Puerto Rico 2025

Puerto Rico in 2025

SAN JUAN — 30 de septiembre de 2025, el presidente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que había emitido un certificado de acuerdo con la sección 209 de la ley PROMESA atestiguando que el gobierno de Puerto Rico (1) cuenta con acceso a los mercados de capital a tasas de interés razonables y (2) ha ejecutado un presupuesto balanceado durante cada uno de los pasados cuatro años fiscales. Con este acto la Junta concluye formalmente sus trabajos.

El costo social de cumplir con esas condiciones ha sido alto. La economía de Puerto Rico en términos reales, aún después de un modesto repunte durante el 2024, es aproximadamente 10% menor que en el 2016 y ha estado en contracción durante 18 de los pasados 20 años.

Esa prolongada depresión económica sirvió de aliciente a la emigración, en su mayoría de personas jóvenes y clase media. A junio de 2025 la población total de Puerto Rico se estimaba en poco menos de 2.8 millones, esto en comparación con 3.7 millones de habitantes en el 2010. Esa ola migratoria aceleró el envejecimiento de la población y, además, causó una baja significativa en la natalidad. De hecho, durante el 2020 las defunciones excedieron los nacimientos en Puerto Rico por primera vez en décadas.

La reducción poblacional significa que hay menos demanda por bienes y servicios y en consecuencia menos actividad económica. Por tanto, el empleo total se ha estabilizado alrededor de 725,000, en comparación con aproximadamente 1,000,000 de empleos en el 2016.

Irónicamente, la economía de Puerto Rico en el 2025 se asemeja a la economía dual teorizada por W. Arthur Lewis en 1954, donde un segmento relativamente pequeño de la población trabaja en un sector moderno y el resto de la población trabaja en un sector tradicional de poca productividad, salarios bajos y pobreza.

Con la diferencia de que los trabajos en el sector moderno de hoy no son en la manufactura como en 1954, sino en servicios profesionales y de alto valor añadido y los trabajos en el sector rezagado son mayormente en el comercio al detal y en el sector de servicios que no requieren mayor educación o destrezas especializadas, en vez de en la agricultura. La manufactura se ha reducido considerablemente debido a las políticas fiscales y aislacionistas favorecidas por el ex-presidente Donald J. Trump y los trabajos de “clase media” ya casi no existen. (Véase: Peter Temin, The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy).

Si en 1954 la migración del campo a la ciudad era el puente entre la economía tradicional y la economía moderna, en el 2025 la educación avanzada es la que sirve de pasaporte de un sector a otro. Sin embargo, Puerto Rico ha reducido la inversión social en todos los niveles de educación. Un poco más de 400 escuelas públicas cerraron durante la última década y los maestros “excedentes” emigraron. A nivel universitario, la UPR cuenta actualmente con apenas 30,000 estudiantes en 5 recintos universitarios.

La reducción de las oportunidades educativas y los cambios en la estructura productiva han generado un aumento desproporcionado en la pobreza y la desigualdad. Se estima que la tasa de pobreza en Puerto Rico durante el 2025 es de 60%, mientras que el 5% más rico de la población recibe en exceso del 40% del ingreso anual. Esto en comparación con una tasa de pobreza de 46% y el 27% del ingreso que recibía el 5% más rico en el 2015.

Dado lo anterior no debe sorprendernos que los indicadores de salud se hayan desplomado durante la década pasada. La tasa de mortalidad entre las personas con niveles bajos de ingresos y educación aumentó desmedidamente debido al uso de drogas, el alcoholismo y los suicidios. Además, los cambios al financiamiento del programa de Medicaid y los recortes en el Programa de Salud de Gobierno de Puerto Rico se conjugaron para reducir el acceso a los servicios médicos en la isla. La falta de cobertura médica ha causado miles de muertes prematuras y por primera vez en más de 90 años la expectativa de vida al nacer en Puerto Rico se ha reducido.”

Este escenario, aunque pudiera parecer uno de ciencia ficción, se encuentra dentro del ámbito de los probables para la próxima década. Obviamente no es inevitable, el Puerto Rico de 2025 puede que sea mejor o peor que lo descrito anteriormente. El punto importante es que ese Puerto Rico se está diseñando hoy.

La discusión sobre el Plan Fiscal y el presupuesto no se trata meramente de que agencias recibirán más o menos fondos. Lo que está ocurriendo es una renegociación radical de los términos del contrato social puertorriqueño que determinará la configuración de nuestra economía, gobierno y sociedad en el 2025. Y es una Junta de Control sin legitimidad democrática alguna la que está dirigiendo esa renegociación, acompañada por un coro de banqueros impenitentes que cantan una vieja y trillada canción que hemos escuchado desde la crisis de la ciudad de Nueva York en 1975: “no hay otra alternativa.”

Pero eso es falso. Como nos recuerda la historiadora Kim Phillips-Fein en su libro Fear City: New York’s Fiscal Crisis and the Rise of Austerity Politics:

“No obstante, hoy como en los años setenta, la austeridad sigue siendo una decisión política. Las fuerzas que la hacen parecer la única opción oscurecen las razones subyacentes por la cuales las ciudades se empobrecen y las metrópolis ricas terminan con gobiernos que carecen de fondos. Más allá de los debates ceñidos a cómo se pueden repagar las deudas, hay preguntas más importantes, que aún no se han resuelto, sobre qué tipo de sociedad queremos tener, acerca de quién pagará por cierto tipo de provisiones sociales y si vamos a tenerlas en absoluto. Al final del día, estas son ineludiblemente cuestiones políticas, no contables.”

Son esas preguntas importantes, entonces, las que tenemos que contestar de cara al 2025.

Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Transparencia en la Era de PROMESA

Transparencia en la Era de PROMESA

Ponencia de Sergio M. Marxuach, Director de Política Publica del Centro para una Nueva Economía en el Foro sobre el Acceso a la Información y la Documentación Pública y la Fiscalización Ciudadana, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 2 de mayo de 2017

Introducción

Buenos días a todos los presentes y mi agradecimiento a la administración y gerencia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en especial a su presidente el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, al Padre Feliciano Rodríguez Domínguez, director del Instituto Superior Nacional de Pastoral, y al Licenciado Víctor García San Inocencio por la invitación a participar en este Foro sobre el Acceso a la Información y la Documentación Pública y la Fiscalización Ciudadana.

En términos generales, el discurso sobre el acceso a la información y documentación pública tiende a circunscribirse a los aspectos legales del mismo: el derecho constitucional de los ciudadanos a obtener dicha información y/o documentos; los precedentes y la jurisprudencia que avalan dicho derecho; y la obligación del estado de hacer disponibles los documentos públicos, entre otras dimensiones legales y jurídicas que determinan la naturaleza, alcance y efectividad del ejercicio de este derecho.

Sin embargo, en ese discurso técnico/legal, aunque importante, se pierden de vista en muchas ocasiones los fundamentos filosóficos, políticos, y teóricos que forman la infraestructura ideológica sobre la cual se construye y sostiene todo este entramado legal.

Por tanto, en la mañana de hoy quiero enfocar mi mensaje en (1) la importancia del acceso a la información y la transparencia gubernamental para el funcionamiento adecuado de un gobierno que por lo menos en sus aspiraciones pretende ser democrático; (2) la absoluta indispensabilidad de esa transparencia para convertir a Puerto Rico en una sociedad abierta; y (3) la relación de dependencia mutua entre una sociedad abierta y el desarrollo de una economía basada en la producción de ideas, la información, y el conocimiento en el siglo 21.

La Importancia del Acceso a la Información Pública en Puerto Rico

En general, las estructuras gubernamentales en Puerto Rico son paternalistas y poco transparentes. El gobierno, en muchas instancias, tiende a desalentar la acción comunitaria independiente y a fomentar patrones de interacción basados en relaciones de dependencia y de patronazgo político. Esto significa que muchas organizaciones de la sociedad civil y algunas del sector privado en Puerto Rico han sido capturadas por estructuras político-partidistas, operan en función de esos intereses partidistas, y, por tanto, no son verdaderamente independientes.

Lo anterior no significa que no existan ejemplos de comunidades organizadas y de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado exitosamente para cambiar la política gubernamental en áreas tales como los derechos de la mujer, la justicia ambiental, y la igualdad legal para la comunidad LGBTT, entre otros ejemplos. Pero, aunque algunos de estos movimientos sociales han tenido gran visibilidad y han sido sumamente efectivos, la realidad es que este tipo de acción cívica independiente no es la norma en Puerto Rico.

Y esa realidad, es producto, por lo menos en parte, de la falta de acceso a la información y documentación gubernamental y a los esfuerzos concertados por parte de oficiales gubernamentales en impedir y obstruir dicho acceso.

Lo que nos lleva, entonces, a preguntarnos:

¿Por qué el gobierno de Puerto Rico le oculta información al pueblo?

Y aquí cito a Friedrich Hayek, profeta, citado frecuentemente pero muy pocas veces leído, de la escuela económica Austriaca y santo patrón de todos los economistas auto-descritos como “conservadores”, solo para demonstrar que este asunto de la transparencia y el acceso a la información no es meramente una obsesión de intelectuales izquierdosos, liberales paranoicos, socialistas trasnochados, o de estudiantes universitarios rebeldes en búsqueda de una causa.

La respuesta que ofrece Hayek en The Road to Serfdom es que en la mayoría de los gobiernos, ya sean de izquierda o derecha:

“Toda información que pudiera causar duda sobre la sabiduría del gobierno, o que pueda crear descontento, le será negada al pueblo. La base de comparaciones poco favorables con condiciones en otros lugares, el conocimiento de posibles alternativas al curso tomado, cualquier información que pudiera sugerir el fracaso de parte del gobierno en cumplir sus promesas o de tomar ventaja de oportunidades para mejorar condiciones, todo esto será suprimido.”

Tal y como dice Hayek, simplemente el gobierno no le interesa que el pueblo que alega representar tenga la información necesaria para cuestionar la supuesta sabiduría de sus decisiones. Esta situación es inaceptable.

En el siglo 21 un puñado de burócratas y políticos, actuando como los hacendados enguayaberados de antaño, no puede pretender gobernar el país como si fuera su finca privada. Tal vez eso era lo que se esperaba en aquel tiempo en que Luis Muñoz Marín y sus discípulos caminaban por los campos de Puerto Rico. Hoy resulta imperativo fortalecer nuestra cultura cívica y forjar nuevos canales para la participación ciudadana efectiva.

En una sociedad democrática es obligatorio que los ciudadanos tengan los recursos, la capacidad, y la autonomía necesaria para participar eficazmente en el proceso político; para retar las estructuras existentes de poder económico, político, y cultural; y para reducir las desigualdades sociales que producen esas estructuras. Y para lograr esos objetivos, en muchas ocasiones, se requiere obtener información y/o documentación pública.

Ahora bien, de acuerdo con el profesor Guillermo O’Donnell aquello que comúnmente llamamos “democracia” es un concepto teórico “denso”, producto de la inevitable imbricación de tres componentes o tradiciones políticas diferentes.

O’Donnell y otros estudiosos de la teoría política moderna enfatizan que en una democracia “todos los ciudadanos están igualmente autorizados a participar en la toma de decisiones colectivas bajo el marco institucional existente, una aseveración democrática a la que se le añade el mandato republicano de que nadie, incluyendo a aquellos que gobiernan, debe estar por encima de ley y la advertencia liberal de que ciertas garantías y libertades no pueden ser usurpadas.”

Por tanto, el primer componente de este amalgama teórico es la tradición democrática clásica con sus orígenes en la antigua Atenas. Este componente, en su versión tradicional, se basa en la idea de que existe un demos soberano que se gobierna a si mismo a través de la participación activa y formal de los ciudadanos que componen la polis.

Pero, cuidado, esta tradición favorece vigorosamente la primacía de las mayorías, lo cual puede ser muy peligroso para las minorías, los disidentes, los “diferentes”, los insumisos y los inconformes, como nos recuerda el suicidio de Sócrates, los juicios por la alegada práctica de brujería en Nueva Inglaterra en el siglo 17, los linchamientos en el sur de Estados Unidos en el siglo 19, y los hornos de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, entre otras instancias donde innumerables abusos y violaciones a la dignidad humana se han justificado “por que la mayoría manda”. Aquí vale la pena mencionar las palabras de Timothy Snyder, profesor de historia en la Universidad de Yale:

“The European history of the twentieth century shows us that societies can break, democracies can fall, ethics can collapse, and ordinary men can find themselves standing over death pits with guns in their hands. It would serve us well today to understand why.”

El republicanismo del siglo 18 es la segunda de las tradiciones que menciona O’Donnell. Esta tradición favorece la esfera pública en general sobre la privada. La teoría republicana tradicional establece que es en la esfera pública donde el ser humano puede llegar a su perfeccionamiento a través del servicio desprendido a otros, evitando, a su vez, que intereses privados o partidistas interfieran con la búsqueda del bien común.

Al igual que la democracia, la tradición republicana, por sí sola, puede ser peligrosa ya que parte de la premisa de que solamente los ciudadanos suficientemente virtuosos tienen la capacidad necesaria para atender los asuntos públicos. Este principio llevado al extremo culmina en un elitismo sin limites y posiblemente en la oligarquía.

Aunque, para ser justos con los republicanos del siglo 18, muchos de ellos abogaban por inculcar en los niños y niñas las virtudes necesarias para el auto-gobierno a través de la educación pública gratuita y la enseñanza de las artes, ciencias y valores cristianos. Por ejemplo, Samuel Adams, mejor conocido hoy por muchos como la cara que aparece en las botellas de la cerveza que lleva su nombre, fue uno de los autores de la constitución de 1780 del estado de Massachusetts la cual establecía que:

“It was the responsibility of government…to cherish the interests of literature and the sciences, and all seminaries of them…and public schools and grammar schools in the towns; to encourage private societies and public institutions, rewards and immunities, for the promotion of agriculture, arts, sciences, commerce, trades, manufactures, and a natural history of the country; to countenance and inculcate the principles of humanity and general benevolence, public and private charity, industry and frugality, honesty and punctuality in their dealings; sincerity, good humor, and all social affections, and generous sentiments, among the people.”

La tercera tradición política es la liberal, que tiende a favorecer la esfera privada sobre la pública y se caracteriza por una desconfianza general del poder gubernamental. Esta tradición se enfoca en limitar los abusos que pudiera generar la democracia y algunas versiones del republicanismo clásico, y en proteger a las minorías y los derechos civiles, tales como la libertad de culto, la libertad de asamblea, el debido proceso de ley, el derecho a la intimidad y la libertad de prensa, entre otros.

De acuerdo con O’Donnell, cada una de estas tradiciones se asocia, a su vez, con unas formas específicas de rendición de cuentas (“accountability”), y aquí amarramos la discusión previa con el tema de la conferencia de hoy, ya que cada una de estas formas de rendición de cuentas requiere, en algún momento, el acceso a información o documentos públicos.

La tradición democrática se asocia con la “rendición de cuentas vertical” que se caracteriza, entre otras cosas, por (1) la elección de oficiales públicos honestos; (2) elecciones periódicas, justas y libres de fraude, (3) el derecho de todos los ciudadanos a postularse a puestos electivos; (4) el voto secreto y libre de influencias indebidas; (5) la transferencia pacífica del poder político de un partido o facción a otra; (6) el acceso a medios alternativos de información; y (7) la libertad para crear partidos y formar movimientos políticos. El instrumento principal, entonces, para la rendición de cuentas bajo la tradición democrática es la participación colectiva en la toma de decisiones a través de un proceso electoral transparente y justo.

Por otro lado, la tradición republicana enfatiza la “rendición de cuentas horizontal”. Aquí el énfasis es en (1) la primacía del estado de derecho; (2) el principio de que nadie está por encima de las leyes; (3) la igual protección de las leyes; (4) la división y el balance de poderes gubernamentales; (5) la protección de la minorías políticas (el principio “contra-mayoritario”) ; (6) la existencia de instituciones especiales para investigar la corrupción y el abuso del poder gubernamental, y (7) evitar la usurpación de los poderes de una rama de gobierno por otra.

El instrumento principal, entonces, para la rendición de cuentas bajo la tradición republicana es una “constitución compuesta” que divide, contiene, regula y a veces invalida las decisiones tomadas por oficiales electos.

Finalmente, la tradición liberal se caracteriza por la “rendición de cuentas social” mediante la cual la prensa, los ciudadanos en su carácter individual, y los movimientos sociales participan activamente en la reivindicación de los derechos civiles a través de diversos medios, tales como demandas de amparo constitucional, investigaciones periodísticas, protestas, la desobediencia civil y otros métodos similares.

En Puerto Rico, desafortunadamente, todas las modalidades de rendición de cuentas son ineficaces.

Las “rendición de cuentas vertical” es deficiente, hueca o truncada por dos razones. Primero, debido a nuestro status colonial, Puerto Rico no participa plenamente de los procesos políticos en Washington DC que afectan nuestro diario vivir, más aún después de la aprobación de la ley PROMESA. Y en segundo lugar, porque los oficiales electos y algunos jefes de agencia asumen la actitud que después de terminado el proceso eleccionario tienen un cheque en blanco para administrar y manejar los asuntos públicos por cuatro años según ellos mejor lo entiendan, ya que “la mayoría manda.”

Por otro lado, la “rendición de cuentas horizontal” no ha sido efectiva en detener la impunidad y la corrupción que son rampantes entre la clase gobernante de Puerto Rico. A pesar de las múltiples contralorías, procuradurías, monitores, fiscales especiales y oficinas de ética, la realidad es que todas estas instituciones han sido ineficaces en el desempeño de sus labores, y en muchos casos son utilizadas como instrumentos de intimidación y coerción en contra de adversarios políticos o incluso de ciudadanos que buscan reivindicar sus derechos.

Finalmente, la “rendición de cuentas social” en Puerto Rico es sumamente limitada. La violación de los derechos humanos y civiles es constante, empezando por la corrupta Policía de Puerto Rico, especialmente en aquellas comunidades marginadas y pobres que el Papa Francisco tuvo a bien llamar las “periferias existenciales.” Existe además en el país una gran desconfianza de aquellos que utilizan los diversos medios y métodos que están disponibles para reclamar la reparación de agravios.

El resultado es que la democracia puertorriqueña se puede catalogar como una “democracia delegativa” en la que los oficiales gubernamentales asumen que pueden hacer lo que quieran hacer hasta las próximas elecciones sin rendirle cuentas a nadie. O’Donnell asocia esta conducta con democracias inmaduras, aquellas que por lo general recién acaban de terminar la transición de un régimen autoritario a uno democrático. Y parece ser que en Puerto Rico, en realidad, nunca hemos terminado esa transición.

En resumen, en Puerto Rico, los mecanismos de rendición de cuentas y el control de los ciudadanos sobre los oficiales electos y jefes de agencia son frágiles e imperfectos en el mejor de los casos y completamente inoperantes en el peor.

La Sociedad Abierta como Alternativa

El objetivo entonces debe ser la creación de una sociedad donde los individuos y las organizaciones de la sociedad civil tengan los recursos, las herramientas, la capacidad, y la autonomía para interactuar eficazmente con el gobierno y otras instituciones; para oponerse y retar a las estructuras existentes de poder económico, político, y socio-cultural; para reducir las desigualdades generadas por esas estructuras de poder; y para ser agentes de cambio para conseguir un gobierno responsable, ético, transparente y que rinda cuentas al pueblo.

Para lograr esos objetivos, es necesario, en nuestra opinión, transformar a Puerto Rico en una sociedad abierta. Este concepto se asocia tradicionalmente con el filósofo Karl Popper y su libro The Open Society and its Enemies, publicado en 1945. Popper estaba escribiendo, en parte, en respuesta al desarrollo de sociedades totalitarias, tanto de izquierda como de derecha, durante la primera mitad del siglo 20 y que eran el producto de epistemologías deterministas que intentaban demostrar que la historia de la humanidad evolucionaba de acuerdo con unas leyes universales que solo un pequeño grupo de ilustrados lograban descifrar.

En estas sociedades totalitarias el pensamiento crítico y la libertad de expresión estaban prohibidos y eventualmente se fomentaba la destrucción del conocimiento a través de la censura, la quema de libros y el encarcelamiento, la tortura, y en muchas ocasiones el asesinato, de profesores, escritores, periodistas, e intelectuales.

Para Popper, sin embargo, el conocimiento era fluido y falible ya que la imaginación y la creatividad humana estaban siempre en un estado de constante evolución. Los seres humanos siempre estamos cuestionando, estudiando, investigando, experimentando. Por lo tanto, la creación y desarrollo de nuevas ideas requiere de una sociedad que esté abierta a estos procesos de innovación.

En la sociedad abierta de Popper, cada ciudadano debe y necesita utilizar sus facultades de pensamiento crítico. Esto a su vez requiere libertad de pensamiento y expresión así como las instituciones legales y culturales que faciliten y fomenten el acceso a la información gubernamental, así como la acción independiente por parte de los ciudadanos.

En principio podríamos decir que Puerto Rico cumple con los requisitos formales de una sociedad abierta y democrática, tenemos elecciones cada cuatro años, una constitución que protege la libertad de expresión y de asociación, una universidad pública que recibe una generosa subvención gubernamental (hasta el momento) y leyes que, por lo menos en teoría, garantizan todo tipo de derechos.

Sin embargo, resulta difícil argumentar que en nuestro diario vivir Puerto Rico es una sociedad verdaderamente abierta y democrática. Más de 500 años de colonialismo han producido una larga historia de dependencia gubernamental, de clientelismo político, de persecución y vigilancia ilegal de organizaciones políticas, tanto por el gobierno federal como por el estatal, del uso repetido de la fuerza para reprimir el derecho a la libre expresión y para perseguir a diversas comunidades marginadas, y de niveles alarmantes de corrupción gubernamental e impunidad oficial.

El problema es que la apertura es indispensable para la economía del conocimiento.

Anne Marie Slaughter, ex-decana de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de la Universidad de Princeton y la primera mujer en dirigir la oficina de “Policy Planning” del Departamento de Estado de Estados Unidos, argumenta en su mas reciente libro que:

“The defining choice of our age is not democracies versus autocracies, but open versus closed. In Industries of the Future, Alec Ross, one of the architects of the Open Government Partnership, lines up countries on an “open-closed axis” and notes that countries like China, Saudi Arabia, and Kuwait are trying to pioneer hybrids of open economies and closed societies. He predicts that the societies that embrace openness will be those that compete and succeed most effectively.”

La necesidad de que Puerto Rico comience una transición hacia una economía basada en el conocimiento y la producción de ideas se ha estado discutiendo recientemente en el foro público. Para lograr esa transición se requieren, entre otras cosas, políticas públicas que fomenten la generación del conocimiento; escuelas y universidades con currículos modernos que enfaticen el pensamiento crítico; instituciones que protejan y fomenten la creación de nuevo conocimiento; y la inserción de Puerto Rico en comunidades epistémicas globales a través de su participación en redes transnacionales de actores no-gubernamentales.

Por tanto, es importante entender que una economía basada en el conocimiento no funcionará en una sociedad cerrada y poco transparente; donde se le teme al cambio, a la innovación, a hacer las cosas de manera diferente; donde se desperdicia el talento de miles de personas victimas de la discriminación y la marginalización social; y donde se utiliza el poder gubernamental arbitrariamente para perseguir a aquellos que, parafraseando a Henry David Thoreau, deciden marchar al ritmo de otro tambor.

Conclusión

Me parece que, además de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, exigir mayor transparencia gubernamental y promover la apertura social descrita anteriormente, sí de verdad queremos fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico a largo plazo tenemos que atender tres deficiencias con carácter de condiciones de umbral.

Primero, necesitamos desarrollar la capacidad para reflexionar. El diccionario de la Real Academia Española define “reflexionar” como “considerar nueva o detenidamente algo.” En el caso de Puerto Rico tenemos que reflexionar detenidamente sobre como llegamos aquí; ¿como surgió esta crisis?; ¿que lecciones podemos deducir de los triunfos y los fracasos del pasado?; ¿cuáles políticas fiscales, económicas y sociales funcionaron y cuáles no?

Segundo, necesitamos claridad de pensamiento. Santo Tomás de Aquino, antes de ponerse a escribir o dar una conferencia, rezaba una oración conocida como Ante Studium. En esa oración, Santo Tomás pedía la iluminación divina de los “rincones más oscuros” de su mente, además “de agudeza en el entendimiento, capacidad para recordar, facilidad en el aprendizaje, lucidez para la interpretación, y elocuencia al hablar.”

Esa claridad de pensamiento nos hace mucha falta en Puerto Rico y no el discurso trillado, reducido a estribillos como “no hay otra alternativa”, “que paguen los ricos”, la “deuda no es mía”, “hay que poner el rico de vuelta en Puerto Rico” o “ni un impuesto más”, clichés tontos que podrán sonar bien en una entrevista de radio o de televisión pero que no son más que un refugio cómodo para evitar el pesado trabajo intelectual que tenemos por delante.

En específico, necesitamos pensar claramente sobre los cambios que tenemos que ejecutar. ¿Qué instituciones y organizaciones hay que reformar para diseñar una política económica racional en Puerto Rico? ¿Qué arreglos institucionales innovadores son posibles dadas las limitaciones políticas a las que nos enfrentamos? ¿Cuáles sectores económicos generan la mayor cantidad de conocimiento que podemos utilizar para movernos hacia la producción de bienes y servicios más complejos? ¿Qué política económica fomentaría esas actividades?

Y para llevar a cabo ese ejercicio de pensamiento nos hace falta, en muchos casos, acceso a datos y documentación del gobierno. Por ejemplo, el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico se basa en unos supuestos económicos que no han sido explicados adecuadamente ni tampoco se ha hecho disponible el modelo económico que se utilizó para analizar el impacto de las medidas de ajuste fiscal sobre la actividad económica del país. Mientras la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ha tomado la posición de que esa información es confidencial. ¿Por qué? ¿Basado en que criterio o autoridad legal? ¿Cómo contribuye este acto de censura oficial a un debate público informado sobre un asunto de vital importancia social?

Finalmente, nos hace falta valentía moral para, como decía Vaclav Havel, dejar de vivir dentro de una mentira y vivir dentro de la verdad. Eso significa actuar cuando sea necesario actuar, hablar cuando haya que hablar y exigir cuando haya que exigir. No saben cuantas veces se nos acerca alguien al Centro para una Nueva Economía y nos dice ¿por qué ustedes no dicen esto o lo otro? Y usualmente mi respuesta es ¿y por qué usted no se atreve?

La verdad es que en Puerto Rico vivimos con una gran cobardía intelectual, con un profundo miedo existencial a hacer preguntas, a cuestionar lo que hacen nuestros gobernantes, y a dar la impresión de que estamos “creando problemas” a los poderes que son. Sí, en Puerto Rico hace falta más diálogo, pero no aquel que busca la reconciliación de diversos intereses económicos, políticos, sociales, o de clase basándose en el menor denominador común, sino ese diálogo, en palabras de Albert Camus, entre personas que se mantienen firmes en lo que son y que no tienen miedo de decir lo que piensan de verdad y lo que tienen en la mente. Necesitamos un diálogo que derrote al silencio contundentemente, como la verdad a la mentira. No una sesión de terapia grupal tipo “new age” alrededor de una fogata en la playa.

Si de verdad queremos cambiar las cosas, tenemos que reflexionar profundamente, pensar claramente, y actuar con valentía moral. Tenemos que ver las cosas como son, en su forma y color precisos y, parafraseando al escritor francés Roger Grenier, tenemos que tener la valentía para descomponer nuestra realidad y recomponerla de otra manera que nos permita entenderla mejor y aprender algo sobre el mundo y la vida. De lo contrario nuestra caótica y pobre entendida existencia seguirá siendo incomprensible.

Puerto Rico, desafortunadamente, va camino a convertirse en una tierra baldía posindustrial, caracterizada por la corrupción, la criminalidad, el desempleo, la descomposición urbana y la pobreza. Para evitar ese destino, resulta imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país para, entre otras cosas, fortalecer nuestra cultura cívica, reformar la política fiscal de nuestro gobierno y elaborar una verdadera estrategia de crecimiento económico a largo plazo.

En suma, salir de la coyuntura actual requerirá un profundo cambio sistémico que promueva mayor apertura, transparencia, e inclusión social. Muchas gracias por su atención.

Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

El ajuste incluido en el Plan Fiscal aprobado el pasado día 13 de marzo, por sí solo, no servirá para restablecer el crecimiento de la economía de la isla. En el Centro para una Nueva Economía hemos expresado que Puerto Rico tiene que recobrar su competitividad a nivel internacional para generar los niveles necesarios de crecimiento económico sostenido. Esto será necesario tanto para lograr mantener el bienestar de la población de la isla como para cumplir en el largo plazo con las múltiples obligaciones del estado. A menos que seamos capaces de implantar reformas contundentes en esa dirección, es muy posible que nos encontremos en una situación igual o peor de aquí a diez años (o más).

Índice: junio 2017 = 100. Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Índice: junio 2017 = 100.
Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Como bien señaló el colega economista Juan Lara en una columna reciente en este diario, debemos enfocar la discusión en cómo diseñar y ejecutar un programa de medidas económicas apropiado para generar ese desarrollo. Esta estrategia debe ser lógica y prudente, pero también innovadora.

Según las proyecciones del Producto Nacional Bruto (PNB) real (ajustado por inflación) para Puerto Rico según el Plan Fiscal, la economía de la isla sufrirá una contracción mayor al diez (10) por ciento en los próximos seis años, y no es hasta el año 2026 que se registrará una leve recuperación. Esto representa un costo extremadamente alto a pagar para la población de la isla. ¿Habrá maneras más efectivas para restablecer la economía de la isla con un menor costo humano? ¿Es indispensable otra década perdida?

En esta columna quiero compartir un ejemplo del tipo de política pública que puede implantarse para asegurar que el sacrificio que tendremos que hacer hoy redunde en el desarrollo de mañana.

Política macroeconómica y competitividad

La magnitud del choque macroeconómico estructural sufrido por la economía de Puerto Rico—en particular la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos y el eventual colapso de otros sectores de la economía de la isla—justificaría, en otro país, la implantación de políticas monetarias para reestablecer la competitividad internacional en el mediano plazo.

Por ejemplo, una devaluación de la tasa de cambio—al efectivamente reducir los costos de mano de obra para hacer las exportaciones más competitivas en el mercado internacional y reducir las importaciones, haciéndolas más caras—ayudaría a estimular la economía. Una estrategia de este tipo es crucial para compensar la contracción que ocurriría debido al inevitable ajuste fiscal necesario para mejorar la solvencia del gobierno.

Evidentemente, esta estrategia no es viable dada la inclusión de Puerto Rico en la unión monetaria estadounidense y, por lo tanto, su incapacidad para aprovechar la política cambiaria para restablecer la competitividad.

Sin embargo, Puerto Rico puede utilizar instrumentos de política fiscal, en su mayoría contributivos, para conseguir mayor competitividad de una manera similar a la que se conseguiría con una devaluación de la tasa de cambio.

Hay varias formas de diseñar este tipo de estrategia—llamada una devaluación fiscal. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante una reducción en el pago de contribuciones patronales de Seguro Social. El mismo se subvencionaría con alguna de las medidas impositivas contemplables en un programa de ajustes, como, por ejemplo, algún aumento correspondiente en el impuesto a las ventas y uso (IVU). La idea básica es reducir los costos de mano de obra mediante un menor pago de contribuciones patronales lo cual permite a las empresas—tanto domésticas como multinacionales—vender sus bienes y servicios en el extranjero a precios más bajos, simulando el efecto de una moneda más débil. Por otro lado, los aumentos en el IVU se utilizarían para sustituir la aportación patronal al Seguro Social, con el propósito de resarcir el fondo de retiro dado esta reducción en contribuciones (a la misma vez que se darían incentivos a las empresas a cumplir con sus obligaciones de recaudos del IVU.)

Al implementar esta serie de reformas en conjunto, el gobierno podría generar aumentos en el empleo y el ingreso tanto de las empresas como de los hogares, como ocurriría con la devaluación de la moneda. La política también podría ayudar en el frente fiscal, ya que una mayor competitividad podría generar un mayor recaudo de ingresos al fisco.

El concepto original detrás de la devaluación fiscal se remonta a John Maynard Keynes en 1931, quien propuso aumentar los subsidios a la exportación junto con aumentos correspondientes a los arbitrios de importación como alternativa a una devaluación de la moneda (cuando los países estaban en el patrón oro). Dado que las reglas de la Organización Mundial del Comercio no permiten intervenciones que utilicen impuestos a la exportación e importación, su propuesta original no es factible en el presente escenario.

Este tipo de estrategia ha ganado popularidad en los círculos de política pública a nivel internacional. Además, es consistente con propuestas recientes a nivel congresional como la del Senador Orrin Hatch de eximir a Puerto Rico temporeramente del pago de contribuciones de Seguro Social y parcialmente con la propuesta republicana de implementar un ‘border adjustment tax o “BAT”’.

Además, varias jurisdicciones y países como Alemania en el 2007 y Francia en el 2013 han implementado estas estrategias con diversos grados de éxito. En el caso de Puerto Rico, junto con la reestructuración de la deuda y otras reformas estructurales tan necesarias, la devaluación fiscal podría contribuir a poner nuestra economía a flote. Este tipo de política fiscal ayudaría a reducir la necesidad de llevar a cabo recortes tan severos en la inversión y el gasto público bajo las medidas de consolidación propuestas en el Plan Fiscal.

Este tipo de propuesta requiere de mayor estudio para determinar cómo funcionaría en Puerto Rico. Por ejemplo, habría que determinar los posibles impactos en términos distributivos para los hogares dado, por un lado, aumentos en el empleo y los ingresos devengados y, por otro, la reducción en el poder adquisitivo de estos debido a los aumentos en el IVU. La Comisión de Crecimiento para Puerto Rico de CNE—trayendo a la mesa académicos de primera con representantes de los sectores público y privado—tiene la intención de producir este tipo de análisis creativo y a la vez riguroso que Puerto Rico tanto necesita.

Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

Castigo al trabajo

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Efrén Rivera Ramos

La crisis no justifica que se adopte cualquier medida que se le ocurra a alguien para paliarla. Las propuestas requieren consideración detenida. Hay que cuidarse, también, de no equiparar la uniformidad con la equidad.

El “todos tienen que aportar” algo de justicia encierra. Pero, ¡ojo!, exigirles lo mismo a quienes están en condiciones desiguales resultará más oneroso para unos que para otros. Nos lo advirtió hace más de un siglo el Nobel de Literatura Anatole France, con su famoso aforismo: “La ley, en su majestuosa igualdad, le prohíbe al rico, al igual que al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan”.

Eso parece estar ocurriendo con algunas de las propuestas para atajar la indudable crisis fiscal presente.

Tomemos como ejemplo el crédito contributivo por trabajo.

Se trata de una disposición que les permite a aquellas personas que devengan ingresos de su trabajo que no excedan de $27,500 anuales reclamar un crédito en su planilla hasta un máximo de $450. El beneficio consiste en enviarle al contribuyente la cantidad correspondiente mediante un cheque. Es distinto al reintegro que se le devuelve al que ha pagado en exceso. El reembolso se recibe aunque no se haya pagado de más. Es, pues, un ingreso adicional para los trabajadores más pobres al final del año contributivo. READ MORE

Igualitos

 

Por Miguel A. Soto Class

foto tomada de envivopr.com

Llevamos ya quince años desde que se fundó el Centro para una Nueva Economía, y desde el principio estamos escuchando al gobierno de turno decir que mantengamos la tranquilidad, que no nos preocupemos por el confiscatorio costo de energía pues ya se han tomado los pasos necesarios para que en dos o tres años baje la factura de luz. Va y viene la administración de turno, y el costo en vez de bajar como prometieron, sigue subiendo. Y la promesa ahora es que el costo de la luz bajará en el 2018.

Mientras tanto nos mantienen distraídos, tirándonos bolas de humo de que el problema es el costo del petróleo, o de que el problema es la UTIER, o de que el problema es el hurto de energía, pero que ahora sí van a reformar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pues esta vez es en serio. ¿Cuántos años más vamos a permitir que nos engañen? READ MORE

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