Puerto Rico: Black Start 2019

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El huracán María devastó el sistema de energía de Puerto Rico. Después de la tormenta, la isla esencialmente ha tenido que reactivar su sistema energético del equivalente de lo que en la industria se llama un “blackstart”, que es el término técnico que describe el proceso de reactivar el sistema de generación energética luego de un apagón total.

A la misma vez, el sector de energía en todo el mundo está cambiando rápidamente a medida que nuevas tecnologías que son incompatibles con el paradigma centenario de generación, transmisión y distribución de energía entran en funcionamiento. Debemos aprovechar esta coyuntura, la destrucción casi total del sistema de energía en Puerto Rico y los adelantos tecnológicos en este sector, para traer al siglo 21 el anquilosado sistema eléctrico de la isla. Dicho de otra manera, debemos utilizar el “blackstart”, no para reconstruir el sistema energético a su estado al 19 de septiembre de 2017, sino para dar un salto cualitativo de envergadura.

Para que el sector de energía lleve a cabo con éxito la transición a un nuevo modelo de hacer negocios será necesario desarrollar una nueva visión del sistema, enmendar leyes y reglamentos, actualizar las redes de transmisión y distribución y fomentar el uso eficiente de la energía por parte de los consumidores. Esta es una tarea difícil, pero afortunadamente abundan los recursos para orientar a los legisladores, reglamentadores y las compañías de energía en este proceso.

El primer paso …una nueva visión

El primer paso en este complicado camino es desarrollar una nueva visión para el sector energético de Puerto Rico. Desarrollar esta visión requiere pensar más allá de los confines de la isla, pero tomando en consideración y entendiendo a fondo las limitaciones y retos que enfrenta Puerto Rico. Además, se necesitará legislación de avanzada para implementar esa visión y establecer lineamientos claros para los reglamentadores con respecto a los objetivos ambientales, los estándares de energía renovable, la eficiencia energética y el manejo de la demanda por energía.

El modelo de reglamentación también tendrá que evolucionar de uno basado en planes de recursos integrados a largo plazo a uno basado en una supervisión más proactiva con respecto a la utilización eficiente de los recursos y más dinámica en relación a los distintos actores y participantes en el sector energético. Esto significa que los reglamentadores deberán implementar un modelo de reglamentación basado en el desempeño (“performance-based regulation”), establecer parámetros transparentes para la rendición de cuentas, así como incentivos (y sanciones) para lograr los objetivos de la política energética.

Nuevas estructuras tarifarias

Las nuevas estructuras tarifarias deben diseñarse para: (1) enviar las señales de precio correctas tanto a los generadores como a los consumidores; (2) promover la eficiencia energética; (3) manejar eficientemente la carga base y la demanda pico; (4) fomentar la transición a la interacción bi-direccional entre los operadores de la red y los clientes que instalen capacidad de generación distribuida; y (5) implementar tarifas basadas en el momento del uso de la energía para fomentar la eficiencia y la optimización del uso de los recursos. Además, se deberá promover la implementación de nuevas normas energéticas para el diseño de edificios, facilitar el financiamiento para la retro-adaptación de estructuras existentes para fomentar la conservación de energía y promover el uso de enseres electrodomésticos eficientes para estabilizar el consumo residencial.

La generación de energía

En términos de generación, las grandes instalaciones de generación con ciclos de recuperación de la inversión de más de 30 años son cada vez más una cosa del pasado. Mientras, la construcción de unidades de generación tradicional más pequeñas y altamente eficientes, ampliamente distribuidas en las áreas de servicio para suplir la carga base, se está convirtiendo rápidamente en una alternativa tecnológicamente factible y rentable. Complementar este modelo con soluciones de generación renovable y tecnologías de almacenamiento para proveer reservas, otros servicios auxiliares y carga adicional en las horas pico, no solo es eficiente, sino que puede ayudar a proporcionar un servicio con menos interrupciones y más costo-efectivo para todos los clientes.

La transmisión y distribución

Por el lado de la transmisión y distribución, la red deberá evolucionar para incorporar de manera eficiente y confiable la generación distribuida, el uso de baterías a nivel de la red, así como al detal, para permitir el almacenamiento de electricidad cuando no se requiera su uso inmediato y así promover y aumentar el valor de los recursos de generación intermitente. Además, el rápido crecimiento del mercado de automóviles eléctricos crea el potencial de demanda adicional, presumiblemente fuera de las horas pico, lo que ayudará a estabilizar la demanda por una carga base que se proyecta a la baja en los próximos años. Los automóviles eléctricos también funcionarían como una solución de almacenamiento y podrían descargar energía a la red cuando surjan usos más valiosos para esa carga. Ahora bien, todo esto implicaría hacer inversiones de capital en áreas no-tradicionales dado que los automóviles eléctricos necesitarían estaciones de carga ampliamente disponibles y accesibles a través de toda la isla.

Flexibilidad

Por último, dados los efectos previsibles del rápido e inminente cambio climático, la red del siglo 21 tiene que ser lo suficientemente flexible para incorporar micro y mini-redes que puedan conectarse y desconectarse de la red principal, según sea necesario, para asegurar que las instalaciones de infraestructura crítica (hospitales, bombas de agua, telecomunicaciones etc.) tengan un respaldo adecuado en caso de desastres para proteger a las comunidades aisladas de interrupciones prolongadas de esos servicios y limitar los impactos a la salud y al medio ambiente.

Estos temas los estaremos explorando durante la conferencia sobre El Futuro de la Energía, convocada por el Centro para una Nueva Economía para principios del 2019. Además, analizaremos el rol de las instituciones académicas en la transformación energética de Puerto Rico; la necesidad de atraer capital en condiciones competitivas; así como oportunidades de investigación y desarrollo y el impacto del rediseño del sector energético de Puerto Rico sobre el desarrollo económico de la isla.

El autor es el Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 17 de junio de 2018.

Pendientes a Puerto Rico: Black Start 2019, si aún no lo ha hecho puede registrarse aquí.

 

 

 

Hurricane Maria devastated Puerto Rico’s energy system. After the storm, the island essentially has had to re-activate its energy system from the equivalent of a system-wide “blackstart”, which is the technical term for restarting an energy system from a complete shutdown.

At the same time, the energy sector world-wide is rapidly changing as new technologies come online and challenge the existing 100-year old model of generating, transmitting, and distributing energy to various classes of customers with different needs. Puerto Rico should take advantage of this synchronicity—the almost total destruction of its energy system and the technological advances in this sector—to upgrade its ankylosed electric system to 21st century standards. In other words, we should use the current blackstart-like situation to make a quantitative jump, instead of just restoring its energy system to its pre-Maria status.

In order to successfully make the transition to a new business model for the energy sector, it will be necessary to develop a new energy vision, amend several laws and regulations, upgrade transmission and distribution systems and encourage the efficient use of energy by end customers. This is a tall order, but fortunately resources abound to guide policymakers, regulators and utilities in this process.

The first step … a new vision

The first step in this complicated pathway is developing a new vision for the Puerto Rico energy sector. Charting this vision requires thinking beyond the confines of Puerto Rico, but with a clear understanding of the island’s limitations and challenges. In addition, new legislation will be needed to mandate the implementation of that vision and to set clear targets for regulators regarding environmental objectives, renewable portfolio standards, energy-efficiency goals, demand response and peak load management.

Regulation models will also have to evolve from long-term planning cycles to more proactive supervision regarding the efficient deployment of new resources and more dynamic oversight of the growing number of stakeholders in the energy sector. To accomplish these objectives, regulators will need to shift to performance-based regulation and set transparent accountability metrics, as well as incentives (and penalties) to achieve policy objectives.

New tariff structures

New tariff structures need to be designed to send the right price signals to both generators and customers, promote energy efficiency, manage baseload and peak demand, encourage the transition to bi-directional interaction between grid operators and customers deploying distributed energy resources and to establish block and time-of-use rates to encourage efficiency. In addition, new building design standards, access to finance energy-conservation retrofitting, and the adoption of consumption-reduction technology for households should also be widely encouraged.

Energy Generation

Large generation facilities with 30-plus-year investment recovery cycles are increasingly a thing of the past. On the other hand, building smaller, highly efficient traditional generation units, widely-distributed across the service areas to support baseload demand is quickly becoming both technologically feasible and cost-effective. This model, coupled with increased renewable generation/storage solutions to provide reserves, other ancillary services and additional load at peak times, is not only efficient, but can provide extremely reliable service, with lower outage rates, and lower costs for all customers.

Grid designs will also have to evolve to efficiently and reliably incorporate distributed generation, grid-scale and customer-owned battery storage units to allow the storage of electricity when not required for immediate use and thereby promote and enhance the value of environment-friendly intermittent generation resources. In addition, the rapidly growing market for electric cars creates the potential for additional demand, presumably at off-peak hours, therefore stabilizing baseload requirements that are forecast to decline in the coming years. Electric cars are also a storage solution that could discharge energy back to the grid when that charge has other more valuable uses. However, this would also entail making capital improvements outside the traditional utility paradigm, given that electric cars would need widely available and accessible charging stations throughout the island.

Flexibility

Finally, given the foreseeable effects of rapid and impending climate change, the grid of the 21st century has to allow for the incorporation of micro and mini-grids that can connect and disconnect from the main grid as needed to ensure critical infrastructure has adequate back-up in the event of natural or man-made disasters, to protect isolated communities from prolonged service outages, and to limit health and environmental impacts.

These are some of the themes we will be exploring during the “Future of Energy Conference”, convened by the Center for a New Economy for the first quarter of 2019. In addition, we will analyze the role of academic institutions in Puerto Rico’s energy transformation; the need to attract new capital at competitive terms; as well as research and development opportunities and the economic development impact of redesigning Puerto Rico’s energy sector.

The author is Policy Director for the Center for a New Economy

This column was originally published in El Nuevo Día on June 17th, 2018

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El informe del GAO

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Recientemente la Government Accountability Office (“GAO”) publicó un informe sobre la deuda de Puerto Rico. Los hallazgos principales del informe no deben sorprender a nadie. El GAO encuentra que la crisis fiscal de Puerto Rico se debe principalmente a que el gobierno incurrió déficits anuales significativos, especialmente desde el 2000, y que utilizó deuda para financiarlos. También señala que entre los factores que contribuyeron a los déficits presupuestarios se encuentran los pobres controles internos y malas prácticas de administración financiera del gobierno de Puerto Rico; decisiones imprudentes de política pública; y la contracción prolongada de la economía.

Nada nuevo aquí. Una mirada rápida a los datos de la deuda pública y del producto nacional bruto (“PNB”) confirma que entre el 1975 y el 2000 la razón deuda/PNB se mantuvo relativamente estable alrededor de 60%. Es después del 2000 que la deuda comienza a aumentar a tasas desproporcionadas en relación al crecimiento del PNB de la isla. Ya para esa época el Centro para una Nueva Economía, así como varios economistas, estábamos advirtiendo que esta tendencia no era sostenible y que en algún momento llegaría el día de ajustar cuentas. Desafortunadamente así ocurrió.

Defectos fundamentales del informe:

Primero

Sin embargo, el informe sufre de dos defectos fundamentales. Primero, ignora factores estructurales que contribuyeron a la crisis: la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos; el discrimen en contra de Puerto Rico en la administración de ciertos programas, especialmente en el área de salud; la pobreza y desigualdad crónica de la sociedad puertorriqueña; y la desindustrialización de la economía, entre otros. Si bien es cierto que Puerto Rico tiene problemas de gobernanza, también es cierto que el entorno estructural en el que se tomaron decisiones de política fiscal no era conducente a implementar las mejores prácticas. Ahora bien, esto no excusa ni justifica las malas decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, pero ciertamente esos factores estructurales contribuyeron a esta crisis y deberían tener más prominencia en el análisis.

Segundo

El segundo defecto del informe es que trata superficialmente el rol de varios actores que facilitaron el endeudamiento de Puerto Rico. Empecemos con los bancos que cobraron comisiones millonarias por asesorar a los emisores, por estructurar las transacciones, y por venderle los bonos a sus clientes. Hasta donde tengo entendido no se ha encontrado evidencia de ilegalidad por parte de estas firmas, pero ciertamente hay que cuestionar la ética profesional de estos banqueros al ignorar claros conflictos de intereses al jugar tantos roles en las emisiones de bonos.

Hay que señalar particularmente a los “brokers” y asesores financieros que vendieron estos bonos a inversionistas poco sofisticados que no entendían los riesgos de los instrumentos que estaban comprando. Como mínimo estos asesores fueron negligentes, y ya algunos inversionistas han ganado casos de arbitraje en contra de algunos de ellos, al aconsejarle a sus clientes que invirtieran todos sus ahorros en bonos de Puerto Rico enfatizando exageradamente que (1) su repago estaba “garantizado” y (2) estaban exentos de tributación.

El informe analiza el impacto de la exención contributiva de los intereses devengados en el endeudamiento de Puerto Rico, pero no analiza como dicha exención distorsionó la percepción del riesgo verdaderamente asociado con estas inversiones. Muchas personas se dejaron llevar por los beneficios contributivos e ignoraron otros factores importantes a la hora de invertir.

El informe también trata con guantes de seda a las agencias evaluadoras de riesgo (“rating agencies”) que consistentemente le otorgaron una clasificación de “grado de inversión” a las emisiones de deuda de Puerto Rico, aparentemente sin hacer muchas preguntas. Aquí sale a relucir una vez más el conflicto inherente en el modelo de hacer negocios de estas compañías, ya que “trabajan” para los bonistas, pero sus comisiones las paga el emisor de la deuda. No es hasta que Puerto Rico llega al borde del abismo que las agencias clasificadoras finalmente declaran como chatarra lo que ya era basura hacia rato.

Además, hay un elenco de personajes secundarios en esta trama que el informe del GAO ignora. Estamos hablando de todo el complejo de abogados, contables, compañías aseguradoras de bonos y consultores que facilitaron el endeudamiento de Puerto Rico haciendo pocas preguntas y mirando hacia el lado, a cambio de una tajada de los “costos de la emisión.”  También se le dedica muy poco análisis al rol del reglamentador del mercado de valores, la Securities and Exchange Commission (“SEC”), en este desastre.

En fin, el informe señala correctamente al gobierno de Puerto Rico como el principal culpable de esta debacle. Pero falla al no incorporar importantes factores estructurales en su análisis, y al pasar con fichas cuando de se trata de los banqueros, corredores de bolsa, asesores financieros, agencias evaluadoras de riesgo, abogados, contables, compañías aseguradoras de bonos, y la SEC.

Es importante analizar a fondo los diversos factores que nos llevaron a esta crisis. Es lo menos que podemos hacer por todos aquellos que sufrirán los efectos de las políticas de austeridad—incluyendo tal vez muertes prematuras, debido a los recortes en las pensiones y en el plan de salud del gobierno—que se impondrán próximamente.

Por: Sergio M. Marxuach

El autor es el Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 20 de mayo de 2018.


 

Recently, the Government Accountability Office (GAO) published a report on Puerto Rico’s debt. The report’s main findings should not be a surprise to anyone. The GAO finds that Puerto Rico’s fiscal crisis was caused by the government incurring significant annual deficits, especially after 2000, and that it used debt to finance them. It also points out that among the factors contributing to the budget deficits were poor internal controls and financial management practices by the government of Puerto Rico; imprudent public-policy decisions; and the prolonged contraction of the island’s economy.

Nothing new there. A quick look at figures for the public debt and gross national product (GNP) confirms that between 1975 and 2000 the debt/GNP ratio remained relatively stable at about 60%. It is after 2000 that the debt began to increase at rates disproportionate to the growth rate of the island’s GNP. By that time the Center for a New Economy (CNE) and several economists were already warning that this tendency was unsustainable and that at some point we would have to face a day of reckoning. Unfortunately, that day has come.

Shortcomings of the report:

First

However, the report has two fundamental shortcomings. First, it ignores structural factors that contributed to the crisis, among others, Puerto Rico’s colonial relationship with the United States; discrimination against Puerto Rico in the administration of certain programs, especially in the healthcare area; the chronic poverty and inequality of the Puerto Rican society; and the de-industrialization of the economy. Although it is true that Puerto Rico has governance problems, it is also true that the structural environment in which fiscal policy decisions were made was not conducive to the implementation of the best practices. Of course, that is no excuse, nor does it justify the poor financial decisions made by the government of Puerto Rico, but it is undeniable that those structural factors contributed to the crisis, and they should have more prominence in the analysis.

Second

The second shortcoming is that the report deals only superficially with the role of several actors who enabled Puerto Rico’s indebtedness. Let’s begin with the banks that charged fees totaling millions of dollars for advising the issuers, structuring the transactions, and selling the bonds to their clients. As far as I know, no evidence of illegality on the part of the banks has been found, but one must certainly question the professional ethics of the bankers who ignored clear conflicts of interest by playing so many roles in the bond offerings.

We must highlight especially the role of the brokers and financial advisors who sold these bonds to relatively unsophisticated investors who did not understand the risks of the instruments they were buying. At a minimum these advisors were negligent, and some investors have already won arbitration cases against some of them, by advising their clients to invest all their savings in Puerto Rican bonds by exaggeratedly assuring them that (1) their repayment was “guaranteed” and (2) the bonds were tax-exempt.

The report analyzes the effect of the tax exemption on interest payable by the bonds on Puerto Rico’s indebtedness, but it does not analyze how that exemption distorted the perception of the risk associated with these investments. Many investors were led astray by the tax benefits and ignored other important factors at should be taken into account when making investment decisions.

The report also treats with kid gloves the rating agencies , which consistently rated debt issues by Puerto Rico as “investment grade,” apparently without asking many questions. Here, once again, we see the conflict inherent in these companies’ business model since they “work for” the bondholders but their fees are paid by the debt issuer. It was not until Puerto Rico arrived at the edge of the abyss that the rating agencies finally called “junk” what for some time had already been little but wastepaper.

Then there is the cast of secondary characters in this plot that the GAO report ignores. We are talking about the whole complex of lawyers, accountants, bond insurance companies, and advisors who enabled Puerto Rico to become over-indebted by not asking too many questions and looking the other way in exchange for a cut of the “offering costs.” Nor did the market regulator, the Securities and Exchange Commission (SEC), do its due diligence in this disaster.

The bottom line (if I may be forgiven the pun) is that the report correctly points to the Puerto Rican government as the principal culprit in this debacle. But it fails to include important structural factors in its analysis and looks the other way when it comes to the role of the bankers, brokers, financial advisors, rating agencies, lawyers, accountants, bond insurance companies, and the SEC.

It is important to carefully analyze the many factors that brought us to this crisis. It is the least we can do for all those who are going to suffer the effects of the austerity policies—including perhaps premature deaths due to the cuts in their pensions and the government’s health plan—that will be imposed soon..

By: Sergio M. Marxuach

The author is Policy Director for the Center for a New Economy

This column was originally published in El Nuevo Día on May 20th, 2018

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CNE 2016 Annual Report

CNE 2016 Annual Report

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CNE is Hiring!

 

Energy Policy Analyst in San Juan, PR

The Center for a New Economy (CNE) is seeking a full-time Energy Policy Analyst based in our San Juan, P.R. office.

CNE has been working on the issue of energy since 2005, when it first questioned the fuel adjustment formula used by PREPA in billing the public. As a priority, CNE is still working to propose viable policies and courses of action for the energy sector.

The Energy Policy Analyst will report to CNE’s Research and Policy unit. The analyst will help promote CNE’s energy advocacy strategy by providing research assistance in topics related to industry trends, technologies, and policy drivers in the electricity sector. We’re looking for a knowledgeable analyst who can advance CNE’s mission by working collaboratively with our staff.

See the complete job posting here

 

 

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Los Pasos para la Transformación Energética de Puerto Rico

Dangerous weather. Electricity pylons with power lines in stunning storm during colorful sunset.

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El modelo de hacer negocios de las compañías de generación eléctrica, incluyendo la AEE, tradicionalmente conocido como “build and grow” y basado en (1) la construcción de plantas generatrices cada vez más grandes y eficientes, utilizando combustibles fósiles baratos y (2) en un aumento continuo en el consumo de electricidad, comenzó a fallar en la década de los años 70 debido a limitaciones en la eficiencia alcanzable en la generación de electricidad, el aumento en el precio de los combustibles fósiles, la nueva reglamentación ambiental, la reducción en la demanda de electricidad y la entrada de tecnologías nuevas de generación utilizando fuentes renovables.

Dicho de otra manera, el modelo de producir y vender electricidad cambió hace 45 años. Pero en Puerto Rico la AEE siguió haciendo las cosas como siempre las había hecho. Por tanto, no debe sorprendernos que es necesario transformar radicalmente la AEE.

Ahora bien, la reforma del sistema energético de Puerto Rico tiene que ser bien pensada, estratégica, y seguir una secuencia lógica, más aún cuando la AEE enfrenta simultáneamente los retos de la reconstrucción del sistema eléctrico después del Huracán María, la reestructuración de su deuda bajo el procedimiento del Titulo III de PROMESA, una baja sustancial en la demanda por sus servicios, y la posible privatización, total o parcial, del sistema eléctrico que ha sido administrado y operado como un monopolio por más de setenta años.

Dada esa situación, recomendamos que se implemente el siguiente proceso para transformar nuestro sistema energético:

Primero, la Comisión de Energía para Puerto Rico, trabajando en conjunto con la AEE, debe actualizar el Plan Integrado de Recursos del 2016 de manera que se tome en consideración los eventos meteorológicos del 2017 y se establezcan metas y objetivos con respecto a la capacidad de generación necesaria, la estructura tarifaria y de precios a cobrarse a los consumidores, los estándares para reconstruir la red transmisión y distribución, y la incorporación de energía renovable a la red, entre otros objetivos importantes.

Segundo, partiendo del Plan Integrado de Recursos, determinar la modalidad de privatización y la estructura de mercado óptima para lograr las metas y objetivos establecidos en ese Plan.

Tercero, la Comisión de Energía deberá establecer unos lineamientos (“guidelines”) para gobernar el proceso de transformación. Entre eestos se deben incluir las cualificaciones que se le exigirán a las compañías que deseen participar del proceso. Aquí es importante prestar atención a la reputación corporativa del licitador, su situación financiera, el desempeño que ha tenido en otras jurisdicciones, y sí ha tenido problemas legales por incumplimiento de contrato o señalamientos de corrupción en otros lugares, entre otros factores.

Cuarto, la Comisión de Energía deberá establecer claramente los criterios que se utilizarán para otorgar los contratos. Entre otros criterios, es importante enfocarse en la capacidad tecnológica de la firma, la experiencia del equipo gerencial, los costos estimados de producción y la solidez financiera para hacer las inversiones de capital requeridas. Sí los contratos son otorgados a compañías sin la experiencia y los recursos adecuados el resultado será el fracaso total del proceso de privatización.

Quinto, una vez se establezcan los parámetros técnicos, a través del Plan Integrado de Recursos; la estructura de mercado óptima para Puerto Rico; las cualificaciones que se le exigirán a las compañías que participen en el proceso; y los criterios para la otorgación de los contratos; entonces la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico procederá a negociar los contratos pertinentes para implementar la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Sexto, la Comisión de Energía de Puerto Rico deberá emitir un certificado de cumplimiento como condición precedente al cierre de cualquier contrato o transacción. Este requisito es común en los Estados Unidos en los procesos de compra-venta de entidades altamente reglamentadas, por ejemplo, instituciones financieras, compañías de telecomunicaciones, o compañías de radio y televisión. El propósito de este requisito es que la Comisión de Energía certifique que la transacción negociada cumple con los criterios previamente establecidos.

Entonces se comenzaría con el proceso de implementación de la nueva estructura del mercado eléctrico en Puerto Rico.

Desafortunadamente, del P. del S. 860 contiene varias cláusulas que limitan o diluyen la autoridad de la Comisión de Energía en el contexto de la transformación de la AEE.

Por ejemplo, la Sección 6(c) y las Secciones 8, 11, y 12 del proyecto de ley limitan o eliminan los poderes de la Comisión para (1) reglamentar las tarifas y cargos que podrá cobrar una entidad contratante; (2) exigir a la parte contratante el cumplimiento con cualquier proceso, requisito, aprobación, o revisión por parte de la Comisión de Energía de Puerto Rico; y (3) exigir el cumplimiento de cualquier entidad contratante con las disposiciones de cualquier Plan Integrado de Recursos. También se elimina la aplicabilidad de cualquier reglamento promulgado por la Comisión a las Transacciones de la AEE y se elimina el requisito de que cualquier contrato otorgado con respecto a alguna Transacción de la AEE sea evaluado o aprobado por la Comisión de Energía.

La implementación de esas limitaciones sería un grave error de política pública. Y en palabras del Inspector General Interino del Departamento de Seguridad Interna (“DHS”) en una vista pública reciente en el Congreso de Estados Unidos, constituye “una receta para el desastre”. Creo que lo último que deseamos en Puerto Rico después de tanto sufrimiento causado por la lentitud en re-energizar la isla, es provocar otro desastre en el sistema eléctrico causado por reglamentación inadecuada y el funcionamiento deficiente de nuestras instituciones políticas. Recordemos que la crisis energética en California en el año 2000-2001 fue causada por un marco regulatorio deficiente que fue aprovechado por Enron para aumentar las tarifas astronómicamente y resultó en apagones selectivos a través del estado debido a errores humanos, no a eventos de la naturaleza.

En resumen, la reglamentación adecuada del mercado es esencial para obtener los resultados deseados en términos de modernizar nuestro sistema eléctrico, incorporar la generación con fuentes renovables y reducir el costo por kilovatio-hora.

Por: Sergio M. Marxuach

El autor es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 15 de abril de 2018.



perspective view of electricity power lines on blue sky background

Steps towards Energy Transformation in Puerto Rico

The business model for electrical generation companies, including PREPA, traditionally known as “build and grow,” is based on (1) the construction of ever larger and more efficient generating plants using cheap fossil fuels and (2) a constant increase in electrical consumption. This model began to fail, however, in the 1970s due to limitations on the efficiency achievable in the generation of electricity, the increase in the price of fossil fuels, new environmental regulation, a reduction in the demand for electrical power, and the entrance of new generation technologies using renewable energy sources.

To put it another way, the model for producing and selling electricity changed 45 years ago, but in Puerto Rico PREPA went on doing things the way it had always done them. So it should not surprise us that PREPA needs to be radically transformed.

But the reform of the energy system in Puerto Rico has to be well-thought-out, strategic, and it must follow a logical sequence, especially when PREPA is facing a number  of simultaneous challenges: the rebuilding of the electrical system after Hurricane Maria, the restructuring of its debt under the procedures of Title III of PROMESA, a substantial decline in the demand for its services, and the possible privatization, total or partial, of the electrical system that has been administered and operated as a monopoly for more than seventy years.

Given this situation, we recommend implementing the follow process for transforming our electrical system:

First, the Energy Regulatory Commission for Puerto Rico, working in conjunction with PREPA, should update the 2016 Integrated Resource Plan to take into consideration the meteorological events of 2017 and establish goals and objectives for the generation capacity needed, the structure of rates and prices to be charged consumers, the standards for rebuilding the transmission and distribution network and for incorporating renewable energy into that network, and other important objectives.

Second, on the basis of the Integrated Resource Plan, determine the modality to be employed for privatization and the optimal market structure for achieving the goals and objectives set forth in the Plan.

Third, the Energy Commission should establish guidelines to govern the transformation process. Among these guidelines should be the qualifications to be required of the companies who wish to take part in the process. Here, it is important to take into account the bidder’s corporate reputation, its financial situation, its performance in other jurisdictions, and whether it has had legal problems due to breach of contract or accusations of corruption in other locations, among other factors.

Fourth, the Regulatory Commission should establish clear criteria to be used in granting the contracts. Among other criteria, it is important to focus on the firm’s technological capacity, the managerial team’s experience, the estimated costs of production, and the financial solidity for making the necessary capital investments. If the contracts are let to companies without adequate experience and resources, the result will surely be a total failure of the privatization process.

Fifth, after establishing the appropriate technical parameters (via the Integrated Resource Plan), the optimal market structure for Puerto Rico, the qualifications to be required of the companies taking part in the process, and the criteria for granting the contracts, the Puerto Rico Authority for Public-Private Partnerships can proceed to negotiate the contracts necessary for implementing the transformation of Puerto Rico’s electrical system.

Sixth, the Puerto Rico Energy Commission should issue a certificate of compliance as a condition precedent to the signing of any contract or transaction. In the United States this requirement is common in sales of such highly regulated entities as financial institutions, telecommunications companies, and radio and television companies. The purpose of this requirement is to ensure, through a review by the Energy Commission, that the transaction negotiated complies with the previously established criteria.

At that point, implementation of the new electric-market structure in Puerto Rico can begin.
Unfortunately, Senate Bill 860 contains several clauses that limit or dilute the Energy Regulatory Commission’s authority in the context of the transformation of PREPA.

For example, Section 6(c) and Sections 8, 11, and 12 of the bill limit the Commission’s power to (1) regulate the rates and charges that a contracting entity can impose; (2) demand that the contracting party comply with any process, requirement, approval, or review by the Energy Regulatory Commission of Puerto Rico, and (3) demand that any contracting entity comply with the provisions of any Integrated Resource Plan. Likewise, the bill now before the Senate eliminates the applicability of any regulation issued by the Commission affecting PREPA’s Transactions and also eliminates the requirement that any contract let with regard to any PREPA Transaction be evaluated, approved, or endorsed by the Energy Commission.

Implementation of these limitations would be a grave public policy error. Indeed, in the words of the Acting Inspector General of the Department of Homeland Security (DHS) in a recent congressional hearing, it would constitute “a recipe for disaster.” I think the last thing we want in Puerto Rico after so much suffering caused by the slowness in restoring the island’s electric service is to provoke another disaster in the electrical system because of inadequate regulation and the unsatisfactory functioning of our political institutions. We should remember the energy crisis in California in 2000-2001 caused by a weak regulatory framework that was taken advantage of by Enron in order to raise its rates astronomically. This crisis resulted in rolling blackouts across the state due to human error, not natural events.

In summary, adequate regulation of the market is essential if we are to obtain the desired results with respect to modernizing our electrical system, incorporating renewable sources of energy into our generation system, and reducing the cost per kilowatt-hour.

By: Sergio M. Marxuach

The author is the Policy Director at the Center for a New Economy. This column was originally published in El Nuevo Día on April  15th, 2018.

Plan Fiscal 3.0

 

lupa

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El pasado 12 de febrero el gobierno de Ricardo Rosselló presentó la tercera iteración de su Plan Fiscal para Puerto Rico. En términos generales, esta versión del Plan tiene tres componentes principales:

(1) Una revisión del escenario económico base tomando en consideración la asignación de fondos federales para la reconstrucción de la infraestructura destruida por el huracán María

(2) Un plan de austeridad fiscal

(3) Un programa de reformas estructurales

El Plan parte de la premisa de que Puerto Rico recibirá por lo menos $49,100 millones de ayuda federal para desastres y otros $21,000 millones que serían desembolsados por compañías de seguros privadas, para un total de $70,100 millones, equivalente al producto nacional bruto de Puerto Rico en el 2017. Este influjo de fondos es el fundamento para la revisión radical del escenario económico base. Las proyecciones del Plan contemplan una contracción de 11% en el año fiscal en curso debido al impacto de María, y un crecimiento real de 8.4%, 3.5%, 2.3%, 1.8% y 2.1% durante los años fiscales 2019 al 2023, respectivamente.

La proyección de crecimiento para el 2019 ha generado mucha discusión, pero en nuestra opinión es factible si en realidad produce el influjo de fondos proyectados. De hecho, aun si tomamos como buenas las proyecciones del plan, al terminar el año fiscal 2019 el nivel del PNB real de la isla todavía se encontraría por debajo del nivel antes de María. Me explico. Si asumimos que el nivel del PNB de Puerto Rico al 19 de septiembre de 2017 era igual a 100, y la economía se contrae por un 11% en el AF2018 y crece por 8.4% el próximo año fiscal, es cuestión de aritmética simple concluir que al finalizar el AF2019 todavía estaríamos por debajo del nivel pre-María.

Más allá del 2019, sin embargo, es difícil defender la modificación del escenario base en su totalidad, ya que es inconsistente con otros elementos del Plan. La combinación de los efectos de la ayuda federal con una consolidación fiscal modesta al principio del periodo de la proyección tiene consecuencias que no son consistentes con las consecuencias de la segunda fase, luego de los primeros años, cuando la ayuda federal mengua y la contracción fiscal es mayor.

Parece que los arquitectos del Plan están asumiendo que la reconstrucción del acervo de capital destruido por María generaría un aumento permanente tanto en el nivel como en las tasas de crecimiento del PNB. Pero no hay razón para suponer que creceríamos más rápido simplemente porque alcanzamos el mismo nivel de infraestructura que existía el día antes de María. De hecho, antes del huracán la tasa de crecimiento del PNB real era negativa. Sin embargo, el gobierno está proyectando que el impacto del gasto federal va a ser de tal magnitud que aceleraría permanentemente la tasa de crecimiento del PNB real a cotas muy por encima de la tendencia prevaleciente antes del 2019.

En términos de los recaudos, el Plan asume que comenzando en el AF2019 los recaudos aumentarían a la misma tasa de crecimiento del PNB nominal, esto a pesar de que durante el periodo de la proyección se contempla:

(1) Una reforma contributiva que reduciría los recaudos por concepto de contribuciones sobre ingresos y la eliminación del impuesto “business-to-business”, así como una reducción en la tasa del impuesto sobre los alimentos preparados.

(2) Una reducción de 42% en los recaudos por concepto de la ley 154.

(3) Una reducción de 20% en la población durante los seis años que cubre el Plan. Sin embargo, los recaudos del gobierno aumentan significativamente durante el periodo de la proyección. En nuestra opinión esta proyección refleja un inexplicable sesgo optimista.

El segundo componente del plan consiste de una consolidación fiscal, incluyendo, entre otras medidas, recortes en el gasto gubernamental en las áreas de educación y salud, así como en las asignaciones a la UPR y los municipios, que comenzaría en el 2018 pero se intensificaría a partir del año fiscal 2020, justo cuando el estímulo fiscal producto de la reconstrucción comienza a menguar.

El gobierno estima que estas medidas generarían ahorros netos anuales de $2,462 millones en el año fiscal 2023. De acuerdo con el análisis de Brad W. Setser, del Council on Foreign Relations, esa cifra es equivalente a un poco más del 3% del PNB proyectado para ese año, eso sin tomar en consideración el efecto multiplicador negativo, producto de la reducción en el gasto público, el cual la Junta de Control Fiscal estima en 1.3. Por tanto, la contracción del PNB pudiera ser un poco más de 4%. Sin embargo, en ningún momento durante el periodo de consolidación fiscal la tasa de crecimiento del PNB se torna negativa, aun durante los años cuando se reduce el estímulo federal y se intensifica la austeridad.

El gobierno, entonces, cuadra el circulo proyectando un impacto positivo, rápido y significativo producto de una serie de reformas estructurales (reforma contributiva, reforma energética, reforma reglamentaria, etc.) que comenzarían a implementarse en el 2018 y estimularían el crecimiento de manera tal que se contrarrestarían en su totalidad los efectos negativos producto de la culminación del estímulo federal y de la implementación de las medidas de austeridad.

Este escenario es difícil de justificar ya que el Plan no identifica ninguna fuente endógena de crecimiento y parece no tomar en consideración una serie de riesgos a la proyección. Entre éstos podemos señalar que:

(1) Las asignaciones federales sean menores a las estimadas.

(2) Los recaudos aumenten a una tasa menor o se contraigan después del 2020 y el gobierno tenga que implementar medidas adicionales de consolidación fiscal.

(3) El impacto de la emigración sobre la actividad económica sea más severo de lo esperado.

(4) El multiplicador (negativo) de las políticas de austeridad esté subestimado.

(5) El efecto positivo de las reformas estructurales esté sobreestimado.

Al final del camino, sin embargo, el riesgo mayor es que el computo de las necesidades de alivio de la deuda se basen en un Plan Fiscal insensatamente optimista, resultando en un ajuste menor al que Puerto Rico realmente necesita para que el servicio de la deuda pública sea sostenible. De hecho, en más del 50% de todos los procesos de ajuste de deuda soberana desde 1970 el deudor ha vuelto a incurrir en un impago dentro de los cinco años posteriores a la reestructuración, debido, en muchos casos, a proyecciones económicas demasiado optimistas. Ese sería el peor escenario para Puerto Rico. Pregúntenle a Grecia.

Por: Sergio M. Marxuach

El autor es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 11 de marzo de 2018.



Fiscal Plan 3.0

On February 12, Governor Ricardo Roselló presented the third iteration of his Fiscal Plan for Puerto Rico. In general terms, this version of the Plan has three main components:

(1) A revision of the base economic scenario taking into consideration the appropriation of federal funds for the reconstruction of the infrastructure destroyed by Hurricane Maria

(2) An austerity plan

(3) A structural reform program

The Plan’s basic assumption is that Puerto Rico will receive at least $49.1 billion in federal disaster aid and another $21 billion to be paid out by private insurance companies, for a total of $70.1 billion, a sum equivalent to the Gross National Product of Puerto Rico in 2017. This influx of funds is the basis for the governor’s radical revision of the base economic scenario. The Plan projects a contraction of 11% in the current fiscal year due to the impact of Maria, and then real growth of 8.4%, 3.5%, 2.3%, 1.8%, and 2.1% during fiscal years 2019 to 2023, respectively.

The growth forecast for 2019 has generated a great deal of discussion, but in our opinion that growth rate is feasible if the projected influx of funds actually occurs. In fact, even if we assume that the Plan’s projections are on point, at the end of fiscal year 2019 the island’s real GNP will still be below the pre-Maria level. Let me explain. If we assume that Puerto Rico’s GNP as of September 19, 2017, was equal to 100, and the economy contracts 11% in FY2018 and then grows 8.4% during the next fiscal year, simple arithmetic tells us that at the end of FY2019 we will still be below the pre-Maria level.

Beyond 2019, however, it is hard to defend the modification of the base scenario in its entirety, since it is inconsistent with other elements of the Plan. The combination of the effects of federal aid with a modest fiscal consolidation at the beginning of the projection period has consequences that are not consistent with the consequences of the second phase, after the first few years, when the federal aid dries up and the economic contraction is greater.

It appears that the architects of the Plan are assuming that the reconstruction of the capital stock destroyed by Maria will generate a permanent increase in both the level and rate of growth of the GNP. But there is no reason to assume that we will grow faster simply because we attain the same level of infrastructure that existed the day before Maria. In fact, before the hurricane the growth rate of the real GNP was negative. Yet the government is forecasting that the impact of federal spending will be of such magnitude that it will permanently accelerate the growth rate of the real GNP well above the prevailing trend pre-2019.

In terms of revenues, the Plan assumes that beginning in FY2019, government revenues will increase at the same rate as the growth of the nominal GNP, despite the fact that during the projection period the Plan assumes the following:

(1) A tax reform that will reduce income tax revenues, eliminate the business-to-business tax, and reduce the tax rate on prepared foods

(2) A reduction of 42% in revenues generated by the Law 154 excise tax

(3) A reduction of 20% in the population over the six years covered by the Plan. Yet government revenues are projected to rise significantly during the projection period. In our opinion, this forecast is the product of inexplicable wishful thinking.

The second component of the Plan consists of a fiscal consolidation, including, among other measures, cuts in government spending in the areas of education and health, as well as reductions in appropriations to the UPR and municipalities that will begin in 2018 but will intensify beginning in FY2020, just when the economic stimulus resulting from the reconstruction begins to taper off.

The administration estimates these measures will generate net annual savings of $2.462 billion in fiscal year 2023. According to an analysis carried out by Brad W. Setser, of the Council on Foreign Relations, that number is equivalent to a little more than 3% of the GNP projected for that year—without taking into account the negative multiplier effect resulting from a reduction in public spending, which the Financial Control Board estimates to be 1.3. Therefore, the contraction in the GNP could be a little over 4%. Yet at no time during the fiscal consolidation period does the rate of growth in the GNP turn negative, even during the years when the federal stimulus declines and austerity measures intensify.

The government, then, tries to square the circle by assuming a positive, swift, and significant economic stimulus generated by a series of structural reforms—tax reform, energy reform, regulatory reform, and so on—that are slated to begin in 2018 and will stimulate growth to such an extent that they will completely offset the negative effects from the end of the federal stimulus and the implementation of austerity measures.

This scenario is hard to justify, as the Plan identifies no local, endogenous source of growth and appears not to take into account a series of downside risks to the projection. Among these risks, we might note that:

(1) Federal appropriations may be lower than estimated.

(2) Revenues may rise at a lower rate than projected or even decline after 2020, so that the government will be forced to implement additional fiscal-consolidation measure.

(3) The impact of emigration on economic activity could be more severe than anticipated.

(4) The multiplier effect (negative) of the austerity measures may be underestimated.

(5) The positive effect of the structural reforms may be overestimated.

At the end of the day, however, the greatest risk is that the calculation of the amount of the needed debt relief may be based on a foolishly optimistic Fiscal Plan, resulting in a debt adjustment that is less than what Puerto Rico really needs to make its debt service sustainable. In fact, in over fifty percent of all sovereign-debt adjustment cases since 1970, the debtor has defaulted again within five years of the restructuring—due, in many cases, to over-optimistic economic projections. That would be the worst-case scenario for Puerto Rico. Just ask Greece.

By: Sergio M. Marxuach

The author is the Policy Director at the Center for a New Economy. This column was originally published in El Nuevo Día on March 11th, 2018.

Aprendiendo sobre la marcha: procesos para tiempos de crisis

Aprendiendo sobre la marcha: procesos para tiempos de crisis

Resulta desconcertante, tras una década perdida en un trote acelerado hacia el desbarrancadero económico, y otra que se avecina según las proyecciones gubernamentales, que todavía ansiemos la llegada de “el plan” que nos va a sacar del lodazal. La terrible situación que enfrenta el país ha alimentado la sed de propuestas abarcadoras y soluciones repentinas. Al mismo tiempo, la incertidumbre nos ha tornado inmunes a la decepción y miopes en cuanto a exigencias cívicas, pues el cementerio de planes gubernamentales está abarrotado pero se le sigue implorando al estado que confeccione y presente un mapa de ruta que asegure el éxito. En esta encrucijada, un plan o instrumento que provea detalles sobre cómo sobreponer la crisis y mejorar el bienestar de la mayoría es necesario pero insuficiente. Más que producir buenos planes, necesitamos encaminar mejores procesos de desarrollo.

Como nos explica el profesor Leonardo Santana Rabell en su análisis crítico sobre el ejercicio de la planificación en Puerto Rico, nuestro antojo por los planes tiene raíces coloniales profundas. En los años treinta, la administración norteamericana estableció la Puerto Rican Emergency Relief Adminstration (PRERA) y luego la Puerto Rican Reconstruction Administration (PRRA), siguiendo las recomendaciones del Plan Chardón, para poner en marcha un programa de trabajo que atendiese los efectos de una grave crisis socioeconómica mediante la extensión de políticas “novotratistas” al terruño. Estos esfuerzos, aunque parciales, sirvieron de zapata y campo de entrenamiento para la creación, en los años cuarenta, de la Junta de Planificación, entidad que se pensó como un centro de comando nacional para “guiar el desarrollo de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y económico” a través de una serie de planes y programas financieros. No obstante, el olimpo tecnocrático y científico que delineó Rexford G. Tugwell—veterano planificador y último gobernador estadounidense de la isla—no se consumó, gracias, en gran parte, a las veleidades del partidismo legislativo y la presión ejercida por diversos intereses económicos.

Desde entonces, la Junta de Planificación ha preparado ambiciosos planes de desarrollo, que según su ley orgánica, se supone que sirvan de guías para ordenar el país. A pesar de sus contribuciones técnicas y analíticas, usualmente terminan siendo ignorados y archivados en algún rincón oscuro —especialmente si su contenido no encaja con la doctrina partidista del momento—. De esta patética experiencia se desprende una lección valiosa: las estrategias, planes y proyectos de desarrollo no son herramientas apolíticas, todo lo contrario. Por más que se promuevan como soluciones técnicas, calculadas y científicas, las maniobras desarrollistas son el producto de fuerzas históricas y políticas.

Interesantemente, el desdén hacia los esfuerzos de la Junta de Planificación no ha amainado el afán por los planes con el paso del tiempo. Producir y promulgar al menos uno se ha convertido en un rito de nuestra burocracia; y no son pocas las firmas y consultores, foráneos y locales, que prestan sus servicios y cobran grandes sumas para cumplir con el simulacro que consiste, en gran medida, en recalentar ideas y plasmarlas en diapositivas coloridas. Ciertamente, no todo es bagazo. Pero raras veces se pasa del texto a la discusión, a la gestión, a la revisión crítica o a la evaluación.  Al parecer, armar un plan se ha convertido en un fin en sí mismo pues la coartada por excelencia del administrador gubernamental arrinconado por el escrutinio público suele ser la lapidaria frase “tenemos un plan”.

Rebasar el fetichismo con “los planes” requiere repensar y proveer alternativas sobre cómo se conciben las propuestas y oportunidades de desarrollo. De entrada, esto requiere entender el desarrollo como un proceso, no un destino o desenlace económico que se manifiesta cuando ciertos indicadores estándar apuntan en la dirección correcta.  

Varios estudiosos argumentan que el enfoque procesal nos permite tomar nota de los giros y vueltas, los cambios en las dinámicas de poder, las consecuencias no intencionadas y las oportunidades de aprendizaje que surgen a medida que las ideas de desarrollo se convierten en proyectos y políticas realmente existentes. Además, esta perspectiva nos ayuda a conceptualizar los proyectos de desarrollo como esfuerzos dinámicos que pueden trascender intenciones y planes originales.

La agenda de trabajo de la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del Centro para una Nueva Economía apunta hacia esta dirección. Más que producir otro plan o una colección de estudios, nos interesa encaminar un ejercicio alterno para proponer y ensayar estrategias de desarrollo socioeconómico. Aprovechando el peritaje de expertos locales y de otras latitudes, con diversas perspectivas disciplinarias e ideológicas, nos enfocaremos en realizar análisis, diseñar políticas y, en algunos casos, llevar a cabo proyectos de demostración con entidades estatales, ONGs, el sector privado y académicos. Uno de los objetivos principales es generar ciclos de aprendizaje y que muchas de las lecciones acumuladas se institucionalicen.

También nos interesa fomentar que diversos grupos participen para identificar las soluciones. De nada vale esperar resultados distintos si las mesas de trabajo están pobladas por los mismos de siempre. Sin lugar a dudas, la apertura se traduce en mayor complejidad; de eso se trata. Tradicionalmente, el diseño de políticas y la toma de decisiones sobre el desarrollo económico se han realizado a puertas cerradas, lo que ha permitido que ciertos intereses empresariales y partidistas logren beneficios hechos a la medida, y que cada nueva administración imponga su propio libreto. Bajo este tipo de arreglo, el chanchullo prolifera, pues escasean el monitoreo y la rendición de cuentas. Así pues, la inclusión sirve para fomentar el debate, también para arrojarle luz a un ejercicio tradicionalmente opaco y asegurar que lo acordado se cumpla.   

No somos ilusos. Sabemos que para generar oportunidades de desarrollo se necesitan estrategias multifacéticas, duraderas y bien financiadas —preferiblemente lideradas y apoyadas por el estado—. En Puerto Rico, la depresión económica, el entuerto de la deuda y las directrices impuestas por la limitan aún más la poca capacidad que posee el gobierno para atender estos temas. Lejos de relevar al estado, queremos que la Comisión de Crecimiento del CNE encamine acuerdos generales sobre lo posible y deseable, que ayude a mejorar la calidad de las discusiones sobre políticas de desarrollo y que ayude a mejorar el desempeño del sector público. En fin, queremos facilitar un proceso que nos ayude a repensar el desarrollo para generar nuevas posibilidades.

Por: Deepak Lamba-Nieves
director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
Twitter: @deepakln

Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

El ajuste incluido en el Plan Fiscal aprobado el pasado día 13 de marzo, por sí solo, no servirá para restablecer el crecimiento de la economía de la isla. En el Centro para una Nueva Economía hemos expresado que Puerto Rico tiene que recobrar su competitividad a nivel internacional para generar los niveles necesarios de crecimiento económico sostenido. Esto será necesario tanto para lograr mantener el bienestar de la población de la isla como para cumplir en el largo plazo con las múltiples obligaciones del estado. A menos que seamos capaces de implantar reformas contundentes en esa dirección, es muy posible que nos encontremos en una situación igual o peor de aquí a diez años (o más).

Índice: junio 2017 = 100. Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Índice: junio 2017 = 100.
Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Como bien señaló el colega economista Juan Lara en una columna reciente en este diario, debemos enfocar la discusión en cómo diseñar y ejecutar un programa de medidas económicas apropiado para generar ese desarrollo. Esta estrategia debe ser lógica y prudente, pero también innovadora.

Según las proyecciones del Producto Nacional Bruto (PNB) real (ajustado por inflación) para Puerto Rico según el Plan Fiscal, la economía de la isla sufrirá una contracción mayor al diez (10) por ciento en los próximos seis años, y no es hasta el año 2026 que se registrará una leve recuperación. Esto representa un costo extremadamente alto a pagar para la población de la isla. ¿Habrá maneras más efectivas para restablecer la economía de la isla con un menor costo humano? ¿Es indispensable otra década perdida?

En esta columna quiero compartir un ejemplo del tipo de política pública que puede implantarse para asegurar que el sacrificio que tendremos que hacer hoy redunde en el desarrollo de mañana.

Política macroeconómica y competitividad

La magnitud del choque macroeconómico estructural sufrido por la economía de Puerto Rico—en particular la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos y el eventual colapso de otros sectores de la economía de la isla—justificaría, en otro país, la implantación de políticas monetarias para reestablecer la competitividad internacional en el mediano plazo.

Por ejemplo, una devaluación de la tasa de cambio—al efectivamente reducir los costos de mano de obra para hacer las exportaciones más competitivas en el mercado internacional y reducir las importaciones, haciéndolas más caras—ayudaría a estimular la economía. Una estrategia de este tipo es crucial para compensar la contracción que ocurriría debido al inevitable ajuste fiscal necesario para mejorar la solvencia del gobierno.

Evidentemente, esta estrategia no es viable dada la inclusión de Puerto Rico en la unión monetaria estadounidense y, por lo tanto, su incapacidad para aprovechar la política cambiaria para restablecer la competitividad.

Sin embargo, Puerto Rico puede utilizar instrumentos de política fiscal, en su mayoría contributivos, para conseguir mayor competitividad de una manera similar a la que se conseguiría con una devaluación de la tasa de cambio.

Hay varias formas de diseñar este tipo de estrategia—llamada una devaluación fiscal. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante una reducción en el pago de contribuciones patronales de Seguro Social. El mismo se subvencionaría con alguna de las medidas impositivas contemplables en un programa de ajustes, como, por ejemplo, algún aumento correspondiente en el impuesto a las ventas y uso (IVU). La idea básica es reducir los costos de mano de obra mediante un menor pago de contribuciones patronales lo cual permite a las empresas—tanto domésticas como multinacionales—vender sus bienes y servicios en el extranjero a precios más bajos, simulando el efecto de una moneda más débil. Por otro lado, los aumentos en el IVU se utilizarían para sustituir la aportación patronal al Seguro Social, con el propósito de resarcir el fondo de retiro dado esta reducción en contribuciones (a la misma vez que se darían incentivos a las empresas a cumplir con sus obligaciones de recaudos del IVU.)

Al implementar esta serie de reformas en conjunto, el gobierno podría generar aumentos en el empleo y el ingreso tanto de las empresas como de los hogares, como ocurriría con la devaluación de la moneda. La política también podría ayudar en el frente fiscal, ya que una mayor competitividad podría generar un mayor recaudo de ingresos al fisco.

El concepto original detrás de la devaluación fiscal se remonta a John Maynard Keynes en 1931, quien propuso aumentar los subsidios a la exportación junto con aumentos correspondientes a los arbitrios de importación como alternativa a una devaluación de la moneda (cuando los países estaban en el patrón oro). Dado que las reglas de la Organización Mundial del Comercio no permiten intervenciones que utilicen impuestos a la exportación e importación, su propuesta original no es factible en el presente escenario.

Este tipo de estrategia ha ganado popularidad en los círculos de política pública a nivel internacional. Además, es consistente con propuestas recientes a nivel congresional como la del Senador Orrin Hatch de eximir a Puerto Rico temporeramente del pago de contribuciones de Seguro Social y parcialmente con la propuesta republicana de implementar un ‘border adjustment tax o “BAT”’.

Además, varias jurisdicciones y países como Alemania en el 2007 y Francia en el 2013 han implementado estas estrategias con diversos grados de éxito. En el caso de Puerto Rico, junto con la reestructuración de la deuda y otras reformas estructurales tan necesarias, la devaluación fiscal podría contribuir a poner nuestra economía a flote. Este tipo de política fiscal ayudaría a reducir la necesidad de llevar a cabo recortes tan severos en la inversión y el gasto público bajo las medidas de consolidación propuestas en el Plan Fiscal.

Este tipo de propuesta requiere de mayor estudio para determinar cómo funcionaría en Puerto Rico. Por ejemplo, habría que determinar los posibles impactos en términos distributivos para los hogares dado, por un lado, aumentos en el empleo y los ingresos devengados y, por otro, la reducción en el poder adquisitivo de estos debido a los aumentos en el IVU. La Comisión de Crecimiento para Puerto Rico de CNE—trayendo a la mesa académicos de primera con representantes de los sectores público y privado—tiene la intención de producir este tipo de análisis creativo y a la vez riguroso que Puerto Rico tanto necesita.

Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

Una ruta inusual hacia el crecimiento

Una ruta inusual hacia el crecimiento

Articular y ejecutar una estrategia de desarrollo económico es un ejercicio bastante incierto y complejo, pero no imposible. Esta no es una idea novel ni demasiado sagaz, pero merece repetirse. Especialmente luego de un ciclo electoral inusual donde sobraron los foros y debates al estilo “todos contra todos”, y también las propuestas de campaña para encaminar la económico de la isla. Como el papel y el discurso electoral lo aguantan todo, la gama de recetas provistas por un número récord de candidatos a la gobernación fue tan variada como ambigua y desatinada. El menú incluyó platos nuevos y algunos favoritos recalentados: desde revivir el régimen de sustitución de importaciones, hasta traer de vuelta las exenciones tributarias tipo sección 936, y crear alianzas público-privadas “participativas”.

Ante la falta de rigor, las propuestas se presentaron casi como se vende un carro usado: “Este modelo fue uno de los mejores;” “se ve medio mataíto, pero el motor está como nuevo;” y “llévatelo ahora, que mañana no te puedo asegurar que lo tenga disponible”. Se dijo mucho pero se debatió muy poco y en concreto sobre cómo se pondrían en marcha las promesas de campaña. Sospecho que la omisión responde a no querer revelar o reflexionar mucho sobre el hecho de que cada proposición económica tiene un impacto político que va más allá de las veleidades partidistas. Es decir, que plantear un ejercicio serio para encaminar el desarrollo económico no es lo mismo que hacer una lista de regalos a los Reyes Magos, y requiere que se dilucide cómo cada movida económica impacta (y se ve afectada por) las relaciones de poder que existen entre diversos actores sociales.

Los vínculos e interacciones entre la economía y lo político se han debatido a la saciedad en contextos académicos, y es cuantioso el inventario de obras cumbres de las ciencias sociales que se enfocan en estos asuntos. Pero las difíciles y problemáticas tareas de armar, encaminar, evaluar críticamente y recalibrar procesos de desarrollo, se debaten mucho menos. En gran parte, porque son gestiones imprecisas y experimentales que generan lecciones usualmente carentes de la elegancia y sencillez que suelen requerir los discursos de estado, las historias oficiales y las contribuciones doctas tradicionales.

No obstante, estos espinosos temas tienen seguidores y maestros, y en esta última categoría existen pocos como Albert O. Hirschman. Autor de numerosos escritos sobre economía política y teorías del desarrollo económico, Hirschman se entrenó como economista pero su producción intelectual lo mantuvo en los márgenes de su disciplina. Su vida fue igualmente inusual, pues tomó armas contra el fascismo con las Brigadas Internacionales en España, colaboró con la resistencia francesa, dictó cursos en la mejores universidades de Estados Unidos y fungió como asesor económico y consultor en América Latina.

Sus múltiples vivencias en el sur le proveyeron material empírico para formular posiciones teóricas respecto a los procesos de desarrollo, y también para revisarlas con el paso del tiempo. Lejos de creer que el trabajo de los estudiosos del mundo social se debería enfocar en identificar grandes y perdurables teorías, su enfoque enfatiza que “la búsqueda de soluciones uniformes a los problemas del desarrollo invariablemente nos lleva por mal camino”. Su advertencia estaba especialmente dirigida a las pandillas de especialistas foráneos que aterrizan sobre diversos países y regiones ofreciendo asesoramiento y soluciones definitivas que se fundamentan en irrefutables ortodoxias económicas—muchas veces sin entender el careo político y otras particularidades del territorio anfitrión.

Más allá de las camisas de fuerza que se forjaban con la puesta en marcha de políticas estándares de desarrollo, Hirschman también identificó la mentalidad del fracaso o la “fracasomanía” como uno de los grandes obstáculos para desatar posibilidades de desarrollo. Según explicó en A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America, creer que todo está mal o que cualquier gestión propuesta está destinada al descalabro limita las posibilidades de identificar algunos destellos de genialidad que casi siempre suelen emanar a lo largo de los engorrosos procesos de desarrollo, y que pudiesen servir como punto de partida para emprender caminos alternos. El antídoto para la “fracasomanía” consiste en la identificación precisa de pistas y oportunidades que usualmente no se revelan a simple vista, enfoque que denominó como “posibilismo”— y que nada tiene que ver con las cursilerías inspiradas en la autoayuda y el afán porrista que tanto gusta en este país.

Hirschman elaboró varias herramientas conceptuales para practicar el posibilismo que son sumamente útiles en estos tiempos. Por un lado, están las “bendiciones (o maldiciones) encubiertas”, donde algo que se pensaba como un obstáculo al desarrollo, se transforma en una posibilidad o un estímulo. La migración boricua al extranjero, que se ha calumniado en estos tiempos de estrechez fiscal, es un ejemplo claro. Aunque muchos dejan de abonar a nuestro pote nacional, los migrantes podrían generar nuevas e impactantes redes trasnacionales de conocimiento, solidaridad y actividad económica si se ponen en marcha políticas sensatas que vinculen la diáspora con el desarrollo nacional.

Por otro lado, están las “secuencias invertidas”, o la idea de que no hay una única sucesión de pasos para encaminar ciertos cambios o procesos de desarrollo. En Puerto Rico, gracias al legado de “Manos a la Obra”, nos hemos dedicado a ofrecer toda clase de exenciones tributarias para atraer actividad económica con resultados mediocres. Pero, ¿no sería mejor si invertimos la secuencia y otorgamos exenciones a aquellas actividades que hayan probado ser exitosas?

Otra tarea posibilista es la “búsqueda de consecuencias imprevistas” o “efectos secundarios” que facilitan transformaciones sociales. En nuestro caso, el impago de la deuda pública, que lamentablemente ha traído una secuencia nefasta de imposiciones injustas y antidemocráticas a través de la Junta de Control Fiscal, también ha abierto una brecha para hacer reclamos más contundentes a favor de la transparencia gubernamental, la necesidad de romper con el truqueo presupuestario, acabar con los errados programas de austeridad y el desorden gubernamental, y para repensar, de una vez y por todas, nuestro corroído modelo de desarrollo y el entramado de intereses que lo mantienen en respiración artificial.

A lo largo de su larga trayectoria, Hirschman logró identificar giros inusuales y resultados inesperados en numerosos proyectos de desarrollo y regímenes políticos. Pero su gestión no se limitó a armar un catálogo de lecciones; también sirvió para “agudizar la percepción de las avenidas disponibles para el cambio”. En gran medida, esto es lo que queremos propiciar desde el CNE a través de nuestra Comisión de Crecimiento. Lejos de querer reproducir la vieja práctica de redactar un plan abarcador, lo que nos interesa es propiciar una búsqueda de posibilidades para el desarrollo que no recurra a las rutas y los cómplices de siempre.

No será una tarea fácil, pues emplear las herramientas posibilistas a través de un ejercicio plural trae consigo numerosos retos. No obstante, los cambios necesarios se materializarán sólo si dejamos a un lado lo usual y nos esmeramos en redescubrir y repensar lo posible.

Autor: Deepak Lamba-Nieves,
Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía

Una visión para el desarrollo

Una visión para el desarrollo

Al igual que en Grecia, muchos observadores ocasionales del caso de Puerto Rico atribuyen la debacle económica de la isla a la mala gestión fiscal del gobierno. Sin lugar a dudas, la gestión fiscal jugó un papel importante en la crisis de deuda – al no actualizar la política fiscal al gran cambio que ha sufrido la economía de la isla. Sin embargo, la causa primordial de la crisis ha sido otra: la desindustrialización provocada por el cambio de política fiscal de Estados Unidos y el posterior fracaso del gobierno de la isla y del sector privado en crear e implementar una nueva estrategia de desarrollo económico.
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