Por Sergio M. Marxuach

Durante las últimas dos décadas varios académicos han notado que países que tienen acervos similares de capital y recursos humanos pueden seguir trayectorias muy diferentes de desarrollo económico. Esa paradoja ha llevado a algunos economistas a sugerir que la variación en las tasas de crecimiento y niveles de desarrollo económico observada en distintos países se debe, por lo menos parcialmente, a diferencias en las estructuras institucionales.

Esta “escuela institucionalista” ha cobrado alguna popularidad últimamente. Sin embargo, como bien nos recuerda el profesor Francisco Catalá en su libro más reciente, Promesa Rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell, los orígenes intelectuales de la perspectiva institucional se remontan al trabajo de Thorstein Veblen y la publicación de su Teoría de la Clase Ociosa (1899).

Los institucionalistas “colocan en el centro de atención analítica a las instituciones”. Las instituciones —definidas ampliamente como los hábitos, las costumbres, las leyes, las reglas, las normas formales e informales, las organizaciones sociales, y los patrones de comportamiento colectivo— son importantes para el desarrollo económico porque, según señaló Max Weber, afectan la “estructura de oportunidades” que prevalece en una sociedad y determinan las probabilidades de movilidad económica y social de los individuos. Las instituciones también afectan los incentivos para innovar y desarrollar nuevas tecnologías y para acumular capital físico y humano.

La tesis del profesor Catalá es que en Puerto Rico a mediados del siglo 20, específicamente durante la gobernación de Rexford G. Tugwell entre 1941 y 1946, se llevó a cabo un proceso intensivo de creación institucional. Catalá se refiere a esos años como un “paréntesis institucionalista” entre “la ‘soberanía’ del enclave azucarero y sucedido por la ‘soberanía’ del enclave manufacturero”. Ese interregno de creatividad institucional fue “posible gracias a la coincidencia de cuatro factores: las políticas del Nuevo Trato, el relativo aislamiento y los gastos provocados por la Segunda Guerra Mundial, el dominio de la Asamblea Legislativa por un partido que estaba en su momento reformista y el nombramiento de un economista y planificador institucionalista como gobernador”.

Tugwell buscaba crear “una economía más diversificada y sectorialmente más eslabonada o integrada, y por tanto, con un desarrollo relativamente más autónomo”. Sin embargo, el andamiaje institucional que él planificó se comenzó a desmantelar casi inmediatamente. Tan temprano como en mayo de 1947 se advierte un cambio en las “coordenadas de ruta” al aprobarse la primera ley de incentivos industriales que buscaba propiciar la industrialización de Puerto Rico a base de la atracción de inversión externa inducida por la exención contributiva.

El Puerto Rico de hoy, con todos sus “logros, fracasos, y contradicciones”, es producto de ese cambio de rumbo. Y es que, como nos recuerda Catalá, “nunca, en ningún lugar del mundo, el establecimiento de enclaves de inversión directa externa ha conducido al desarrollo sostenido y sostenible. Puede el enclave ser agrícola o manufacturero, centrado en cañas de azúcar, petroquímicas o farmacéuticas, el resultado siempre es el mismo: insuficiencia en la generación de empleos, remisión de excedentes hacia el exterior, externalización de costos que se traduce en un gran peso fiscal y degradación ambiental”.

Más importante aún, el estancamiento del desarrollo institucional de Puerto Rico ha desembocado en “una especie de catatonia que la escuela institucionalista denomina ‘encapsulamiento ceremonial’”. Este fenómeno ocurre cuando “la sociedad queda aprisionada por el culto al orden vigente y a ‘valores’ que se presumen absolutos y, por tanto, no sujetos a escrutinio critico.” El proceso político entonces se convierte en una especie de ritual cuasi-litúrgico mediante el cual se pretende enfrentar los problemas de hoy utilizando los instrumentos y las soluciones de ayer.

Para Catalá, el ejemplo emblemático de esa conducta es la insistencia patética en “lograr alguna enmienda de alguna sección del Código Federal de Rentas Internas, llámese 30-A, 956, o 933-A, que de alguna manera beneficie a las corporaciones estadounidenses establecidas en Puerto Rico”. Esa invocación ritual de la necesidad de obtener algún beneficio fiscal de Estados Unidos, como condición precedente al desarrollo económico de Puerto Rico, constituye un error estratégico e impide la búsqueda de soluciones verdaderamente noveles a nuestros problemas económicos.

En suma, las instituciones “pueden conducir al desarrollo, al crecimiento desigual, al estancamiento o la decadencia”. Puerto Rico aparenta haber alcanzado los límites del desarrollo posible dentro de la estructura institucional prevaleciente y se encuentra en franca decadencia. Esa decadencia es producto de instituciones defectuosas, subdesarrolladas, que fomentan una “conducta depredadora, manifestada en la corrupción, la cacería de rentas, el malgasto, el descuido de los espacios públicos, la jaibería, el deterioro de la ética del trabajo y la glotonería consumista”.

El libro del profesor Catalá constituye una aportación valiosa para entender nuestra condición económica y para los que buscamos una salida del laberinto infernal en que nos encontramos. Su llamado a regresar a “la mesa de diseño institucional” es importante porque nos señala la ruta para el cambio fundamental que se necesita en Puerto Rico.

Ese emplazamiento a examinar nuestro marco institucional nos conduce, si somos serios en el esfuerzo, a una senda muy distinta a la sugerida por algunos optimistas inescrupulosos que tal parece no han aprendido ni olvidado nada e insisten en sus tradicionalmente simplistas y superficiales propuestas de “desarrollo de económico”; en repetir los errores del pasado; y en simplemente cambiarle las etiquetas a las botellas aunque el vino sea el mismo brebaje insípido y aguado de siempre.

El autor es director de Política Pública en el Centro para Una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 19 de mayo de 2013.

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Por Deepak Lamba-Nieves

“Boston Strong” es una frase que representa la fuerza con la que residentes y víctimas se enfrentan a las consecuencias de los horrendos bombazos y el porte de una ciudad que se resiste a ser la favorita de todos. Cinco años transitando por sus vecindarios y aprendiendo de su gente me han servido para entender que es un territorio tenaz, difícil de roer. El ataque terrorista que dejó cientos de heridos y le segó la vida a un puñado de personas ha puesto a prueba esta reputación, pero la ciudad ha sacado pecho mientras se levanta de un golpe fuerte que se quiere entender como una lesión leve, tomando en cuenta el ánimo y la bravura de los pobladores.

Luego de las descargas en el área de Copley Square, sobraban las interrogantes y escaseaban buenas respuestas. La incredulidad, el orgullo mancillado y el aturdimiento de la gente se comprobaban en el tono de sus preguntas: ¿Quiénes se atreverían a atacar la ciudad durante una carrera centenaria que se celebra el día de los patriotas? Al cabo de unos días largos y confusos, y luego de una prolongada persecución que paralizó la rutina citadina, se confirmó que los principales sospechosos eran los hermanos Tsarnaev, dos jóvenes migrantes de origen checheno. Mientras se desenmarañaba el misterio, acumulaban datos y adjudicaban culpas, el Presidente Obama hacía hincapié sobre un asunto medular: “…¿por qué estos jóvenes, que crecieron y estudiaron aquí, como parte de nuestras comunidades y nuestro país, recurrieron a este tipo de violencia?” De todas las incógnitas que se han acumulado, esta es una de las más contenciosas y difíciles de descifrar.

Las raíces del terrorismo

Interesantemente, un grupo selecto de economistas ha identificado algunos factores que explican el por qué de un acto terrorista. Quizás el más conocido es , economista principal de la Casa Blanca y profesor en Princeton University. En un texto provocador, titulado What Makes a Terrorist: Economics and the Roots of Terrorsim, Krueger se encarga de desmitificar una explicación común pero errada que relaciona los actos terroristas con la pobreza y la falta de educación. Luego de examinar encuestas de opinión pública, armar bases de datos originales y analizar casos de diversas partes del mundo, el también experto en temas laborales comprueba que la mayoría de los individuos que ejecutan actos terroristas, o que los justifican, son más educados y poseen un nivel socioeconómico más alto que el ciudadano promedio—en la mayoría de los casos. Más que un asunto puramente económico, los terroristas están interesados en incidir políticamente. Según explica el autor: “La mayoría de los terroristas no son tan desesperadamente pobres como para no tener razones para vivir. Más bien, son personas que creen tan profunda y fervientemente en una causa que están dispuestos a morir por ella”.

Aunque los actos terroristas no están íntimamente correlacionados con la falta de educación y la pobreza, estos factores siguen siendo medulares y pueden incidir en la erradicación de la violencia. No obstante, los interesados en acabar con el terrorismo deben prestarle más atención a la dimensión política y al contexto social pues Krueger demuestra que la falta de libertades civiles es una de las causas principales. Lejos de abanderarse con la fallida cruzada global estadounidense—que propició abusos militares despreciables como los ocurridos en Guantánamo y Abu Ghraib, y la erosión de derechos civiles en su propio territorio—el texto aconseja una revisión completa de las estrategias gubernamentales que buscan adelantar los valores democráticos en el resto del mundo.

Aún tomando como buenos estos hallazgos, todavía quedan cabos sueltos por amarrar. Tamerlan y Dzhokhar vivieron en Cambridge—una ciudad liberal universitaria—por más de 10 años, se graduaron de una escuela superior pública, multicultural y de alto calibre, participaron exitosamente en equipos deportivos, asistieron a la universidad y, el mayor de los hermanos, considerado el cabecilla, se casó con una estadounidense. Aunque encajan parcialmente en el perfil elaborado por Krueger, por su edad y nivel educativo, su desenvolvimiento social y entorno político parecen no estar alineados con el modelo económico.

La migración como respuesta

Un elemento clave, planteado por algunos sociólogos, pero poco mencionado en los medios, es la experiencia migratoria de los jóvenes. Los Tsarnaevs recibieron asilo político en Estados Unidos pues buscaban dejar atrás una larga racha de conflictos bélicos en la región caucásica. Según explica Silvia Domínguez, profesora en Northeastern University, Dzhokhar era un niño cuando llegó a Estados Unidos y logró un nivel considerable de incorporación en la sociedad norteamericana. Hablaba inglés sin acento y desarrolló varias amistades que lo describen como un muchacho afable y algo solitario. Su hermano, en cambio, tenía 15 años cuando llegó a Cambridge, tenía un acento fuerte—que lo acercaba más al discrimen—y tuvo varios tropiezos y encontronazos con el sistema. Sus duras experiencias en Kirguistán y Daguestán eran disímiles a las de la mayoría de sus pares, con quienes no pudo, o no quiso entablar relaciones estrechas. Aunque su estatus migratorio les proveyó algunos beneficios económicos y otras oportunidades, posiblemente recibieron poca atención para lidiar con la ruptura, el pasado y otras cicatrices. Claro está, nada de esto justifica sus terribles acciones ni debe apenarnos pero son datos importantes que nos acercan a un análisis más certero.

La conjunción de saberes nos acerca a un cuadro menos incompleto pero los intentos por contestarle al Presidente seguramente se quedarán cortos. Sin embargo, las reflexiones que genera la búsqueda de respuestas abren espacios para entender mejor las dinámicas socioeconómicas, las ideologías y los contextos particulares que jugaron un rol determinante en el fatídico desenlace. También nos invitan a cuestionar nuestros mitos y prejuicios.

El presidente checheno se lavó las manos argumentando que los muchachos se criaron en Estados Unidos y que, por ende, se deben “buscar las raíces de este mal en América”. En parte, tiene razón. Pero la clave no está en repartir culpas sino en identificar las grietas estructurales y emplear la fuerza necesaria para corregirlas.

El autor es estudiante doctoral y director de Investigaciones del CNE.

Miguel A. Soto Class

Llevamos ya quince años desde que se fundó el Centro para una Nueva Economía, y desde el principio estamos escuchando al gobierno de turno decir que mantengamos la tranquilidad, que no nos preocupemos por el confiscatorio costo de energía pues ya se han tomado los pasos necesarios para que en dos o tres años baje la factura de luz. Va y viene la administración de turno, y el costo en vez de bajar como prometieron, sigue subiendo. Y la promesa ahora es que el costo de la luz bajará en el 2018.

Mientras tanto nos mantienen distraídos, tirándonos bolas de humo de que el problema es el costo del petróleo, o de que el problema es la UTIER, o de que el problema es el hurto de energía, pero que ahora sí van a reformar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pues esta vez es en serio. ¿Cuántos años más vamos a permitir que nos engañen?

La realidad es que el alto costo de energía en Puerto Rico no se debe tan solo al petróleo. Aunque el petróleo es un factor importante, para nosotros los clientes no hay mucha diferencia en nuestra factura mensual cuando el petróleo está a $80 el barril que cuando está a $160. Ni es culpa de la UTIER, pues el costo de la nómina completa de la AEE es solo el 11% de su presupuesto.

El problema principal de la AEE es que es un monopolio que no le tiene que rendir cuentas a nadie y que no lo supervisa nadie. Por eso es tan importante establecer una junta reglamentadora independiente para supervisar y monitorear la AEE.

Es importante que el pueblo sepa que el costo de energía no es un asunto que solo le debe preocupar a los empresarios. Ciertamente ése es un grupo muy afectado y que muchas veces paga más en luz que en nómina. Pero la realidad es que el alto precio de la energía en Puerto Rico afecta también a los pensionados y a los viejitos, pues estas personas viven con un presupuesto fijo y muchas veces una factura de luz los puede poner en la situación en que tienen que escoger entre pagar la factura y comprar sus medicinas. Igual impacta terriblemente a organizaciones sin fines de lucro y a la ya tan afectada clase media del país.

Muchos pensaban que al tener representantes de la comunidad en la Junta de Directores de la AEE este problema se arreglaría. Pero como hemos visto, ésa no es la realidad. A pesar de las buenas intenciones de los representantes de la comunidad en la Junta de Directores de AEE, los engaños han seguido, como fue la reducción de la factura durante las elecciones pasadas. Ese engaño lo llevaron a cabo aun con la presencia de los representantes de la comunidad, lo que demuestra que su presencia no es suficiente.

Una junta reglamentadora independiente sería un cuerpo de supervisión que velaría por los mejores intereses del pueblo en las acciones de la AEE. La AEE, como existe ahora, no tiene ningún incentivo de mejorar, pues tienen todos los poderes en ley para pasarnos a los clientes todos sus gastos, sean justos o no. Y nosotros, los clientes, solo tenemos dos opciones: o nos tragamos la extorsión o dejamos que nos corten la luz y vivimos con velas.

Ahora que parece inevitable la movida hacia el uso de gas natural por parte de la AEE, es más importante que nunca que esa movida venga acompañada del establecimiento de una junta reglamentadora independiente. De otra manera, es muy probable que la AEE se quede con todos los ahorros que este otro combustible fósil proveerá y que, al final, a nosotros los clientes no nos baje la factura por mucho.

Es hora de que el gobierno y sus corporaciones públicas tengan que responderle al pueblo y al sector ciudadano. Estas entidades existen para servirnos a nosotros y no para servirse de nosotros. Ante la falta de liderato político para cambiar esta bochornosa e injusta realidad, el Centro para una Nueva Economía estará llevando a cabo la batalla para hacerlo. Invitamos a la ciudadanía y a otras organizaciones no gubernamentales a unirse a nuestro esfuerzo.

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en el diario El Nuevo Día el 24 de abril de 2013.

Por Sergio Marxuach

Recientemente, se ha presentado legislación para reglamentar y legalizar la operación de las “máquinas de entretenimiento de adultos”, actividad que supuestamente generaría cientos de empleos y millones en ingresos para el fondo general.

El termino “máquina de entretenimiento de adultos” es un eufemismo, ambiguamente pornográfico, que se utiliza para describir lo que es en esencia una máquina tragamonedas. De entrada, nos parece curioso que una administración que se vanagloria de “poner la gente primero” y en la que varios de sus miembros se ufanan haciendo ostentosos despliegues públicos de religiosidad, proponga resolver la deficiencia del fondo general, por lo menos parcialmente, y crear algunos empleos fomentando el juego y las apuestas; promoviendo, sencillamente, el vicio.

Los proponentes de la legalización argumentan que estas máquinas se están utilizando actualmente y que sería mejor para todos si el estado reglamentara la actividad, a la misma vez que recibe una tajada de la acción. El problema con este tipo de argumento es que su cálculo brutalmente utilitario se puede utilizar para defender la normalización de, básicamente, cualquier actividad ilegal -la prostitución, el tráfico de narcóticos, la venta de órganos humanos, el lavado de dinero, el soborno o la extorsión de oficiales públicos, etc.- que esté ocurriendo actualmente. Sin embargo, no nos debe sorprender si el público en general rechaza este tipo de razonamiento amoralmente utilitario como justificación de una medida de política pública.

El argumento a favor de la reglamentación es también uno hipócrita, porque se basa en el residuo de una objeción moral al juego y a las apuestas que sus defensores abiertamente profesan repudiar. Muchos de los que abogan por la legalización de estas máquinas argumentan que cada persona debe tener la libertad para decidir por ella misma si quiere jugar y apostar, o no. Sin embargo, estas mismas personas, simultáneamente, argumentan que el juego estaría estrictamente controlado por el Gobierno. Se nos dice que el número de máquinas estaría limitado por ley y que se implementarían estrictas medidas, “a prueba de corrupción” para regular y autorizar la operación y uso de estas máquinas.

En nuestra opinión, estas personas no pueden, como dicen en ingles, “have their cake and eat it too”. Si el negocio de las máquinas de entretenimiento de adultos es una actividad económica moralmente legítima, digamos, como la venta de carne al pincho, entonces ¿por qué no abrirlo a cualquier empresa privada que quisiera entrar en ese negocio sin limitación alguna? Por otro lado, si el negocio de las máquinas de entretenimiento de adultos es una actividad moralmente censurable, como la prostitución, entonces ¿por qué el estado lo debe permitir en primera instancia? Otras personas que abogan a favor de legalizar estas máquinas argumentan que es una manera relativamente fácil y efectiva de aumentar los recaudos del fisco sin incrementar los impuestos.

Nos dicen que, a diferencia de los impuestos, el juego es voluntario, no hay coerción por parte del estado. En nuestra opinión, sin embargo, no está del todo claro que los usuarios de estas máquinas lo harán de una manera libre y puramente voluntaria. De hecho, para muchas personas, el juego y las apuestas son actividades altamente adictivas y compulsivas. ¿Debe el estado fomentar el juego compulsivo para pagar por los errores que el mismo estado cometió administrando deficientemente el fondo general durante décadas? Otro problema con este argumento es que se basa en la premisa no articulada de que todos los sectores sociales serán afectados por esta medida en la misma manera. Sinceramente dudo, sin embargo, que veamos estas máquinas en establecimientos comerciales localizados en los exclusivos distritos residenciales del Condado, Miramar o Garden Hills. Creo también que es muy poco probable que las manos exquisitamente acicaladas de las señoras que engalanan las páginas sociales de la prensa del país sean las que tiren de las palancas de estas tragamonedas.

Me parece más probable que estas máquinas serán instaladas en panaderías, barras, y cafeterías localizadas en comunidades pobres o de clase trabajadora. Tal vez estén convenientemente localizadas cerca de los “cashitos”, casas de empeño, y compañías financieras que constituyen parte del sistema financiero alternativo que opera en estas comunidades. En resumen, esta manera fácil y “vo l u n t a r i a” de aumentar los recaudos, en realidad es equivalente en su funcionamiento a un impuesto altamente regresivo.

Por otro lado, en términos filosóficos, esta iniciativa de política pública constituye un tipo de corrupción cívica. De acuerdo con Michael Sandel, profesor de Gobierno en Harvard, el auspicio del juego y las apuestas por parte del Estado: “envía un mensaje contrario a la ética de trabajo, sacrificio, y responsabilidad moral que sustenta la vida democrática… y degrada el ámbito público, ya que el gobierno actúa como proveedor de una educación cívica perversa”. ¿Debemos permitir esa corrupción de la esfera pública porque necesitamos dinero para el fondo general o porque se van a crear un puñado de empleos? Es cierto que el fondo general necesita más ingresos y Puerto Rico necesita más trabajos. Eso no implica, sin embargo, que cualquier propuesta para lograr esos objetivos es buena. De hecho, en un momento de crisis como el que vivimos es imprescindible distinguir las ideas creativas de la jaibería reciclada, las propuestas innovadoras de las soluciones rituales, y la cacería de rentas de la verdadera creación de riqueza.

Este argumento apunta a una deficiencia mayor en nuestro discurso público. En palabras de Tony Judt, historiador e intelectual público, en su libro Ill Fares the Land: “durante los últimos treinta años, cuando preguntamos si apoyamos una iniciativa o propuesta de política pública, nos hemos limitado a los costos y beneficios, a las preguntas económicas en su sentido más limitado… ya no preguntamos ¿es esto bueno? ¿es justo? ¿es lo correcto? ¿Nos ayudará a realizar una mejor sociedad o un mundo mejor?” En el caso de las máquinas de entretenimiento de adultos, la contestación es categórica e inequívocamente no, a todas las anteriores.

El autor es director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 21 de abril de 2013.

Para el beneficio de los lectores menos despiertos, una de las conclusiones obligadas está plasmada en la cara del periódico: “La emigración de 576,000 puertorriqueños productivos desangra la economía del país”.

Luego de que la oficina del Censo de los Estados Unidos determinó que Puerto Rico y Michigan eran las únicas jurisdicciones que habían perdido población durante la pasada década, y a raíz de varios informes preparados por del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el migrante está, una vez más, en el paredón de fusilamiento de la opinión pública. A pesar de la gran cantidad de libros, ensayos, columnas, poemas y canciones que se han redactado sobre el vaivén isleño, que ilustran un cuadro complejo sobre la relación dinámica y fructífera que ha existido entre los que se van y los que se quedan, las acusaciones persisten.

El discurso denunciatorio más reciente es errado y morboso: los que nos fuimos somos cómplices del desastre, pues aún sabiendo que nuestra economía languidece, partimos sin reparos ignorando su condición y agravando su anemia.

¿Fuga de talentos?

Siguiendo esta lógica, más que un acto de poca solidaridad en estos tiempos de crisis, salirse en busca de otras oportunidades significa abonar al aprieto fiscal que enfrenta el país. A la lista de malhechores responsables, hay que añadirle a miles de expatriados productivos que se niegan a quedarse para gastar y compartir la carga. Detrás de esta perspectiva retrógrada, se esconde el espectro de “la fuga de cerebros”—una metáfora poderosa que cobró auge en los 70, gracias a las teorías de la dependencia, y ha servido para subrayar la pérdida de talento y el eventual subdesarrollo que experimentan los países que no logran retener a sus más ilustrados. Aunque esta postura analítica ha sido seriamente criticada y revisada desde los 90, tal parece que las actualizaciones han sido evadidas por varios eruditos del patio.

Ningún investigador serio negaría que la partida temporera de ciertos obreros y profesionales puede propiciar efectos socioeconómicos adversos en el corto plazo. No obstante, varios estudios confirman que estas migraciones también le abren paso a nuevas posibilidades a países que en un momento evidenciaron fugas de doctores, maestros, ingenieros y otros letrados.

En un reconocido texto titulado, The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy, AnnaLee Saxenian explica cómo taiwaneses, israelíes, chinos e indios que salieron de sus países buscando oportunidades educativas y de negocios en Silicon Valley, lograron construir puentes comerciales y epistemológicos entre esa región de California y otras partes del mundo utilizando conocimientos, contactos y talento empresarial. Según relata la decana de la Escuela de Información en UC Berkeley, estos viajeros osados, o argonautas, poseen las herramientas para generar nuevas coyunturas económicas en sus países de origen pues han aprendido a generar y nutrir procesos de innovación en Silicon Valley, y saben hacer amarres con los burócratas, banqueros y profesionales de sus patrias. Claro está, no todos los que pasan por la Universidad de Stanford, Intel o Google logran abrir nuevos caminos cruzando fronteras. Convertir buenas ideas en tecnologías rentables, o transferir conocimientos que provoquen cambios medulares en nuevos escenarios son gestiones complicadas que requieren peritaje técnico y político. Hay países donde los gobiernos son alérgicos al cambio, y existen comunidades exiliadas que prefieren no mirar hacia atrás.

Algunos colegas boricuas usualmente reaccionan a este ejemplo con escepticismo: “Esto aquí no es China ni India. Esas cosas pasan allá, aquí es diferente. No puedes comparar.” En cierta medida, tienen razón. El contexto, las dinámicas migratorias, y las condiciones institucionales de Puerto Rico son muy distintas. Además, Palo Alto y San Francisco aún no se han convertido en paradas obligadas de la guagua aérea. Sin embargo, la “circulación de cerebros” no es un fenómeno ajeno a nuestra experiencia.

Argonautas puertorriqueños

En un reciente estudio inédito sobre las industria biofarmacéutica de la isla, María Victoria del Campo —estudiante doctoral de planificación y desarrollo en MIT— resalta el importante rol que juegan los ingenieros locales en la atracción y administración de plantas biotecnológicas multinacionales. Un gran número de éstos se formaron intelectualmente en el Recinto Universitario de Mayagüez, han circulado entre Puerto Rico y el extranjero en búsqueda de oportunidades educativas y nuevas experiencias profesionales, y gracias a estas movidas han desarrollado destrezas indispensables para la industria: saben transferir conocimientos y solucionar problemas difíciles.

Más importante aún, el estudio resalta cómo algunos de los profesionales que laboraron en plantas locales bajo el régimen de las 936 y también acumularon experiencias en el ámbito internacional, regresaron a la isla para comenzar o formar parte de nuevas empresas especializadas en consultoría de procesos. Estos argonautas isleños son parte de equipos de trabajo que le venden su peritaje técnico a numerosas compañías en la Isla y en otras partes del mundo. En otras palabras, regresaron de sus travesías para generar nuevos conocimientos, fomentar la creación de empleos bien remunerados, y exportar servicios. Del 2002 al 2007 estos talleres profesionales añadieron sobre 6,000 trabajadores diestros a la economía y han jugado un rol muy importante en la actualización de las aptitudes técnicas del sector manufacturero.

En un país donde el estado ha utilizado la opción migratoria para deshacerse de trabajadores excedentes, y hoy se entiende como una especie de huida traicionera, es poco probable que se puedan potenciar iniciativas que aprovechen al máximo las conexiones transnacionales que se forjan en el ir y venir. Es mucho lo que se puede hacer, pero hasta ahora el alarmismo insensato ha imperado sobre la creatividad visionaria en los debates públicos y círculos de política pública. Lamentablemente, el viejo refrán aplica: “No hay peor ciego que el que no quiere ver.”

El autor es director de investigaciones en el CNE. Esta columna se publicó orginalmente en el diario El Nuevo Día el 7 de abril de 2013.

Por Miguel Soto Class

En los 15 años que el Centro para una Nueva Economía lleva trabajando, hemos llevado a cabo más de 150 presentaciones, conferencias y eventos de múltiples y variados temas. Sin embargo, creo que ninguna ha tenido el éxito, tanto sustantivo como presencial, que nuestra pasada conferencia anual sobre concertación social hace apenas unos días.

Al igual que en años anteriores, hubo en la conferencia una mezcla bien interesante de personas. Sindicatos, organizaciones no gubernamentales, comunidades, empresarios y representantes del sector público. Nuestra intención siempre ha sido tener en la conferencia anual a un grupo representativo de la rica diversidad de Puerto Rico. En particular, me siento muy orgulloso de los estudiantes que nos acompañaron, de escuela superior y de universidades, del sistema público y del privado. Ellos representan nuestro futuro y a ellos se les dedicó la conferencia.

Me sospecho que el gran interés en la conferencia de este año tuvo que ver mucho con el hecho de que todos sabemos que algo viene, y eso nos preocupa, y queremos saber, si hay algo, qué se puede hacer. Como pueblo, estamos bajo una ansiedad colectiva.

Recientemente leí una cita dramática y inquietante en un texto sobre la revolución rusa donde el jerarca de una de las principales familias rusas, el Conde Sheremetev, se anticipaba meses antes de la revolución: “Una coyuntura decisiva se aproxima. ¿Dónde descansa el futuro de Rusia? ¿A dónde la están llevando sus amos actuales?” Y como sabemos todos, eso no terminó bien.

Con algunos lectores ya he compartido mi preocupación y presentimiento de que Puerto Rico carece de la madurez como pueblo y de la confianza entre sectores para lograr una verdadera concertación social a escala. Usando la precaria situación de los sistemas de retiro como ejemplo, ya vemos cómo cada sector empieza a halar para su lado y a expresar que no cuenten con ellos. Eso es problema de los pensionados, allá ellos. Eso es problema del Gobierno, allá ellos. Eso es problema de los que pagan contribuciones, allá ellos.

Precisamente, ese fue el tema de discusión en el panel principal de la conferencia donde se debatió sobre cuán posible es realmente tener una concertación social en Puerto Rico más allá de los clichés y discursos banales.

Tanto Ana María García Blanco, la fundadora del Instituto Nueva Escuela, como Luis Alberto Ferré Rangel, presidente de la Junta de Directores de la Fundación Agenda Ciudadana, nos recordaron que en Puerto Rico ya hemos logrado, en ciertos niveles y en pequeñas escalas, concertaciones sociales que han logrado sus metas. Y Carlos Delgado, justo antes de ir al Clásico Mundial de Béisbol, nos alertó de que tenemos problemas severos y que se nos está acabando la mecha pero que eso precisamente puede ser el detonante para obligarnos a sentarnos en la mesa de concertación. Finalmente, Sergio Marxuach, en su magistral presentación, nos demostró que la concertación social es tema obligado para todos, y si a alguien no le interesa por inquietud filosófica o humanista, le afectará de todos modos por el impacto en su bolsillo.

Si algo aprendí en la conferencia es que en Puerto Rico tenemos el interés, la capacidad y el capital humano para lograr concertaciones en los temas más críticos de política pública y de economía. Pero sigo escéptico sobre si tenemos el desprendimiento necesario y la confianza entre sectores para llevar a cabo estas acciones concertadas a la velocidad y escala que los tiempos requieren.

Siendo ésta la Semana Santa, pienso que es un buen momento para reflexionar, como lo hizo demasiado tarde el Conde Sheremetev, sobre cuál es el futuro de Puerto Rico y a dónde nos llevan los amos de hoy.

El autor es fundador y presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 27 de marzo de 2013.

Por Sergio M. Marxuach

Recientemente el equipo financiero del gobierno presentó varias propuestas para atender la crisis del sistema de retiro de los empleados públicos. El conjunto de medidas implica una reforma estructural profunda de las pensiones públicas. Por tanto, era de esperarse que las reacciones de los diversos grupos afectados fueran intensas y viscerales. Más aún, en un país que no está acostumbrado a actuar colectivamente ni a que se le exija sacrificios de ningún tipo, es tal vez lógico que la reacción inicial de cada grupo sea la de proteger su “finca”.

Desafortunadamente, los argumentos que se han utilizado por diversos grupos para evitar contribuir a la solución del problema se basan en premisas falsas o solo parcialmente ciertas. A continuación analizamos algunos de esos argumentos fallidos.

He escuchado a muchos decir que “eso no es problema mío, yo trabajo en la empresa privada, allá los pensionados y el gobierno que resuelvan”. Este argumento se basa en la premisa falsa de que los que no trabajamos en el gobierno no tenemos que contribuir a la solución, ya sea porque no tenemos la obligación moral de hacerlo o porque no nos afecta directamente.

Todos los que residimos en Puerto Rico tenemos obligaciones que surgen por el mero hecho de vivir aquí. Estas obligaciones, que podemos llamar obligaciones de solidaridad, son obligaciones particulares de responsabilidad moral que le debemos a aquellos con quienes compartimos cierta historia o relación. No requieren de nuestro consentimiento pues su peso moral se deriva del hecho de que la historia de cada una de nuestras vidas está implicada en la historia de la vida de otros.

Si ese argumento no le resulta persuasivo, tal vez uno basado en las consecuencias de no atender contundentemente este problema lo convenza. Una degradación del crédito de Puerto Rico a nivel “chatarra” tendría repercusiones adversas para todos los que vivimos en Puerto Rico ya que desataría una crisis financiera. Eso significa, entre otras cosas, que: el gobierno tendría poco o ningún acceso a los mercados financieros; veríamos una depreciación del valor de los bonos y obligaciones de Puerto Rico de entre 30% y 50%; la liquidez y la solvencia de las instituciones financieras y compañías de seguro en Puerto Rico podrían verse afectadas adversamente; veríamos un aumento en las tasas de interés y una contracción significativa del crédito; y aumentarían tanto las quiebras como el desempleo. Si usted piensa que estaría inmune de esa tempestad le recomiendo que examine con detenimiento su situación económica y financiera actual.

Por otro lado, he escuchado a representantes de los pensionados argumentar que “los pensionados cotizaron por todos sus beneficios y por tanto no se les puede tocar.” Lamentablemente, este argumento es solo parcialmente cierto. De entrada hay que dejar claro que los pensionados nunca cotizaron por los beneficios concedidos mediante leyes especiales, tales como el bono de navidad, el bono de verano, y otros.

Más importante aún, el problema fundamental del sistema de retiro es que desde sus comienzos en 1951 las aportaciones tanto de los empleados como de los patronos no fueron determinadas actuarialmente, mientras los beneficios fueron estipulados por ley y no guardan relación alguna con el nivel de aportaciones al sistema o con el rendimiento de las inversiones del mismo. Por tanto, muchos pensionados reciben beneficios más altos de los que tendrían derecho si el sistema hubiera sido diseñado adecuadamente.

De acuerdo con Teresa Ghilarducci, profesora de economía en el New School for Social Research, una persona tiene que ahorrar durante su vida trabajadora aproximadamente veinte veces su salario anual al momento de retirarse para mantener más o menos el mismo estándar de vida durante el retiro. Esto significa que si su salario al retirarse era de $40,000, usted debería haber ahorrado unos $800,000 para su retiro. Desafortunadamente, el sistema de retiro del gobierno no fue diseñado cumpliendo con estos parámetros.

Finalmente, he escuchado a representantes de los empleados públicos decir que “las pensiones son beneficios adquiridos que no se pueden cambiar.” Este argumento también es solo parcialmente cierto. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó en el caso de Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987)—en una opinión del entonces Juez Asociado Hernández Denton analizando la constitucionalidad de ciertos cambios hechos al sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico—que “los participantes de un sistema de retiro del Gobierno tienen un derecho adquirido de naturaleza contractual que surge con el ingreso del empleado al sistema…” pero “antes de que pueda acogerse a la jubilación, los términos del sistema de retiro pueden ser enmendados por el Gobierno siempre que las enmiendas sean razonables y con el fin de adelantar la solvencia actuarial del mismo.” En el caso de las medidas presentadas por el gobierno de turno resulta difícil argumentar que éstas son irrazonables o que no adelantan la solvencia del sistema de retiro.

Resolver este problema requiere que todos pongamos de nuestra parte. De acuerdo con el Banco Gubernamental de Fomento, si no hacemos nada, el gobierno tendría que inyectarle a los fondos de retiro cerca de $2,850 millones, equivalentes a 31% del fondo general para el año fiscal 2013, durante cada uno de los próximos 26 años para cumplir sus obligaciones con los pensionados. Una obligación de esta magnitud no se satisface con trucos financieros o de contabilidad.

El problema tampoco se resuelve imponiéndole toda la carga a un solo grupo o sector. El sacrificio tiene que compartirse entre todos: la ciudadanía en general; el sector privado, incluyendo los bancos, las farmacéuticas, y los comerciantes; los empleados públicos; y los pensionados. Creo que es imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país. Las alternativas son dejar que el país quiebre; hacer las maletas y largarnos para siempre de esta isla olvidada por Dios; o resolver esto en la calle como hizo la gente en Túnez y Egipto. ¿Qué alternativa favorece usted?

El autor es director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 17 de marzo de 2013.

Por: Sergio M. Marxuach

El miércoles 13 de marzo de 2013, Standard & Poor’s (S&P), una de las tres principales agencias clasificadoras del crédito de Puerto Rico, anunció que estaba degradando la clasificación de los bonos de obligación general de Puerto Rico (“General Obligation Bonds”) a “BBB-” de “BBB”. La perspectiva es negativa.

S&P justifica su decisión en su análisis del déficit presupuestario para el año fiscal 2013, que ellos entienden es significativamente mayor al que estaba proyectado inicialmente. De acuerdo con el analista David Hitchcock la magnitud del déficit para el año fiscal 2013 dificulta el que Puerto Rico pueda lograr un balance estructural dentro de los próximos dos años.

Nos advierte también que si Puerto Rico no logra progreso significativo en la reducción de esa brecha estructural dentro de ese periodo de dos años, entonces la clasificación podría ser degradada una vez más. S&P reconoce, sin embargo, que la administración de turno está tomado medidas presupuestarias correctivas y que ha presentado una reforma profunda de los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico.

En cierto modo esta acción de S&P no debe sorprender a nadie en Puerto Rico dado que (1) ya nos habían hecho una advertencia en noviembre del año pasado y (2) Moody’s ya nos había degradado en diciembre a un escalafón del nivel chatarra, y por tanto la acción de S&P se puede analizar como una acción correctiva y de seguimiento a la acción de Moody’s.

Por otro lado, es una advertencia clara a todas aquellas personas en Puerto Rico que no creen o no entienden la magnitud de la crisis en que nos encontramos. El déficit estructural del fondo general se encuentra en alrededor de $1,100 millones, el déficit actuarial de los tres sistemas de retiro que dependen del fondo general excede los $35,000 millones, y la deuda pública del gobierno de Puerto Rico se aproxima a los $70,000 millones. La economía se encuentra estancada o en recesión, dependiendo a quien usted le pregunte. Mientras, la tasa de empleo ronda el 33% y la de participación el 39%, los niveles mas bajos en la historia de Puerto Rico. Y la misma vez estamos perdiendo población.

Nada de esto es nuevo y esa información, de acuerdo con la teoría económica ortodoxa, debería de haber sido incorporada hace tiempo en los precios de los bonos y obligaciones de Puerto Rico.

Tal vez lo más interesante del anuncio de S&P, y lo menos reportado por nuestra prensa, es que los analistas decidieron no reducir a nivel chatarra la deuda que depende de asignaciones legislativas anuales (“appropriation debt”), que usualmente se clasifica un escalafón por debajo de los bonos de obligación general, ya que esa deuda estaría en el segundo lugar de prioridad en caso de que los recursos disponibles no fueran suficientes para cumplir con todas las obligaciones del gobierno.

Lo que Dice la Ley de OGP

Su análisis se basa en su interpretación de la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (Ley núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada) que establece que el gobernador o el director de OGP deberá :

(c) En armonía con la Sección 8, Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proceder conforme a las siguientes normas de prioridad en el desembolso de fondos públicos, cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año:

(1) Ordenar el pago de los intereses y amortizaciones correspondientes a la deuda pública.

(2) Ordenar que se atiendan los compromisos contraídos en virtud de contratos legales en vigor, sentencias de los tribunales en casos de expropiación forzosa, y obligaciones ineludibles para salvaguardar el crédito, y la reputación y el buen nombre del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(3) Ordenar que con cargo a las asignaciones para gastos ordinarios se atiendan preferentemente los desembolsos relacionados con:

(A) La conservación de la salud pública

(B) La protección de personas y de la propiedad,

(C) Los programas de instrucción pública,

(D) Los programas de bienestar público,

(E) El pago de las aportaciones patronales a los sistemas de retiro y el pago de pensiones a individuos concedidas por leyes especiales y luego los demás servicios públicos en el orden de prioridades que el Gobernador determine, disponiéndose que los desembolsos relacionados con los servicios aquí enumeradas no tendrán prelación entre sí sino que podrán atenderse en forma simultánea; Disponiéndose, además, que los ajustes por reducción podrán hacerse en cualquiera de las asignaciones para gastos ordinarios incluyendo las áreas de servicios indicadas en este inciso.

(4) Ordenar que se construyan las obras o mejoras permanentes cuyos contratos hayan sido debidamente formalizados; Disponiéndose que se dará preferencia a obras de emergencia motivadas por catástrofes o actos de la naturaleza, accidentes fortuitos; y luego se procederá a la ejecución de aquellas que mejor respondan al desenvolvimiento de la vida normal y económica de Puerto Rico.

(5) Ordenar que se atienda el pago de los contratos y compromisos contraídos con cargo a asignaciones especiales de funcionamiento y luego se atienda preferentemente aquellas fases de los programas que están en proceso de desarrollo o en una etapa de planificación cuya posposición afecte directa o indirectamente los intereses de la clientela servida por el programa.

De acuerdo con este orden estatutario, la prioridad absoluta le corresponde a la deuda pública, que para estos propósitos significa solamente los bonos de obligación general y la deuda expresamente garantizada por el Estado Libre Asociado. No incluye, por ejemplo, la deuda de las corporaciones publicas, los municipios, o la deuda que depende de asignaciones legislativas.

En segundo orden de prioridad se incluyen, entre otras, las “obligaciones ineludibles para salvaguardar el crédito, y la reputación y el buen nombre del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” S&P asevera con bastante confianza que la deuda que depende de asignaciones legislativas anuales está incluida en este grupo de obligaciones.

Yo no estoy tan seguro de esa conclusión, ya que no me está claro que una obligación que por su naturaleza depende de acción legislativa todos los años se pueda categorizar como “ineludible” para propósitos de este análisis. Por ejemplo, tendría prioridad esa deuda con respecto a la deuda emitida por una corporación publica que se encuentre a punto de incumplir con su repago? La verdad es que estas disposiciones legales nunca se han puesto en efecto en Puerto Rico, así que no sabemos que pasará en caso de ser necesaria su activación.

Un Problema de Todos

Lo que si está claro, en mi opinión, es que una degradación del crédito de Puerto Rico a nivel “chatarra” tendría repercusiones adversas para todos los que vivimos en Puerto Rico ya que desataría una crisis financiera. Eso significa, entre otras cosas, que: el gobierno tendría poco o ningún acceso a los mercados financieros; veríamos una depreciación del valor de los bonos y obligaciones de Puerto Rico de entre 30% y 50%; la liquidez y la solvencia de las instituciones financieras y compañías de seguro en Puerto Rico podrían verse afectadas adversamente; veríamos un aumento en las tasas de interés y una contracción significativa del crédito; y aumentarían tanto las quiebras como el desempleo. Nadie en Puerto Rico estaría inmune de los efectos de esa tempestad.

Nos incumbe a todos poner de nuestra parte para evitar esta catástrofe. El sacrificio tiene que compartirse entre todos: la ciudadanía en general; el sector privado, incluyendo los bancos, las farmacéuticas, y los comerciantes; los empleados públicos; y los pensionados. Creo que es imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país. Las alternativas son dejar que el país quiebre; hacer las maletas y largarnos para siempre de esta isla olvidada por Dios; o resolver esto en la calle como hizo la gente en Túnez y Egipto. ¿Qué alternativa favorece usted?