.8% durante los primeros seis meses del 2011.  La reducción en el gasto federal la debilitará aun más.  Debemos recordar que actualmente hay millones de viviendas sin vender en los Estados Unidos y 25 millones de americanos que desean trabajar a tiempo completo y no lo consiguen, ya sea porque están desempleados o porque solo consiguen empleo a tiempo parcial.

Tercero, la política fiscal de los Estados Unidos se encuentra efectivamente bajo el control del ala más radical del partido republicano.  El presidente Obama se puede sentir complacido en que evitó el desastre de un incumplimiento por parte de los Estados Unidos y que se aprobó un aumento en el tope de la deuda por lo menos hasta el 2013.  Sin embargo, los republicanos obtuvieron casi todo lo que demandaron: (1) que se atara el aumento en la deuda a reducciones en el gasto; (2) que las reducciones en el gasto excedieran el aumento en el tope de la deuda; (3) que no se aumentaran los recaudos; (4) que no se incluyeran como recortes los ahorros generados por la conclusión de las guerras en Irak y Afganistán; y (5) que se lleve a votación legislación para la enmienda constitucional requiriendo un presupuesto balanceado. 

La capitulación del presidente ante las exigencias del partido republicano se ha convertido en uso y costumbre.  Desde el 2009, el presidente ha cedido con respecto a (1) la estructura del plan de estimulo; (2) la reforma de salud, al eliminar la “opción publica”; (3) la extensión de los recortes contributivos de la administración Bush; (4) el presupuesto del 2011, ante la amenaza de los republicanos de cerrar el gobierno; y (5) el plan para aumentar el tope de la deuda.  Dado este patrón, podemos esperar que el presidente también ceda ante los republicanos con respecto a los presupuestos para los años fiscales 2012 y 2013 y con respecto al paquete de recortes a ser presentado por el comité especial a finales de este año.

Cuarto, todo esto son malas noticias para Puerto Rico.  Los fondos federales constituyen 22% de los recursos consolidados del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012.  Aunque no sabemos que programas en especifico se van a recortar, en la medida en que esos recursos federales se reduzcan el gobierno de Puerto Rico tendrá que reemplazarlos localmente, y el fondo general, aun con los recaudos generados por el arbitrio nuevo del 4%, se encuentra sumamente comprometido—de hecho se podría decir que actualmente el gobierno  no cuenta con los recursos suficientes para cumplir todas sus obligaciones y lo que se le ha prometido a la gente.  El gobierno de Puerto Rico tiene obligaciones por ley con los bonistas, la UPR (por formula), los municipios (por formula), y la rama judicial (por formula).   A eso hay que sumarle lo que se le debe a los pensionados y las promesas como el plan de salud del gobierno y a los estudiantes de educación especial, entre otras.   Un análisis objetivo de la situación indica que el gobierno no tiene los recursos para cumplir con todas estas obligaciones.  Si no se pueden obtener recursos adicionales del fondo general el gobierno de Puerto Rico tendría que recortar servicios, aumentar los recaudos, y/o despedir empleados.

En suma, el plan aprobado no resuelve el problema fiscal de Estados Unidos, y de hecho lo podría agravar al reducir la actividad económica a corto y mediano plazo. Lo mas desafortunado es que una vez más, por las mismas razones de siempre, han perdido los que pierden siempre: los niños, los envejecientes, los desempleados, los pobres, y los enfermos.

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Sergio M. Marxuach es Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía

 

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Analizando los Ingresos al Fondo General

El Departamento de Hacienda reportó ayer los recaudos del Fondo General para el año fiscal 2011, que terminó apenas el 30 de junio.  De acuerdo con Hacienda, los ingresos netos al Fondo General aumentaron de $7,690 millones en el 2010 a $8,165 millones en el 2011, un incremento neto de $475 millones, o un 6.2%.  A primeras luces parecería que la crisis fiscal se ha superado, después de todo, los recaudos aumentaron en un 6%.

Sin embargo, un análisis mas profundo revela un panorama un poco mas complicado.

Primero, los recaudos por concepto de contribuciones sobre los ingresos muestran una reducción de $214 millones, de $5,139 millones en el 2010 a $4,925 millones en el 2011.  Esto se debe en su totalidad a la reducción en los recaudos por concepto de contribuciones sobre los ingresos de los individuos.  Los recaudos bajo este rubro, disminuyeron de $2,574 millones en el 2010 a unos $2,197 millones en el 2011, una reducción de $377 millones o un 14.6%.  Dicha reducción es producto de la reforma contributiva.

Por el lado de las corporaciones, los recaudos por contribuciones sobre ingresos corporativos no aumentaron ni disminuyeron, se quedaron en $1,677 millones durante ambos años fiscales.

Sin embargo, ese cuadro es inconsistente con los resultados reportados para el mes de junio.  Durante ese mes, los recaudos producto de impuestos a los ingresos corporativos fueron de $354 millones, reflejando un aumento de $48 millones sobre los $306 millones reportados en junio del año anterior.  Este aumento de 15.6% puede ser producto de prepagos negociados por las corporaciones con Hacienda.  Usualmente las corporaciones que hacen esto se benefician de un descuento y a la misma vez “ayudan” a Hacienda a cumplir con sus proyecciones de recaudos.  De ser así, esto significa que los recaudos para los meses de julio y agosto se podrían ver afectados negativamente.

De igual manera, los recaudos por concepto de la retención a no-residentes aumentó de $830 millones en el 2010 a $1,000 millones en el 2011, un incremento de $170 millones o un 20.5%.  Casi la mitad de ese aumento, unos $77 millones, se registró también durante el mes de junio, cuando los recaudos bajo este rubro generaron unos $151 millones, en comparación con $74 millones durante el mismo mes el año pasado.  Este aumento de 104% nos parece algo irregular, dado el panorama actual de la economía de Puerto Rico.  Creemos que es muy probable que se deba también a prepagos hechos por algunas de las grandes corporaciones foráneas con operaciones en la isla.  Obviamente, de ser así, esto también afectaría adversamente los recaudos durante los meses de julio y agosto.

Los recaudos producto del IVU aumentaron de $538 millones a $553 millones, un incremento de $15 millones, o un 2.8%.  Este aumento es consistente con una economía en la que el gasto del consumidor se encuentra esencialmente estancado.  Los recaudos por concepto de arbitrios sobre otros artículos de consumo apoyan esta tesis.  Por ejemplo, los arbitrios sobre bebidas alcohólicas no reflejaron aumento alguno, siendo reportados en $284 millones tanto en el 2010 como en el 2011.

Los recaudos para el 2011 también incluyen unos $246 millones por concepto del impuesto adicional sobre la propiedad incluido en la Ley 7.  Dicho impuesto queda sin efecto al comenzar el nuevo año fiscal y por lo tanto no será una fuente de recaudos para el 2012.

Finalmente, los recaudos para el 2011 incluyen unos $677 millones producto del nuevo arbitrio sobre las ventas hechas por ciertas corporaciones foráneas con operaciones en Puerto Rico a sus afiliadas internacionales.  Este impuesto nuevo, que está produciendo unos $135 millones mensuales, es la clave para el balance fiscal de Puerto Rico.  En la medida en que se sigan cumpliendo las proyecciones con relación a este impuesto la situación fiscal de Puerto Rico mejorara.  En la medida en estas compañías consigan una manera de evitar o reducir lo que pagan bajo la Ley 154, la situación de Puerto Rico se hará mas complicada.

¿Qué podemos concluir de todo esto?  Primero, el código de rentas internas de Puerto Rico fue enmendado esencialmente en su totalidad.  Tanto los individuos como las corporaciones están el proceso de ajustarse a las nuevas reglas.  Por lo tanto es muy difícil en estos momentos proyectar con certeza una tendencia en los recaudos al Fondo General.

Segundo, es prematuro declarar que la política de “dejar más dinero en el bolsillo de la gente” ha sido exitosa en reactivar la economía.  Los recaudos por concepto del IVU y de otros arbitrios sobre artículos de consumo se han mantenido esencialmente estancados.  Lo mismo ha pasado con los recaudos producto de los impuestos sobre el ingreso corporativo.  Mas aun, otros indicadores económicos, tales como la tasa de desempleo, la cantidad de personas empleadas, y el Índice de Actividad Económica del BGF, apuntan a una economía todavía en contracción, o, en el mejor de los casos, estancada.

Tercero, los datos reportados por Hacienda demuestran un patrón que nos parece consistente con la práctica de negociar prepagos para maquillar los números al final del año fiscal.  Esta práctica, que data de la era de las 936, es un parcho más.  Hace quedar bien a Hacienda, pero reduce los recaudos futuros.  Es, simplemente, una forma más de desvestir a un santo para vestir otro.

Finalmente, no es creíble, en nuestra opinión, atribuirle el aumento en los recaudos a un repunte en la actividad económica en Puerto Rico.  El aumento reportado se debe esencialmente al arbitrio nuevo impuesto por la Ley 154.  De hecho, de no ser por ese impuesto nuevo es muy probable que los recaudos para el 2011 hubieran estado por debajo de los recaudos para el 2010, y ciertamente hubieran estado por debajo de los estimados de Hacienda.

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Sergio M. Marxuach es Director de Política Publica del Centro para la Nueva Economía

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La inflación y los peajes de la APP

Recientemente el gobierno de Puerto Rico anunció la firma de un contrato otorgando una “concesión administrativa” para el mantenimiento y operación del Expreso de Diego y la PR-5 a un consorcio formado por Abertis, una compañía española, y un fondo de inversión de Goldman Sachs.  Ese contrato es bastante largo y complicado, así que un análisis a fondo del mismo tendrá que esperar a otro día.

Sin embargo, el asunto sobre los posibles aumentos en los peajes se ha debatido mucho públicamente.  De acuerdo con el contrato y el anejo 10 del mismo, después del 1 de enero de 2014 el concesionario está autorizado ha aumentar los peajes que cobra a las personas que usan dichas carreteras.  En términos generales, el aumento máximo permitido en cualquier año sería igual al aumento porcentual anual en el Índice de Precios al Consumidor (“IPC”) de Estados Unidos mas un 1.5%.  Con la salvedad, de que dicha formula podría ser aplicada de forma retroactiva al primer día después del primer aniversario del cierre de la transacción para propósitos de calcular el primer aumento en el 2014.

De un análisis somero del contrato se desprende lo siguiente.  Primero, los aumentos permitidos no están limitados exclusivamente al aumento en la inflación.  El aumento máximo anual permitido bajo el contrato es (1) el cambio porcentual anual en el IPC de Estados Unidos mas (2) un 1.5%.

Segundo, se utiliza el IPC de Estados Unidos no el de Puerto Rico.  Por lo tanto, los aumentos en los peajes estarán sujetos a cambios en la inflación de Estados Unidos y a eventos que podrían ser completamente exógenos a la economía de Puerto Rico, como, por ejemplo, un aumento desmedido en los costos de los servicios de salud en los Estados Unidos.

Tercero, no hay manera confiable de estimar de forma exacta cual va ser el nivel de los peajes en el futuro.  Esto se debe a que nadie sabe a ciencia cierta hoy cual va a ser el cambio en la inflación en el futuro.  La inflación durante los próximos 10 años podría ser de un promedio de 3%, 5%, o 7%, anual, pero podría ser más, o podría ser menos.  En realidad nadie sabe.

A manera de ejemplo, si la inflación promedio anual en Estados Unidos durante los próximos 10 años fuera de 3%, un peaje que cuesta $1 hoy podría aumentar a $1.55 en el 2021.  [$1.00 x (1.045)¹⁰ ≈ $1.55]  Si la inflación anual fuera un poco más alta, digamos 5%, el peaje en el 2021 podría ser de $1.88.  [$1.00 x (1.065)¹⁰ ≈ $1.88]  Si la inflación fuera de un 7% anual, el peaje máximo permitido en el 2021 sería de $2.26.  [$1.00 x (1.085)¹⁰ ≈ $2.26]

Si bien es cierto que Ben Bernanke, el presidente de la Junta de la Reserva Federal, ha expresado públicamente que las expectativas inflacionarias para los Estados Unidos se encuentran firmemente “ancladas” actualmente, también es cierto que muchos economistas, incluyendo varios presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal, están en desacuerdo.

Por otro lado, tanto el mercado de bonos como el mercado del oro parecen estar asumiendo un aumento significativo en la inflación en el mediano y largo plazo.  Por ejemplo, el rendimiento de un bono del Tesoro de los Estados Unidos con un vencimiento en cinco años es de apenas 1.67%, mientras que un bono con vencimiento de treinta años rinde aproximadamente 4.38%.  Con respecto al oro, el precio de este metal, considerado tradicionalmente como una protección contra la inflación, actualmente ronda los $1,500 por onza, el nivel mas alto en mas de 20 años.

En conclusión, es imposible predecir hoy de manera certera cuanto costaran los peajes de aquí a 10, 20, o 30 años en el Expreso de Diego y la PR-5.  Por lo tanto, debemos tomar con pinzas cualquier proyección sobre los peajes que estaremos pagando por los próximos 40 años.

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Sergio M. Marxuach es Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía

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