Estados financieros del ELA 2014

Claves para entender los Estados Financieros Auditados del 2014 que el gobierno publicó el 30 de junio de 2016

Por: Sergio M. Marxuach

El gobierno finalmente ha publicado el informe anual con sus estados financieros auditados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2016 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2014.

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Estados financieros del ELA

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El gobierno ha publicado recientemente el informe anual con sus estados financieros consolidados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades y a la omisión de algunas secciones. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2014 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

1. Organización de los Estados Financieros del Gobierno

En términos generales, los estados financieros del gobierno consisten de cuatro componentes básicos:

(1) los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements);
(2) los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements);
(3) los estados financieros de los fondos fiduciarios (Fidiciary Fund Financial Statements) ;y
(4) las notas a los estados financieros.

Los estados financieros de las actividades gubernamentales, a su vez, contienen dos tipos de informes:

(1) el Estado de Situación del Patrimonio Neto (Statement of Net Position), que es análogo al estado de situación (balance sheet) de una entidad privada; y
(2) el Estado de Resultados (Statement of Activities), que es análogo al estado de ganancias y pérdidas (income statement) de una entidad privada.

Cada uno de estos informes—el Estado de Situación del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados—a su vez, contiene secciones separadas para tres tipos diferentes de actividades gubernamentales. READ MORE

Empeora la crisis

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La degradación de ayer de Moody’s representó para los economistas la bancarrota de Puerto Rico y su cierre en los mercados de capital, también coincidieron en que la nueva ley de reestructuración de deuda fue el detonante

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Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Las casas acreditoras volvieron a propinarle ayer otro contundente golpe a Puerto Rico, luego de que Moody’s Investor Service rebajó a un nivel más profundo del grado especulativo o ‘chatarra’ los bonos de las obligaciones generales del Estado Libre Asociado (GOs, por sus siglas en inglés), así como las responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras corporaciones públicas, en una medida que tendrá graves consecuencias contra unos $61,000 mil millones de deuda pública.

La histórica determinación aplicó también a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad  de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Incluso la entidad señaló que la perspectiva del país es negativa, por lo que podrían producirse en cualquier momento degradaciones adicionales.

Esta degradación, que recuerda el deterioro progresivo de la caída económica de Grecia, se efectúa a escasos cuatro meses de la primera degradación de los GOs y apenas cuatro días de las casas acreditadoras haber degradado los bonos de las corporaciones públicas  y por segunda ocasión consecutiva los bonos de la AEE. Tras la degradación,  el valor de bonos de los GO’s cayó en un 5%, colocándose entre los 84.5 centavos de dólar y los 87.5 centavos de dólar.

Moody’s Investors rebajó los GOs en tres escalafones de Ba2 a B2, afectando a 14.4 mil millones de bonos, lo que significa que no es un inversión deseable y de alto riesgo. Mientras, en cuanto a las agencias estatales y empresas públicas se afectan cerca de 46 mil millones de bonos, “incluyendo 15.6 mil millones en bonos senior y subordinados emitidos por el impuesto a las ventas de Cofina, que, respectivamente, se redujo a Ba3 y B1”, señaló el informe. READ MORE

Quiebra criolla viabiliza venta de activos o desmantelamiento de corporaciones públicas

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Por: Laura M. Quintero
Publicado: 27/06/2014 05:32 am

El futuro de las corporaciones públicas que se acojan a la nueva Ley para renegociar sus deudas millonarias con los acreedores está lleno de variables. Pero lo que está definido es que la estructura operacional de las corporaciones cambiará drásticamente al facilitar que vendan o arrienden sus activos a otras entidades del gobierno o a manos privadas.

Los directores de la AAA, Alberto Lázaro, y de la AEE, Juan Alicea, con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila. (Josian Bruno/NotiCel)

Las corporaciones que se encuentren en estado de insolvencia tendrán a su disponibilidad distintos recursos para cumplir con el pago de sus obligaciones, sin que se afecten los servicios. Permite, por ejemplo, la venta y el arrendamiento de cualquiera de los activos, como pudieran ser las plantas productoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a otras entidades públicas o privadas que se comprometan ante el juez designado, a mantener el ofrecimiento de los servicios públicos.

Si bien las corporaciones ya tenían la facultad de crear Alianzas Público-Privadas, como las que concedió la Administración Fortuño en el aeropuerto internacional, el peaje Teodoro Moscoso y las carreteras PR-22; esta Ley facilita ese tipo de transferencias a través de un “proceso estructurado y expedito” en el Tribunal, según el economista Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Marxuach comentó, sin embargo, que es improbable que la negociación requiera de una venta o privatización parcial. “Dudo que se llegue a ese tipo de remedio. Creo que la mayoría de los bonistas preferirían renegociar los términos (de la deuda), en vez de correr el riesgo de comenzar desde cero con unos dueños nuevos”, reaccionó, en referencia a la negociación del principal, interés y término de años de la deuda.

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Ni público, ni privado: Coproducido

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Por Deepak Lamba-Nieves

En un país que ha sido una colonia española y norteamericana por más de cinco centurias, y ha servido como puerto de transbordo para un sinfín de propósitos, la hibridez no debe ser una característica foránea, o difícil de entender. La mezcolanza es parte integral de nuestra identidad isleña, y se puede identificar con facilidad en las altas esferas de la oficialidad— ¿habrá algo más híbrido que el Estado Libre Asociado?— en la cotidianidad del spanglish o en los ritmos de la salsa interpretada por rockeros. No obstante, la heterogeneidad que nos atraviesa transversalmente encuentra sus límites cuando se habla de desarrollo y se pasa inventario sobre los activos nacionales para determinar lo que es público y lo que está en manos privadas. READ MORE

Detroit

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Miguel A. Soto Class

“Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera.”  Esa es la primera oración de Ana Karenina, la reconocida novela del famoso escritor ruso Leo Tolstoy.

Me parece que igual se podría decir de los países y ciudades que enfrentan una crisis financiera.  Todas sufren y padecen, pero cada una es distinta.

Sin embargo, a nadie le debe extrañar que a Puerto Rico lo comparen en términos financieros con Grecia, España o más recientemente con Detroit.  Tales comparaciones no son descabelladas.  Todas esas jurisdicciones comparten algunos rasgos como sus grandes deudas, sus deficientes bases contributivas y el pobre desempeño de sus economías.  Pero de igual manera son muchas y significativas las diferencias.  Y por eso hay que tener cuidado con las comparaciones superficiales. READ MORE

El peso de las corporaciones públicas

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Por: Sergio M. Marxuach

De acuerdo con los documentos del presupuesto recomendado para el año fiscal 2014, Puerto Rico cuenta actualmente con 51 corporaciones públicas que se estima generen $9,235 millones de “ingresos propios” para financiar sus operaciones.  En la práctica, sin embargo, muchas de estas corporaciones reciben subsidios, directos o indirectos, del Fondo General, del Banco Gubernamental de Fomento o de otras corporaciones públicas.

Recientemente, la precaria situación financiera de varias de estas entidades ha sido objeto de debate público, entre ellas la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Energía Eléctrica (la “AEE”) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (“AAA”).

En específico, el aumento en la factura de la AAA ha generado mucha controversia. Este aumento se debe principalmente a (1) la eliminación del subsidio anual que recibía la AAA del Fondo General; (2) la obligación incurrida en el 2006 de hacer una serie de inversiones de capital durante los próximos 15 a 20 años para cumplir con los requisitos del Clean Water Act federal; y (3) el aumento significativo en los costos de la energía eléctrica que la AAA utiliza para correr sus operaciones. READ MORE

San Juan 2023 o la decadencia de un País

Por Sergio Marxuach

Tomada de donlinscott.com

Tomada de donlinscott.com

Recientemente el gobernador anunció que Puerto Rico estaría buscando la sede de los juegos Panamericanos en el 2023. Si dejamos a un lado las perogrulladas tipo Cámara de Comercio (“no es un gasto, es una inversión”) y las bobadas de los publicistas (“Puerto Rico se atreve a soñar otra vez”) y analizamos la propuesta objetivamente resulta inevitable concluir que esto no es una buena idea.

De entrada, lo primero que tenemos que considerar es que la sede de los juegos se le otorga a una ciudad no al país. Así pues, tenemos las Olimpiadas de Londres 2012 y los Panamericanos de Toronto 2015. En el caso de Puerto Rico, la sede la estaría solicitando San Juan, un lugar donde apenas hace unos meses se estaban posponiendo operaciones en el Hospital Municipal por falta de gasas. Mas aún, de acuerdo con la información que se presentó durante las vistas de transición, el municipio confronta un déficit operacional de $130 millones, su margen prestatario es limitado y no cuenta con fondos suficientes para pagar la nómina del mes de febrero. El municipio, por tanto, al día de hoy no cuenta con los recursos para llevar a cabo los juegos ni se prevé que los tenga en el futuro cercano.

Se nos informa que el costo de llevar a cabo los juegos será de “solo” $200 millones ya que Puerto Rico cuenta con facilidades deportivas de “clase mundial”. Esta aseveración resulta difícil de creer. Toronto, la sede de los juegos del 2015, es una ciudad con una infraestructura verdaderamente de clase mundial, y se le considera uno de los mejores lugares para vivir en el mundo. Sin embargo, el costo de los juegos del 2015 se estima en exceso de $1,100 millones, casi 6 veces el estimado que se nos ha presentado para San Juan. Debemos recordar que el costo de los juegos centroamericanos de Mayagüez estuvo muy por encima del estimado inicial y la calidad del evento fue mediocre.

Por otro lado, ya he escuchado a algunos comentaristas argumentar que “los juegos se pagan por sí solos” debido a la actividad económica que generarán. No me extrañaría que se publique próximamente algún “estudio independiente” concluyendo que el efecto multiplicador del gasto en infraestructura y el gasto generado por los visitantes generará miles de empleos y millones de dólares en actividad económica y que, al final del camino, esa actividad generada e inducida por los juegos será más que suficiente para sufragar los gastos de llevarlos a cabo.

El problema es que los seres humanos no somos buenos haciendo decisiones inter-temporales, donde los costos y beneficios se realizan en diferentes planos temporales. En general, tendemos casi siempre a subestimar el costo de llevar a cabo estos eventos, debido a que los costos se incurrirán en el corto plazo y sobrestimamos nuestra capacidad de controlarlos, y tendemos a sobrestimar la actividad económica que ocurrirá en el futuro. El resultado es que países como Grecia terminan incurriendo millones en deuda a largo plazo por ser la sede de una fiesta que dura dos semanas. Por tanto, hay que ser cuidadosos aún con los estimados bonafide (y no por encargo) de los costos y beneficios asociados con los juegos.

Una variación más sofisticada del argumento anterior es que “para el 2023 la economía de Puerto Rico ya se habrá recuperado”. Eso puede que sea cierto, aunque en verdad nadie sabe cuál será el estado de nuestra economía en 10 años. Sin embargo, aún si fuera cierto, el argumento es irrelevante. El issue no es cuál será el estado de la economía al momento de encender el pebetero en el 2023, el punto importante es si Puerto Rico tendrá o no la capacidad para llevar a cabo la inversión (recuerden “no es gasto”) necesaria durante los diez años con anterioridad a los juegos.

Actualmente, la deuda pública de Puerto Rico suma aproximadamente $69,000 millones, un poco más que el Producto Nacional Bruto del País. El servicio de la deuda del gobierno central y las corporaciones públicas para el año fiscal en curso excede los $4,000 millones y representa aproximadamente 15% del presupuesto consolidado. Esto quiere decir que uno de cada siete dólares que gastará el gobierno de Puerto Rico durante el año fiscal 2013 se irá en pagar interés y principal en la deuda ya acumulada. Si asumimos que el costo de llevar a cabo los juegos en Puerto Rico será igual al costo de los juegos de Toronto (una premisa optimista en mi opinión) estamos hablando de $1,100 millones de deuda nueva más intereses. Y estamos asumiendo que no habrá demoras de construcción, cambios de orden ni otros traqueteos con los proyectos de infraestructura.

Más aún, tenemos que tomar en consideración el déficit actuarial de los tres sistemas de retiro que dependen del fondo general (gobierno, maestros, y judicatura). Este déficit, que representa la diferencia entre los activos y el valor presente de la obligaciones de estos sistemas, suma unos $33,116 millones. Visto de otra manera, Puerto Rico cuenta con solo $11 de cada $100 que debe en pensiones. Si quisiéramos subir esa proporción de 11% a, digamos, un 80% en el 2033, Puerto Rico tendría que comenzar hoy a transferirle cientos de millones de dólares anualmente a estos sistemas y continuar haciéndolo durante los próximos veinte años, aún asumiendo un rendimiento anual de 6.4%. Eso significa que cada dólar que le dediquemos a los sistemas de retiro es un dólar menos para la seguridad, la salud, la educación y para los deportes.

Las corporaciones públicas que normalmente llevarían a cabo esta “inversión” se encuentran esencialmente insolventes (Puertos, Carreteras, la Autoridad de Acueductos) o en una situación financiera muy apretada (la AFI, la AEE, la Autoridad de Edificios Públicos). Mas aún, el Estado de Resultados consolidado de todas las corporaciones públicas de Puerto Rico refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $1,343 millones durante el año fiscal 2011. Llaman la atención las pérdidas registradas por la Autoridad de Carreteras ($409 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($272 millones); y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ($112 millones). Recordemos también que tanto Carreteras como Puertos se han visto obligadas a monetizar activos para poder cumplir con todas sus obligaciones.

Finalmente, es cuestión de prioridades. En un país donde 45% de la población vive bajo el nivel de pobreza, donde la calidad de los servicios de salud deja mucho que desear, donde miles de personas no tienen hogar propio, donde a los niños de educación especial se les trata como ciudadanos de tercera categoría, y donde miles de niños e infantes han sido abandonados por el departamento gubernamental que se supone los proteja, es simplemente inmoral utilizar los limitados recursos públicos para llevar a cabo un field day glorificado. Los que abogan a favor de llevar a cabo estos juegos en Puerto Rico tienen el peso de la prueba y de demostrar contundentemente que este dinero no se debe utilizar para brindar mejores servicios a los niños, a los enfermos, a los pobres, a los envejecientes y los pensionados de Puerto Rico.

Todo este esfuerzo relacionado con los juegos me recuerda la novela Los Buddenbrook (1901), de Thomas Mann, la cual narra la decadencia de una próspera familia de comerciantes de Lubeck, Alemania entre los años 1835 y 1877, abarcando cuatro generaciones de la familia. A través de toda la narración, la mansión de la familia en la Mengstrasse se presenta como símbolo de la fortaleza de la familia y sus negocios, cuando en realidad no era más que un velo, una fachada que cubre la decadencia y la quiebra moral, social, cultural y financiera de la familia.

En el caso de San Juan 2023, los juegos Panamericanos hacen el rol de la mansión de los Buddenbrook, sirven de fachada para cubrir la decadencia y descomposición social en que vivimos. Nuestros gobernantes parecen no entender que la economía de Puerto Rico es un espejismo generado por niveles de consumo y endeudamiento que han sido sostenidos por una ilusión monetaria ya que tenemos acceso a una moneda, el dólar, que es mucho más fuerte de lo que se podría justificar con los fundamentos de nuestra economía.

Ese endeudamiento nos ha permitido crear una prosperidad falsa y construir una fachada moderna para el Puerto Rico de hoy. Pero es solo eso, una fachada, detrás de la cual está ocurriendo un proceso acelerado de decadencia, de la prosperidad a la bancarrota, de la salud sicológica y moral de un pueblo a la descomposición social y cultural, y de la esperanza en el futuro a una obsesión enfermiza con el materialismo. Todos los juegos del mundo no cambiarán esa realidad.

Sergio Marxuach es director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía.
Publicado el 31 de enero de 2013.

Cinco prioridades de política económica y fiscal para el nuevo gobernador

Por Sergio M. Marxuach

How can he explain to him? The world is not run from where he thinks. Not from his border fortresses, not even from Whitehall. The world is run from Antwerp, from Florence, from places he has never imagined; from Lisbon, where the ships with sails of silk drift west and are burned up in the sun. Not from castle walls, but from countinghouses, not by the call of the bugle but by the click of the abacus, not by the grate and click of the mechanism of the gun but by the scrape of the pen on the page of the promissory note that pays for the gun and the gunsmith and the powder and the shot.
—Hilary Mantel, Wolf Hall (2009)
Introducción

El gobernador electo, Alejandro García Padilla, toma posesión de su cargo el 2 de enero de 2013 confrontando una difícil y complicada situación económica y fiscal. La economía de Puerto Rico experimentó una contracción prolongada durante el periodo entre el 2006 y el 2011. Para el año fiscal 2012 la tasa de crecimiento se estima preliminarmente por la Junta de Planificación en apenas 0.4%, mientras que la proyección para el 2013 es de un anémico 0.6%. Mas aún, prestigiosos economistas del sector privado estiman que la economía de Puerto Rico revertirá a un patrón contraccionario durante el año fiscal 2013. Mientras, la tasa de empleo ronda el 33% y la de participación el 39%, los niveles mas bajos en la historia de Puerto Rico.

Por otro lado, el déficit estructural del fondo general se encuentra en alrededor de $1,100 millones, el déficit actuarial de los tres sistemas de retiro que dependen del fondo general suma $33,116 millones, y la deuda pública del gobierno de Puerto Rico excede los $69,000 millones.

Dadas estas condiciones, el Centro para la Nueva Economía propone la siguiente agenda para estabilizar la situación económica y fiscal, crear las condiciones para promover la recuperación económica a corto plazo, y fomentar el crecimiento económico a mediano plazo.

Reforma de los Sistemas de Retiro

El gobierno de Puerto Rico actualmente tiene cinco sistemas de retiro. Tres de éstos dependen directamente del fondo general para las aportaciones patronales: el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, que cubre a casi todos los empleados del gobierno central, corporaciones públicas, y los municipios; el Sistema de Retiro de los Maestros, que cubre a los maestros del sistema de educación pública; y el Sistema de Retiro de la Judicatura, que cubre a los jueces.

Cada uno de estos sistemas de retiro tiene un déficit actuarial. Esto significa que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones en el futuro. Al 30 de junio de 2011, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno tenía un déficit estimado de $23,734 millones; el Sistema de Retiro de los Maestros tenía un déficit estimado de $9,063 millones; y el Sistema de Retiro de la Judicatura tenía un déficit estimado de $319 millones. El déficit agregado, por tanto, es de $33,116 millones—una deficiencia que se ha ido acumulando por décadas.

Creemos que lo que los analistas y bonistas le están pidiendo a Puerto Rico es un plan que sea viable financieramente y que cuente con el apoyo político necesario para atender este asunto de manera contundente durante los próximos 25 o 30 años.

La viabilidad financiera de ese plan va a requerir concesiones y sacrificios por parte de los pensionados, de los empleados actuales del gobierno, y de los ciudadanos en general, ya que la dimensión financiera de este problema es de una magnitud enorme. Las obligaciones de los tres sistemas que dependen del fondo general equivalen a casi 50% del producto nacional bruto de Puerto Rico en el 2012. Una obligación de esta magnitud no se resuelve con trucos de contabilidad o con operaciones de “ingeniería financiera”. Va a ser necesario modificar la estructura de beneficios, incrementar la edad de retiro, y aumentar los ingresos del sistema.

Por otro lado, el problema de los sistemas de retiro tiene dimensiones políticas, legales, y morales de una complejidad extrema. Por tanto, la sustentabilidad política del plan requiere que representantes de todos los grupos afectados participen de su confección; suscriban expresamente sus términos y condiciones; y velen por el cumplimiento, implantación, e institucionalización del mismo.

En resumen, si no se presenta un plan que sea satisfactorio para los bonistas y que cuente con el apoyo de todos los sectores afectados, habrá otra degradación y muy probablemente una crisis de deuda. Las consecuencias de una crisis de ese tipo serían severas. Estamos hablando de que se cerraría casi todo el acceso al crédito, tanto público como privado, lo que induciría una contracción masiva del producto nacional bruto, la tasa de desempleo excedería el 20%, aumentarían los disturbios y conflictos sociales, y podríamos ver olas migratorias de personas económicamente activas.

Estabilizar el Fondo General

En el 2011 se legisló una reforma contributiva que reduce los impuestos sobre los ingresos a corporaciones e individuos. Esa reforma se ha financiado con un arbitrio temporal sobre las ventas de ciertas corporaciones foráneas con operaciones en Puerto Rico y actualmente genera aproximadamente 22% de los recaudos del fondo general. Si bien la ley dispone que ese arbitrio sea sustituido en el 2017 por una regla nueva de fuente de ingreso, no sabemos con certeza—debido a la dificultad de implementarla y a los vencimientos de patentes farmacéuticos—si esa regla producirá los fondos recurrentes necesarios para eliminar el déficit estructural a largo plazo. Mas aún, a octubre del 2012 los recaudos del fondo general se encontraban 3.3% por debajo de los recaudos para el mismo periodo durante el año fiscal anterior, aún tomando en consideración los recaudos por concepto del impuesto nuevo.

Por otro lado, los fondos federales constituyen 25% de los recursos disponibles del presupuesto consolidado de Puerto Rico. Todas las proyecciones apuntan a que esa cantidad no aumentará significativamente, y probablemente se reduzca, durante los próximos diez años.

Dada la situación de los sistemas de retiro, la debilidad en los recaudos del fondo general, el agotamiento de los fondos ARRA, la reducción de la capacidad de COFINA para emitir deuda, y la amenaza de recortes a nivel federal, resulta imperativo estabilizar los recursos del fondo general. A corto plazo, esto significa dos cosas. Primero, aumentar la tasa y extender el termino del impuesto producto de la ley 154. Segundo, habrá que suspender la segunda fase de la reforma fiscal.

A mediano plazo es necesario hacer una reforma fiscal a fondo, que cubra todas las fuentes de ingresos gubernamentales y que incluya también un análisis de todo el gasto gubernamental.

A largo plazo se debe considerar enmendar la constitución de Puerto Rico para permitir que el gobierno central pueda incurrir déficits cíclicos durante una recesión. Dicho de otra manera, legislar para que el gobierno de Puerto Rico tenga la flexibilidad fiscal para estimular la economía mientras dure una recesión y no tenga que “cuadrar” el presupuesto hasta que se reactive la actividad económica.

Reactivar la Economía

Parte de la dificultad que enfrentamos como país en la coyuntura actual es que es necesario crecer la economía a la misma vez que estabilizamos las finanzas públicas. Esto requiere mantener un delicado y difícil balance entre la necesidad de estimular la economía a corto plazo y el objetivo de lograr la estabilidad fiscal estructural a mediano y largo plazo.

En nuestra opinión este esfuerzo, aunque difícil, no es imposible. A corto plazo se puede utilizar el ingreso generado por el aumento de la tasa y la extensión el termino del arbitrio impuesto por la ley 154 para tratar de estimular la economía a través de gasto en bienes públicos (NO fomentando el consumo). Esto nos ayudaría a ganar tiempo para realizar las reformas estructurales que nuestro país requiere para tener alguna posibilidad de continuar como una entidad económicamente viable.

A mediano plazo es impostergable llevar a cabo una reforma estructural de la economía de Puerto Rico. Esto significa reorientar nuestra economía de una basada en el consumo a una basada en la producción. Para aumentar la producción es necesario, a su vez, aumentar la inversión, tanto pública como privada, en Puerto Rico. Para financiar esa inversión a largo plazo es imperativo reducir el consumo domestico privado. Esto requiere hacer el ahorro mas atractivo en relación al consumo. Eso se puede lograr a través de (1) nuevos impuestos al consumo; (2) mejores incentivos al ahorro; o (3) una combinación de ambas.

Por otro lado, el gasto del gobierno tiene que ser re-estructurado, reduciendo el gasto de consumo gubernamental y aumentando la inversión pública, principalmente en educación e infraestructura. Esto conlleva la eliminación de subsidios directos y beneficios contributivos a largo plazo. Si una actividad económica requiere de un subsidio o incentivo contributivo permanentemente, lo mas probable es que esa industria o actividad no es viable. A la larga no vale la pena sostenerla y se debe dejar morir.

Estamos conscientes de que estas decisiones son difíciles. Michael Spence, ganador del premio Nobel de Economía en el 2001, cita en su libro The Next Convergence (2011) la experiencia de la isla caribeña de St. Kitts. En el 2008 el gobierno de esa isla decidió eliminar el subsidio a la industria de la caña de azúcar, la cual recibía ayudas de unos $30 millones anuales y era en aquel entonces la principal fuente de empleo. De acuerdo con Spence, fue una decisión controversial y difícil, pero también valiente. Los oficiales a cargo de la política económica entendían que habrían unos costos a corto plazo pero que el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de St. Kitts dependían de hacer un cambio estructural en la economía de la isla.

Re-estructurar las Corporaciones Públicas

Gran parte de la inversión pública hecha en Puerto Rico durante los últimos cuarenta o cincuenta años se llevó a cabo por corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras, y la Autoridad de los Puertos, entre otras.

Actualmente estas cuatro corporaciones se encuentran en una situación económica precaria. La administración entrante tendrá que re-estructurar las operaciones de estas corporaciones, comenzando con Acueductos y Carreteras. Esta re-estructuración incluye: (1) aumentar las tarifas/peajes; (2) eliminar gradualmente los subsidios del fondo general y del Banco Gubernamental de Fomento; (3) reducir la nomina—de ser necesario—así como otros costos operacionales; (4) re-negociar los términos y condiciones de la deuda de esas corporaciones; y (5) reformar las estructuras de gobernanza corporativa de estas entidades. En algunos casos también se debería considerar la venta o privatización de algunas operaciones.

Controlar el Crecimiento de la Deuda Pública

La deuda pública de Puerto Rico era de $69,275 millones al 31 de marzo de 2012 y actualmente excede el producto nacional bruto del país. Una consecuencia de ese endeudamiento es que el margen prestatario de Puerto Rico, tanto el legal como el financiero, se ha reducido peligrosamente. A la misma vez, la cantidad que tenemos que dedicar al servicio de esa deuda ha aumentado significativamente durante los últimos años. Es necesario, por tanto, reducir nuestro endeudamiento público a niveles manejables.

El objetivo debe ser estabilizar la razón deuda/PNB alrededor de 60%. Para lograr este objetivo hay que hacer dos cosas. Primero, hay que “crecer el denominador”, es decir, el producto nacional bruto. Ver nuestras sugerencias arriba sobre como lograr esto. Segundo, se debe limitar por ley el crecimiento anual de la deuda pública al crecimiento anual del PNB en términos nominales.

 

El Autor es director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía.
Publicado en17 de diciembre de 2012

AEE

La sorprendente paralización de la certificación de los representantes del interés público en la Junta de Gobierno de la AEE es el ejemplo más reciente de un sistema arbitrario que se ha abrogado impunemente el poder y que se auto-reproduce a costa de los mejores intereses del pueblo.

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