Transforming the Recovery into Locally-led Growth: Federal Contracting in the Post-Disaster Period

 

 

 

 

 

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In the wake of the devastation resulting from hurricane María, the United States Federal Government mobilized numerous emergency relief efforts in Puerto Rico. Traditionally, Federal disaster response has been thought of as the “silver lining” that stems from a catastrophic event, given the millions of US Government dollars that are pumped into the local economy. 

The report examines Federal post disaster expenditures and the sectors and companies being contracted. Our primary findings suggest that Federal relief and recovery spending in Puerto Rico is mostly being used to contract mainland US firms. Moreover, existing trends signal that local economic development opportunities stemming from post disaster funding are possibly lower than expected. 

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Puerto Rico como laboratorio socioeconómico

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A casi un año del paso del Huracán María, todavía no se avistan señales certeras de que se avecina la reconstrucción del país. A pesar de que recientemente se anunció la aprobación del Plan de Acción sometido al Departamento de Vivienda Federal (o HUD, en inglés) para poner en marcha programas y proyectos valorados en $1,500 millones, las autoridades federales todavía no han abierto la llave de paso y el torrente de los preciados fondos no se materializa. Más importante aún, todavía estamos pendientes de recibir decenas de miles de millones más que el Congreso de los Estados Unidos ya aprobó para financiar trabajos y servicios relacionados con la recuperación posdesastre.

Ciertamente, la repartición de estos fondos requiere que se sigan reglas y procedimientos particulares para asegurar que el dinero público se utiliza adecuadamente. Pero no es un secreto que al gobierno de Puerto Rico se le está exigiendo más de la cuenta. Además de los “controles internos” y documentos que normalmente exigen las autoridades federales, el Congreso le exigió a la isla someter un “Plan económico y de recuperación de desastres” que debe definir las prioridades, metas y resultados esperados de los esfuerzos de recuperación nacional, entre otras cosas. A primera vista, este requisito no parece descabellado. Como planificador, me parece justo y necesario que se arme un ejercicio coordinado e inclusivo para definir cómo se llevará a cabo la reconstrucción del país. Pero la intención del Congreso no está fundamentada en una afición por la planificación participativa; más bien, responde a una narrativa popular que nos describe como técnicamente incompetentes e incapaces de poder manejar una cascada de fondos provenientes del norte sin despilfarrarlos o que las grandes corporaciones desarrollistas nos tomen el pelo.

No podemos tapar el sol con la mano. La reputación de nuestras autoridades públicas está por el piso dada la pésima trayectoria fiscal de sucesivas administraciones. El peso de nuestra deuda pública tampoco nos ayuda mucho. Pero, más allá de nuestras evidentes fallas, queda claro que nuestras limitaciones también tienen mucho que ver con numerosas decisiones que se han llevado a cabo en el Congreso, especialmente los experimentos de gobernanza que han llevado a cabo en la isla.

Según nos explica el Juez Juan Torruellas en un ensayo publicado en el Harvard Law Review Forum, el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo cuatro grandes experimentos de gobernanza en la isla mediante diversos mecanismos legales: la Ley Foraker a principios del siglo XX, luego la Ley Jones en el 1917, la creación del Estado Libre Asociado en el 1952 y la adopción de la ley PROMESA en el 2016. Torruellas plantea que estas movidas han servido para perpetuar una relación colonial asimétrica que viola los derechos humanos de los residentes de la isla y está detrás de nuestro deterioro económico. Así las cosas, el más reciente experimento que se gesta con PROMESA se fundamenta en una lógica similar a la que se le aplicó a Washington DC durante su crisis fiscal: los puertorriqueños no pueden gobernarse a sí mismos, por lo que el gobierno federal debe imponerse y nombrar un pequeño grupo de tecnócratas que pongan la casa en orden.

Como bien sabemos los planificadores, las gestiones y argumentos técnicos a menudo sirven para enmascarar posiciones ideológicas y deseos de experimentación. Muy similar a la trayectoria que siguió Rexford G. Tugwell, quien fungió como gobernador en la década de 1940 e intentó establecer un “laboratorio social” en Puerto Rico mediante la aplicación de las herramientas técnicas de la planificación económica y la administración pública racional, algunos miembros de la Junta de Control Fiscal intentan probar si las medidas de austeridad bajo dictaduras temporeras sirven para revertir los designios de las jurisdicciones en aprietos financieros. En algunos de sus escritos, David Skeel, miembro de la Junta y profesor de derecho en la Universidad de Pensilvania, ha apoyado la idea de que localidades en quiebra, como Puerto Rico, deberían tener que someterse a regímenes antidemocráticos que impongan las reformas necesarias para convertirlos en lugares más responsables —e irónicamente— democráticos.

Pero, aparte del interés de probar la eficacia de las “dictaduras para la democracia”, la Junta y el Congreso han elucubrado otro gran experimento en Puerto Rico: la puesta en marcha de un régimen severo de austeridad neoliberal que corre a la par con un esfuerzo masivo de reconstrucción nacional. Hasta donde sé, esto no se ha intentado antes. Y es una coyuntura que presenta numerosos retos para los planificadores y oficiales públicos, quienes tendrán que diseñar e implementar procesos y proyectos de reconstrucción con rapidez y precisión mientras que simultáneamente se desarma y reconfigura el andamiaje institucional gubernamental. Como han argumentado numerosos expertos, los esfuerzos de reconstrucción requieren de datos detallados, coordinación a varios niveles, la movilización de comunidades y organizaciones de base, y ejercicios de planificación intensivos en diversas escalas. Resulta altamente improbable que las políticas para poner en cintura y achicar el gobierno que avanza la Junta, que incluyen recortes drásticos para la Universidad de Puerto Rico, le permitirán al gobierno liderar competentemente los esfuerzos de recuperación.

Según este cuadro, es sumamente probable que nuestra reconstrucción seguirá un enfoque de mercado, en el que se le ofrecerá toda clase de oportunidades, incentivos y contratos a grandes empresas foráneas que se dedican a perseguir desastres, y que comúnmente proveen soluciones enlatadas que aplican indiscriminadamente en cualquier lugar. Ante el desmantelamiento progresivo del gobierno, estas compañías seguramente serán llamadas a llenar las lagunas de capacidad y peritaje que generan las políticas de austeridad en el sector público. La experiencia de Nueva Orleans luego del Huracán Katrina nos sirve para entender que transferirles responsabilidades clave a actores del sector privado no es una buena idea porque limita la rendición de cuentas y la supervisión publica de la toma de decisiones e implementación. Igualmente, estaríamos privatizando importantes lecciones que nos podrían servir para mejorar la capacidad gubernamental, tomar mejores decisiones y generar mejores bienes públicos en el futuro.  

Los procesos de reconstrucción toman tiempo y son sumamente complejos, no importa dónde se lleven a cabo. Acá, en nuestras costas, tendremos que lidiar con retos adicionales asociados con una década y pico de decadencia económica y la carga de una deuda pública impagable. Pero, más difícil aún, tendremos que transformar al país mientras combatimos los experimentos del Congreso y la Junta, que crean las condiciones ideales para que resbalemos en el camino y terminemos cediendo nuevamente el control de nuestros designios.

Por: Deepak Lamba-Nieves, Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía

 

Almost a year after Hurricane Maria, there are still no clear signs that the island’s reconstruction will be completed any time soon. Despite the recent announcement of the approval of the Plan of Action submitted to the Department of Housing and Urban Development that would set in motion programs and projects valued at $1.5 billion, federal authorities have still not turned on the faucet, and the torrent of much-needed funds has not materialized. Even more importantly, we are still awaiting tens of billions of dollars more that the U.S. Congress has already approved for financing work and services related to the post-disaster recovery.

Naturally, disbursement of these funds requires that painstaking rules and procedures be followed in order to ensure that the public money is used appropriately. But it’s no secret that more is being demanded of the government of Puerto Rico than is strictly warranted. In addition to the “internal controls” and documents normally required by the federal government, Congress has required that the island submit an “Economic and Disaster Recovery Plan” that would, among other things, define the priorities, goals, and results expected from the recovery efforts. At first glance, this requirement does not seem unreasonable. As a planner, I think it’s only fair, and in fact necessary, that a coordinated and inclusive exercise be undertaken to define how the island’s reconstruction will be carried out. But Congress’s intention is not based on a penchant for participatory planning; rather, it responds to a popular narrative that paints Puerto Ricans as technically incompetent and incapable of managing a cascade of funds pouring down from the north without wasting them or allowing the big development companies to have their way with us.

Of course we mustn’t delude ourselves. The reputation of our public authorities couldn’t be lower, due to the terrible financial history written by successive administrations. The burden of our public debt doesn’t help much, either. But beyond our obvious failings, it’s clear that our limitations also have a great deal to do with a number of decisions made in Congress, especially the governance experiments it has inflicted on the island.

As Judge Juan Torruellas explains in his essay in the Harvard Law Review Forum, the United States government has carried out four grand governance experiments on the island, using a number of legal mechanisms: the Foraker Act in the early twentieth century; the Jones Act in 1917; the creation of the Commonwealth of Puerto Rico (the Estado Libre Asociado, for its Spanish translation) in 1952; and the adoption of the law known as PROMESA in 2016. Torruellas argues that these actions have served to perpetuate an asymmetrical colonial relationship that violates the human rights of the island’s residents and is at least partly the cause our economic deterioration. That said, the most recent experiment, which is being carried out through PROMESA, is founded on a logic similar to that applied to Washington, D.C., during its financial crisis: Puerto Ricans cannot govern themselves, so the federal government has to come in and take over and appoint a small group of technocrats to put the house in order.

As we planners know, technical arguments and actions often serve to mask ideological positions and experimental desires. In a way very similar to the actions taken by Rexford G. Tugwell, who served as governor in the 1940s and tried to establish a “social laboratory” in Puerto Rico by applying the technical tools of economic planning and rational public administration, some members of the Financial Oversight and Management Board (FOMB) are trying to test whether austerity measures under temporary dictatorships can undo the misfortunes of jurisdictions in financial straits. In some of his writings, David Skeel, a member of the Board and law professor at the University of Pennsylvania, has supported the idea that governments in bankruptcy, such as Puerto Rico’s, should have to submit to anti-democratic regimes that impose the reforms needed to make those governments more responsible and—ironically—more democratic.

But aside from their interest in testing the efficacy of “dictatorships for democracy,” the Board and Congress have devised another grand experiment in Puerto Rico: the implementation of a regime of severe neoliberal austerity in parallel with a massive islandwide reconstruction effort. So far as I know, this has never before been attempted. And it is a combination that presents a number of challenges for planners and public officials, who will have to design and implement reconstruction projects and processes quickly and accurately while, simultaneously, the institutional governmental scaffolding is being taken apart and reconfigured. As many experts have argued, reconstruction efforts require detailed data, coordination at many levels, the mobilization of communities and grassroots organizations, and intensive planning exercises on a number of scales. It is highly improbable that the Board’s policies to downsize the government and tighten its purse strings—including drastic cutbacks to the budget of the University of Puerto Rico—will allow the government to deal competently with the recovery efforts.

According to this scenario, it is quite likely that our reconstruction will take a market-focused path, in which all sorts of opportunities, incentives, and contracts will be offered to off-island companies who chase ambulances, figuratively—disasters, literally—for a living and who generally provide one-size-fits-all solutions that they apply indiscriminately anywhere they go. Given the progressive dismantling of the government, these companies will undoubtedly be called upon to fill the expertise and ability gaps created by the austerity policies in the public sector. The experience of New Orleans after Hurricane Katrina shows us that transferring key responsibilities to actors in the private sector is not a good idea, because it limits accountability and public supervision from the decision-making and implementation processes. Furthermore, we would be privatizing important lessons that could help us improve state capacity, make better decisions, and create better public assets in the future.

Reconstructions take time, and the processes involved are extremely complex, no matter where they take place. Here, on the island, we will have to deal with all the additional challenges associated with a decade and more of economic deterioration and the burden of an unpayable public debt. But even more difficult, we will have to transform the island while combatting the experiments conducted on us by Congress and the FOMB—experiments that promise to create the ideal conditions for a pratfall by us on the path forward and a consequent turnover, again, of the control of our own destiny.

By: Deepak Lamba-Nieves, Research Director, Center for a New Economy

De resilencia a resistencia

 

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Los desastres naturales mayormente destruyen, pero también generan nuevos vocabularios que incluyen un revoltijo de acrónimos, y toda clase de conceptos técnicos que los sobrevivientes tenemos que aprender y asimilar rápidamente, como el término “resiliencia”. A pesar de que numerosos científicos y planificadores ambientales han definido, estudiado y debatido la capacidad de resiliencia en Puerto Rico por años, la palabra se ha popularizado rápidamente, no solo entre los círculos académicos, sino también en las narrativas de los oficiales públicos locales, en la mojiganga de los comentaristas de noticias y en los relatos de los medios noticiosos. Su notorio alcance demuestra un deseo común de querer armar una historia de superación, y revela nuestra afición por hablar con urgencia sobre la redención, especialmente luego de haber sobrevivido dos huracanes y apenas sobrellevar un período de recuperación catastrófico, marcado por la improvisación y el desdén colonial.

La “resiliencia” también se ha convertido en un término casi omnipresente entre los que ostentan el poder porque les permite referirse al trauma e incesante sufrimiento asépticamente, sin sentimentalismos y cursilerías. Con una palabra, pueden afirmar que nos cayeron a golpes, pero no nos rompieron el espinazo y notificarle al resto del mundo que vamos ripostar y a “build back better” para revertir los nefastos efectos de un shock climatológico.

Según argumentan los planificadores Larry Vale y Thomas Campanella en el capítulo final del libro titulado “The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster”, las narrativas de la resiliencia son políticamente necesarias porque los desastres desafían la competencia y la autoridad de los gobiernos que prometen cuidar nuestras vidas y procurar nuestra seguridad. Concebir a la reconstrucción como un relato de progreso y perseverancia ante la adversidad le sirve al estado para fortalecer su legitimidad, especialmente luego de un evento devastador que desestabiliza la infraestructura política y social. La retórica de la resiliencia, como nos recuerdan los autores, “no está exenta de la política, el interés propio o la discordia”. En los períodos post desastre, los gobiernos de turno —y el nuestro no está exento— usualmente aspiran a que los ciudadanos no se quiten, que se levanten y sigan hacia delante para que no se enfusquen en la angustia que generan el desbarajuste de los servicios básicos y la avalancha de fallas sistémicas.

De igual manera, los hombres y mujeres de negocio desean que el mundo sepa que están “open for business” y se esmeran en sustituir las imágenes del territorio a oscuras con campañas de publicidad que resaltan las oportunidades que surgen ante la adversidad. Pero, ciertamente, no todo el mundo se levanta, sigue pa’lante o mantiene la calma. Los pobres, los marginalizados y los desposeídos, aquellos que continuamente se enfrentan y combaten diversos shocks y estresores, rara vez son llamados a definir la narrativa oficial de la resiliencia. Ante esta situación, numerosos colectivos levantan la voz para denunciar cómo el discurso del “comeback” o el “Puerto Rico se levanta” les sirve a aquellos que buscan acallar los llamados urgentes a resistir, particularmente cuando los ánimos están caldeados y la gente está dispuesta a salir a la calle.

Comúnmente financiadas por entidades foráneas que buscan ejercer algún nivel de control e influencia, las campañas enfocadas en promover la resiliencia también son parte del vasto catálogo de enfoques e ideas que transitan, principalmente del Norte hacia el Sur, y forman parte de lo que la teórica Ananya Roy llama las “prácticas mundializantes de la planificación”. Estas prácticas se pueden entender como modelos o conocimientos especializados que sirven para avanzar soluciones que se supone que le brinden orden al caos o traigan la belleza a los paisajes reventados. Usualmente, las trafican poderosos actores globales, como empresas consultoras, entidades filantrópicas y otras instituciones multinacionales que operan en lo que los geógrafos Jamie Peck y Nik Theodore llaman “fast policy worlds”. Los actores que circulan en estos circuitos de peritaje global se caracterizan por recetar ideas y políticas prefabricadas e implementar soluciones experimentales en diversos escenarios locales. Visto desde este crisol, el vuelco reciente hacia la resiliencia forma parte de una larga tradición experimental boricua.

Desde los programas de modernización que comenzaron en la década del 1940 —que sirvieron para ensayar, con empresas estatales, la exportación de mano de obra excedente a través de la migración, y campañas de esterilización—hasta la creación del Estado Libre Asociado a mediados del siglo XX y la reciente imposición de una Junta de Control Fiscal bajo la Ley PROMESA, Puerto Rico ha servido como laboratorio social y político para numerosos intereses globales y coloniales. Lejos de identificar tratamientos fructíferos que sirvan para aliviar algunos de nuestros males, los grandes experimentos ejecutados en la isla, en su mayoría avanzados durante períodos de crisis, han hecho poco para atajar la pobreza, o contrarrestar la creciente desigualdad y corrupción.

Volviendo al auge de la resiliencia, queda claro que en su nombre se tratará de imponer e implementar prototipos y proyectos ideados por los mercaderes de ideas que navegan las aguas globales y recién desembarcan en la isla. Pero, distinto a lo que plantean sus críticos más acérrimos, no creo que la resiliencia sea un enfoque inútil o nocivo. El largo camino hacia la recuperación y la reconstrucción de la isla se puede emprender solamente si las comunidades y sus residentes logran sobrevivir y recuperarse luego de una catástrofe. Durante los pasados meses, hemos sido testigos de las gestiones solidarias e innovadoras de numerosos colectivos comunitarios que demostraron una capacidad impresionante para responder a emergencias, restablecer ciertos servicios básicos y crear redes de apoyo mutuo para hacerle frente a la dejadez y al deterioro de la capacidad gubernamental. Tomando en cuenta esas experiencias aleccionadoras, me parece que la resiliencia nos sirve para reflexionar sobre nuestros límites, y así inspirarnos a cuestionar y movilizarnos en contra de las asimetrías de poder, hacer valer nuestros derechos e, incluso, provocar que practiquemos la resistencia. 

 

Por: Deepak Lamba-Nieves

El autor es Director de Investigación y el Churchill G. Carey, Jr. Chair del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 29 de julio de 2018.

 


 

Natural disasters mostly destroy, but they also generate new vocabularies that include an alphabet soup of acronyms and all sorts of technical concepts that we survivors have to quickly learn and assimilate—concepts, for instance, like “resilience.” Although many environmental scientists and planners have defined, studied, and debated the degree of resilience in Puerto Rico for years, the word has swiftly gained great popularity not only within academic circles but also in the narratives of local public officials, the gobbledygook of talking heads, and articles and stories in the press. The term’s widespread use denotes a shared desire to see in our situation a story of a people overcoming terrible, spirit-breaking hardship and reveals a tendency in us to speak with urgency about redemption and rebirth, especially after having survived two hurricanes and only barely, only now, almost a year later, emerging from a period of catastrophic recovery marked by improvisation and colonial disdain.

The word “resilience” has also been adopted almost universally among those who hold power because it allows them to refer to trauma and ongoing, incessant suffering aseptically, without apparent sentimentalism or affectation. With a single word, they can say that we have been battered and beaten but our backs have not been broken and they can tell the rest of the world that we are going to come back, “build back better,” and reverse the terrible effects of a climatological shockwave.

As planners Larry Vale and Thomas Campanella argue in the concluding chapter of their book “The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster,” narratives of resilience are politically necessary because disasters defy the competency and authority of the governments that promise to care for our lives and protect our safety. Conceiving reconstruction as a story of progress and perseverance in the face of adversity helps the state strengthen its legitimacy, especially after a devastating event that destabilizes the political and social infrastructure. The rhetoric of resilience, as the authors remind us, “is never free from politics, self-interest, or contention.” In the weeks and months after a disaster, elected governments—and ours is no exception—make efforts to encourage their citizens not to “quit,” to get back up on their feet, to move forward, move on, so as not to fall into the anguish generated by a lack of basic services and cascading failures.

Likewise, business owners want the world to know that they’re Open for Business, as their signs say loud and clear, and they do all they can to supplant the images of an island in the dark with advertising campaigns that highlight the opportunities that arise out of adversity. But not everybody gets back on their feet, or forges ahead, or Keeps Calm and Carries On. The poor, the marginalized, and the dispossessed, those who constantly face and struggle against harshest shocks and stressors, are almost never those who define the official narrative of resilience. Given that situation, many collectives have raised their voices to alert us to the fact that the discourse of “comeback”—“Puerto Rico se levanta” (Puerto Rico is getting on its feet again)—serves mostly those who seek to silence the urgent calls to resist, particularly when tempers are hot and people are ready to take to the streets.

Generally financed by off-island entities who seek to exercise some degree of control and influence, campaigns focused on promoting resilience are also part of the vast catalog of approaches and ideas that circulate in the world, mostly from the Global North to the South, and form part of what theorist Anaya Roy has called “worlding practices of planning”. These practices can be understood as models of “specialized knowledge” that serve to advance solutions that will—supposedly—bring order to chaos, and that paint destroyed landscapes in the colors of hope and uplift. They are usually hawked by powerful global actors such as consulting companies, philanthropic organizations, and other multinational institutions that operate in what geographers Jamie Peck and Nik Theodore call “fast policy worlds.” The actors who circulate in these circuits of global expertise are characterized by their prescriptions of prefabricated ideas and policies and their implementation of experimental solutions in a wide range of local scenarios. Seen from that point of view, the recent turn to “resilience” is part of a long tradition of experimentation in Puerto Rico and on Puerto Ricans.

From the modernization programs that began in the 1940s—which served to test, with state corporations, the idea of exporting excess labor through migration, not to mention sterilization campaigns—to the creation of the Commonwealth (the Estado Libre Asociado, or “Free Associated State,” perhaps the most cynical mistranslation for the purposes of deluding multitudes ever recorded) in the mid-twentieth century and the recent imposition of a Financial Oversight and Management Board under the law whose acronym is (also perhaps cynically) PROMESA, Puerto Rico has served as a social and political laboratory for many global and colonial interests. Far from being truly and broadly fruitful solutions that have helped alleviate our hardships, the grand experiments carried out on the island, most of them advanced during periods of crisis, have done little to lessen poverty or counteract growing inequality and corruption.

But to return to the boom in the use of the word “resilience,” it is clear that in its name there will be attempts to impose and implement prototypes and projects thought up by the idea merchants who sail the global oceans and have recently disembarked on the island. But unlike some of their fiercest critics, I for one do not think that “resilience” is a futile or harmful idea. The long path toward the recovery and reconstruction of the island can be traveled successfully only if our communities and their residents manage to survive and bounce back after a catastrophe. During the past months, we have witnessed innovative action, stemming from a deep solidarity with those affected, by almost countless community groups and collectives who have demonstrated an impressive ability to respond to emergencies, reestablish (or reinvent) certain basic services, and create mutual-support networks, all this to substitute for the government’s inactivity, flailing in the dark, and apparent inability or incompetency. Taking these instructive experiences into account, it appears to me that resilience might help us reflect on our limits and thereby become inspired to question who and where we are, and to mobilize against the asymmetries of power, assert our rights, and even become engaged in necessary acts of resistance.

By: Deepak Lamba-Nieves

The author is the Policy Director & Churchill G. Carey, Jr Chair at the Center for a New Economy. This column was originally published in El Nuevo Día on July 29, 2018.

Aprendiendo sobre la marcha: procesos para tiempos de crisis

Aprendiendo sobre la marcha: procesos para tiempos de crisis

Resulta desconcertante, tras una década perdida en un trote acelerado hacia el desbarrancadero económico, y otra que se avecina según las proyecciones gubernamentales, que todavía ansiemos la llegada de “el plan” que nos va a sacar del lodazal. La terrible situación que enfrenta el país ha alimentado la sed de propuestas abarcadoras y soluciones repentinas. Al mismo tiempo, la incertidumbre nos ha tornado inmunes a la decepción y miopes en cuanto a exigencias cívicas, pues el cementerio de planes gubernamentales está abarrotado pero se le sigue implorando al estado que confeccione y presente un mapa de ruta que asegure el éxito. En esta encrucijada, un plan o instrumento que provea detalles sobre cómo sobreponer la crisis y mejorar el bienestar de la mayoría es necesario pero insuficiente. Más que producir buenos planes, necesitamos encaminar mejores procesos de desarrollo.

Como nos explica el profesor Leonardo Santana Rabell en su análisis crítico sobre el ejercicio de la planificación en Puerto Rico, nuestro antojo por los planes tiene raíces coloniales profundas. En los años treinta, la administración norteamericana estableció la Puerto Rican Emergency Relief Adminstration (PRERA) y luego la Puerto Rican Reconstruction Administration (PRRA), siguiendo las recomendaciones del Plan Chardón, para poner en marcha un programa de trabajo que atendiese los efectos de una grave crisis socioeconómica mediante la extensión de políticas “novotratistas” al terruño. Estos esfuerzos, aunque parciales, sirvieron de zapata y campo de entrenamiento para la creación, en los años cuarenta, de la Junta de Planificación, entidad que se pensó como un centro de comando nacional para “guiar el desarrollo de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y económico” a través de una serie de planes y programas financieros. No obstante, el olimpo tecnocrático y científico que delineó Rexford G. Tugwell—veterano planificador y último gobernador estadounidense de la isla—no se consumó, gracias, en gran parte, a las veleidades del partidismo legislativo y la presión ejercida por diversos intereses económicos.

Desde entonces, la Junta de Planificación ha preparado ambiciosos planes de desarrollo, que según su ley orgánica, se supone que sirvan de guías para ordenar el país. A pesar de sus contribuciones técnicas y analíticas, usualmente terminan siendo ignorados y archivados en algún rincón oscuro —especialmente si su contenido no encaja con la doctrina partidista del momento—. De esta patética experiencia se desprende una lección valiosa: las estrategias, planes y proyectos de desarrollo no son herramientas apolíticas, todo lo contrario. Por más que se promuevan como soluciones técnicas, calculadas y científicas, las maniobras desarrollistas son el producto de fuerzas históricas y políticas.

Interesantemente, el desdén hacia los esfuerzos de la Junta de Planificación no ha amainado el afán por los planes con el paso del tiempo. Producir y promulgar al menos uno se ha convertido en un rito de nuestra burocracia; y no son pocas las firmas y consultores, foráneos y locales, que prestan sus servicios y cobran grandes sumas para cumplir con el simulacro que consiste, en gran medida, en recalentar ideas y plasmarlas en diapositivas coloridas. Ciertamente, no todo es bagazo. Pero raras veces se pasa del texto a la discusión, a la gestión, a la revisión crítica o a la evaluación.  Al parecer, armar un plan se ha convertido en un fin en sí mismo pues la coartada por excelencia del administrador gubernamental arrinconado por el escrutinio público suele ser la lapidaria frase “tenemos un plan”.

Rebasar el fetichismo con “los planes” requiere repensar y proveer alternativas sobre cómo se conciben las propuestas y oportunidades de desarrollo. De entrada, esto requiere entender el desarrollo como un proceso, no un destino o desenlace económico que se manifiesta cuando ciertos indicadores estándar apuntan en la dirección correcta.  

Varios estudiosos argumentan que el enfoque procesal nos permite tomar nota de los giros y vueltas, los cambios en las dinámicas de poder, las consecuencias no intencionadas y las oportunidades de aprendizaje que surgen a medida que las ideas de desarrollo se convierten en proyectos y políticas realmente existentes. Además, esta perspectiva nos ayuda a conceptualizar los proyectos de desarrollo como esfuerzos dinámicos que pueden trascender intenciones y planes originales.

La agenda de trabajo de la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del Centro para una Nueva Economía apunta hacia esta dirección. Más que producir otro plan o una colección de estudios, nos interesa encaminar un ejercicio alterno para proponer y ensayar estrategias de desarrollo socioeconómico. Aprovechando el peritaje de expertos locales y de otras latitudes, con diversas perspectivas disciplinarias e ideológicas, nos enfocaremos en realizar análisis, diseñar políticas y, en algunos casos, llevar a cabo proyectos de demostración con entidades estatales, ONGs, el sector privado y académicos. Uno de los objetivos principales es generar ciclos de aprendizaje y que muchas de las lecciones acumuladas se institucionalicen.

También nos interesa fomentar que diversos grupos participen para identificar las soluciones. De nada vale esperar resultados distintos si las mesas de trabajo están pobladas por los mismos de siempre. Sin lugar a dudas, la apertura se traduce en mayor complejidad; de eso se trata. Tradicionalmente, el diseño de políticas y la toma de decisiones sobre el desarrollo económico se han realizado a puertas cerradas, lo que ha permitido que ciertos intereses empresariales y partidistas logren beneficios hechos a la medida, y que cada nueva administración imponga su propio libreto. Bajo este tipo de arreglo, el chanchullo prolifera, pues escasean el monitoreo y la rendición de cuentas. Así pues, la inclusión sirve para fomentar el debate, también para arrojarle luz a un ejercicio tradicionalmente opaco y asegurar que lo acordado se cumpla.   

No somos ilusos. Sabemos que para generar oportunidades de desarrollo se necesitan estrategias multifacéticas, duraderas y bien financiadas —preferiblemente lideradas y apoyadas por el estado—. En Puerto Rico, la depresión económica, el entuerto de la deuda y las directrices impuestas por la limitan aún más la poca capacidad que posee el gobierno para atender estos temas. Lejos de relevar al estado, queremos que la Comisión de Crecimiento del CNE encamine acuerdos generales sobre lo posible y deseable, que ayude a mejorar la calidad de las discusiones sobre políticas de desarrollo y que ayude a mejorar el desempeño del sector público. En fin, queremos facilitar un proceso que nos ayude a repensar el desarrollo para generar nuevas posibilidades.

Por: Deepak Lamba-Nieves
director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
Twitter: @deepakln

Una ruta inusual hacia el crecimiento

Una ruta inusual hacia el crecimiento

Articular y ejecutar una estrategia de desarrollo económico es un ejercicio bastante incierto y complejo, pero no imposible. Esta no es una idea novel ni demasiado sagaz, pero merece repetirse. Especialmente luego de un ciclo electoral inusual donde sobraron los foros y debates al estilo “todos contra todos”, y también las propuestas de campaña para encaminar la económico de la isla. Como el papel y el discurso electoral lo aguantan todo, la gama de recetas provistas por un número récord de candidatos a la gobernación fue tan variada como ambigua y desatinada. El menú incluyó platos nuevos y algunos favoritos recalentados: desde revivir el régimen de sustitución de importaciones, hasta traer de vuelta las exenciones tributarias tipo sección 936, y crear alianzas público-privadas “participativas”.

Ante la falta de rigor, las propuestas se presentaron casi como se vende un carro usado: “Este modelo fue uno de los mejores;” “se ve medio mataíto, pero el motor está como nuevo;” y “llévatelo ahora, que mañana no te puedo asegurar que lo tenga disponible”. Se dijo mucho pero se debatió muy poco y en concreto sobre cómo se pondrían en marcha las promesas de campaña. Sospecho que la omisión responde a no querer revelar o reflexionar mucho sobre el hecho de que cada proposición económica tiene un impacto político que va más allá de las veleidades partidistas. Es decir, que plantear un ejercicio serio para encaminar el desarrollo económico no es lo mismo que hacer una lista de regalos a los Reyes Magos, y requiere que se dilucide cómo cada movida económica impacta (y se ve afectada por) las relaciones de poder que existen entre diversos actores sociales.

Los vínculos e interacciones entre la economía y lo político se han debatido a la saciedad en contextos académicos, y es cuantioso el inventario de obras cumbres de las ciencias sociales que se enfocan en estos asuntos. Pero las difíciles y problemáticas tareas de armar, encaminar, evaluar críticamente y recalibrar procesos de desarrollo, se debaten mucho menos. En gran parte, porque son gestiones imprecisas y experimentales que generan lecciones usualmente carentes de la elegancia y sencillez que suelen requerir los discursos de estado, las historias oficiales y las contribuciones doctas tradicionales.

No obstante, estos espinosos temas tienen seguidores y maestros, y en esta última categoría existen pocos como Albert O. Hirschman. Autor de numerosos escritos sobre economía política y teorías del desarrollo económico, Hirschman se entrenó como economista pero su producción intelectual lo mantuvo en los márgenes de su disciplina. Su vida fue igualmente inusual, pues tomó armas contra el fascismo con las Brigadas Internacionales en España, colaboró con la resistencia francesa, dictó cursos en la mejores universidades de Estados Unidos y fungió como asesor económico y consultor en América Latina.

Sus múltiples vivencias en el sur le proveyeron material empírico para formular posiciones teóricas respecto a los procesos de desarrollo, y también para revisarlas con el paso del tiempo. Lejos de creer que el trabajo de los estudiosos del mundo social se debería enfocar en identificar grandes y perdurables teorías, su enfoque enfatiza que “la búsqueda de soluciones uniformes a los problemas del desarrollo invariablemente nos lleva por mal camino”. Su advertencia estaba especialmente dirigida a las pandillas de especialistas foráneos que aterrizan sobre diversos países y regiones ofreciendo asesoramiento y soluciones definitivas que se fundamentan en irrefutables ortodoxias económicas—muchas veces sin entender el careo político y otras particularidades del territorio anfitrión.

Más allá de las camisas de fuerza que se forjaban con la puesta en marcha de políticas estándares de desarrollo, Hirschman también identificó la mentalidad del fracaso o la “fracasomanía” como uno de los grandes obstáculos para desatar posibilidades de desarrollo. Según explicó en A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America, creer que todo está mal o que cualquier gestión propuesta está destinada al descalabro limita las posibilidades de identificar algunos destellos de genialidad que casi siempre suelen emanar a lo largo de los engorrosos procesos de desarrollo, y que pudiesen servir como punto de partida para emprender caminos alternos. El antídoto para la “fracasomanía” consiste en la identificación precisa de pistas y oportunidades que usualmente no se revelan a simple vista, enfoque que denominó como “posibilismo”— y que nada tiene que ver con las cursilerías inspiradas en la autoayuda y el afán porrista que tanto gusta en este país.

Hirschman elaboró varias herramientas conceptuales para practicar el posibilismo que son sumamente útiles en estos tiempos. Por un lado, están las “bendiciones (o maldiciones) encubiertas”, donde algo que se pensaba como un obstáculo al desarrollo, se transforma en una posibilidad o un estímulo. La migración boricua al extranjero, que se ha calumniado en estos tiempos de estrechez fiscal, es un ejemplo claro. Aunque muchos dejan de abonar a nuestro pote nacional, los migrantes podrían generar nuevas e impactantes redes trasnacionales de conocimiento, solidaridad y actividad económica si se ponen en marcha políticas sensatas que vinculen la diáspora con el desarrollo nacional.

Por otro lado, están las “secuencias invertidas”, o la idea de que no hay una única sucesión de pasos para encaminar ciertos cambios o procesos de desarrollo. En Puerto Rico, gracias al legado de “Manos a la Obra”, nos hemos dedicado a ofrecer toda clase de exenciones tributarias para atraer actividad económica con resultados mediocres. Pero, ¿no sería mejor si invertimos la secuencia y otorgamos exenciones a aquellas actividades que hayan probado ser exitosas?

Otra tarea posibilista es la “búsqueda de consecuencias imprevistas” o “efectos secundarios” que facilitan transformaciones sociales. En nuestro caso, el impago de la deuda pública, que lamentablemente ha traído una secuencia nefasta de imposiciones injustas y antidemocráticas a través de la Junta de Control Fiscal, también ha abierto una brecha para hacer reclamos más contundentes a favor de la transparencia gubernamental, la necesidad de romper con el truqueo presupuestario, acabar con los errados programas de austeridad y el desorden gubernamental, y para repensar, de una vez y por todas, nuestro corroído modelo de desarrollo y el entramado de intereses que lo mantienen en respiración artificial.

A lo largo de su larga trayectoria, Hirschman logró identificar giros inusuales y resultados inesperados en numerosos proyectos de desarrollo y regímenes políticos. Pero su gestión no se limitó a armar un catálogo de lecciones; también sirvió para “agudizar la percepción de las avenidas disponibles para el cambio”. En gran medida, esto es lo que queremos propiciar desde el CNE a través de nuestra Comisión de Crecimiento. Lejos de querer reproducir la vieja práctica de redactar un plan abarcador, lo que nos interesa es propiciar una búsqueda de posibilidades para el desarrollo que no recurra a las rutas y los cómplices de siempre.

No será una tarea fácil, pues emplear las herramientas posibilistas a través de un ejercicio plural trae consigo numerosos retos. No obstante, los cambios necesarios se materializarán sólo si dejamos a un lado lo usual y nos esmeramos en redescubrir y repensar lo posible.

Autor: Deepak Lamba-Nieves,
Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía

Memo from a Working Group of the CNE Growth Commission to the Congressional Task Force on Economic Growth in Puerto Rico

Devising economic development opportunities should be one of the most pressing goals for both U.S. and local policy makers. In the following memo, a Working Group of the CNE Growth Commission charts a preliminary vision for addressing the deeper, structural constraints to economic advancement and for spurring economic growth.

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Una mirada profunda a la complejidad migratoria

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Por: Deepak Lamba Nieves

Resulta extraño que en un país donde escasean la producción y divulgación de cifras necesarias y fiables exista una especie de obsesión con ciertos números. Más aún si el tema sobre el cual se contabiliza es uno espinoso, que levanta roncha e incomoda con facilidad como el de la migración boricua al extranjero.

Desde que el Buró del Censo declaró que Puerto Rico era una de dos jurisdicciones “estatales” encuestadas que habían perdido población durante la primera década del siglo, se desató una fascinación con computar el éxodo. El entusiasmo estadístico le abrió paso rápidamente a la confección de estribillos escandalosos y dramáticos que sirvieron para acentuar y darles calor a las frías cifras. Entre los más populares y terriblemente caricaturescos del catálogo se encuentran: “Gueto de viejos y pobres”, “un pueblo desangrado” y “fuga de cerebros”. La fórmula editorial funcionó, hasta cierto punto. Los cálculos y las frases trilladas alarmaron a las masas, generaron sensación y, más importante aún, ayudaron a engordar el morbo y los “ratings”. A pesar de sus éxitos relativos, el ejercicio no logró uno de los cometidos más necesarios: abrirle paso a una conversación seria sobre la complejidad de la migración isleña contemporánea. Sin lugar a dudas, diversas fuentes apuntan a que el número de personas que han decidido emigrar desde la isla hacia otras latitudes ha aumentado considerablemente durante casi una década, y a un paso más rápido que los que vienen de retorno o por vez primera. Con poco espacio para la ambigüedad, los datos indican que estamos ante una nueva ola migratoria, distinta a los otros grandes traslados que se dieron en las décadas del 1950 y 1960. Hasta ahí estamos casi todos en sintonía. No obstante, tan pronto pasamos de la descripción al análisis es que el asunto se complica. READ MORE

Proponen otra mirada a la pobreza

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Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO –  4:00 am

Hablar de erradicar la pobreza mediante los modelos y programas de asistencia según concebidos hasta ahora “es una falacia”, por lo cual urge la creación de mecanismos de ayuda que no penalicen a las personas que quieran entrar en el mundo laboral formal, recomendó Deepak Lamba-Nieves, director de investigaciones del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Esto debe estar acompañado de un cambio del discurso peyorativo que utiliza frase como “dependencia, vagos, cuponeros y mantenidos”, para referirse a las personas que reciben asistencia social y económica, agregó Lamba-Nieves, especialista en economía, planificación y estudios urbanísticos.

“La responsabilidad de esto es compartida y necesitamos reconocer que no podemos seguir desarrollando estrategias para la pobreza hoy día de la misma forma en que se hizo décadas atrás. El cambio de conversación no es solo a nivel individual y mediático sino también a nivel gubernamental y dentro de la academia para que se generen nuevos debates, definiciones y soluciones que permitan atajar la pobreza”, manifestó Lamba-Nieves. Sus expresiones surgieron durante el evento Voces de la Pobreza, realizado ayer por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). READ MORE

Boricuas: ¿Por qué buscan el norte? (CNN Español)

Entrevista en CNN Español a Deepak Lamba-Nieves, Director de Investigaciones para el Centro Para Una Nueva Economía (CNE).

Urgente cambiar la base económica

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POR ALANA ÁLVAREZ VALLE, EL VOCERO –  4:00 AM
Analistas y economistas de diversos sectores exhortan a que se elabore un plan real y atemperado a los tiempos modernos

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Imagen shutterstock.com

La reducción de gastos y el reavivamiento del desarrollo económico son los pasos inmediatos para aminorar la crisis en la que se encuentra Puerto Rico destacaron economistas y planificadores. A largo plazo exhortaron cambiar el modelo económico y atemperarlo a la situación actual y al siglo 21.

“Lo primero es controlar los gastos, eso es lo que está bajo su injerencia ahora mismo. Además de una política energética firme. Pero la parte fundamental es la gente, se necesita una reestructuración de los salarios. Hay que hacer un recorte de por lo menos un billón de dólares. Al bajar los gastos en serio, sacas ahorros para invertirlos en la economía, porque no puede haber crecimiento económico si no se invierte”, enfatizó el economista Antonio Rosado.

S&P y Moody’s degradaron hace varios días el crédito de las Obligaciones Generales (GO’s por sus siglas en inglés) a grado especulativo o chatarra. También bajaron los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA), y sobre la deuda subordinada de COFINA. Siempre se había considerado a COFINA como el mejor crédito del ELA. La perspectiva de los GO’s al igual que de COFINA ahora es negativa. READ MORE

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