Plan Fiscal 3.0

  lupa Click here to read in english El pasado 12 de febrero el gobierno de Ricardo Rosselló presentó la tercera iteración de su Plan Fiscal para Puerto Rico. En términos generales, esta versión del Plan tiene tres componentes principales: (1) Una revisión del escenario económico base tomando en consideración la asignación de fondos federales para la reconstrucción de la infraestructura destruida por el huracán María (2) Un plan de austeridad fiscal (3) Un programa de reformas estructurales El Plan parte de la premisa de que Puerto Rico recibirá por lo menos $49,100 millones de ayuda federal para desastres y otros $21,000 millones que serían desembolsados por compañías de seguros privadas, para un total de $70,100 millones, equivalente al producto nacional bruto de Puerto Rico en el 2017. Este influjo de fondos es el fundamento para la revisión radical del escenario económico base. Las proyecciones del Plan contemplan una contracción de 11% en el año fiscal en curso debido al impacto de María, y un crecimiento real de 8.4%, 3.5%, 2.3%, 1.8% y 2.1% durante los años fiscales 2019 al 2023, respectivamente. La proyección de crecimiento para el 2019 ha generado mucha discusión, pero en nuestra opinión es factible si en realidad produce el influjo de fondos proyectados. De hecho, aun si tomamos como buenas las proyecciones del plan, al terminar el año fiscal 2019 el nivel del PNB real de la isla todavía se encontraría por debajo del nivel antes de María. Me explico. Si asumimos que el nivel del PNB de Puerto Rico al 19 de septiembre de 2017 era igual a 100, y la economía se contrae por un 11% en el AF2018 y crece por 8.4% el próximo año fiscal, es cuestión de aritmética simple concluir que al finalizar el AF2019 todavía estaríamos por debajo del nivel pre-María. Más allá del 2019, sin embargo, es difícil defender la modificación del escenario base en su totalidad, ya que es inconsistente con otros elementos del Plan. La combinación de los efectos de la ayuda federal con una consolidación fiscal modesta al principio del periodo de la proyección tiene consecuencias que no son consistentes con las consecuencias de la segunda fase, luego de los primeros años, cuando la ayuda federal mengua y la contracción fiscal es mayor. Parece que los arquitectos del Plan están asumiendo que la reconstrucción del acervo de capital destruido por María generaría un aumento permanente tanto en el nivel como en las tasas de crecimiento del PNB. Pero no hay razón para suponer que creceríamos más rápido simplemente porque alcanzamos el mismo nivel de infraestructura que existía el día antes de María. De hecho, antes del huracán la tasa de crecimiento del PNB real era negativa. Sin embargo, el gobierno está proyectando que el impacto del gasto federal va a ser de tal magnitud que aceleraría permanentemente la tasa de crecimiento del PNB real a cotas muy por encima de la tendencia prevaleciente antes del 2019. En términos de los recaudos, el Plan asume que comenzando en el AF2019 los recaudos aumentarían a la misma tasa de crecimiento del PNB nominal, esto a pesar de que durante el periodo de la proyección se contempla: (1) Una reforma contributiva que reduciría los recaudos por concepto de contribuciones sobre ingresos y la eliminación del impuesto “business-to-business”, así como una reducción en la tasa del impuesto sobre los alimentos preparados. (2) Una reducción de 42% en los recaudos por concepto de la ley 154. (3) Una reducción de 20% en la población durante los seis años que cubre el Plan. Sin embargo, los recaudos del gobierno aumentan significativamente durante el periodo de la proyección. En nuestra opinión esta proyección refleja un inexplicable sesgo optimista. El segundo componente del plan consiste de una consolidación fiscal, incluyendo, entre otras medidas, recortes en el gasto gubernamental en las áreas de educación y salud, así como en las asignaciones a la UPR y los municipios, que comenzaría en el 2018 pero se intensificaría a partir del año fiscal 2020, justo cuando el estímulo fiscal producto de la reconstrucción comienza a menguar. El gobierno estima que estas medidas generarían ahorros netos anuales de $2,462 millones en el año fiscal 2023. De acuerdo con el análisis de Brad W. Setser, del Council on Foreign Relations, esa cifra es equivalente a un poco más del 3% del PNB proyectado para ese año, eso sin tomar en consideración el efecto multiplicador negativo, producto de la reducción en el gasto público, el cual la Junta de Control Fiscal estima en 1.3. Por tanto, la contracción del PNB pudiera ser un poco más de 4%. Sin embargo, en ningún momento durante el periodo de consolidación fiscal la tasa de crecimiento del PNB se torna negativa, aun durante los años cuando se reduce el estímulo federal y se intensifica la austeridad. El gobierno, entonces, cuadra el circulo proyectando un impacto positivo, rápido y significativo producto de una serie de reformas estructurales (reforma contributiva, reforma energética, reforma reglamentaria, etc.) que comenzarían a implementarse en el 2018 y estimularían el crecimiento de manera tal que se contrarrestarían en su totalidad los efectos negativos producto de la culminación del estímulo federal y de la implementación de las medidas de austeridad. Este escenario es difícil de justificar ya que el Plan no identifica ninguna fuente endógena de crecimiento y parece no tomar en consideración una serie de riesgos a la proyección. Entre éstos podemos señalar que: (1) Las asignaciones federales sean menores a las estimadas. (2) Los recaudos aumenten a una tasa menor o se contraigan después del 2020 y el gobierno tenga que implementar medidas adicionales de consolidación fiscal. (3) El impacto de la emigración sobre la actividad económica sea más severo de lo esperado. (4) El multiplicador (negativo) de las políticas de austeridad esté subestimado. (5) El efecto positivo de las reformas estructurales esté sobreestimado. Al final del camino, sin embargo, el riesgo mayor es que el computo de las necesidades de alivio de la deuda se basen en un Plan Fiscal insensatamente optimista, resultando en un ajuste menor al que Puerto Rico realmente necesita para que el servicio de la deuda pública sea sostenible. De hecho, en más del 50% de todos los procesos de ajuste de deuda soberana desde 1970 el deudor ha vuelto a incurrir en un impago dentro de los cinco años posteriores a la reestructuración, debido, en muchos casos, a proyecciones económicas demasiado optimistas. Ese sería el peor escenario para Puerto Rico. Pregúntenle a Grecia. Por: Sergio M. Marxuach El autor es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 11 de marzo de 2018.

Fiscal Plan 3.0

On February 12, Governor Ricardo Roselló presented the third iteration of his Fiscal Plan for Puerto Rico. In general terms, this version of the Plan has three main components: (1) A revision of the base economic scenario taking into consideration the appropriation of federal funds for the reconstruction of the infrastructure destroyed by Hurricane Maria (2) An austerity plan (3) A structural reform program The Plan’s basic assumption is that Puerto Rico will receive at least $49.1 billion in federal disaster aid and another $21 billion to be paid out by private insurance companies, for a total of $70.1 billion, a sum equivalent to the Gross National Product of Puerto Rico in 2017. This influx of funds is the basis for the governor’s radical revision of the base economic scenario. The Plan projects a contraction of 11% in the current fiscal year due to the impact of Maria, and then real growth of 8.4%, 3.5%, 2.3%, 1.8%, and 2.1% during fiscal years 2019 to 2023, respectively. The growth forecast for 2019 has generated a great deal of discussion, but in our opinion that growth rate is feasible if the projected influx of funds actually occurs. In fact, even if we assume that the Plan’s projections are on point, at the end of fiscal year 2019 the island’s real GNP will still be below the pre-Maria level. Let me explain. If we assume that Puerto Rico’s GNP as of September 19, 2017, was equal to 100, and the economy contracts 11% in FY2018 and then grows 8.4% during the next fiscal year, simple arithmetic tells us that at the end of FY2019 we will still be below the pre-Maria level. Beyond 2019, however, it is hard to defend the modification of the base scenario in its entirety, since it is inconsistent with other elements of the Plan. The combination of the effects of federal aid with a modest fiscal consolidation at the beginning of the projection period has consequences that are not consistent with the consequences of the second phase, after the first few years, when the federal aid dries up and the economic contraction is greater. It appears that the architects of the Plan are assuming that the reconstruction of the capital stock destroyed by Maria will generate a permanent increase in both the level and rate of growth of the GNP. But there is no reason to assume that we will grow faster simply because we attain the same level of infrastructure that existed the day before Maria. In fact, before the hurricane the growth rate of the real GNP was negative. Yet the government is forecasting that the impact of federal spending will be of such magnitude that it will permanently accelerate the growth rate of the real GNP well above the prevailing trend pre-2019. In terms of revenues, the Plan assumes that beginning in FY2019, government revenues will increase at the same rate as the growth of the nominal GNP, despite the fact that during the projection period the Plan assumes the following: (1) A tax reform that will reduce income tax revenues, eliminate the business-to-business tax, and reduce the tax rate on prepared foods (2) A reduction of 42% in revenues generated by the Law 154 excise tax (3) A reduction of 20% in the population over the six years covered by the Plan. Yet government revenues are projected to rise significantly during the projection period. In our opinion, this forecast is the product of inexplicable wishful thinking. The second component of the Plan consists of a fiscal consolidation, including, among other measures, cuts in government spending in the areas of education and health, as well as reductions in appropriations to the UPR and municipalities that will begin in 2018 but will intensify beginning in FY2020, just when the economic stimulus resulting from the reconstruction begins to taper off. The administration estimates these measures will generate net annual savings of $2.462 billion in fiscal year 2023. According to an analysis carried out by Brad W. Setser, of the Council on Foreign Relations, that number is equivalent to a little more than 3% of the GNP projected for that year—without taking into account the negative multiplier effect resulting from a reduction in public spending, which the Financial Control Board estimates to be 1.3. Therefore, the contraction in the GNP could be a little over 4%. Yet at no time during the fiscal consolidation period does the rate of growth in the GNP turn negative, even during the years when the federal stimulus declines and austerity measures intensify. The government, then, tries to square the circle by assuming a positive, swift, and significant economic stimulus generated by a series of structural reforms—tax reform, energy reform, regulatory reform, and so on—that are slated to begin in 2018 and will stimulate growth to such an extent that they will completely offset the negative effects from the end of the federal stimulus and the implementation of austerity measures. This scenario is hard to justify, as the Plan identifies no local, endogenous source of growth and appears not to take into account a series of downside risks to the projection. Among these risks, we might note that: (1) Federal appropriations may be lower than estimated. (2) Revenues may rise at a lower rate than projected or even decline after 2020, so that the government will be forced to implement additional fiscal-consolidation measure. (3) The impact of emigration on economic activity could be more severe than anticipated. (4) The multiplier effect (negative) of the austerity measures may be underestimated. (5) The positive effect of the structural reforms may be overestimated. At the end of the day, however, the greatest risk is that the calculation of the amount of the needed debt relief may be based on a foolishly optimistic Fiscal Plan, resulting in a debt adjustment that is less than what Puerto Rico really needs to make its debt service sustainable. In fact, in over fifty percent of all sovereign-debt adjustment cases since 1970, the debtor has defaulted again within five years of the restructuring—due, in many cases, to over-optimistic economic projections. That would be the worst-case scenario for Puerto Rico. Just ask Greece. By: Sergio M. Marxuach The author is the Policy Director at the Center for a New Economy. This column was originally published in El Nuevo Día on March 11th, 2018.

La junta en su laberinto

cne-dilemaspLos dilemas del Plan Fiscal Jorge Luis Borges en “El jardín de senderos que se bifurcan” narra la historia de Ts’ui Pên, un chino erudito que se retira a “escribir un libro” y “construir un laberinto.” Al morir éste deja como legado varios “manuscritos caóticos”. Con el paso del tiempo un profesor descifra el enigma: el libro y el laberinto eran un solo objeto. En su libro, Ts’ui Pên—en contraste con una narrativa tradicional donde una persona enfrentada con diversas alterativas “opta por una y elimina las otras”—opta simultáneamente por todas y “crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan.” En esencia “todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones.” De igual manera, los encargados de redactar un plan fiscal a diez años para Puerto Rico comienzan en el mismo lugar que Ts’ui Pên: enfrentando una infinidad de porvenires posibles. Pero, a diferencia de Ts’ui Pên, no pueden optar simultáneamente por todas las alternativas. Los autores tendrán que analizar como interactúan diversas variables económicas, financieras, fiscales y sociales, y escoger un sendero fiscal, entre los múltiples que son factibles, sabiendo que su decisión será a su vez—a través de los efectos en la economía de Puerto Rico—el punto de partida de otros senderos y bifurcaciones fiscales. DECISIONES DIFÍCILES DEL PLAN FISCAL El problema es que no existe una metodología puramente tecnocrática, libre de una carga ideológica o filosófica, para determinar si se le otorga prioridad al crecimiento económico, a eliminar el déficit estructural, al pago de la deuda pública, a mantener los servicios públicos esenciales, incluyendo el seguro salud del gobierno, o al pago de las pensiones. Es por eso que en el CNE hemos elaborado, partiendo desde nuestra visión y entendimiento de la economía de Puerto Rico, algunos principios para la preparación del plan fiscal. El 15 de noviembre enviamos una carta a la Junta de Control Fiscal describiendo esos principios, los cuales resumimos a continuación. cne-pfiscal3-640x447 Las premisas del modelo económico del plan fiscal deben ser absolutamente transparentes La médula del plan fiscal es un escenario base, que a su vez es función de unas proyecciones de crecimiento económico. Este escenario asume que no hay cambios en las leyes o políticas fiscales existentes. El objetivo es establecer un marco de referencia para estimar el impacto de diversas propuestas de política pública. Por tanto, es extremadamente importante que el modelo económico utilizado para generar el escenario base se haga público y que las premisas utilizadas para su preparación se expliquen y justifiquen adecuadamente. Restaurar el crecimiento económico debe ser el objetivo principal Un crecimiento económico robusto es la clave para sufragar los servicios gubernamentales, pagar las pensiones, y para la sostenibilidad de la deuda pública. El segundo paso, por tanto, debe ser el diseño de una estrategia de crecimiento a mediano plazo que identifique sectores donde Puerto Rico tiene, o pudiera tener, una ventaja comparativa y las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento. El impacto de esas intervenciones de política pública se puede medir entonces en relación al escenario base. Idealmente, se escogerían políticas que aumenten la inversión, creen empleos nuevos, incrementen el ingreso personal, generen un aumento en los recaudos gubernamentales y produzcan un balance primario positivo (antes de pagar interés y principal) que servirá de punto de partida para negociar con los acreedores. Cualquier restructuración de la deuda debe ser por una cantidad suficiente para evitar otra renegociación en el corto plazo Una vez se determina el balance primario estimado para los próximos diez años, se compara esa cantidad con el servicio de la deuda (para ese mismo periodo de tiempo) que depende de impuestos para su repago (las corporaciones públicas se excluyen ya que éstas generan sus propios ingresos) y se calcula la quita necesaria para asegurarnos con un alto grado de probabilidad, digamos 95%, que la deuda se podrá pagar sin tener que tomar préstamos nuevos y que no será necesario renegociarla en el corto plazo. Este último punto es importante; varios estudios han determinado que en más del 50% de las reestructuraciones de deuda durante los últimos cuarenta años ha sido necesario renegociar los términos dentro de un periodo de cinco años. Este resultado no solamente es sub-óptimo sino que también retrasa la recuperación económica al generar un alto grado de incertidumbre. Evitar o minimizar las políticas de austeridad La idea de que la implementación de políticas de austeridad tiene efectos positivos en el crecimiento económico ha tenido una larga vida a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario. Tan recientemente como el 2010, economistas de la división de investigación del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) cuestionaron la sabiduría de imponer políticas de austeridad a países que atraviesan por una crisis fiscal o financiera. Por ejemplo, el World Economic Outlook de octubre de 2010, incluye un análisis que concluye que en países afectados por una crisis fiscal “un recorte en el gasto gubernamental igual a 1% del PNB reduce la demanda doméstica aproximadamente por 1 por ciento y aumenta la tasa de desempleo por 0.3 punto porcentual.” Este análisis fue validado por el propio FMI en el 2011, 2012, y 2013. Más importante aún, en Puerto Rico la austeridad se ha intentado y ha fracasado. Tanto la Ley 7 del 2009, como la Ley 66 del 2014, impusieron recortes al gasto gubernamental, aumentaron impuestos, congelaron salarios, suspendieron la efectividad de convenios colectivos, y rescindieron contratos, entre otras medidas de austeridad. El efecto, en ambos casos, fue agudizar la contracción económica. Estipular claramente que cosas son negociables y cuales no Dada la experiencia en otras jurisdicciones, lo más probable es que los bonistas presenten demandas económicamente irrazonables o socialmente perversas con respecto a la cantidad del balance primario, recortes a los servicios gubernamentales y pensiones públicas, la privatización de activos públicos, y reformas a leyes laborales y al seguro de salud del gobierno. El gobierno de Puerto Rico debe dejar claro desde el principio que es negociable y que no en cada una de estas áreas para evitar la pérdida de tiempo y reducir la ansiedad e incertidumbre entre la población. Sí los efectos económicos de la austeridad son negativos, los efectos sociales son potencialmente explosivos. Dado todo lo anterior, recomendamos que la próxima iteración del plan fiscal atienda la crisis fiscal en la siguiente secuencia: (1) implementar reformas estructurales para fomentar el crecimiento; (2) reformar las instituciones presupuestarias, fiscales y de política económica; (3) renegociar los términos de la deuda pública; y (4) postergar la implementación de políticas de austeridad, si alguna. cne-pfiscalsecuencia-640x447 Por: Sergio M. Marxuach Director de Política Pública Centro para una Nueva Economía

Celebramos nuestro aniversario pensando el futuro

Este mes de noviembre CNE celebra sus 18 años. A través del tiempo hemos sido una voz sobria, balaceada y empírica en momentos de polarización e incertidumbre. Hablamos con rigor académico, independencia de criterio, y fuera de líneas político-partidistas. Ahora, hemos aceptado el reto que nos presentan los tiempos y nos lanzamos en una iniciativa de gran envergadura: la creación del CNE Growth Commission, un proyecto que busca impulsar una nueva conversación sobre cómo restablecer el desarrollo económico de largo plazo en Puerto Rico. Este mes, al celebrar nuestro aniversario, queremos recordar los hitos con los que hemos marcado camino, y reafirmar nuestra intención de seguir generando propuestas que provoquen una discusión pública robusta, y que ayuden a impulsar una nueva etapa de crecimiento económico sostenido para Puerto Rico. READ MORE

IVA

saving-money-spending-fast Por: Miguel A. Soto Class Luego de un análisis profundo y clínico tanto del informe de KPMG como del proyecto de ley de administración para cambiar el código contributivo, y a pesar de estar de acuerdo con muchas de las propuestas incluidas, mi conclusión es que sería perjudicial para el País aprobar esa reforma contributiva en este momento. Mi opinión esta basada principalmente en tres razones. Primero, el proceso para analizar el proyecto ha sido muy atropellado, nada transparente y a espaldas del Pueblo.  Desde el inicio no se quiso compartir con la ciudadanía el informe de los consultores de KPMG en el cual se basaba la reforma y el cual había sido pagado con fondos públicos.  A pesar de un llamado amplio de voces del sector ciudadano, de organizaciones no-gubernamentales, de prominentes representantes del sector privado y de sindicatos y hasta de algunos del sector público, Fortaleza mantuvo su postura de secretividad y no fue hasta que un tribunal obligó hacer público el informe que se hizo. READ MORE

Análisis del estudio de KPMG

UntitledPor: Sergio M. Marxuach En esta entrada de nuestro blog describimos el escenario base para la reforma contributiva propuesta por KPMG, analizamos si esa propuesta cumple con los objetivos básicos para una reestructuración del sistema tributario puertorriqueño esbozados por el Dr. Ramón Cao en su libro, Impuestos en Puerto Rico: treinta años de experiencias y estudios (2004) y presentamos algunas preocupaciones que tenemos con la propuesta de KPMG. El escenario base de KPMG El escenario base propuesto por KPMG consiste de los siguientes elementos. Primero, la implementación de un impuesto al valor añadido (“IVA”) con una tasa de 16% aplicado a una base amplia. KPMG recomienda que el IVA aplique a todos los bienes y servicios excepto aquellos para la exportación, los servicios financieros, los pagos por el alquiler de una residencia, la electricidad, el agua, el combustible, y los servicios hoteleros. Además, propone que las ventas hechas por los pequeños negocios estén exentas del IVA. READ MORE

Aumento en impuesto a gasolina traería golpe en factura de luz

noticel Por: Ely Acevedo Denis Publicado: 06/06/2013 06:04 am http://www.noticel.com/noticia/142938/aumento-en-impuesto-a-gasolina-traeria-golpe-en-factura-de-luz.html A juicio del director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, las alternativas que se han mencionado para la gravísima deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), traerían consecuencias en la factura de la luz y, por otro lado, no tienen poder de captación suficiente para solucionar el problema. READ MORE

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Análisis de presupuesto: Los números no dan, hace falta visión y voluntad (documento)

noticel
Por: Ely Acevedo Denis Publicado: 06/06/2013 09:23 pm http://www.noticel.com/noticia/142937/analisis-de-presupuesto-los-numeros-no-dan-hace-falta-vision-y-voluntad-documento.html#.UbBnnpl8KVk.email
Puerto Rico está en una coyuntura histórica que requiere que el Gobierno actúe para atender su problema fiscal, pero dilaciones en lograr un consenso entre el Ejecutivo y la Legislatura, proyecciones que no parecen poder concretarse y la carencia de una nueva visión económica, tienen al país al borde de un precipicio, lo que podría resultar en que se grave el bolsillo de varias generaciones, de ocurrir una degradación en el crédito. READ MORE

Resumen Ejecutivo del Análisis del Presupuesto Recomendado para 2013-2014

Resumen Ejecutivo

Análisis del Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2013-2014

 
  • Presupuesto Consolidado – El presupuesto consolidado para el año fiscal 2014 suma unos $29,030 millones, lo que representa un aumento de $351.2 millones, o un 1.22%, en comparación con el presupuesto consolidado de $28,679 millones para el año fiscal 2013.
  • Componentes Principales – Los componentes principales del presupuesto consolidado son: (1) $9,835 millones del fondo general; (2) $9,235 millones de ingresos generados por las corporaciones públicas; y (3)$6,590 millones de fondos federales.
  • Fondo General – El presupuesto del fondo general de $9,835 millones refleja un aumento de $752.5 millones, o un 8.29%, en comparación con el presupuesto del fondo general para el año anterior de unos $9,082 millones.  Los componentes del aumento de $752 millones son: (1) $245 millones en aportaciones adicionales a los sistemas de retiro; (2) $297 millones adicionales para el servicio de la deuda pública; y (3) $211 millones de otros gastos, incluyendo $103 millones para la Universidad de Puerto Rico.
  • Nómina del Fondo General – La nómina del fondo general suma $3,691 millones, un aumento de $59.1 millones, o un 1.63%, en comparación con la nómina de $3,632 millones para el año fiscal anterior.
  • Fondos Federales – Las transferencias federales al gobierno de Puerto Rico se estiman en unos $6,590 millones para el año fiscal 2014, incluyendo $192 millones de fondos ARRA.  El 22.7% de los recursos disponibles para el año fiscal 2014 son fondos federales.
  • Fondos No-Recurrentes – El presupuesto consolidado incluye $967 millones de fondos no-recurrentes, lo que representa una reducción de $1,343 millones, o un 58%, en comparación con los $2,310 millones de fondos no-recurrentes incluidos en el presupuesto del año fiscal anterior.
  • Déficit Estructural – Estimamos el déficit estructural para el año fiscal 2013 en unos $775 millones, que es la diferencia entre ingresos recurrentes de $9,635 millones y gastos totales (incluyendo servicio de la deuda) de unos $10,410 millones.
  • Recaudos Contributivos – El Departamento de Hacienda estima los recaudos contributivos en unos $9,069 millones, lo que representa un aumento de $1,521 millones, o un 20.1%, en comparación con los recaudos contributivos de $7,548 reportados durante el 2013.
  • Expansión de la Base del IVU – El aumento en los recaudos contributivos incluye unos $1,055 millones producto de la expansión de la base del IVU.  En nuestra opinión ese estimado nos parece un objetivo difícil de lograr dados (1) la complejidad de los cambios al sistema contributivo, lo que a su vez dificulta tanto el cumplimiento como la fiscalización; y (2) la debilidad de la economía de Puerto Rico.
  • Deuda Pública – Al 31 de marzo de 2013 la deuda pública de Puerto Rico sumaba unos $70,450 millones, equivalente al 97% del PNB estimado para el año fiscal 2013 de $72,616 millones.
  • Servicio de la Deuda – El presupuesto consolidado incluye $3,943 millones para el servicio de la deuda.  Esa cantidad es equivalente a 13.59% del presupuesto.  Para poner esa cifra en perspectiva, el presupuesto total del Departamento de Educación de Puerto Rico es de $3,609 millones.
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Fiscal Situation Update: Fiscal Year 2013-2014 Budget

This Fiscal Update Report prepared by the Center for a New Economy (CNE) presents an independent analysis of the proposals contained in the Governor’s budget request for fiscal year 2014. The analysis is based on CNE’s evaluation and interpretation of the budget data, rather than the Administration’s, and may incorporate estimates made by CNE’s staff or by other private sector analysts. Our analysis also includes a review of the fiscal trends for the fiscal year 2013, which ends on June 30, as well as an update of ten budget indicators that we have followed over the last seven years.   CNE-DownloadPublication-Button Or read the document below:  

Fiscal Situation Update: Fiscal Year 2012-2013 Budget

This Fiscal Update Report prepared by the Center for a New Economy (CNE) presents an independent analysis of the proposals contained in the Governor’s budget request for fiscal year 2012-2013. The analysis is based on CNE’s evaluation and interpretation of the budget data, rather than the Administration’s, and may incorporate estimates made by CNE’s staff or by other private sector analysts.   CNE-DownloadPublication-Button Or read the document below:  

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