Estados financieros del ELA 2014

Claves para entender los Estados Financieros Auditados del 2014 que el gobierno publicó el 30 de junio de 2016

Por: Sergio M. Marxuach

El gobierno finalmente ha publicado el informe anual con sus estados financieros auditados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2016 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2014.

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Liquidez

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Por: Sergio M. Marxuach

El día 9 de septiembre el BGF hizo público un informe actualizado sobre la liquidez del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2016 (el “Informe de Liquidez”), llevado a cabo por la firma de consultores Conway MacKenzie (“CM”), al que casi nadie le prestó atención.

El Informe de Liquidez es importante por dos razones. Primero, en la ausencia de estados financieros auditados, este Informe nos presenta lo que un analista de Washington DC catalogó como el “cuadro más abarcador del manejo de efectivo por parte del gobierno de Puerto Rico jamás hecho para el consumo del público”. Y, segundo, porque el Informe se enfoca precisamente en el flujo de efectivo, la variable que determina a su vez si el gobierno tiene la capacidad para cumplir con todas sus obligaciones según éstas vencen. READ MORE

Rompiendo el Impasse

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Por: Sergio M. Marxuach

Durante los últimos días el país ha sido testigo de un desafortunado intercambio de cartas entre los directivos del Banco Gubernamental de Fomento (el “BGF”) y el Presidente del Senado. Este francotiroteo político no es productivo ni conducente a crear el clima de colaboración necesario para salir de la crisis en que nos encontramos. Lo irónico de la situación es que ambas instituciones tienen la razón parcialmente.

Por un lado, el BGF tiene razón al advertir que existe una alta probabilidad de un cierre gubernamental en el futuro cercano—pero no por las razones que esbozó en su carta del 21 de abril al Gobernador y los Presidentes de la Cámara de Representantes y Senado.

La verdadera razón se encuentra en otra comunicación del BGF de esa misma fecha. Ese día el Vicepresidente Ejecutivo y Agente Fiscal del BGF radicó, a través del Electronic Municipal Market Access System, un “Notice of Failure to File Annual Report.” READ MORE

Crónica del endeudamiento en el siglo 21

Businessman holding up a dollar sign

Por: Sergio M. Marxuach

Desde el año fiscal 2000, la deuda pública de Puerto Rico ha incrementado vertiginosamente tanto en términos absolutos como en términos relativos al tamaño de la economía. Al finalizar el año fiscal 2000, la deuda pública total de Puerto Rico sumaba $24,200 millones, mientras que al 31 de julio de 2014 sumaba $71,435 millones, un aumento de $47,235 millones, o un 195%. Durante este periodo el endeudamiento público de la isla creció a una tasa anual compuesta de 8.04%.

El peso de esa deuda se está dejando sentir. El presupuesto consolidado para el año fiscal en curso incluye $4,552 millones (16.2% del total) para el servicio de la deuda, en comparación con $3,408 millones para el Departamento de Educación; $2,223 millones para Mi Salud; $1,503 millones para la UPR; $1,190 millones (4.2% del total) para mejoras permanentes; y $848 millones para la Policía de Puerto Rico.

Por otro lado, el Producto Nacional Bruto (“PNB”), a precios corrientes, incrementó de $41,400 millones en el 2000, a unos $70,740 millones al finalizar el año fiscal 2013, un aumento de $29,340 millones, o un 71%. Durante este periodo el PNB de la isla creció a una tasa anual compuesta de 4.2%. READ MORE

Economistas ven opciones para el BGF

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Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO – 4:00 am

Acuerdos bajo Alianzas Pública y Privada (APP’s), venta de activos y un reenfoque del Banco Gubernamental de Fomento parecen ser las opciones viables para devolverle a la institución bancaria la solvencia económica para aumentar su escaso flujo de efectivo actual de $232 millones.

Economistas entrevistados coinciden en que la viabilidad de estas y otras opciones dependerán mayormente de la confianza que los inversionistas tengan en la institución y la voluntad que tenga la Isla de quererlo hacer.

Para el economista Antonio Rosado una de las primera opciones de la Isla es la creación de una APP para el desarrollo de la PR- 52 de San Juan a Ponce, la cual pudría allegarle a la Autoridad de Carreteras y transporte (ACT) los $2,000 millones que le permitan saldar su deuda con el BGF y proveerle cierta liquidez. De igual manera, mencionó la opción de que la Autoridad de Edificios Públicos venda en el mercado secundario -a terceros- propiedades en desuso, con cuyos ingresos igualmente pueden liquidar deuda. READ MORE

Acuerdos de Confidencialidad

Por: Sergio M. Marxuach

Hace unos días nos enteramos, a través de un documento subrepticiamente colgado en la Internet, que después de negociaciones hasta las altas horas de la noche, y sabrá Dios de cuantos manejos arteros en cuartos oscuros, la AEE llegó a unos acuerdos con un grupo de bonistas, dos bancos comerciales, y con el Banco Gubernamental de Fomento para posponer ciertos pagos y enmendar los documentos que evidencian las obligaciones de la AEE con estos prestamistas, entre otras cosas. Se nos informa también que la AEE ejecutó varios acuerdos de confidencialidad y que los documentos evidenciando las enmiendas no se harán públicos.

¿Por qué el gobierno de Puerto Rico insiste en ocultarle información al pueblo?

Creo que parte de la repuesta la ofrece Friedrich Hayek en The Road to Serfdom cuando escribe que en los gobiernos con tendencias autoritarias “Toda información que pudiera causar duda sobre la sabiduría del gobierno, o que pueda crear descontento, le será negada al pueblo. La base de comparaciones poco favorables con condiciones en otros lugares, el conocimiento de posibles alternativas al curso tomado, cualquier información que pudiera sugerir el fracaso de parte del gobierno en cumplir sus promesas o de tomar ventaja de oportunidades para mejorar condiciones, todo esto será suprimido.” READ MORE

Puerto Rico’s Indebted Power Utility Adds to Island’s Problems

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity.

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity. Credit Dennis M. Rivera-Pichardo for The New York Times

Puerto Rico’s electrical utility is running out of money and time to negotiate a deal with its lenders, part of a broad reckoning for an island that relies on Wall Street to finance some of its most basic functions.

The Puerto Rico Electric Power Authority must repay $146 million to Citigroup over the next two months for a credit line used to buy oil to generate electricity. It is also uncertain whether the authority will be able to renew a $550 million credit line from Scotiabank for fuel purchases, people briefed on the matter said.

With the power authority’s lenders growing increasingly skittish, analysts and investors expect the utility will be forced to restructure its debts to avoid crippling power shortages for Puerto Rico’s 3.6 million residents.

The likelihood of a restructuring increased after Gov. Alejandro Garcia Padilla hurriedly signed a new law into effect over the weekend allowing public corporations like the power authority to seek protection similar to what bankruptcy provides. Representatives for Citigroup and Scotiabank declined to comment.

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Empeora la crisis

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La degradación de ayer de Moody’s representó para los economistas la bancarrota de Puerto Rico y su cierre en los mercados de capital, también coincidieron en que la nueva ley de reestructuración de deuda fue el detonante

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Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Las casas acreditoras volvieron a propinarle ayer otro contundente golpe a Puerto Rico, luego de que Moody’s Investor Service rebajó a un nivel más profundo del grado especulativo o ‘chatarra’ los bonos de las obligaciones generales del Estado Libre Asociado (GOs, por sus siglas en inglés), así como las responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras corporaciones públicas, en una medida que tendrá graves consecuencias contra unos $61,000 mil millones de deuda pública.

La histórica determinación aplicó también a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad  de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Incluso la entidad señaló que la perspectiva del país es negativa, por lo que podrían producirse en cualquier momento degradaciones adicionales.

Esta degradación, que recuerda el deterioro progresivo de la caída económica de Grecia, se efectúa a escasos cuatro meses de la primera degradación de los GOs y apenas cuatro días de las casas acreditadoras haber degradado los bonos de las corporaciones públicas  y por segunda ocasión consecutiva los bonos de la AEE. Tras la degradación,  el valor de bonos de los GO’s cayó en un 5%, colocándose entre los 84.5 centavos de dólar y los 87.5 centavos de dólar.

Moody’s Investors rebajó los GOs en tres escalafones de Ba2 a B2, afectando a 14.4 mil millones de bonos, lo que significa que no es un inversión deseable y de alto riesgo. Mientras, en cuanto a las agencias estatales y empresas públicas se afectan cerca de 46 mil millones de bonos, “incluyendo 15.6 mil millones en bonos senior y subordinados emitidos por el impuesto a las ventas de Cofina, que, respectivamente, se redujo a Ba3 y B1”, señaló el informe. READ MORE

Gobierno no repartió $300 millones en estímulo federal para contribuyentes

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Por: Laura M. Quintero
Publicado: 19/06/2014 05:09 am

En un informe trimestral de febrero de 2014, el Gobierno de Puerto Rico reconoció que la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pudiera verse afectada por la necesidad de devolver el saldo de $349 millones de fondos ARRA que no se otorgaron a las personas que trabajaban para los años contributivos 2009 y 2010.

(EFE)

Como parte de la Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos (ARRA, por sus siglas en inglés), en 2009 el Congreso de Estados Unidos aprobó el ‘Making Work Pay Credit’ para otorgar los créditos reembolsables de hasta $400 a las personas que trabajaban para los años fiscales 2009 y 2010.  El Departamento de Hacienda recibió un depósito a nivel federal de $1,200 millones en ese año para entregar el crédito a los trabajadores puertorriqueños. Sin embargo, uno de cada cuatro dólares nunca fueron desembolsados con el saldo de $349 millones en deuda al Departamento de Hacienda federal.

“¿Cómo es posible que una cuarta parte de los fondos nunca se utilizaron?”, cuestionó el economista Sergio Marxuach, del Centro para una Nueva Economía. “Este caso es emblemático de la falta de controles financieros que hay en el Gobierno”, analizó al revelar el dato durante una mesa redonda con la prensa, en la cual presentó el análisis del presupuesto recomendado para el año fiscal 2015. READ MORE

Temen un apocalipsis fiscal en el BGF

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Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

El riesgo de insolvencia que encara el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es el resultado de haber utilizado esa dependencia como una chequera para pagar por la mala administración de las corporaciones públicas, agencias y municipios, y la falta de una reglamentación adecuada.

Y esa chequera, al parecer, se quedó sin fondos.

Según Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía, y Antonio Fernós Sagebién, profesor de Finanzas para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de producirse el colapso del agente fiscal del Gobierno, Puerto Rico vería una reducción dramática en la posibilidad de acceder a capital e, incluso, encarar una degradación crediticia en cadena en todas las corporaciones públicas y hasta en las obligaciones generales del Gobierno central.

“El Gobierno perdería su flexibilidad para financiarse”, dijo Marxuach. READ MORE

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